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“Soy la segunda instancia y no puedo tocar el tema”: procuradora Cabello sobre caso Leyva

Para el próximo 15 de febrero quedó establecido el inicio del juicio verbal contra el canciller Álvaro Leyva, por el caso de la licitación para la elaboración de los pasaportes.

El canciller Álvaro Leyva se refiere al expresidente Juan Manuel Santos
Álvaro Leyva
Foto: AFP

En medio del encuentro de procuradores judiciales que se desarrolló en el Club Militar en Bogotá, la procuradora Margarita Cabello se pronunció sobre la polémica que ha generado la suspensión de tres meses y el llamado a juicio disciplinario del canciller Álvaro Leyva por la licitación para elaborar los pasaportes en Colombia.

La procuradora Cabello aseguró que “soy la segunda instancia en este caso y lamentablemente no puedo tocar el tema de la Cancillería”. Un pronunciamiento que se dio horas más tarde de que la propia Procuraduría fijó para el 15 de febrero el inicio del juicio disciplinario contra el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva.

Una de las controversias que ha generado toda esta novela es que a pesar de que la Procuraduría anunció la sanción provisional de manera inmediata, el canciller Leyva siguió cumpliendo sus funciones en la cartera firmando contratos y nombramientos, de hecho, al procurador de la sala disciplinaria, Ernesto Espinosa le tocó llamarle la atención por auto al ministro para que cumpliera con la suspensión.

Frente a este panorama el viceprocurador Silvano Gómez aseguró que “el abierto desacato del canciller y del presidente de la decisión de la Procuraduría atenta contra el estado de derecho, la constitución y la ley, y sienta un nefasto precedente que pone en riesgo la estabilidad institucional”.

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Blu Radio conoció en primicia que en las próximas horas el presidenteGustavo Petro, encargará temporalmente como canciller al embajador de Colombia en Washington, Luis Gilberto Murillo. La decisión se da por la sanción de 3 meses impuesta por la Procuraduría al ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva.

Esta decisión se daría diez después de que el Ministerio Público suspendiera al canciller Leyva por las presuntas irregularidades que dejaron la licitación para elaborar los pasaportes en Colombia y una demanda por 117.000 millones de pesos por parte de Thomas Greg & Sons, la Unión Temporal que tenía ese contrato.

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