La violencia volvió a sacudir al norte de Antioquia y encendió las alarmas de los organismos de control. La Defensoría del Pueblo lanzó un llamado urgente a las autoridades locales y nacionales tras el asesinato de una menor de 13 años en el municipio de Briceño.
La entidad rechazó de manera contundente el ataque que dejó como víctimas a una niña y un hombre asesinados y a una mujer gravemente herida, hechos que se atribuyen a un grupo armado ilegal que se autodenomina Guerrillas Campesinas Los Cabuyos. Para la Defensoría, este crimen evidencia el grave riesgo que enfrenta la población civil en una zona donde la presencia de actores armados ilegales se ha intensificado en los últimos meses.
Ante esta situación, la Defensoría recordó que desde noviembre está vigente la Alerta Temprana 019-25 para Briceño, en la que se advirtió sobre el peligro de graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, principalmente por el accionar del frente 36 de las disidencias lideradas por Yeferson Martínez.
El escenario humanitario en el municipio es crítico. Desde octubre, los enfrentamientos y ataques armados han provocado el desplazamiento forzado de más de mil familias de al menos 25 veredas, además de homicidios, amenazas permanentes y confinamientos que mantienen a comunidades enteras aisladas y bajo el control del miedo y la incertidumbre.
Por ello, la Defensoría del Pueblo solicitó al ministro del Interior, Armando Benedetti, encabezar una respuesta inmediata del Estado que permita proteger a la población y frenar el aumento de la violencia. También pidió a la Alcaldía de Briceño, a la Gobernación de Antioquia y a la Unidad para las Víctimas reforzar la atención humanitaria y garantizar apoyo integral a quienes han resultado afectados.
Finalmente, la entidad exigió a los grupos armados ilegales detener de manera inmediata sus acciones contra la población civil y respetar los principios humanitarios. La Defensoría expresó su solidaridad con las familias de las víctimas mortales y aseguró que hará seguimiento al estado de salud de la mujer herida, mientras insiste en que la protección de la niñez y de las comunidades no admite más dilaciones.
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