Siguiendo instrucciones directas del presidente Gustavo Petro, el Gobierno activó el Puesto de Mando Unificado (PMU) en Cúcuta para coordinar la atención humanitaria a la población migrante y fortalecer las acciones de seguridad en la frontera, luego de que confirmaran ataques en Caracas, Miranda, Aragua y La Guaira, en Venezuela por parte de Estados Unidos. Así lo indicó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, al detallar las medidas adoptadas ante el actual contexto de riesgo en la zona limítrofe.“Siguiendo instrucciones del señor Presidente de la República, se activó el Puesto de Mando Unificado para la atención humanitaria en Cúcuta, así como el plan de frontera, con el fin de atender a la población migrante y brindar todo el apoyo necesario a quienes lo requieran”, señaló el jefe de la cartera de Defensa, al explicar que el dispositivo busca una respuesta integral tanto en materia social como de seguridad.El ministro advirtió que, de manera paralela, se ordenó la activación de todas las capacidades operativas de la Fuerza Pública para anticipar y neutralizar posibles acciones violentas de estructuras armadas ilegales que operan en la región. En ese sentido, fue enfático en señalar a organizaciones criminales de carácter transnacional como la principal amenaza.“Se alertaron y activaron todas las capacidades de la Fuerza Pública para anticipar y neutralizar cualquier intento de ataque terrorista por parte del cartel del ELN u otros grupos armados organizados ilegales que delinquen en la frontera”, afirmó Sánchez, al tiempo que precisó que “las amenazas para Colombia provienen de organizaciones de crimen transnacional, no de las naciones”.Dentro del paquete de medidas adoptadas, el Gobierno también decidió reforzar la seguridad de las sedes diplomáticas consideradas estratégicas. Según el ministro, se incrementó el esquema de protección de las embajadas de Estados Unidos y de Venezuela en Colombia, con el fin de garantizar su integridad y prevenir cualquier incidente.“Asimismo, se reforzó la seguridad de las embajadas de Estados Unidos y de Venezuela en Colombia, garantizando su protección”, indicó el ministro, al subrayar que estas acciones hacen parte de los protocolos preventivos activados en el marco de la coyuntura regional.Finalmente, el ministro de Defensa reiteró que el manejo de la política exterior y las relaciones internacionales es una atribución exclusiva del jefe de Estado, tal como lo establece la Constitución. “Acorde a la Constitución, las declaraciones y el manejo de las relaciones internacionales corresponden exclusivamente al señor Presidente de la República de Colombia, en su calidad de Jefe de Estado”, concluyó.Las autoridades aseguraron que el PMU permanecerá activo y en permanente evaluación, mientras se mantiene el despliegue de seguridad en la frontera y la atención a las comunidades que puedan verse afectadas por la situación.
En un mensaje de la Cancillería, replicado por el presidente Gustavo Petro, se fijó la posición del gobierno rechazando lo que ocurre en territorio vecino.En esa medida, el Gobierno siguiendo en línea con lo dicho por el presidente Petro más temprano, pidió respeto a la soberanía y la integridad territorial y la solución pacífica de las controversias internacionales."El país adopta una posición orientada a la preservación de la paz regional, y hace un llamado urgente a la desescalada, exhortando a todas las partes involucradas a abstenerse de acciones que profundicen la confrontación y a privilegiar el diálogo y los canales diplomáticos", reiteraron.Así mismo, se dispuso de las medidas necesarias para proteger a la población civil, preservar la estabilidad en la frontera colombo-venezolana y atender oportunamente eventuales necesidades humanitarias o migratorias."La República de Colombia reitera su convicción de que la paz, el respeto al derecho internacional y la protección de la vida y la dignidad humana deben prevalecer sobre cualquier forma de confrontación armada", puntualidad el comunicado.Finalmente, el presidente Gustavo Petro agregó en su publicación la siguiente frase: "Que Bolívar proteja al pueblo Venezolano y al pueblo latinoamericano".
Un balance positivo en materia de seguridad entregó la Policía Nacional al cierre de noviembre y diciembre de 2025, periodo en el que se evidenció una reducción sostenida de varios delitos de alto impacto en Colombia, con énfasis en el homicidio.De acuerdo con el informe entregado por las autoridades, durante esos dos meses los homicidios se redujeron en un 5,5 %. En diciembre, la tasa nacional alcanzó los 26 casos por cada 100.000 habitantes, una cifra que no se registraba desde hace 20 años en época decembrina.El comportamiento a nivel regional mostró una disminución importante en varios departamentos. Putumayo reportó la mayor reducción del país, con un 72 % menos de homicidios, seguido de Risaralda, con una disminución del 43 %; Atlántico, con el 29 %; Antioquia, con el 13 %; y Cundinamarca, con el 9 %.Para el brigadier general Iván Gualdrón Gualdrón, jefe nacional del Servicio de Policía, estas cifras son el resultado de la implementación de estrategias focalizadas, el fortalecimiento del control territorial y la intensificación de las acciones preventivas en zonas priorizadas. “Lo que significan 158 vidas salvadas frente al mismo periodo del año 2024. Detrás de cada cifra hay una familia que hoy no llora una ausencia. Este avance se siente en el territorio: 16 departamentos y 264 municipios registraron disminuciones significativas, con resultados destacados como Bogotá, Barranquilla y Pereira”, señaló el general.En total, 364 municipios del país registraron menos homicidios. Bogotá presentó una reducción del 17 %, equivalente a 47 casos menos; Barranquilla, una disminución del 36 %, con 41 homicidios menos, mientras que Pereira se destacó con una reducción del 64 %, lo que representa 38 casos menos frente al mismo periodo anterior.En términos de modalidades, se evidenció que el homicidio cometido por medio del sicariato disminuyó en un 3 %, pasando de 1.790 a 1.728 casos en los últimos tres meses del año. Asimismo, las muertes derivadas de riñas descendieron de manera significativa, con una reducción del 14 %, correspondiente a 75 casos menos.A la par, la violencia intrafamiliar se redujo en un 18 %, mientras que los feminicidios presentaron una disminución del 27 %, de acuerdo con los registros oficiales.Las autoridades atribuyeron estos resultados a la estrategia “Una Navidad con Propósito”, que incluyó un mayor despliegue policial en toda Colombia. En medio de las labores, se logró la captura de 802 personas por homicidio y la incautación de 2.698 armas de fuego, acciones que, según la Policía, fueron determinantes para la reducción de los indicadores de violencia al cierre de 2025.
Al menos tres muertos y cuatro detenidos dejó este viernes una operación militar contra el Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las Farc, en el departamento del Amazonas informaron fuentes oficiales.El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, detalló en X que desde "el 1 de enero en el área del río Caquetá, área no municipalizada Mirití-Paraná, Amazonas", la fuerza pública avanza en "una operación ofensiva" contra Néstor Gregorio Vera, alias 'Iván Mordisco', jefe del EMC y el criminal más buscado de Colombia."No hay lugar donde se puedan esconder quienes le hacen tanto daño al país. Lo mejor que puede hacer alias 'Mordisco' es desmovilizarse", agregó Sánchez.El alto funcionario señaló que la operación, que combina "inteligencia, maniobra terrestre, apoyo aéreo y acción judicial actuando con precisión y contundencia", ha dejado tres muertos, cuatro heridos y tres menores reclutados por este grupo recuperados.También fue incautado "armamento de alto poder, munición y equipos de campaña" y "medios fluviales usados para el crimen"."A quienes aún empuñan las armas contra el pueblo colombiano, el llamado es claro y permanente: abandonen la violencia y entréguense. Persistir en la guerra solo es un dolor para su propia familia", expresó el ministro.El Gobierno nacional aumentó en septiembre pasado a 5.000 millones de pesos la recompensa por información que permita capturar a 'Iván Mordisco', a quien las autoridades responsabilizan de ataques a la Policía y al Ejército.
Las celebraciones del Año Nuevo en el departamento de Antioquia no solo dejaron 35 quemados con pólvora, sino que también generaron graves incendios en Medellín y en el Oriente antioqueño. Aunque afortunadamente no hubo víctimas, las autoridades advierten que ambas situaciones se dieron por el mal uso de elementos pirotécnicos.El caso más significativo ocurrió en el corregimiento de San Antonio de Pereira de Rionegro, tradicional por su postres y muy visitado por estas fechas, y en donde, al parecer, un globo de mecha generó un voraz incendio en un establecimiento comercial dedicado a la tapicería en el Oriente antioqueño.Según el reporte entregado por el Cuerpo Oficial de Bomberos de Rionegro, debido a la presencia de espumas y materiales altamente inflamables en el local, el fuego se propagó, generando afectaciones estructurales en dos establecimientos y una vivienda del sector.Aunque la conflagración fue rápidamente controlada por las autoridades, no fue el único hecho relacionado con elementos pirotécnicos en las últimas horas, ya que en Medellín un muñeco de Año Viejo por poco y genera una tragedia.Las versiones que se han conocido desde el barrio La Francia, de la capital de Antioquia, es que vecinos de la zona estaban quemando en la calle a un tradicional muñeco de Año Viejo cuando de un momento a otro el fuego se les salió de control y comenzó a propagarse con tan mala suerte para los habitantes del sector que las llamas alcanzaron la red de gas del barrio.A pesar de que el temor y el pánico se apoderaron de la comunidad, la rápida respuesta de algunas personas y la ayuda de los organismos de socorro permitieron controlar el fuego y evitar que se propagara a vivienda del barrio La Francia. Según los reportes de las autoridades, en la zona no hubo personas heridas ni daños materiales de consideración.
La tragedia ocurrida durante los festejos de Año Nuevo, el 1 de enero de 2026, en la estación de esquí de Crans-Montana, en Suiza, tiene entre sus historias más conmovedoras la del joven futbolista Tahirys dos Santos, de 19 años, quien resultó gravemente herido tras el incendio que dejó al menos 40 muertos y más de un centenar de heridos.Dos Santos se encontraba celebrando la llegada de 2026 en un concurrido bar nocturno cuando, pocos minutos después de la medianoche, el fuego se propagó con rapidez por el local. Las llamas y el humo invadieron la zona de fiesta, ubicada en el subsuelo, lo que impidió la evacuación de decenas de personas y generó escenas de pánico entre los asistentes.El club francés FC Metz confirmó que el futbolista sufrió lesiones de consideración y que actualmente permanece hospitalizado en Alemania, donde recibe tratamiento médico especializado. De acuerdo con reportes del medio deportivo L’Équipe, su estado es delicado y requiere atención constante, debido a la gravedad de las heridas provocadas por el incendio.Las autoridades suizas informaron que la mayoría de los heridos presentan quemaduras severas, algunas de ellas en hasta el 60 % del cuerpo, por lo que los procesos de recuperación serán prolongados. Varios de los afectados fueron trasladados a centros médicos especializados, entre ellos el Hospital Universitario de Lausana.Mientras avanzan las investigaciones para determinar el origen del incendio, el caso de Tahirys dos Santos ha generado una ola de mensajes de solidaridad desde el mundo del fútbol.
En Antioquia siguen contando quemados por pólvora por montones y ya las autoridades confirman que las celebraciones de Año Nuevo dejaron 35 heridos con pirotecnia. El departamento supera en más de 40 casos los números reportados hace un año.Por eso, en la más reciente actualización entregada por la Gobernación se conoció que las celebraciones de Año Nuevo generaron que 35 personas resultaran lesionadas con diferentes elementos pirotécnicos.El reporte deja en evidencia nueve casos nuevos ocurridos en las primeras horas de 2026, con la anotación que cinco casos se registraron en el Oriente antioqueño. En el municipio de Marinilla, por ejemplo, fueron tres lesionados, entre ellos, dos menores de 10 y 13 años con quemaduras en diferentes partes de sus cuerpos.Por su parte, se contabilizaron dos casos más en la ciudad de Medellín, dos adultos con lesiones ocasionadas por la manipulación de voladores, y con ellos la capital de Antioquia llegó a 72 quemados con pirotecnia en el periodo de observación 2025 - 2026, o sea, cerca de 20 reportes más en comparación con la temporada decembrina 2024 - 2025.Además, hay que mencionar los casos de los municipios de Turbo y Yolombó en donde dos hombres sufrieron laceraciones y quemaduras tras manipular pitos y papeletas. Sin embargo, lo que más preocupa es que producto de las lesiones, a ambas personas se le tuvieron que amputar dedos de sus manos.Hasta ahora, y con los datos entregados por la Gobernación de Antioquia, son 182 quemados con pólvora, de los cuales 59 son menores de edad y 19 personas han sufrido la amputación de algunas partes de sus extremidades. Asimismo, 45 de los 125 municipios del departamento han aportado al menos una persona lesionada con pirotecnia a la deshonrada lista de quemados.
Un sacerdote de nacionalidad colombiana, Rodrigo Grajales Gaviria, ha sido apuñalado en la ciudad italiana de Módena por un hombre con problemas psiquiátricos que ha sido ya arrestado, según han informado este viernes las autoridades locales.El sacerdote, de 45 años, se encuentra fuera de peligro después de ser operado inmediatamente después del ataque en el hospital de Baggiovara.El suceso tuvo lugar en la mañana del 30 de diciembre en Módena, cuando el cura era apuñalado en el cuello por un hombre que le había estado siguiendo desde que coincidiera con él poco antes en el bus, tal y como ha aclarado hoy la Fiscalía en un comunicado.El agredido ha declarado que no conocía al atacante.Un día después de los hechos las autoridades lograron encontrar y detener al agresor, y constataron que desde hacía algunos años estaba bajo tratamiento en un centro de salud mental.
El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, inició este jueves su mandato con unas altas expectativas, que él mismo no quiso rebajar, en lo que se refiere a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, especialmente la clase trabajadora que lo ha encumbrado en política y hoy lo arropó.Mamdani, de 34 años, tomó posesión en una ceremonia privada a medianoche, con su familia, y otra pública hoy mismo a la que acudieron miles de personas, incluyendo políticos y celebridades, y en la que defendió que busca dirigir un gobierno de izquierdas "ejemplar" que sirva a todos."Sé que algunos ven esta administración con desconfianza o desdén, o ven la política permanentemente rota, y aunque solo la acción cambia las ideas, les prometo esto: si usted es neoyorquino, yo soy su alcalde", afirmó el regidor tras el juramento, en el que lo guió el senador izquierdista Bernie Sanders."Me han dicho que esta es la ocasión para reajustar las expectativas, que debería usar esta oportunidad para alentar a la gente de Nueva York a pedir poco y esperar aún menos. Yo no haré eso", sentenció, abogando por "la calidez del colectivismo" frente a la "frialdad del individualismo agreste".Mamdani, que apeló a los neoyorquinos a través de sus experiencias creciendo y viviendo en la ciudad, se propuso demostrar que "la izquierda puede gobernar" y "dar ejemplo", y sostuvo: "fui elegido como demócrata socialista y gobernaré como un demócrata socialista".El alcalde, que anoche nombró al responsable de Transportes, Mike Flynn, y hoy adelantó que pretende reformar el sistema fiscal de las propiedades y crear un departamento centrado en la salud mental, ha convocado su primera rueda de prensa para esta tarde del jueves, pese a ser día festivo.La congresista Alexandria Ocasio-Cortez, que tiene una edad similar a la de Mamdani y también pertenece al grupo de los Demócratas Socialistas, inauguró el acto y recordó que es el primer alcalde musulmán, el primero inmigrante en cerca de un siglo y el más joven en varias generaciones.De hecho, Mamdani juró en las dos ocasiones sobre coranes históricos, uno que perteneció al académico puertorriqueño y teórico de la cultura negra Arturo Schomburg, y otro de su familia, y que fue sostenido por su esposa, Rama Duwaji, que a sus 28 años es la primera dama musulmana, y también más joven, de la ciudad.Mientras, Sanders, una de las inspiraciones de Mamdani, fue el encargado de guiarlo en el juramento, no sin antes dar un discurso en el que reclamó "un gobierno que trabaje para todos, no solo los ricos", y elogió al alcalde por movilizar a los votantes en un mundo que "pierde la fe en la democracia".El imán Khalid Latif, director ejecutivo del Centro Islámico local, y amigo y mentor de Mamdani, pronunció un discurso apasionado con otros líderes religiosos detrás, en el que instó al alcalde a trabajar "en proximidad con la gente que tiene problemas" y no sucumbir a la "presión".En la ceremonia tomaron posesión otros dos cargos electos: el Defensor del Pueblo, Jumaane Williams, y el contralor, Mark Levine, ambos demócratas.Ambos dieron discursos con un talante unificador parecido al del alcalde, aunque en la práctica tendrán papeles de control sobre su trabajo.Levine, auditor y jefe financiero de la ciudad, aludió a Mamdani al referirse a sus promesas de solucionar la crisis de vivienda, y propuso usar sus herramientas para invertir en la construcción de nuevos edificios asequibles "pese a la oposición de circunscripciones atrincheradas".Asimismo, Levine abogó por proteger a los inmigrantes de "agentes del gobierno enmascarados", en referencia a las redadas del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) del Gobierno de Donald Trump, sobre las que Mamdani ha prometido ser inflexible y hacer valer el estatus de "ciudad santuario".La toma de posesión de Mamdani pone el colofón a una carrera política meteórica, pues en un año ha pasado de ser un legislador estatal prácticamente desconocido a convertirse, tras su victoria sorpresa en las primarias demócratas y después en las elecciones locales, en el máximo líder de la ciudad.Y no quiso bajar el listón, afirmando que "el trabajo acaba de empezar" y que buscará "el cambio por el interés de la clase trabajadora, no a sus expensas".La ceremonia duró cerca de dos horas e incluyó un recital del poeta Cornelius Eady y la actuación de la cantante Lucy Dacus, y finalmente no desembocó en una "fiesta caomunitaria", como se pretendía, debido al intenso frío agudizado por vientos heladores que azotan hoy la ciudad.
El Partido Político Comunes denunció públicamente una serie de presuntas irregularidades en la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP), dependencia creada en 2017 como resultado del Acuerdo Final de Paz.De acuerdo con la colectividad, alrededor de 18 personas que prestaban servicios profesionales en esta Subdirección fueron notificadas en las últimas semanas de la no continuidad de sus contratos para el año 2026, sin que existan llamados de atención o incumplimientos que sustenten la decisión.“Es importante destacar que, la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección de la Unidad Nacional de Protección, se creó en el año 2017 como resultado de la firma del Acuerdo Final de Paz, cuyo objetivo es el de brindar las garantías de seguridad y protección a Firmantes del Acuerdo, integrantes de Comunes y los familiares de los dos anteriores, por tanto, es necesario que funcionarios y colaboradoras que prestan sus servicios Subdirección cuenten con el aval de confianza”, explican en el comunicado.El partido manifestó su preocupación porque entre las personas afectadas hay trabajadores en condición de discapacidad, y porque la decisión se adopta antes de la entrada en vigencia de la ley de garantías, lo que limitaría sus posibilidades de acceder a un nuevo empleo y afectaría su sustento económico.“En ese orden de ideas, resulta incomprensible que, una dependencia creada para la protección de los firmantes del Acuerdo Final de Paz, con el aval de la dirección de la misma entidad, es decir, con la venia del doctor AUGUSTO RODRÍGUEZ BALLESTEROS, sea la primera en vulnerar sus derechos, ya que tomar la decisión de prescindir de los servicios profesionales de estas personas, entre ellos personas en condición de discapacidad, sin razón alguna que lo justifique, deja ver la falta de respeto y empatía para con las personas que decidieron darle la oportunidad de paz al país”, denunciaron desde el partido.Finalmente, Comunes responsabilizó al director de la UNP, Augusto Rodríguez Ballesteros, y a la subdirectora Natalia Margarita Parada Garzón, por la presunta vulneración de derechos laborales y reiteró su llamado a respetar la confianza legítima, el debido proceso y los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Paz.
El presidente Gustavo Petro firmó el Decreto 1482 del 31 de diciembre de 2025, mediante el cual se prorrogan las medidas para la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en todo el territorio nacional.La decisión quedó consignada en uno de los varios decretos que tradicionalmente se expiden al cierre del año y fue publicada por el Ministerio de Defensa.El documento, fechado el 31 de diciembre de 2025, extiende la vigencia de la suspensión desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026, en los mismos términos y condiciones establecidos en normas anteriores.En particular, hace referencia a lo dispuesto en el Decreto 2362 de 2018 y a las facultades conferidas al presidente por la Constitución y la ley para preservar el orden público.El decreto establece que su vigencia comienza a partir de la fecha de publicación y ordena su cumplimiento en todo el país. La norma fue firmada por el presidente y por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.Cabe mencionar que en Colombia se ha debatido el porte de armas durante muchos años. Hay un proyecto que propone eliminar la figura del porte especial y fue planteado por los representantes José Jaime Uscátegui y Heráclito Landinez.Implica que personas sin antecedentes ni penales ni psiquiátricos puedan acceder a un arma para su defensa; sin embargo, este tipo de iniciativas no han prosperado en el legislativo.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó este viernes que hubo "lancheros" que sobrevivieron a uno de los ataques perpetrados por EE.UU. contra supuestos narcotraficantes en aguas del Pacífico como parte de la operación militar Lanza del Sur, que también se lleva a cabo en el mar Caribe."Aviso a todos los gobiernos de la zona. Esta parece ser la zona exacta donde cayeron los lancheros que se arrojaron de embarcaciones que fueron bombardeadas. Se sabe que tres personas murieron, el resto quedó viva porque se arrojaron al mar", expresó el mandatario en X, donde publicó el mapa del punto -cercano a México y Guatemala- donde supuestamente fue lanzado el ataque de EE.UU.En el mensaje, Petro dijo que la información fue conseguida por la Armada colombiana, que está "dispuesta a colaborar" a los países que así lo requieran y señaló que el punto del ataque está ubicado a 384,33 millas náuticas del estado mexicano de Oaxaca, aunque no precisó cuando ocurrió.Estados Unidos dio a conocer un nuevo ataque lanzado el 31 de diciembre contra dos lanchas también en aguas internacionales, sin dar más información, en el que murieron cinco personas.Esto ocurrió un día después de haber hundido otras tres embarcaciones que supuestamente transportaban droga en el Pacífico o en el Caribe, lo que dejó tres muertos.El país norteamericano mantiene desde el verano un amplio despliegue aeronaval en el Caribe, cerca de aguas venezolanas. Según afirma Washington, el objetivo es combatir el narcotráfico; sin embargo, Caracas interpreta estas acciones como "amenazas" y un intento de propiciar un cambio de régimen.Las tensiones escalaron tras el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre un bloqueo a los buques petroleros sancionados que se trasladen desde y hacia el país caribeño, sumado a la reciente confiscación de dos embarcaciones que transportaban crudo venezolano.En ese sentido Estados Unidos afirmó haber destruido al menos 35 embarcaciones y causado más de cien muertes en el Caribe y el Pacífico como parte de una ofensiva antidrogas que se prolongó durante los últimos cinco meses.Tanto el Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela como el de Gustavo Petro, ambos acusados por Trump de mantener vínculos con el narcotráfico, han denunciado estos ataques como asesinatos y ejecuciones extrajudiciales.
Un video que se ha viralizado en redes sociales muestra el momento en que dos presuntos delincuentes son capturados por agentes de la Policía Metropolitana de Popayán, en el sur del país, durante la noche del pasado 31 de diciembre de 2025.Las imágenes, compartidas inicialmente por usuarios y replicadas en plataformas como X e Instagram, evidencian cómo, mientras los uniformados proceden a la detención, uno de los hombres implora que no lo arresten alegando a las autoridades que “es 31 de diciembre", y que les "colaboren".El hecho fue capturado por un transeúnte de la zona, quien posteriormente fue amenazado por uno de los detenidos, quien expresó, en tono intimidante: "Cuando me lo encuentre...". Además, los hombres acompañaron la amenaza con un gesto obsceno, mostrando el dedo medio a la cámara mientras eran filmados. En ese instante, los agentes cierran la puerta de la camioneta para llevar a los dos hombres a la comisaría.Pese a que, hasta el momento, no se ha divulgado un pronunciamiento oficial de la Policía Metropolitana de Popayán ni de la Fiscalía General de la Nación que detalle el motivo específico de la captura de los dos hombres, como el delito por el cual los individuos estaban siendo requisados o si existieron denuncias previas que motivaran la intervención, ya son varias las reacciones a este hecho en redes sociales.Hasta el momento, la Policía no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre los cargos que enfrentarían los dos hombres capturados, ni se ha confirmado si ya fueron judicializados o puestos a disposición de un juez de control de garantías.
La justicia envió a prisión a John Jairo Leguia González, pastor de una comunidad religiosa en San Andrés Islas, señalado de haber abusado sexualmente de varias mujeres que asistían a su iglesia, aprovechándose de su rol como guía espiritual y de la confianza que las víctimas depositaban en él.De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el hoy procesado habría utilizado la posición de reconocimiento y liderazgo que ostentaba dentro de la congregación para engañar y manipular a las feligresas, a quienes citaba de manera individual con el pretexto de realizar supuestos rituales de sanación o “liberación espiritual”.Durante estas reuniones, según el material probatorio recaudado por el ente acusador, el pastor les proponía realizar rituales en los que debían desnudarse, bajo el argumento de aplicarles un “aceite ungido” como parte del proceso espiritual. En ese contexto de fe, confianza e indefensión, las mujeres eran presuntamente presionadas y coaccionadas para permitir tocamientos y actos de carácter sexual, haciéndoles creer que hacían parte del rito religioso.La investigación da cuenta de que al menos cuatro mujeres, todas mayores de edad, habrían sido víctimas de estos hechos. Para la Fiscalía, las agresiones ocurrieron en un entorno especialmente sensible, en el que el procesado se valía de su investidura religiosa para someter a las víctimas.Durante la audiencia, el fiscal del caso sostuvo que se trató de un “aberrante abuso sexual”, cometido por quien fungía como líder espiritual de la iglesia. Según explicó, Leguia González citaba a las feligresas con el pretexto de realizar oraciones y rituales, mientras les aplicaba aceite de oliva en todo el cuerpo, incluidas partes íntimas.Por estos hechos, un fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la Seccional San Andrés imputó al pastor los delitos de acceso carnal violento agravado y acto sexual violento.El procesado no aceptó los cargos. Sin embargo, una juez penal de control de garantías consideró que existían los requisitos legales para imponerle medida de aseguramiento en centro carcelario, decisión con la que continuará vinculado al proceso mientras avanzan las etapas judiciales correspondientes.
El aumento del salario mínimo para 2026 tendría un impacto directo y significativo en el mercado inmobiliario colombiano, especialmente en la vivienda de interés social (VIS) y de interés prioritario (VIP). Así lo advirtió Mario Andrés Ramírez, presidente de la Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz (Fedelonjas), durante una entrevista en Mañanas Blu con Camila Zuluaga.De acuerdo con Ramírez, el encarecimiento de los costos laborales y de construcción llevaría a que una vivienda de interés prioritario registre incrementos cercanos a los 30 millones de pesos, mientras que una vivienda de interés social podría aumentar alrededor de 50 millones de pesos frente a los valores actuales. Esto, señaló, dificultará aún más el acceso a vivienda para los hogares que planean adquirir casa propia en 2026.El dirigente gremial explicó que, aunque el Gobierno ha insistido en que los topes de precio establecidos para VIS y VIP no obligan a los constructores a vender al máximo permitido, en la práctica los mayores costos asociados al salario mínimo, la inflación y una eventual subida de tasas de interés presionan al alza los precios finales. En ese contexto, Fedelonjas considera complejo que las empresas asuman esos incrementos sin afectar su rentabilidad o reducir la oferta de vivienda social.Ramírez también alertó sobre el impacto en el costo de vida de quienes ya son propietarios. Según indicó, las cuotas de administración en conjuntos residenciales podrían incrementarse de manera importante, debido a que rubros como vigilancia y aseo, que representan entre el 60 % y el 70 % de los presupuestos de las copropiedades, están directamente ligados al salario mínimo. Esto obligaría a las administraciones a subir cuotas o, en algunos casos, a reducir servicios.En cuanto a los trámites inmobiliarios, el presidente de Fedelonjas señaló que escrituras y otros costos asociados también podrían aumentar a partir de enero de 2026, dependiendo de las condiciones pactadas en cada contrato. Mientras los acuerdos a precio fijo se respetarían, aquellos indexados al salario mínimo sí reflejarían los nuevos incrementos.Finalmente, Ramírez afirmó que el mayor impacto se sentirá en los nuevos proyectos y lanzamientos a partir de este año, y cuestionó la falta de concertación técnica en un aumento del salario mínimo que, a su juicio, genera incertidumbre y presiones adicionales sobre sectores como el inmobiliario y las pequeñas y medianas empresas.
El mercado de motocicletas en Colombia cerró el 2025 con un balance ampliamente positivo. De acuerdo con el más reciente informe de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la Andi y Fenalco, durante diciembre se registraron 112.310 motocicletas nuevas, lo que representa un crecimiento del 30,86% frente al mismo mes de 2024.En el acumulado entre enero y diciembre de 2025, el sector alcanzó un crecimiento del 34,94%, superando el millón cien mil unidades matriculadas en todo el año. El informe destaca que este comportamiento reafirma el papel de la motocicleta como un medio de transporte esencial, especialmente en zonas donde facilita el acceso al trabajo, la educación y servicios básicos.Por marcas, Bajaj, AKT y Suzuki lideraron el ranking de registros en diciembre, con Bajaj a la cabeza al alcanzar una participación del 16,43%. En cuanto a segmentos, la mayor demanda se concentró en motocicletas de 101 a 125 centímetros cúbicos, que representaron el 46,02% del total del mercado.A nivel territorial, Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca concentraron el 45,76% de los registros del país. En el ámbito municipal, Sabaneta (Antioquia), Funza (Cundinamarca) y El Cerrito (Valle del Cauca) fueron las localidades con mayor número de motocicletas nuevas matriculadas durante el mes.El informe concluye que la motocicleta continúa siendo un vehículo clave para la movilidad y la generación de ingresos en los hogares colombianos, particularmente en los de menores recursos.
La reciente discusión sobre el impacto del aumento del salario mínimo en el servicio doméstico abrió un nuevo frente de debate político y social. En Mañanas Blu, Jenny Hurtado, presidenta del Sindicato de Trabajadoras Domésticas de Colombia, cuestionó duramente el papel que ha desempeñado la vicepresidenta Francia Márquez frente a las problemáticas del gremio, pese a que en el pasado aseguró haber sido trabajadora doméstica y representar a este sector desde el Gobierno.Para Hurtado, el incremento del salario mínimo, aunque positivo en el papel, está generando efectos adversos en el empleo del sector. Sin embargo, el momento más crítico de la entrevista se dio cuando se le preguntó por el respaldo real de la Vicepresidencia a las trabajadoras del hogar.“Nunca nos llamó, nunca nos escuchó”La líder sindical aseguró que, pese a la visibilidad política de Francia Márquez, no ha existido un acercamiento real con las organizaciones del servicio doméstico. “Ella jamás nos llamó para preguntarnos nada. Cuando pedí una cita, tenía la agenda llena por dos años y nunca nos atendió”, afirmó Hurtado.Según su testimonio, ni ella ni otras representantes del gremio lograron ser recibidas por el equipo de la Vicepresidencia. “Sus asistentes no nos dejaron pasar. Intentamos por varios medios y nunca fue posible”, señaló, al tiempo que puso en duda el relato de representación que, según dijo, se ha usado en escenarios políticos.Hurtado fue más allá y cuestionó el discurso de identificación de Márquez con el servicio doméstico. “Espero que las compañeras no vuelvan a caer en la trampa de creer que porque dijo que fue empleada doméstica nos representa. Si de verdad lo fuera, se habría interesado más por este gremio”, expresó.En uno de los momentos más duros de la entrevista, la líder sindical afirmó: “Para mí eso es puro cuento. Nunca la vi interesada en las trabajadoras del hogar y ahora, como vienen elecciones, vuelve a hablar del tema”.Sin voz en las decisiones claveLa presidenta del sindicato también denunció que las trabajadoras domésticas no participan en las mesas donde se negocia el salario mínimo, pese a ser uno de los sectores más impactados. “Nunca nos preguntan qué pensamos. Nos dicen que nos representan centrales obreras a las que muchas ni siquiera estamos afiliadas”, explicó.Adicionalmente, Hurtado advirtió que el discurso oficial sobre “trabajo digno” no se refleja en la realidad del sector. “Eso no se está aplicando con las trabajadoras del hogar. Van a quedar muchas desempleadas y no vemos una salida”, concluyó.Las declaraciones reavivan el debate sobre el papel de la Vicepresidencia y la representación efectiva de uno de los gremios más invisibilizados del país, en un momento clave para el futuro laboral de miles de trabajadoras domésticas en Colombia.Escuche la entrevista completa acá:
El más reciente informe entregado por las autoridades de salud, entre la noche de 31 de diciembre y durante la celebración de Año Nuevo se reportaron 13 personas quemadas con pólvora en varios municipios del Huila, en su mayoría adultos, donde también resultó afectado un menor de edad.El secretario de salud departamental, el médico César Germán Roa, confirmó que entre el primero de diciembre y en lo que va de la temporada de fiestas, la cifra es de 41 personas lesionadas por la manipulación de elementos pirotécnicos, entre los afectados hay siete menores de edad.“Entre la noche del 31 y el 1 de enero de Año Nuevo se presentaron 13 casos en el Huila, un caso en Algeciras, El Agrado, La Plata, dos casos en Aipe, dos en Pitalito y seis quemados en Neiva, de los seis lesionados en Neiva, uno de ellos es un menor de 13 años de edad. En total se consolidan 41 personas afectadas por pólvora de las cales siete son menores de edad en lo que va de la temporada de fiestas”, anotó el médico Roa Trujillo.Le puede interesar: Aumenta a 1.419 los quemados por pólvora en Colombia; más de 400 casos son menores de edadAgregó el funcionario de la Gobernación del Huila que la mayoría de las personas lesionadas por el uso irresponsable de pólvora, al parecer, se encontraban bajo los efectos del alcohol, mientras que los menores afectados están bajo vigilancia del Bienestar Familiar.“Los municipios donde se han presentado eventos de lesionados por pólvora son El Agrado, Gigante, La Argentina, Algeciras, Suaza, Tarqui, Timaná, Acevedo, Aipe, Guadalupe, La Plata, Oporapa, entre tanto, Pitalito y Neiva son los municipios que más registran casos de quemados, solo Neiva tiene 17 casos” añadió el secretario de salud César Roa.A propósito, el funcionario de salud departamental hizo un fuerte llamado a los ciudadanos en el Huila a evitar la manipulación de estos elementos pirotécnicos, teniendo en cuenta que falta la celebración de Reyes Magos.
El incremento del salario mínimo en Colombia, fijado en un 23 % y defendido por el presidente Gustavo Petro como una medida para proteger el ingreso de los trabajadores, genera preocupación en el gremio del servicio doméstico. Así lo expresó Yenny Hurtado, presidenta del Sindicato de Trabajadoras Domésticas, en Mañanas Blu, en la que advirtió que la medida podría traducirse en despidos y mayor informalidad.El salario mínimo para el 2026 quedará en $2.000.000 si se suma el subsidio de transporte. Sin embargo, desde el sector del trabajo doméstico aseguran que el impacto real va más allá del ingreso mensual.“El aumento me parece muy chévere, muy bueno, pero debería haber mecanismos que se hagan cumplir esas normas. Nadie cumple nada”, afirmó Hurtado. Según explicó, el costo real de tener una trabajadora del hogar formalmente vinculada supera ampliamente el salario base. “Los análisis que hicimos con mis compañeras muestran que el costo puede quedar más o menos en 3 millones 25 mil pesos”, señaló, al incluir seguridad social, prestaciones y demás obligaciones.La dirigente sindical advirtió que esta situación ya está generando decisiones por parte de los empleadores. “Hablé con unas diez patronas y ya dijeron que no van a tener más empleada sino una vez a la semana. Eso es terrible, porque muchas compañeras sobreviven con cuatro o cinco días de trabajo”, aseguró. En su concepto, solo quienes tengan altos ingresos podrán asumir ese costo: “Da la impresión de que en Colombia solo van a tener empleadas domésticas quienes puedan pagar más de 3 millones de pesos”.Hurtado cuestionó, además, las cifras oficiales sobre el número de personas que trabajan en este sector. Mientras el DANE habla de alrededor de 700.000, ella sostiene que la cifra real es mucho mayor. “Según lo que manejamos los sindicatos, hay casi cuatro millones de trabajadores y trabajadoras del hogar en Colombia”, dijo, y agregó que “el Gobierno no tiene una cifra clara porque nunca ha hecho un estudio serio casa por casa”.Uno de los grupos más afectados sería el de quienes trabajan por días. De acuerdo con la presidenta del sindicato, unas 350.000 personas laboran bajo esta modalidad. “La que más gana por día recibe 100.000 pesos y ahí va todo: no hay contrato, no hay prestaciones y muchas veces ni siquiera les dan alimentación”, explicó. También denunció que, tras la pandemia, muchas empleadoras exigen que el trabajo de varios días se haga en una sola jornada.Sobre la posibilidad de reclamar derechos, Hurtado fue contundente: “Si no hay contrato firmado, no hay una ley que defienda a la trabajadora. ¿A dónde va a denunciar? Ir al Ministerio de Trabajo es muy complicado; yo llevo un año acompañando un caso y no hemos logrado que nos atiendan”.La situación de las trabajadoras internas tampoco es clara, según indicó. “Hay que esperar con qué van a salir las patronas. Muchas van a decir que tres millones es mucha plata y la empleada termina aceptando lo que le den para no quedarse sin trabajo”, afirmó, al tiempo que expresó su preocupación por el posible aumento del desempleo en el sector.Finalmente, Hurtado cuestionó la falta de representación del gremio en la negociación del salario mínimo. “Nunca nos han llamado a preguntarnos qué pensamos. Nos representan centrales obreras a las que ni siquiera pertenecemos”, señaló. También criticó la falta de apoyo institucional: “El trabajo digno del que tanto habla el Gobierno no se está aplicando con las trabajadoras del hogar”.
Andrés Velasco, presidente de Asofondos, en diálogo con Mañanas Blu, ha emitido una contundente alerta sobre las consecuencias del Decreto 1485 del 31 de diciembre, el cual modifica la fórmula para el cálculo de las pensiones en Colombia. Según Velasco, esta medida, tomada tras un aumento significativo del salario mínimo, traslada la carga financiera del Estado directamente a los hombros de los trabajadores, alejando la posibilidad de jubilación para millones de ciudadanos.El costo de pensionarse aumenta radicalmenteHasta finales del año pasado, un trabajador en el régimen de ahorro individual necesitaba acumular aproximadamente 350 millones de pesos para adquirir una renta vitalicia de un salario mínimo. Sin embargo, bajo las nuevas reglas y el efecto del incremento salarial, esa cifra se ha disparado. Velasco explica que ahora se requerirán cerca de 550 millones de pesos para el mismo fin: un incremento de 200 millones que surge de la combinación del aumento salarial y la decisión del Gobierno de no compensar los efectos de dicha subida sobre las pensiones.Este cambio implica que el "sueño de la pensión" para cerca de 20 millones de afiliados en fondos privados se ha vuelto mucho más costoso y difícil de alcanzar. Para quienes no logren este capital, el panorama se inclina hacia la devolución de saldos, a menos que cumplan con los requisitos de semanas y edad para acceder al Fondo de Garantía de Pensión Mínima.Una década más de trabajo para los colombianosLa consecuencia más directa para el ciudadano de a pie es el tiempo. Velasco estima que, para cubrir ese nuevo faltante de capital, un trabajador promedio tendría que laborar al menos una década adicional. "El cambio de esa fórmula implica que a los colombianos los alejamos de la pensión por lo menos una década", afirmó el directivo, señalando que esta decisión no fue concertada en mesas técnicas con los sectores afectados.Riesgos en el seguro previsional y sostenibilidad fiscalEl decreto no solo afecta la jubilación por vejez, sino también los seguros de invalidez y sobrevivencia. La ley establece que el costo de estos seguros no debe superar el 3% de la cotización; sin embargo, con los nuevos cálculos, este costo podría subir al 3.2%, quedando por encima de lo legalmente permitido. Esto genera un vacío donde los trabajadores podrían quedar desprotegidos ante accidentes o fallecimientos si el Gobierno no diseña un mecanismo de compensación.Además, Velasco advierte sobre un "tiro por la culata" fiscal. Al agotarse más rápido el Fondo de Garantía de Pensión Mínima —que cuenta con unos 55 billones de pesos—, será el propio Estado quien deba asumir estos pagos en el futuro con los impuestos de todos los colombianos, lo que anularía cualquier ahorro a corto plazo que el Gobierno pretenda lograr.La polémica repatriación de capitalesFinalmente, el presidente de Asofondos criticó la idea del Gobierno de repatriar los ahorros pensionales invertidos en el exterior. Velasco argumenta que obligar a vender estas inversiones internacionales para traer los dólares a Colombia provocaría una caída en la tasa de cambio y una pérdida de rentabilidad para los ahorradores, ya que se verían obligados a "vender barato" afuera y "comprar caro" activos locales. Actualmente, cerca del 50% de los 520 billones de pesos administrados están en el exterior para garantizar la diversificación y seguridad del ahorro.Para entender esta situación, imagine que usted ha estado ahorrando durante años para comprar una casa y, de repente, el vendedor le informa que el precio subió drásticamente. Ahora, usted no solo debe ahorrar mucho más dinero del previsto, sino que se ve obligado a trabajar muchos más años de los que planeaba simplemente para mantener la misma meta que antes sentía al alcance de su mano.Escuche aquí la entrevista:
En su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro aseguró: “Disponemos de un billón y medio para la compra de una flota eléctrica para Bogotá, que baja los costos de transporte por pasajero, si Transmilenio quiere”.El jefe de Estado explicó que su objetivo es mantener el precio del tiquete para aumentar el número de pasajeros en Transmilenio, reducir la congestión y disminuir el déficit del sistema. Señaló que el diésel sigue subsidiado, pues es el principal costo operativo, y advirtió que subir el pasaje solo reduciría la demanda de usuarios y empeoraría la situación financiera del sistema.Y agregó la siguiente explicación: “El aumento de salario de los conductores de buses no impacta la tarifa técnica si la Nación ha decidió ayudar financieramente para que se cambie por tecnologías más eficientes los buses”.Frente a este anuncio, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, explicó que esos recursos podrían evitar una alza en la tarifa durante 2026, siempre y cuando se trate de un aporte adicional a los $938.000 millones ya comprometidos por la Nación en el convenio vigente y que se paguen este año.“Respuesta rápida, presidente. El convenio de cofinanciación de la Nación con el Distrito para Flota Eléctrica, Buses Eléctricos, contempla un aporte de la Nación por 938.000 millones de pesos. No los 1,5 millones que usted anuncia en su trino y manifiesta disponer para esos efectos, sino 938.000 millones de pesos. De esos recursos no recibiremos nada en 2026. Empezarán a entrar en 2027 vía vigencias futuras y así gradualmente hasta el 2040. Este año no entrará nada”, indicó Galán.El alcalde agregó que, de confirmarse el aporte adicional, es decir, 562 mil millones de pesos adicionales a los del convenio ya firmado, sería “es una gran noticia porque eso nos permite no aumentar la tarifa de Transmilenio este año, 2026”.Galán explicó que, usando el artículo 183 del Plan de Desarrollo aprobado en 2023, la Nación podría financiar hasta el 50 por ciento de la flota eléctrica en operación. Con más de 1.480 buses eléctricos, parte del costo de Bogotá podría cubrirse con el aporte adicional, dejando la decisión en manos del presidente.Asocapitales advirtió esta semana que el aumento del 23,7 % del salario mínimo podría generar un incremento de cerca de $200 por pasaje en los sistemas de transporte público urbano, afectando tanto a grandes sistemas masivos como el MIO en Cali, Transmilenio en Bogotá y el sistema de transporte público en Medellín, así como a ciudades intermedias como Cartagena. Por ello, el gremio hizo un llamado al Gobierno para establecer reglas claras de corresponsabilidad y cofinanciación, garantizando un transporte público accesible y sostenible.
El uso de pólvora durante las celebraciones de Fin de Año volvió a dejar un saldo preocupante en Colombia. De acuerdo con el más reciente reporte preliminar del Instituto Nacional de Salud (INS), entre el 1 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de 2026, con corte a las 2:00 de la tarde, se han registrado 1.419 personas lesionadas por artefactos pirotécnicos en todo el país, lo que representa un incremento del 10,4 % frente al mismo periodo del año anterior.Las cifras evidencian que el mayor número de casos se presentó durante las horas de mayor celebración. Solo entre la tarde del 31 de diciembre y la tarde del 1 de enero se reportaron 391 nuevos lesionados, lo que confirma que la noche de Año Nuevo sigue siendo uno de los momentos de mayor riesgo por la manipulación inadecuada de pólvora.Preocupación con los menores de edadUno de los datos que más alarma a las autoridades sanitarias es la afectación a niños y adolescentes. Del total de casos reportados, 428 corresponden a menores de 18 años, es decir, cerca del 30 % de los lesionados. Además, el informe señala que 52 de estos menores se encontraban acompañados por adultos bajo los efectos del alcohol, un factor que incrementa el riesgo de accidentes graves.Por regiones, Antioquia lidera el número de casos con 182 lesionados, seguida por Nariño (131), Bogotá (104), Norte de Santander (84) y Cauca (81). En el listado también figuran Cundinamarca, Córdoba, Tolima, Atlántico y Santander, entre otros departamentos. En cuanto a ciudades, Medellín encabeza el registro con 72 casos, seguida de Pasto, Cúcuta y Neiva, lo que refleja una dispersión del problema en todo el territorio nacional.El INS indicó que los totes continúan siendo el artefacto más peligroso, al estar involucrados en el 30,7 % de las lesiones, seguidos por otros elementos pirotécnicos no especificados y los voladores. Estas cifras reafirman las advertencias de las autoridades sobre el alto riesgo que implica el uso de pólvora, especialmente cuando no se cuenta con medidas de seguridad ni supervisión adecuada.Pese a la gravedad del panorama, el reporte preliminar señala que no se han registrado fallecimientos asociados a lesiones por pólvora pirotécnica en este periodo. Sin embargo, las autoridades mantienen el llamado a la prevención, especialmente para proteger a los menores de edad, y recordaron que también se han notificado siete casos de intoxicación por fósforo blanco, lo que refuerza la necesidad de evitar la manipulación de estos elementos durante las celebraciones.
Colombia comenzó oficialmente este 1 de enero de 2026 su mandato como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para el período 2026-2027, tras haber sido elegida por la Asamblea General el pasado 3 de junio de 2025 con 180 votos.Durante los próximos dos años, Colombia tendrá voz y voto en el órgano más poderoso del sistema multilateral de la ONU, participando en decisiones relacionadas con conflictos armados, crisis humanitarias, operaciones de mantenimiento de la paz y otros asuntos prioritarios para la seguridad internacional.En el comunicado donde se comunicó el inicio de la participación del país en el Consejo Superior, se hizo hincapié en que la participación colombiana estará guiada por los principios históricos de su política exterior: el respeto al Derecho Internacional y a los Derechos Humanos, la defensa de la soberanía de los Estados, el principio de no intervención y la resolución pacífica de las controversias.Asimismo, el país promoverá la diplomacia como herramienta fundamental para la construcción de la paz, con un enfoque centrado en las personas.Esta será la octava ocasión en la que Colombia ocupa un asiento en el Consejo de Seguridad, luego de su más reciente participación en el período 2011-2012, lo que reafirma su compromiso sostenido con el multilateralismo y la promoción de la paz internacional.
El 2026 comenzó movido para varios colombianos en el norte del país, pues sobre las 07:37 de la mañana de este 1 de enero se registró un fuerte temblor de magnitud de 4.6, según el reporte oficial del Servicio Geológico Colombiano (SGC).Si bien el epicentro de este hecho se dio en Venezuela, según el reporte se alcanzó a sentir en zonas de La Guajira, Norte de Santander, César y Atlántico, por supuesto, a una menor escala en comparación a las zonas más cercanas de este fenómeno."Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-01-01, 07:37 hora local. Magnitud 4.6, Profundidad superficial, Venezuela", indicó el SGC en su reporte oficial. Cabe recordar que el 24 de diciembre también se registró un sismo que ocurrió a las 6:23 de la tarde y tuvo una magnitud de 3.0, con epicentro en el municipio de Chachagüí, en el departamento de Nariño.En Colombia se pueden llegar a registrar hasta más de 50 temblores por día de hasta magnitud de 3.7. Según el SGC, el primero del 1 de enero se dio en el Meta de manera superficial y uno de los "más fuertes" en Zapatoca, Santander, cerca a la Mesa de Los Santos, en donde tiembla casi todo el día entre 2.0 a 3.0.Colombia se encuentra en una zona de alta actividad sísmica debido a la interacción de varias placas tectónicas. En particular, la región de Los Santos es reconocida por su constante liberación de energía, lo que genera eventos diarios, la mayoría imperceptibles para la población. El SGC reiteró que conocer estos procesos permite fortalecer la preparación ciudadana ante futuros movimientos.