En el marco del cierre del gobierno de Gustavo Petro y el inicio de la administración de Abelardo de la Espriella, el senador del Centro Democrático, Andrés Forero, se pronunció sobre la reciente alianza coyuntural en el Congreso que permitió la elección de Honorio Enríquez como presidente del Senado.A pesar de los votos recibidos por parte del Pacto Histórico, Forero fue enfático en aclarar que esto no supone un cambio en su postura política. Una victoria legislativa frente al gobierno entranteLa elección de la mesa directiva del Senado marcó una derrota para la estrategia del gobierno electo, que impulsaba la candidatura de Alfredo Deluque. Forero explicó que, pese a declararse partido de gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella, el Centro Democrático decidió hacer respetar la autonomía del Congreso."Nosotros no llegamos a ningún acuerdo con el pacto histórico. Ellos decidieron votar por nosotros", aclaró el senador, subrayando que la elección de Enríquez representa a un opositor consistente del gobierno saliente y no a un "contradictor de ocasión".Frente a las especulaciones sobre un acercamiento ideológico, Forero sentenció: "Nosotros seguimos teniendo las mismas diferencias ideológicas y políticas de siempre con el pacto histórico"."Cifras engañosas" en salud y crisis hospitalariaForero también aprovechó para cuestionar el balance en materia de salud presentado por el presidente Gustavo Petro, señalando que el mandatario utiliza valores absolutos para ocultar una realidad compleja marcada por el desplome demográfico. Según el senador, la disminución en indicadores de mortalidad no es mérito del gobierno, sino una tendencia histórica y una consecuencia de que hay menos nacimientos.Respecto a la intervención de entidades como la Nueva EPS, Forero denunció una situación "dramática" y "calamitosa", advirtiendo sobre el incremento de tutelas que pasaron de 5.000 a más de 12.000 mensuales."Presidente, a ustedes lo están engañando, revise lo que está sucediendo, hable con las asociaciones de pacientes", fue el mensaje que el senador transmitió directamente al mandatario saliente durante su discurso de oposición.Relaciones con el "abelardismo" y el papel de Rodrigo LaraLa relación entre el Centro Democrático y el nuevo gobierno ha estado marcada por tensiones, especialmente con el ministro designado Rodrigo Lara, a quien Forero acusa de intentar controlar el Congreso sin contar con la bancada mayoritaria de oposición.Para el senador, Lara cometió un error al insistir en una candidatura que no representaba a quienes dieron las "grandes batallas" contra el petrismo en los últimos años."Nosotros éramos una bancada que no estaba pidiendo nada... decidimos irnos como un partido de gobierno porque reconocemos las convergencias programáticas que existen con el doctor Abelardo De La Espriella", puntualizó Forero, dejando claro que el apoyo al nuevo ejecutivo dependerá del beneficio para el país y no de cuotas burocráticas.Escuche aquí la entrevista:
El senador Andrés Forero cuestionó, a través de su cuenta de X, los nombramientos que ha hecho el superintendente de Salud, Daniel Quintero, en la entidad. De acuerdo con Forero, el recientemente nombrado superintendente, “llevó a todo su combo” sin importar que no tengan experiencia en el sector salud.En la denuncia menciona al arquitecto y magíster en políticas públicas Sergio Andrés López Muñoz, exdirector del Departamento Administrativo de Planeación de Medellín y exasesor del despacho del Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo; quien ahora ocupará el cargo de asesor de la Superintendencia de Salud.López pertenece al banquillo de los acusados del escándalo de corrupción en la Alcaldía de Daniel Quintero, por presuntamente haber beneficiado ilegalmente a los dueños del megalote Aguas Vivas, terreno que pasó de costar 2.700 millones de pesos a un valor de 42.719 millones de pesos. Se presume que el arquitecto habría agilizado los trámites administrativos para el avalúo del megalote.Por otro lado, el senador Forero recalcó la presencia de Juan Duque, administrador de negocios internacionales y magíster en gestión pública, a quien calificó como "rabioso" y quien será delegado de Protección al Usuario de la SuperSalud. Cabe resaltar que Duque fue secretario privado de Daniel Quintero mientras era alcalde de Medellín y se encuentra inmerso en investigaciones activas por presunta corrupción. La Procuraduría le formuló pliego de cargos y lo citó a juicio disciplinario en 2024, por el presunto uso irregular de la ‘caja menor’ de la Alcaldía de Medellín, con gastos injustificados en restaurantes y comidas que superaron los $185 millones de pesos.Cabe resaltar que Duque hizo parte del equipo del candidato presidencial Roy Barreras para llegar al Senado de la República.En este sentido, Quintero designó como Secretario General a Esteban Restrepo, una persona muy cercana al superintendente pues gerenció su campaña a la Presidencia, además de ocupar cargos en el Ministerio de Justicia y en Ecopetrol, donde al parecer mintió en su hoja de vida asegurando que tenía 2 años de experiencia en una empresa de asesoramiento al sector minero energético, cuando en realidad tuvo un contrato de prestación de servicios por 7 meses.También fue secretario de Gobierno y de Despacho de la Alcaldía de Quintero donde se destacó por presuntamente comprar un lujoso apartamento sin explicar su origen.Más allá de los escándalos de corrupción en los que están presentes estos tres funcionarios, la denuncia del senador Andrés Forero radica en la inexperiencia que tienen para ejercer cargos en un sector como el de salud que está tan deteriorado y necesita medidas urgentes para recuperarse.
El representante a la Cámara por el Centro Democrático Andrés Forero denunció que el Ministerio de Salud contrató un evento el pasado 26 de febrero en la Plaza de Bolívar cuyo costo asciende a los 1.036.597.429 millones de pesos.Al otro día el senador y candidato presidencial del Pacto Histórico Iván Cepeda hizo un evento en el mismo lugar.“Pues mientras mueren paciente el Ministerio de Salud se gastó en esa sinvergüencería $1.036 M. ¿Cuántas vidas se hubieran salvado con esa plata? ¿Esa es la “revolución ética”?”, dijo Forero.El representante a la Cámara obtuvo la información por medio de un derecho de petición que le respondieron desde el Ministerio.Los costos incluyen componentes técnicos, de montaje y la tarima, entre otros.Blu Radio consultó con el Ministerio de Salud para conocer la posición del Gobierno sobre este tema, sin embargo, no se obtuvo respuesta.
Tras la conformación del nuevo Senado de la República, compuesto por 102 curules, el senador del Centro Democrático, Andrés Forero, trazó una hoja de ruta para lo que será el control legislativo frente a las propuestas del Gobierno Nacional. A pesar del avance del Pacto Histórico, que obtuvo 25 curules, Forero confía en que las fuerzas de oposición y sectores independientes lograrán consolidar un bloque mayoritario para impedir reformas radicalesEl bloque contra la Constituyente Para el congresista, la prioridad del próximo periodo legislativo, que inicia el 20 de julio, será bloquear la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente. “Yo espero que, de entrada, tengamos mayorías para frenar la constituyente en el próximo Congreso si es que el gobierno logra sacar las firmas suficientes”, afirmó Forero, señalando que esto enviaría una “buena señal” a un país que necesita unión y no divisiones.Según sus cálculos, la suma de sectores como Salvación Nacional, Centro Democrático y Cambio Radical ya garantiza unos 29 senadores. Si a esto se le suman los tres integrantes del partido Mira y sectores del Conservatismo, la cifra podría ascender a 41 votos firmes contra la iniciativa gubernamental. Incluso, destacó que figuras como JP Hernández, el más votado de su partido, y Jennifer Pedraza, a quien calificó como una “congresista de izquierda muy valiosa”, ya han manifestado su rechazo a la Constituyente.No obstante, el análisis reconoce una zona de incertidumbre marcada por el pragmatismo político y la burocracia. Durante el debate se advirtió sobre la presencia de los llamados “godos petristas”, refiriéndose a senadores del Partido Conservador que mantienen cercanía con el Ejecutivo. Mientras Forero confía en que “más de la mitad de esos senadores no estarían con la constituyente”, desde la mesa de análisis se estimó que al menos cuatro o cinco de cada diez conservadores podrían estar alineados con el Gobierno.“Yo creo que ahí dependerá un poquito del tamaño de la mermelada o para un lado o para el otro”, reconoció Forero ante los cuestionamientos sobre cómo el próximo presidente de Colombia podría influir en las mayorías a través de beneficios burocráticos. A pesar de esto, el senador sostuvo que el Centro Democrático y sus aliados han sido fundamentales para frenar reformas inconvenientes, como la de salud.Paloma Valencia y el camino al 2026 Forero destacó que los resultados de las recientes consultas dejaron una clara ganadora de cara a las próximas presidenciales. “Yo sí creo que la gran ganadora del día de ayer es Paloma Valencia, con esos 3 millones de votos ella será la próxima presidente de Colombia”, sentenció, subrayando la necesidad de sanear el relacionamiento entre el Congreso y el Ejecutivo tras lo que calificó como un “cambio para peor” durante el actual gobierno.Finalmente, Forero concluyó haciendo un llamado a un “acuerdo sobre lo fundamental” con otros partidos políticos para rescatar la institucionalidad, confiando en que el Congreso no se dejará llevar por el juego de dividir al país.Escuche la entrevista:
En las últimas horas se conoció un decreto del Gobierno con el cual podrían desaparecer algunas EPS de baja cobertura o con pocos afiliados en los territorios. Pues los usuarios serían trasladados a algunas EPS más grandes, como la Nueva EPS, hoy en día intervenida por el Gobierno.El representante a la Cámara del Centro Democrático asegura que esta medida es inconveniente y por eso le pidió al Consejo de Estado la suspensión provisional del decreto.“Radiqué ante el Consejo de Estado la solicitud de apertura de incidente de desacato contra Guillermo Alfonso Jaramillo por reproducir el contenido de un decreto suspendido. También he solicitado la suspensión provisional del nuevo decreto, el 0182. Seguimos defendiendo a los pacientes”, dijo Forero.Es importante recordar que la Nueva EPS está intervenida por el Gobierno, pero además, según la Defensoría del Pueblo, en 2025 aumentaron hubo 14.603 quejas contra esa EPS por las dificultades en el acceso a servicios y medicamentos, es decir, un aumento del 107% en comparación con 2024.Con este decreto del Gobierno ahora más de 2.6 millones de usuarios de distintas EPS serían trasladas a la Nueva EPS.En las últimas horas el presidente Petro ha defendido esta decisión.“Es claro y racional, para una EPS y para el erario es muy costoso tener a los afiliados de las EPS dispersos en el país y en regiones con muy baja densidad de afiliación. Viajes en avión de pacientes y con acompañantes innecesarios, porque se encuentran IPS con los servicios cerca de los afiliados pero no contratadas, tiempo perdido para los pacientes y para sus tratamientos, hacen que el actual sistema de atención de EPS tenga más sentido si adquiere más conformación territorial”, dijo Petro.
El agente interventor de EPS Famisanar, Germán Darío Gallo, se pronunció frente a los cuestionamientos del representante a la Cámara Andrés Forero y dio a conocer los principales resultados obtenidos durante los primeros 60 días de intervención de la entidad, en medio del debate público sobre la situación del sistema de salud.Gallo señaló que durante este periodo se adoptaron medidas administrativas y de disciplina financiera que permitieron una reducción del 43 % en la pérdida proyectada y una disminución de la siniestralidad, que pasó de 117,6 % a 108,5 %.En relación con los gastos administrativos, recordó que el sector cuenta con un tope regulado del 8 %. Según indicó, este indicador se ubicaba en 6,7 % en octubre de 2025 y cerró el año en 5,4 %, como resultado de acciones de control del gasto.En materia de atención a los usuarios, el interventor informó que se implementaron acciones para atender el rezago de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes (PQRS). De acuerdo con las cifras presentadas, los casos acumulados pasaron de 11.857 a 5.017, lo que representa una reducción del 58 %.Sobre las tutelas, explicó que se fortaleció el seguimiento a estos procesos, luego de registrarse un pico de 2.775 casos en octubre, cifra que se redujo a 1.808 en diciembre.El balance también incluyó la implementación de la estrategia Ruta Región, que contempló recorridos y verificación directa en los departamentos de Meta, Tolima, Santander, Magdalena y Atlántico, con encuentros con autoridades locales y prestadores de servicios de salud.Finalmente, el interventor extendió una invitación al representante Andrés Forero a una mesa técnica de gestión, con participación de los equipos responsables y soporte documental, para revisar los avances y retos del proceso de intervención.
El representante a la Cámara Andrés Forero informó que presentó un derecho de petición para solicitar información detallada sobre la creación de nuevos cargos y los salarios asignados en una entidad pública, en medio de un escenario que, de acuerdo con lo expuesto por el congresista, está marcado por restricciones presupuestales.Según el contenido del requerimiento, Forero pidió precisar las funciones, perfiles profesionales, experiencia requerida y remuneración de varios cargos recientemente creados o provistos. Entre los casos mencionados se encuentra el de un cargo de internacionalista, con una asignación mensual de 22 millones de pesos, cuya creación fue cuestionada por el representante en el documento enviado a la entidad.El derecho de petición también hace referencia a un cargo de gerente de gestión humana, ocupado por una persona de 25 años de edad, con tres años de haber culminado sus estudios profesionales y con una especialización en derecho procesal civil. De acuerdo con la información solicitada, este cargo tendría una remuneración mensual cercana a los 23 millones de pesos. El congresista pidió conocer los criterios utilizados para la designación y la relación del perfil con las funciones desempeñadas.Otro de los casos incluidos en el requerimiento corresponde a un exprofesional universitario de la Contraloría de Montería, quien, según lo expuesto en el documento, no contaría con experiencia previa en el sector salud y tendría una asignación mensual de 40 millones de pesos. Frente a este nombramiento, Forero solicitó detalles sobre el proceso de selección, el tipo de vinculación y la justificación técnica del salario.El representante indicó que el derecho de petición busca establecer si la creación de estos cargos y los montos salariales cumplen con los principios de planeación, eficiencia y legalidad que rigen la administración pública. En el documento, también se solicita información sobre el impacto presupuestal de estas decisiones y su coherencia con la situación financiera reportada por la entidad.Forero señaló que, una vez se conozca la respuesta oficial al derecho de petición, se evaluará la información suministrada para determinar si se requieren actuaciones adicionales en el marco de las funciones de control político que ejerce el Congreso de la República. Mientras tanto, el requerimiento permanece a la espera de respuesta dentro de los plazos establecidos por la ley.Hasta el momento, la entidad no se ha pronunciado.
El representante a la Cámara, Andrés Forero, denunció que el Ministerio de Salud y Protección Social avanza en un proceso de reorganización institucional que contempla la creación de 442 nuevos cargos en la planta permanente de la entidad, con un costo anual proyectado de 59.403 millones de pesos.La información fue conocida a través de un derecho de petición presentado por el congresista, en el que solicitó detalles sobre el rediseño organizacional y la formalización laboral prevista por el ministerio. En la respuesta oficial, la cartera de Salud indicó que, tras un análisis de carga laboral, se determinó la necesidad de priorizar la creación de nuevos empleos.Según el documento, el ejercicio técnico concluyó que se requieren 442 cargos adicionales como parte del proceso de formalización laboral, cuyo costo anual proyectado para el año 2026 asciende a 59.403 millones de pesos. El ministerio también informó que el costo total anual de la nómina de la planta actual es de 94.218.379.462 pesos, cifra que incluye lo pagado a la fecha y la proyección hasta diciembre de 2025.En cuanto a la nómina de la planta propuesta, la entidad reiteró que el costo anual estimado para 2026 corresponde a los mismos 59.403 millones de pesos asociados a los nuevos cargos. No obstante, aclaró que aún no existe una fecha definida para la implementación y puesta en funcionamiento de la nueva planta.De acuerdo con la respuesta entregada al congresista, el Ministerio de Salud ha adelantado las actividades y gestiones contempladas en la Circular Conjunta 100-011 de 2023 ante entidades como el Departamento Administrativo de la Función Pública (Dafp), el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, señaló que la aprobación y asignación de los recursos por parte de Hacienda aún se encuentra en trámite, lo que impide fijar una fecha exacta para la entrada en operación de la planta propuesta.Tras conocerse esta información, el representante Forero cuestionó la iniciativa y aseguró que se estaría impulsando en un contexto de crisis del sistema de salud. “En plena emergencia económica, con la salud en crisis y en vísperas de elecciones, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo pretende crear 442 nuevos cargos en el Ministerio de Salud y Protección Social por un costo cercano a los 59.000 millones de pesos”, afirmó.El congresista también sostuvo que el proceso se habría adelantado sin suficiente transparencia y sin responder, según dijo, los derechos de petición enviados por organizaciones sindicales. Asimismo, expresó su inconformidad con la prioridad del gasto, al señalar que, mientras persisten dificultades en el acceso a medicamentos, se estaría avanzando en la ampliación de la planta de personal del ministerio.
El representante a la Cámara Andrés Forero aseguró en entrevista con Blu Radio que los bombardeos ocurridos en la madrugada de este sábado en Caracas no pueden calificarse como un ataque contra Venezuela, sino como la captura de Nicolás Maduro, a quien señaló directamente como un dictador. En los micrófonos de Blu Radio, el congresista afirmó que las imágenes de bombardeos y movimientos militares en Caracas marcan un punto de quiebre en la historia reciente del vecino país y podrían significar el inicio del "fin del régimen chavista".Forero sostuvo que lo ocurrido debe entenderse como una acción dirigida contra la cúpula del poder y no contra la nación venezolana. “No hay que llamarse a engaños: lo que sucedió no fue un ataque a Venezuela, sino la captura de un dictador”, afirmó, al tiempo que destacó que miles de venezolanos, dentro y fuera del país, han salido a celebrar lo que consideran la caída de un régimen que se sostuvo durante años mediante la represión.En su análisis, el representante señaló que este escenario abre la puerta a una transición democrática largamente esperada por el pueblo venezolano. Según dijo, el respaldo popular del chavismo actualmente es mínimo y su permanencia en el poder dependía en gran medida del apoyo de las Fuerzas Armadas. Por ello, consideró que, tras el golpe recibido por el régimen, es posible que su estructura comience a desmoronarse progresivamente.Forero también lanzó duras críticas al presidente Gustavo Petro, a quien le exigió no comprometer la seguridad de Colombia ni la vida de sus militares en defensa del régimen de Maduro. A su juicio, el mandatario colombiano se equivocó al darle “oxígeno político” al régimen venezolano y ahora debe actuar con responsabilidad y pragmatismo ante una coyuntura que cambia hora a hora.Sobre el impacto que esta situación puede tener para Colombia, el congresista subrayó la necesidad de manejar la crisis con cautela, especialmente por la extensa frontera compartida y la presencia de más de tres millones de ciudadanos venezolanos en territorio colombiano.Finalmente, Andrés Forero reiteró su llamado a que Colombia mantenga una postura serena, humanitaria y firme frente a los acontecimientos, sin asumir el rol de defensor del régimen venezolano. “Ojalá este sea el principio del fin de la dictadura en Venezuela”, concluyó el congresista.
El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero, reveló los datos que le entregaron desde la Cancillería sobre los costos de la embajada de Colombia en Arabia Saudita. Forero reveló que el costo mensual del canon de arrendamiento supera los 19.300 dólares."Por decisión unánime del comité se recomendó la opción presentada para la Embajada de Colombia en Arabia Saudita, Villa Zona de Al Nuzha: valor del canon mensual USD 19.333,33, para un total anual de USD 232.000", dice el derecho de petición revelado por Forero.El representante a la Cámara revela estos datos en respuesta a un trino en el que la defensora del Pueblo, Iris Marín, asegura que el presupuesto que le dio el Gobierno a la Defensoría para el 2026 es menor al solicitado y menor al asignado para el 2025."En diciembre nos notifican que no contaremos con los recursos para pagar a más de 5.160 contratistas y defensores públicos. Esto, a pesar de que estos recursos estaban asignados a nuestra entidad en la ley de presupuesto y comprometidos a través de los contratos de prestación de servicios suscritos y cumplidos por los contratistas", dice Marín.Es por esto que el representante a la Cámara, Andrés Forero, cuestiona las prioridades del Gobierno con la asignación de recursos."Mientras el presidente Gustavo Petro deja sin pago decembrino a los contratistas de la Defensoría, se gasta casi $1.000 M anuales en el arrendamiento de la lujosa y extravagante embajada en Arabia Saudita. Cuesta entender las prioridades del Gobierno en medio de la emergencia económica", señala Forero.
Una seguidilla de temblores se registró durante la mañana de este jueves 24 de septiembre en el departamento del Tolima, donde el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó dos movimientos sísmicos con pocos minutos de diferencia.El primero ocurrió a las 11:40 de la mañana y tuvo una magnitud de 3.4. De acuerdo con el reporte, el evento tuvo una profundidad superficial y fue localizado en Chaparral, Tolima.Cinco minutos después, a las 11:46 de la mañana, se presentó un segundo movimiento, esta vez de magnitud 4.1. El SGC también estableció una profundidad superficial para este sismo, cuyo punto de referencia fue Chaparral.Dos temblores en pocos minutosEl segundo movimiento fue percibido en diferentes ciudades del país. Según el Servicio Geológico Colombiano, el temblor de magnitud 4.1 se sintió en Armenia, Ibagué, Cali, Neiva y Pereira, entre otros puntos.El evento tuvo como referencia el municipio de Chaparral y ocurrió a 14 kilómetros de Roncesvalles, en el departamento del Tolima. El SGC ubicó el movimiento en una latitud de 3.88 y una longitud de -75.61.La cercanía en el tiempo entre ambos eventos llamó la atención, pues los dos fueron registrados en la misma zona de referencia y con una diferencia de apenas seis minutos.Colombia registra actividad sísmica de manera frecuente debido a su ubicación geológica. Por ello, el Servicio Geológico Colombiano realiza seguimiento permanente a los movimientos que se presentan en diferentes regiones del territorio nacional.Hasta el momento, la información suministrada corresponde a los reportes disponibles sobre estos dos eventos registrados durante la mañana de este jueves en el Tolima.
Amazonas registra la mayor tasa de evasión de la revisión tecnomecánica en Colombia: durante 2026, el 96,95 % de los vehículos del departamento no ha cumplido con esta revisión obligatoria, según las cifras del informe sobre el estado del parque automotor nacional.El dato significa que casi 97 de cada 100 vehículos en esta región aparecen como evasores de la tecnomecánica. Amazonas encabeza así un listado en el que también aparecen otros departamentos con niveles de incumplimiento superiores al 90 %.Guainía registra una evasión del 93,79 %, concentrada en Inírida, mientras que Vichada alcanza el 93,42 %, con el incumplimiento concentrado en Puerto Carreño.¿Cuántos vehículos evaden la tecnomecánica en Colombia?El caso de Amazonas hace parte de un problema que se extiende por todo el país. Colombia tiene actualmente 22.161.912 vehículos matriculados, de los cuales más de 10 millones evaden la RTMyEC.A esa cifra se suman más de 3 millones de vehículos que todavía no están obligados a realizar la revisión, debido a su reciente matrícula o a las exenciones contempladas en la normativa.Durante el primer semestre de 2026, la tasa nacional de evasión llegó al 55,98 %, manteniéndose por encima del 50 % durante los últimos cinco años.La falta de renovación acumulada en ese periodo corresponde a 5.927.092 vehículos particulares, 192.871 de servicio público, 69.532 oficiales y 992 diplomáticos.¿En qué otras zonas hay altos niveles de evasión?El incumplimiento no se limita a los departamentos con menor cantidad de vehículos. A nivel municipal también aparecen cifras elevadas.Aguachica registra una evasión del 90,93 %, mientras que La Dorada llega al 74,48 %. Estos datos muestran que los mayores niveles de incumplimiento también se presentan en municipios ubicados sobre corredores de circulación importantes.En contraste, Bogotá concentra el mayor número de inspecciones realizadas durante 2026, con 747.140 revisiones. De ese total, 663.252 correspondieron a vehículos particulares, 77.172 a transporte público, 6.715 a vehículos oficiales y una a servicio diplomático.Más de la mitad de las motos rechazadas no supera la revisiónEl informe también muestra diferencias según el tipo de vehículo que llega a los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA).Las motocicletas son el grupo con mayor cantidad de inspecciones rechazadas en lo corrido de 2026, con 167.170 unidades que no superaron la revisión.Por departamentos, el Archipiélago de San Andrés y Providencia presenta el mayor porcentaje de revisiones rechazadas, con 51,83 %. Le siguen Chocó, con 31,42 %, y Arauca, con 26,39 %.La evasión de la tecnomecánica supera el 50 % en ColombiaAunque el panorama mantiene niveles elevados de incumplimiento, el número de vehículos certificados aumentó durante el último año. En el primer semestre de 2026 hubo 3.810.725 vehículos con la tecnomecánica al día, frente a 3.629.782 durante el mismo periodo de 2025.Esto representa un incremento de 180.943 vehículos certificados, equivalente a cerca del 5 %.El país cuenta actualmente con una red de 930 líneas de inspección para motocicletas, 432 para vehículos livianos, 294 mixtas y 13 exclusivas para vehículos pesados. Sin embargo, la capacidad instalada permanece ampliamente subutilizada
El Gobierno de Estados Unidos se opuso formalmente a la solicitud de libertad bajo fianza presentada por la defensa de Cilia Flores, esposa del despuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, al considerar que existe un riesgo de fuga "extremo" y que representa un "peligro para el público", según documentos judiciales presentados en las últimas horas.En un memorando presentado ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, los fiscales federales solicitaron al juez que desestime la moción de la defensa para conceder a Flores la libertad previa al inicio del proceso judicial que enfrenta junto a Maduro.La Fiscalía argumentó que ningún tipo de fianza garantizaría adecuadamente la comparecencia de Flores ante los tribunales y destacó sus recursos, conexiones internacionales y la gravedad de las acusaciones formuladas en su contra.Destacó también la capacidad que seguiría teniendo el entorno de Flores para ejercer violencia o intimidar a posibles testigos, tanto en Venezuela como en el extranjero, mediante redes estatales y grupos irregulares organizados.La defensa de Flores, de 69 años, pidió a principios de mes que fuera trasladada a una residencia privada en Nueva York y sometida a un régimen de arresto domiciliario, con guardias armados las 24 horas, una pulsera de localización, visitas restringidas y llamadas telefónicas intervenidas.Flores asegura que necesita un complejo tratamiento cardíaco y que la cárcel federal en la que permanece recluida desde el 3 de enero, cuando fue capturada junto a Maduro por fuerzas especiales estadounidenses, no reúne las condiciones necesarias para su recuperación.El juicio conjunto contra Flores y Maduro está previsto que comience el 1 de junio de 2027. Ambos enfrentan cargos que incluyen conspiración para la importación de cocaína y posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, en el marco de una trama de narcoterrorismo y corrupción que, según la acusación, abarca más de dos décadas.De ser declarada culpable, Flores se enfrenta a una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y a un máximo de cadena perpetua.
La vivienda turística en Medellín se ha consolidado como una industria que mueve cerca de $76.000 millones mensuales, en medio del crecimiento de las rentas cortas y el alojamiento para visitantes.En Antioquia hay más de 15.143 propiedades listadas, cifra que representa cerca del 22 % de la oferta nacional, según cálculos de Confecámaras con base en datos del Registro Nacional de Turismo (RNT).Ante este panorama, la ciudad enfrenta el reto de lograr que el crecimiento de la oferta esté acompañado por mayores niveles de formalización, profesionalización y estándares para la operación de los alojamientos turísticos.Por tercera ocasión, la Asociación Colombiana de Prestadores de Servicios Turísticos (ASOHOST) y la Secretaría de Turismo y Entretenimiento de Medellín lanzarán el programa INN Host Medellín.La iniciativa ofrece formación gratuita para 150 prestadores de servicios turísticos que, en conjunto, podrían representar más de 1.000 Registros Nacionales de Turismo activos. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de septiembre.Los interesados deberán contar con un RNT vigente y desarrollar actividades relacionadas con vivienda turística, rentas cortas u oficinas de representación turística en Medellín. El programa comenzará el próximo 13 de octubre.Juan Camilo Vargas, director de ASOHOST, señaló que Medellín atraviesa una transformación en este sector y destacó la necesidad de avanzar en la profesionalización de quienes participan en el mercado de vivienda turística.“Medellín es hoy uno de los mercados más dinámicos del país en vivienda turística, pero ese crecimiento exige más profesionalización y mejores estándares de operación”, afirmó Vargas.El programa contempla capacitación en el marco regulatorio de la vivienda turística en Colombia, aspectos fiscales y contables, preparación de propiedades, tecnologías avanzadas e inteligencia artificial aplicada a la gestión de alojamientos.También incluye formación en finanzas estratégicas para proyectos de alojamiento y herramientas orientadas a mejorar la operación y la rentabilidad de los establecimientos turísticos.Entre los beneficios para los participantes están el acceso durante un año a una plataforma de aprendizaje, un manual digital interactivo, certificaciones impresas y tecnologías para la gestión de rentas cortas.La formación también contempla herramientas como un PMS, un channel manager, una plataforma de experiencias turísticas con inteligencia artificial y el Sello Vivienda Turística Responsable.Este distintivo busca acreditar ante autoridades, plataformas digitales e inversionistas el cumplimiento legal de los operadores que hacen parte de la iniciativa.Desde ASOHOST señalaron que la profesionalización también busca prevenir problemas asociados con la informalidad, las malas prácticas, la convivencia y la pérdida de confianza en el sector.En materia de rentabilidad, las estimaciones ubican el retorno neto entre el 8 % y el 12 % en zonas de alta demanda como El Poblado, específicamente Provenza.En estos sectores, los ingresos brutos mensuales por unidad pueden alcanzar los $16 millones, mientras que en zonas como Laureles-Estadio las rentabilidades netas estimadas están entre el 6 % y el 9 %.La dinámica de este mercado también ha impulsado la expansión del modelo hacia otros municipios del Valle de Aburrá, como Envigado y Sabaneta, y más recientemente hacia diferentes sectores del Oriente antioqueño.El crecimiento de la vivienda turística se suma al comportamiento del turismo en Medellín. Durante 2025, la ciudad registró cerca de $4 billones en gasto turístico medido mediante transacciones con tarjeta.De acuerdo con la Alcaldía de Medellín, esas operaciones representaron alrededor de 16 millones de transacciones. Debido a que Credibanco procesa aproximadamente el 45 % de los pagos con tarjeta, el Distrito estimó que el gasto turístico total podría acercarse a $9 billones.La cifra estimada no incluye los pagos realizados en efectivo, por lo que el impacto económico del turismo en la ciudad sería mayor al registrado mediante las transacciones con tarjeta.Para ASOHOST, la profesionalización es clave para que la industria de vivienda turística continúe creciendo con responsabilidad y mejores estándares de servicio.El proceso busca que los prestadores conozcan la normativa, cumplan sus obligaciones, mejoren la atención a los huéspedes, incorporen tecnología y gestionen de manera más eficiente sus ingresos.La iniciativa plantea además la necesidad de diferenciar entre los operadores que cumplen las reglas y aquellas prácticas que pueden generar impactos negativos en la convivencia, el mercado inmobiliario o la seguridad.En ese contexto, ASOHOST considera que la profesionalización de los actores de la vivienda turística es una de las principales herramientas para acompañar el crecimiento de esta industria en Medellín y Antioquia.
La Corte Suprema de Justicia puso un nuevo límite a la forma en que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) tramita los procesos judiciales de protección al consumidor. La Sala de Casación Civil, Agraria y Rural determinó que la entidad debe admitir obligatoriamente el llamamiento en garantía cuando una de las partes lo solicite y se cumplan los requisitos legales.En términos sencillos, el llamamiento en garantía permite que una persona o empresa demandada vincule al mismo proceso a un tercero que podría tener responsabilidad en el problema. Por ejemplo, si un consumidor demanda a una compañía por una falla y esta considera que el daño fue causado por uno de sus proveedores, puede pedir que ese proveedor participe en el mismo juicio y, si corresponde, responda directamente o reembolse el dinero que la empresa tenga que pagar.La Corte señaló que los procesos de protección al consumidor que adelanta la SIC en ejercicio de funciones judiciales deben seguir las mismas reglas procesales que aplican ante los jueces ordinarios. Esto significa que la condición de autoridad administrativa de la SIC no puede convertirse en una razón para limitar las herramientas de defensa que tienen las partes dentro de un proceso judicial.El pronunciamiento también cuestiona la práctica de la SIC y de algunos tribunales que habían rechazado esta figura o restringido su utilización casi exclusivamente a casos relacionados con el sector turístico. Para la Corte, no es jurídicamente válido establecer mediante interpretaciones limitaciones o trabas que no están contempladas expresamente en la ley.Puntualmente, el alto tribunal le exige a la SIC aplicar de manera rigurosa el artículo 24 del Código General del Proceso, norma que establece las reglas para el ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte de determinadas autoridades. La Corte busca garantizar que las partes tengan las mismas oportunidades para defenderse, presentar pruebas y ejercer sus derechos, independientemente de que el proceso sea tramitado ante la SIC o ante un juez.El caso que llevó a esta decisión surgió por una tutela presentada por dos empresas constructoras y una sociedad fiduciaria, demandadas ante la SIC por supuestas fallas relacionadas con un inmueble. Las compañías pidieron que fuera vinculada al proceso la empresa encargada de elaborar el estudio de suelos de la obra, pero esa solicitud fue negada.La Corte Suprema protegió entonces su derecho de defensa y ordenó al Tribunal Superior emitir una nueva decisión en la que estudie la vinculación de esa empresa. Con este pronunciamiento, el alto tribunal deja establecido que las posibles responsabilidades entre los distintos integrantes de una cadena de consumo pueden discutirse dentro del mismo expediente, bajo las garantías procesales previstas por la ley.Para los consumidores y ciudadanos, la decisión no elimina ni reduce la responsabilidad que tienen los productores y proveedores frente a sus clientes. La responsabilidad solidaria que establece la ley se mantiene. Es decir, cuando corresponda, el consumidor podrá continuar reclamando frente a los responsables de la cadena de producción o comercialización, aunque durante el proceso se incorpore a otros actores que puedan tener responsabilidades internas.Para las empresas, proveedores, fabricantes, contratistas y demás integrantes de la cadena comercial, el fallo representa la posibilidad de discutir dentro de un mismo proceso quién debe asumir finalmente las consecuencias económicas de una eventual condena. Esto puede evitar que una empresa tenga que iniciar posteriormente otro pleito para intentar recuperar de un proveedor o contratista el dinero que tuvo que pagar al consumidor.