Mientras en Colombia continúa la discusión sobre el futuro energético del país, los costos de la electricidad y la necesidad de depender menos de combustibles fósiles, una empresa ubicada en el norte del Cauca demuestra que los residuos agrícolas también pueden convertirse en una fuente estratégica para producir energía limpia.Se trata de Incauca, compañía agroindustrial que logró consolidarse como el mayor cogenerador de energía de Colombia gracias al aprovechamiento del bagazo de caña, un material que queda después de extraer el jugo utilizado para la producción de azúcar y otros derivados. En lugar de convertirse en un desecho, este residuo es utilizado para generar vapor y producir electricidad.El modelo no solo permite abastecer gran parte de su operación industrial, sino que también aporta energía al Sistema Interconectado Nacional, contribuyendo al suministro eléctrico de miles de hogares colombianos.Cómo el bagazo de caña se convierte en energía limpia para miles de hogaresLa cogeneración de energía consiste en aprovechar el bagazo de la caña como combustible para producir vapor y electricidad dentro de las instalaciones industriales. Este proceso permite generar energía renovable sin recurrir a fuentes como el carbón o el petróleo.Durante 2025, Incauca produjo 352,2 millones de kilovatios hora (kWh), cifra que la ratificó como líder nacional en este tipo de generación. Además, entregó 164,9 millones de kWh al Sistema Interconectado Nacional, energía que terminó llegando a hogares, comercios e industrias en diferentes regiones del país.“2025 fue un año que puso a prueba nuestra capacidad de adaptación y respondimos con determinación, fortaleciendo nuestra eficiencia operativa y avanzando en la evolución de nuestro negocio hacia un modelo cada vez más integrado con la generación de energía”, afirmó Roberto Klinger Yanovich, presidente de Incauca.Incauca redujo 43,8 % las emisiones y fortalece la transición energética del paísMás allá de la producción de energía, la compañía también reportó avances ambientales significativos. Entre ellos se destaca una reducción del 43,8 % en las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por sus calderas industriales.A esto se suma una tasa de aprovechamiento de residuos del 92,95 %, resultado de procesos de reutilización, reciclaje, transformación energética y biorremediación. Gracias a estas acciones, la empresa evitó que 2.719 toneladas de residuos terminaran en disposición final.Los resultados muestran que la producción industrial puede avanzar de la mano con estrategias enfocadas en reducir la huella ambiental y optimizar el uso de recursos.Energía renovable en Colombia: el modelo que demuestra que no todo depende del petróleo La experiencia de Incauca se convierte en un ejemplo de cómo la innovación tecnológica y la economía circular pueden aportar a la transición energética del país.Para Angélica Quiroga, gerente de sostenibilidad y gestión estratégica de la compañía, el reto sigue siendo fortalecer las acciones ambientales y sociales en el territorio. “Continuaremos fortaleciendo la eficiencia operativa, la acción climática, la gestión del agua y el impacto social en el territorio, avanzando en nuestra visión de ser una empresa que no solo produce, sino que impulsa y moviliza el desarrollo de la región y el país”, señaló.En un momento en que Colombia busca diversificar sus fuentes de generación eléctrica, el aprovechamiento del bagazo de caña demuestra que la energía limpia puede producirse desde el campo, reducir emisiones contaminantes y, al mismo tiempo, aportar electricidad al sistema nacional sin depender exclusivamente de combustibles fósiles.
Un llamado urgente al Gobierno hizo la presidenta de Asocaña, Claudia Calero, ante la difícil situación que enfrenta actualmente la agroindustria de la caña en el país. Según explicó, el sector atraviesa un momento crítico debido a las presiones del comercio internacional y al aumento de las importaciones de algunos productos relacionados con esta actividad.Calero señaló que las barreras comerciales y otros factores externos están afectando seriamente la competitividad y la sostenibilidad de esta importante agroindustria.La presidenta de Asocaña insistió en que proteger el sector es fundamental para salvaguardar cerca de 286.000 empleos y garantizar el sustento de miles de familias en el suroccidente colombiano.“Hoy la agroindustria de la caña atraviesa un contexto muy difícil, el aumento del 385% de las importaciones de azúcar desde Bolivia, a pesar de que a ese país no le podemos llegar con 1 kilo de azúcar colombiana. La imposición de aranceles en Ecuador y el crecimiento de las importaciones de etanol desde Estados Unidos”, afirmó Calero.La preocupación se intensificó luego de que, hace algunos días, el ingenio María Luisa, ubicado en Florida, Valle del Cauca, cerrara sus operaciones, una situación que impacta a decenas de familias que dependían de esta actividad económica.Precisamente, sindicatos de la agroindustria de la caña advirtieron que otros ingenios también atraviesan una grave situación económica, lo que podría generar nuevas afectaciones laborales si no se adoptan medidas urgentes.
El cierre del ingenio azucarero María Luisa, tras 96 años de operación en el municipio de Florida, en el suroriente del Valle del Cauca, encendió las alarmas en la región por el fuerte impacto económico que deja tanto en este departamento como en el departamento del Cauca.De acuerdo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de la Caña de Azúcar, la empresa cesó sus actividades dejando sin sustento a más de 700 trabajadores directos y cerca de 300 empleos indirectos, entre proveedores, transportadores y comerciantes que dependían de la operación del ingenio.Hasta el momento, los directivos de la compañía no se han pronunciado oficialmente sobre el cierre, que se conoció inicialmente a través de trabajadores y organizaciones sindicales en redes sociales. Tampoco hay claridad sobre las causas de esta decisión. Sin embargo, entre las hipótesis que se manejan están la caída en los precios del azúcar, el aumento de las importaciones, el ingreso de etanol desde otros países y la falta de políticas públicas que garanticen la sostenibilidad del sector."Esto nos preocupa demasiado, esta situación afecta a muchas familia , miles de empleo afectados, pero hay otros ingenios que también se encuentran en otras situaciones criticas, por eso hacemos el llamado al Gobierno nacional para que nos escuche", dijo Yhonson Torres, del sindicato Sintrainagro.Los representantes sindicales aseguraron que han venido insistiendo al Gobierno nacional sobre la necesidad de adoptar medidas urgentes para proteger la agroindustria de la caña de azúcar y evitar nuevos cierres que comprometan el empleo y la economía regional.
Al finalizar la reunión con el Ministerio de Minas y Energía y los representantes de los sindicatos, el gremio azucarero del país manifestó su preocupación por la persistencia de la crisis del etanol. Esto, debido a que en el encuentro no se definió una solución inmediata a la sobre producción que actualmente tiene la industria, con más de 50 millones de litros de este biocombustible almacenados.Aunque el gremio resaltó la buena disposición del gobierno nacional para iniciar una mesa de concertación, lo que se logró en la reunión es que el Ministerio se comprometiera principalmente a realizar mayor control y vigilancia a la calidad del etanol, y acelerar el proceso de expedición de las resoluciones de precios y abastecimiento."No se logró una solución inmediata a la crisis que hoy enfrentamos con el etanol producido en Colombia. Hoy tenemos inventarios cumulados de etanol nacional, porque no se está comprando el producto nacional. Hoy estamos produciendo para no vender. Un producto que genera más de 28.000 empleos directos y que hace parte de la cadena de la caña de azúcar que en total genera 286.000 empleo.", Claudia Calero, presidente de Asocaña.Desde el sector agroindustrial de la caña se indicó que la falta de una hoja de ruta para liberar los tanques de etanol que actualmente están colapsados, obliga a la industria a detener el funcionamiento de las plantas la próxima semana."Estamos a una semana de parar las plantas de etanol y por ende, de parar también las plantas de azúcar, porque éstas tienen una producción simultánea y esto pone en riesgo el empleo formal y los ingresos de miles de familias. Hacemos un llamado a los distribuidores mayoristas a que sean una parte activa de este diálogo y que entre todos podamos encontrar consensos y soluciones, que permitan superar esta crisis lo antes posible.", añadió Calero.Escuche aquí la entrevista:
La preocupación se tomó este miércoles las puertas del Ministerio de Minas y Energía, donde desde muy temprano llegaron trabajadores del sector cañero y palmero del Cauca y el Valle del Cauca. La razón: una crisis que, según los sindicatos, ya golpea la rentabilidad del sector y amenaza directamente el empleo.El tema fue explicado en Mañanas Blu, donde Johnson Torres, directivo nacional de Asintragro y miembro del comité ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores, lanzó una advertencia directa: “Si no hay una solución, empiezan a acabarse los contratos”.Crisis del etanol: importaciones y cambios en la fórmulaTorres explicó que el problema se originó en septiembre de 2025, cuando el Gobierno modificó la fórmula para calcular el precio del etanol y el biodiésel. Esa decisión, aseguró, redujo la rentabilidad del productor nacional y no tuvo en cuenta el impacto de las importaciones.“El 55 % del etanol que entra al país viene de Estados Unidos y es altamente subsidiado”, dijo. Según el dirigente sindical, los grandes comercializadores han preferido comprar ese etanol importado, dejando represada la producción nacional.Hoy, el sector enfrenta un panorama crítico: “Hay represados 51 millones de litros de etanol, un stock del 300 %. Estamos a puertas de que los ingenios paren”, afirmó Torres al aire.Empleo en riesgo y contratos en pausaEl impacto no es solo industrial. La acumulación de etanol ha frenado la compra de caña y palma, afectando a productores, transportadores y trabajadores de toda la cadena. “Cuando no se puede vender ni producir más, cesan los contratos de trabajo o empiezan las licencias no remuneradas”, advirtió el vocero sindical.Aunque parte de la caña podría destinarse a la producción de azúcar, Torres explicó que ese camino también tiene límites. Colombia ya produce más azúcar de la que consume, lo que obliga a exportar excedentes y genera presiones adicionales sobre precios y pequeños productores, como los paneleros.La propuesta al Gobierno y la reunión claveLos trabajadores no piden cerrar las importaciones, sino una salida técnica. “Si el Gobierno incrementa la mezcla de etanol del 10 % al 12 % o al 15 %, nosotros podemos vender nuestra producción y el país seguiría importando lo que haga falta”, explicó Torres.La decisión está en manos del Ministerio de Minas y Energía, con quien los manifestantes sostuvieron una reunión este miércoles. Mientras tanto, el mensaje del sector es claro: sin una solución de corto plazo, el empleo rural y agroindustrial empezará a resentirse con fuerza.
Diferentes sindicatos del sector de la agroindustria de la caña se reunieron esta mañana en el Centro de Eventos Valle del Pacífico, en Yumbo, y desde el Valle piden al Gobierno nacional que reconsidere la propuesta de modernizar el esquema de precios de los biocombustibles en Colombia con una nueva fórmula que tiene como base los mercados internacionales. La medida se plantea a través de una resolución que actualmente está en borrador para comentarios, pero que entraría en vigencia una vez sea firmada por el Ministerio de Minas y Energía.Jhonson Torres, miembro de la junta nacional del Sindicato de Trabajadores Agrícolas de Colombia, manifestó que comparar los precios con los Estados Unidos, que es el principal productor de etanol en el mundo, hace inviable la producción en Colombia por los costos del producto."El etanol que se produce en Estados Unidos es un etanol de maíz. Estados Unidos tiene subsidios al productor, al que siembra, al que transporta y al que exporta. Hoy, Estados Unidos puede poner un precio de etanol en Colombia a un dólar. Aquí en Colombia, por los costos de transporte, por todos los costos y, por ejemplo, porque no se reciben subsidios, el precio del etanol está a 3 dólares con 20 centavos, y eso lo hace inviable porque no tienen los subsidios; entonces, los empresarios dejarían de producir etanol tanto de la caña como de la palma", dijo Torres.Y es que esta situación preocupa al sector, ya que adoptar precios externos pondría en riesgo miles de empleos y la sostenibilidad de las destilerías en todo el país. Jorge Enrique Morales, presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia de la seccional Valle, manifestó que buscarán tener un diálogo con el Gobierno Nacional para encontrar una solución, pero, de no tenerla, advierten que saldrán a las calles para rechazar la medida."La primera petición es mirar cómo no se perjudica, porque esto redundaría en que se cierren empresas y se cierren fábricas y, pues, sea el efecto dominó que perdemos puestos de trabajo. Estamos hablando de más o menos unos 30 mil empleos en toda la región. El llamado que hacemos al Gobierno es que nos sentemos, empresarios, representantes y trabajadores, a mirar la mejor fórmula que lleve a establecer un precio donde no se perjudique la producción de etanol aquí en Colombia", manifestó Morales.Solo en los departamentos de Cauca, Valle y Risaralda, seis ingenios actualmente producen etanol a partir de la caña de azúcar, por lo que, a futuro, el ajuste en el precio podría afectar la estabilidad económica y laboral de más de 286 mil trabajadores vinculados a la agroindustria en estos tres departamentos.
Un trabajador de un ingenio azucarero fue asesinado en la vía que conecta a El Cerrito con Palmira, en el Valle del Cauca, durante un intento de robo. Según las primeras versiones, varios hombres armados lo interceptaron mientras realizaba sus labores y le dispararon cuando se resistió al robo de su motocicleta.Este nuevo hecho de violencia ha generado una fuerte reacción por parte del sector agroindustrial, que exige medidas urgentes ante el aumento de la inseguridad en las zonas rurales del departamento.Claudia Calero, presidenta de Asocaña, expresó su rechazo frente al asesinato y pidió no normalizar la violencia como parte del trabajo en el campo.“Lamento profundamente el asesinato de un trabajador de nuestra agroindustria. Este hecho nos enluta. No podemos normalizar que la violencia sea el costo de salir a trabajar”, señalóGremio azucarero se pronuncióPor su parte, la Asociación Colombiana de Productores y Proveedores de Caña de Azúcar también se pronunció, enviando un mensaje de solidaridad a la familia del trabajador y exigiendo acciones contundentes a las autoridades. “Un saludo solidario a la familia del trabajador asesinado vilmente. No se pueden volver un listado de hechos violentos sin acciones contundentes de las autoridades, que lleven ante la justicia a los responsables de estos lamentables hechos”. expresó Martha Betancourt Morales, directora ejecutiva de Procaña.Actualmente, en el Valle del Cauca operan 13 ingenios azucareros, esenciales para la economía de la región. Sin embargo, el aumento de la violencia en zonas rurales está afectando la seguridad de los trabajadores y generando un ambiente de temor e incertidumbre entre los cañicultores.
Frente a los hechos que afectan la seguridad del sector de la caña de azúcar ante las continuas agresiones que han derivado en la muerte de trabajadores, heridas de personal y daños a instalaciones en ingenios en el Valle del Cauca y Cauca, la gobernadora Clara Luz Roldán, lamentó los últimos hechos y pidió al Gobierno nacional acciones que retornen la tranquilidad a este importante sector productivo.“Sigo llamando al Gobierno nacional, nosotros trabajamos con nuestra fuerza pública, hemos bajado mucho la criminalidad porque se han hecho ingentes esfuerzos, pero lo que está pasando con los ingenios nos está dando una tristeza muy grande de ver trabajadores inocentes que están perdiendo la vida”, indicó la mandataria.Insistió en que al Valle del Cauca hay que verlo como un departamento sui generis que requiere de un análisis profundo. “Vuelvo a invitar al ministro de Defensa a que hagamos un Consejo de Seguridad cerrado, lo invito a la Gobernación donde podamos hacer el análisis de situaciones muy puntuales que están viviéndose en determinadas zonas del departamento y que necesitamos que se clarifiquen”, anotó Roldán."No es posible que Buenaventura no tenga un comando únicamente para el distrito, debería estar con todas las fuerzas militares”, concluyó.El caso más reciente se presentó en los últimos días en Guachené, Cauca, donde un ataque armado dejó a dos trabajadores del ingenio La Cabaña heridos y a un firmante del acuerdo de paz asesinado.En este 2023 han sido asesinados tres trabajadores del sector agrícola, ocho han resultado heridos por arma de fuego y uno más fue secuestradoLe puede interesar:
Trabajadores de la caña en el Cauca se sienten amenazados por los constantes problemas de inseguridad. Un trabajador de Asocaña, recientemente, fue atacado por hombres armados mientras realizaba un recorrido por los cultivos. También hay que decir que en lo corrido de este año ya son tres personas las que pierden la vida.Guillermo Carvajal, gerente de asuntos corporativos del grupo agroindustrial Río Paila Castillo, habló sobre esta situación en Mañanas blu cuando Colombia está al aire. "Nosotros como grupo, que llevamos más de 105 años de presencia en el territorio, venimos haciendo un esfuerzo con la industria y autoridades de la zona para construir las bases de un acuerdo en diálogo con diferentes grupos para llegar a tener unas condiciones para poder operar y convivir en esa zona. Sobre eso venimos trabajando con mucho esfuerzo y avanzando poco a poco en esta línea", indicó Carvajal.Asimismo, aclaró que no se encuentran en una discusión por venta o entrega de tierras."Nosotros no estamos en una discusión de venta o entrega de tierras, sino que partimos de lo positivo que ha surgido con todas estas discusiones, que van más allá de la tierra. Hemos conversado con indígenas, comunidades campesinas, afro, entre otros grupos y nos encontramos con un tema en común y es el desarrollo del territorio. Ahí tenemos una apuesta que estamos preparando y que va más allá de las diferentes concepciones de las necesidades e intereses. Lo que buscamos de alguna forma es que, dentro de este conjunto de demandas abiertas, podamos buscar soluciones concretas que se pueden construir", enfatizó.Finalmente, Carvajal afirmó que, a la fecha, "no tienen planes ni previsiones de reducción de planta a raíz de estos hechos"."Tenemos que buscar como mantener esa operación y esperamos que este panorama mejore a corto plazo", finalizó. Escuche la entrevista completa de Mañanas blu cuando Colombia está al aire aquí:Le puede interesar:
No paran las voces de reclamo y rechazo al hecho de violencia que se presentó en el norte del Cauca, el día sábado 15 de abril.El Grupo Agroindustrial Ríopaila-Castilla, informó que se registró un ataque por parte de hombres al margen de la ley a trabajadores, en zona rural del municipio de Miranda. El acto dejó sin vida uno de sus colaboradores y otro más herido."Hacemos un llamado para que continúen con las investigaciones hasta las últimas consecuencias frente a estos hechos", aseveróGuillermo Carvajal, gerente de Asuntos Corporativos del Grupo Agroindustrial Riopaila- Castilla. Además, pidió garantía para cumplir con la misión como Ingenio en el norte del Cauca.De otro lado, La Sociedad de Agricultores del Cauca, (SAG), solicitó por medio de un comunicado, "medidas urgentes e inmediatas por parte del gobierno nacional, la Fiscalía General de la Nación,la Rama Judicial y demás autoridades competentes que permitan combatir la impunidad y que impidan que sigamos registrando hechos lamentables como pérdidas humanas".Entre tanto, el Representante por el Cauca, Óscar Campo, también se pronunció. "Ministro del Interior, Alfonso Prada, la situación es cada vez más compleja", le reclamó vía Twitter.En ese sentido, también habló Crhistian Garcés, Representante por el Valle del Cauca. "¿Cuántos judicializados hay por homicidios, invasión y daños a la propiedad privada?", preguntó a la Fiscalía General de la Nación, seccional Cauca.Jhon Hanner Hurtado, la víctima que dejó el acto violento, prestaba servicio de seguridad para Ríopaila-Castilla.
Buenaventura ya no va a cobrar los $4.235 por cada tonelada de carga que pase por ese municipio, como se había anunciado a finales de agosto.La medida había recibido el rechazo de la mayoría de los gremios de la producción nacional, representados en el Consejo Gremial Nacional, porque le restaba competitividad al principal puerto que tiene el país sobre el Pacífico. La decisión de la alcaldía se reversó tras una reunión entre la alcaldesa de la ciudad, Ligia del Carmen Córdoba, y la ministra de Transporte, Elsa Noguera."Acordamos unir esfuerzos para destrabar obras, mejorar los accesos al puerto y avanzar en la reconstrucción de las vías afectadas por el terremoto. Destaco la muy buena decisión de la alcaldesa de no aplicar el cobro por circulación a los vehículos de carga”, afirmó la ministra de Transporte, Elsa Noguera.La alcaldía espera hoy que el Gobierno invierta en soluciones estructurales que permitan descongestionar el municipio.
El catalán Manel Grau anunció el inicio de acciones penales en contra de Eva Ferrer luego de la entrevista en la que ella lo acusa de ser parte de una red que presuntamente movió armas, dinero y drogas entre Colombia y Venezuela y que estaría vinculada a la exprimera dama, Verónica Alcocer.Según Ferrer, Grau habría participado en la movilización de dinero, habría hecho "negocios" en Ecopetrol y la habría intimidado en su apartamento para que renunciara al cargo de consejera presidencial."Rechazo de manera categórica, por falsos y calumniosos, todos y cada uno de los señalamientos realizados por la señora Ferrer Galcerán. Solo móviles externos explican que pueda inventarse esa cantidad de afirmaciones mentirosas, calumniosas, injuriosas, que son absolutamente falsas y sobre las cuales no tiene prueba alguna, por la sencilla razón de que no son ciertas", escribió Grau en una carta publicada este miércoles.La denuncia de Grau será por los delitos de injuria y calumnia e irá acompañada de acciones civiles buscando una reparación económica por afectaciones a su buen nombre y reputación."La señora Eva Ferrer Galcerán fue durante los últimos 25 años una de mis mejores amigas, vínculo que se extiende a miembros de su familia. Desconozco las motivaciones de fondo que la llevan a faltar a la verdad de manera tan irracional. Tras la profunda decepción que sus afirmaciones me han causado, y en virtud de mi formación cristiana, hago un llamado a la cordura para que se retracte inmediatamente de sus afirmaciones con el propósito de evitar condenas que serán muy perjudiciales para ella", agregó Grau.Las acusaciones de Ferrer ya están llevando a la acción a los organismos de control. La Fiscalía la escuchará esta semana y la Procuraduría la llamó a ella y a otros cinco exfuncionarios de Gobierno a declarar bajo juramento. Mientras tanto, el presidente Abelardo De La Espriella ordenó a la Fuerza Aérea iniciar una investigación interna sobre los vuelos en los que se movilizó Verónica Alcocer.
El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, explicó cómo se aplicará el Decreto 1525 durante las movilizaciones.La Alcaldía de Bogotá anunció que mantendrá una coordinación permanente con el Gobierno Nacional y la fuerza pública para atender las manifestaciones programadas en la capital. Uno de los principales focos d La intervención de la fuerza pública dependerá de la gravedad de los hechos, la posibilidad de anticipar actos violentos y la duración de los bloqueos que afecten el transporte público.En atención serán los posibles bloqueos en TransMilenio y otras vías de la ciudad, así como la respuesta de las autoridades ante situaciones que puedan poner en riesgo la integridad de los ciudadanos.Gustavo Quintero, secretario de Gobierno de Bogotá, señaló que las autoridades tienen identificados aproximadamente 18 puntos de concentración para las movilizaciones. De estos, 14 contemplan desplazamientos hacia la Plaza de Bolívar, por lo que se dispuso un operativo de seguimiento y coordinación institucional para atender las novedades que se presenten durante la jornada.Según el funcionario, el Puesto de Mando Unificado (PMU) distrital fue instalado a las 7:00 de la mañana, mientras que desde el día anterior se adelantaba una coordinación nacional con el Ministerio del Interior. El objetivo es articular las decisiones entre las autoridades distritales, el Gobierno Nacional y la fuerza pública, especialmente ante eventuales alteraciones del orden público.“Lo que queremos es rechazar la violencia. El enemigo de la protesta social es la violencia”, afirmó Quintero al explicar el enfoque de la administración distrital frente a las manifestaciones.El secretario insistió en que las medidas no buscan impedir el derecho a la protesta pacífica, sino facilitar una respuesta frente a hechos violentos que puedan afectar a los participantes, a terceros o a la infraestructura pública y privada.Bloqueos en TransMilenio: ¿cuándo intervendrá la fuerza pública?Uno de los puntos centrales de las declaraciones de Gustavo Quintero fue la posibilidad de intervenir ante bloqueos prolongados que afecten la movilidad y el funcionamiento de TransMilenio. Aunque el Decreto 1525 establece condiciones para la actuación de las autoridades, el funcionario aclaró que no existe un tiempo exacto que determine automáticamente cuándo debe producirse una intervención policial.La decisión, explicó, se tomará mediante un mecanismo de coordinación en el que participarán representantes del Gobierno Nacional, el Gobierno Distrital, el Ministerio del Interior y las autoridades competentes.Sin embargo, Quintero mencionó que las autoridades consideran excesivo mantener a los pasajeros detenidos durante periodos prolongados, particularmente cuando se trata de vehículos del servicio público.“Más de media hora, más de 45 minutos, las personas no pueden estar detenidas en un bus de servicio público”, señaló el secretario.El funcionario agregó que la prioridad de la administración es evitar que el transporte público resulte afectado durante las manifestaciones. En ese sentido, sostuvo que la intervención dependerá de la evaluación de cada situación y de las decisiones que se adopten en el PMU.La precisión es importante para los usuarios de TransMilenio: los 30 o 45 minutos mencionados por Quintero no constituyen un plazo automático establecido para ordenar el ingreso de la fuerza pública. Se trata de una referencia expresada por el funcionario sobre la duración que considera inaceptable para los pasajeros, mientras que la determinación concreta deberá tomarse de manera coordinada.Decreto 1525: cinco etapas para atender las manifestacionesQuintero explicó que el Decreto 1525 contempla cinco etapas para orientar la actuación de la fuerza pública durante las protestas. Según su descripción, las tres primeras están enfocadas principalmente en el diálogo y la mediación, mientras que las dos restantes se orientan a contener situaciones que puedan representar un riesgo.El secretario destacó que la coordinación institucional permitirá evaluar cuándo es necesario pasar de la mediación a una intervención de las autoridades. También señaló que el decreto contempla la posibilidad de actuar cuando exista una amenaza inminente de violencia, sin esperar necesariamente a que el hecho se consume.“El decreto nos da la posibilidad de actuar ya no solamente cuando el acto violento se consume, sino cuando sea inminente”, explicó.Esta disposición cobra relevancia en escenarios donde se adviertan posibles agresiones, uso de elementos peligrosos o situaciones que amenacen la integridad de las personas. No obstante, la identificación de una amenaza deberá evaluarse dentro de los mecanismos de coordinación establecidos por las autoridades.El objetivo, de acuerdo con Quintero, es evitar que hechos aislados terminen afectando a quienes participan pacíficamente en las movilizaciones o a los ciudadanos que necesitan desplazarse por la ciudad.Diálogo con manifestantes y actuación de los gestores de convivenciaLa administración distrital también prevé mantener los canales de diálogo durante el desarrollo de las marchas. Los gestores de convivencia tendrán un papel importante en la mediación con los manifestantes, particularmente cuando se presenten bloqueos o situaciones que requieran recuperar la movilidad.Quintero indicó que el diálogo se mantendrá mientras existan condiciones para hacerlo y no se ponga en riesgo la integridad de las personas. Si la situación escala y las autoridades consideran necesaria una intervención, los gestores comunicarán a los participantes que se agotó esa instancia de mediación.“Los gestores [...] disuadir, decirle a los manifestantes: mire, hasta acá llega el diálogo, en este momento levantamos canales, solicitamos intervención de fuerza pública”, explicó el funcionario.De esta manera, la estrategia anunciada combina la mediación con la posibilidad de una respuesta operativa cuando las circunstancias lo exijan. La aplicación de estas medidas deberá considerar las condiciones particulares de cada concentración y las decisiones adoptadas por las autoridades competentes.Bombas molotov, papas bomba y amenazas a la integridadOtro de los escenarios abordados durante la entrevista fue el de los actos violentos registrados el día anterior en la avenida Circunvalar, cerca de una sede de la Universidad Distrital, donde, según lo expuesto en la conversación, un grupo de encapuchados habría lanzado bombas molotov y papas bomba.Al ser consultado sobre cómo actuarían las autoridades si se repitieran estos hechos, Quintero sostuvo que la respuesta sería similar a la desplegada en esa ocasión: “En 20 minutos ya se estaba resolviendo la situación. Actuaremos de la misma manera”, afirmó.El secretario señaló que este tipo de comportamientos puede constituir una situación intimidante y violenta que justifique una actuación inmediata de las autoridades, de acuerdo con las circunstancias y los protocolos aplicables.Durante la entrevista también se le preguntó si portar una piedra, sin que se haya producido una agresión, sería considerado un acto violento. Quintero respondió que la situación tendría que ser analizada en el PMU para establecer si existe una amenaza inminente que permita actuar de manera anticipada.Sobre los grafitis, aclaró que su realización, por sí sola, no implica necesariamente la intervención de la fuerza pública. Según explicó, la situación cambia cuando estas acciones están acompañadas de daños a la infraestructura, como la rotura de vidrios o afectaciones a puertas y otros elementos de propiedad pública o privada.Los puntos de concentración y la movilidad en BogotáEntre los lugares identificados para las movilizaciones se encuentran el Parque Nacional, el Museo Nacional, el Parque Simón Bolívar, la Universidad Pedagógica, la Universidad Nacional, el Parque de los Periodistas y sectores de la carrera Séptima, la carrera Décima y la calle 13. También se mencionaron dos sedes de la Universidad Distrital.La concentración de manifestantes en distintos sectores obliga a las autoridades a mantener vigilancia sobre las vías, los corredores de transporte público y los puntos donde puedan presentarse afectaciones a la movilidad.En este contexto, la Alcaldía busca evitar que los bloqueos generen interrupciones prolongadas para los usuarios de TransMilenio y otros ciudadanos. La coordinación del PMU será determinante para evaluar las novedades, mantener la comunicación entre las instituciones y definir las medidas correspondientes.
La familia de William Chapman, el joven que murió tras ingresar al recinto de un tigre en el Yorkshire Wildlife Park, en Inglaterra, rompió el silencio sobre la tragedia que ha generado conmoción por las circunstancias en las que ocurrió. Sus padres expresaron el dolor que atraviesan por la pérdida y pidieron respeto a su privacidad mientras avanzan las investigaciones para esclarecer los hechos.A través de un comunicado difundido la noche del martes 13 de octubre, los familiares revelaron que Chapman enfrentó una enfermedad mental durante varios años y que recibía medicamentos fuertes como parte de su tratamiento. Sin embargo, aclararon que todavía no se ha establecido si su condición médica o los fármacos que tomaba tuvieron alguna relación con lo ocurrido.“Lamentablemente, William sufrió una enfermedad mental importante durante varios años y, en consecuencia, se le recetaron medicamentos fuertes”, señalaron sus familiares en el documento.¿Qué dijeron los padres de William Chapman?Los padres del joven explicaron que esperan que las autoridades puedan determinar qué lo llevó a ingresar al espacio donde se encontraba Altai, el tigre de Amur involucrado en el ataque. Por ahora, aseguraron que desconocen las razones que motivaron a William a entrar al recinto.“Corresponderá al forense decidir qué papel desempeñó esto en su muerte. Pedimos a todos que respeten ese proceso”, manifestaron en el comunicado.La familia no reveló cuál era el diagnóstico médico de Chapman ni especificó qué medicamentos tenía prescritos. Por ello, pidió evitar especulaciones sobre su estado de salud y esperar las conclusiones de las autoridades encargadas de investigar su fallecimiento.En el mismo documento, los familiares describieron a William como un joven afectuoso, brillante y profundamente querido por sus seres cercanos. “La familia está completamente devastada por su pérdida y está luchando por asimilar lo sucedido”, expresaron.La muerte de Chapman se convirtió en tema de conversación en redes sociales debido a las circunstancias del incidente y a la difusión de videos relacionados con sus últimos momentos.Uno de los registros que circuló en internet, aparentemente grabado por el propio joven, mostraba cómo avanzaba por una zona de césped hacia el lugar donde se encontraba el tigre. En las imágenes también se escuchaban los gritos de otros visitantes que le pedían que saliera del recinto. Posteriormente, el video fue eliminado de la cuenta en la que había sido publicado.Chapman también tuvo acercamientos al mundo de la actuación durante su infancia. Entre sus participaciones figuran la comedia dramática May Contain Nuts, emitida por ITV en 2009, y la serie educativa True Stories, de BBC Learning.¿Qué pasará con el tigre que atacó al joven?Tras la muerte de Chapman, el Yorkshire Wildlife Park informó que Altai, el tigre de Amur también conocido como tigre siberiano, no será sacrificado. El establecimiento permanece cerrado mientras avanzan las investigaciones sobre el incidente.Por su parte, el Ayuntamiento de Doncaster, organismo responsable de conceder las licencias de funcionamiento del parque, anunció una investigación de salud y seguridad para revisar las circunstancias en las que ocurrió la tragedia.Además, está prevista para el jueves 15 de octubre la apertura de una investigación judicial sobre la muerte del joven en el juzgado de instrucción de Doncaster. Este procedimiento buscará contribuir al esclarecimiento de los hechos, mientras sus familiares esperan respuestas sobre lo sucedido y piden que se respete su privacidad.
Comprar carro nuevo o usado en Bogotá podría costar más desde el 1 de enero de 2027, cuando entren en vigor las nuevas tarifas del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) aprobadas por el Concejo de la ciudad. El ajuste incrementará el impuesto para la comercialización de vehículos de combustión, híbridos y eléctricos, un costo que los concesionarios podrían trasladar a los compradores.El ajuste también cobija el comercio de autopartes y accesorios. Según los cálculos del sector, comprar un carro de $100 millones podría representar un sobrecosto de $300.000, mientras que para un vehículo usado de $50 millones el incremento estimado sería de $150.000. Las cifras ilustran el posible efecto del impuesto y no constituyen un aumento fijo para todas las operaciones.¿Cuánto subirá el ICA para los carros en Bogotá?La reforma establece nuevas tarifas para la actividad comercial relacionada con los vehículos. A partir de la fecha prevista, los porcentajes serán los siguientes:Vehículos de combustión, gasolina y diésel: la tarifa pasará de 6,9 a 11 por mil.Vehículos híbridos: tendrán una tarifa de 10 por mil.Vehículos eléctricos: la tarifa será de 8 por mil.El ICA lo pagan los distribuidores y no directamente el comprador como un impuesto separado por adquirir el vehículo. Sin embargo, el incremento puede elevar los costos de comercialización y reducir los márgenes de los concesionarios, que podrían incorporar ese gasto en el valor final de los automóviles.Pedro Nel Quijano, presidente ejecutivo de la Asociación Gremial de Concesionarios de Automotores (Aconauto), calculó que el cambio representa un aumento del 47,8 % frente a la tasa actual, al considerar una tarifa ponderada del 1,02 %.Por otra parte, el incremento de la tarifa del ICA para el comercio de vehículos automotores nuevos y usados, incluidos los eléctricos, híbridos y convencionales, así como para las autopartes y los accesorios, sería del 59,4 %, según Aconauto.¿Por qué el aumento del ICA preocupa al sector automotor?Aconauto advirtió que el incremento podría comprometer la rentabilidad de los concesionarios, afectar puestos de trabajo y reducir las ventas en Bogotá. Uno de los motivos es la forma en que se calcula este impuesto: se liquida sobre los ingresos de la actividad económica, sin tener en cuenta si la operación generó ganancias o pérdidas.Además, el tributo aparece en dos momentos de la cadena comercial: primero, cuando el importador factura el vehículo al concesionario y, después, cuando el concesionario vende el automóvil al comprador. Esta acumulación, según el gremio, incrementa el costo de operar en la capital y puede absorber los márgenes de una actividad que comercializa bienes de alto valor.El incremento también expone a otras siete actividades relacionadas con el sector automotor. Entre ellas se encuentra el comercio de autopartes y accesorios, cuyos mayores costos podrían trasladarse a los consumidores y repercutir en el mantenimiento de los vehículos.La reforma tributaria busca responder a la disminución del recaudo distrital del ICA, asociada con la desaceleración económica nacional. No obstante, Aconauto considera que aumentar la tarifa podría debilitar las actividades gravadas y terminar reduciendo la base sobre la cual Bogotá recauda este impuesto.Concesionarios podrían trasladar ventas y facturación a otros municipiosUno de los riesgos señalados por el gremio es que los establecimientos busquen facturar las operaciones desde sucursales registradas fuera de Bogotá para evitar la tarifa distrital. El planteamiento no se limita a los municipios cercanos a la capital: según el insumo, la factura debidamente registrada es un documento nacional y la operación podría realizarse desde cualquier municipio del país, al igual que la elección del lugar de matrícula.Una de las zonas que podría beneficiarse de un eventual traslado de operaciones es el corredor de la variante Chía-Cajicá, donde existe una oferta de concesionarios de distintas marcas. Los municipios que reciban estas ventas también podrían atraer compradores mediante menores costos de matrícula y obligaciones tributarias posteriores.Sin embargo, la posibilidad de trasladar la facturación dependerá de la infraestructura comercial de cada empresa. Algunos concesionarios no cuentan actualmente con vitrinas adicionales en otros municipios.Quijano advirtió que el aumento del ICA podría desincentivar la renovación del parque automotor, con consecuencias para los objetivos de mejorar la calidad del aire y reducir la accidentalidad. También alertó sobre la pérdida de actividad económica y recaudo si las ventas y matrículas se desplazan fuera de Bogotá.El gremio sostiene que la medida iría en sentido contrario a la reducción de la carga tributaria prevista por el Gobierno nacional y restaría competitividad a la capital frente a otras jurisdicciones.
