Mientras en Colombia continúa la discusión sobre el futuro energético del país, los costos de la electricidad y la necesidad de depender menos de combustibles fósiles, una empresa ubicada en el norte del Cauca demuestra que los residuos agrícolas también pueden convertirse en una fuente estratégica para producir energía limpia.Se trata de Incauca, compañía agroindustrial que logró consolidarse como el mayor cogenerador de energía de Colombia gracias al aprovechamiento del bagazo de caña, un material que queda después de extraer el jugo utilizado para la producción de azúcar y otros derivados. En lugar de convertirse en un desecho, este residuo es utilizado para generar vapor y producir electricidad.El modelo no solo permite abastecer gran parte de su operación industrial, sino que también aporta energía al Sistema Interconectado Nacional, contribuyendo al suministro eléctrico de miles de hogares colombianos.Cómo el bagazo de caña se convierte en energía limpia para miles de hogaresLa cogeneración de energía consiste en aprovechar el bagazo de la caña como combustible para producir vapor y electricidad dentro de las instalaciones industriales. Este proceso permite generar energía renovable sin recurrir a fuentes como el carbón o el petróleo.Durante 2025, Incauca produjo 352,2 millones de kilovatios hora (kWh), cifra que la ratificó como líder nacional en este tipo de generación. Además, entregó 164,9 millones de kWh al Sistema Interconectado Nacional, energía que terminó llegando a hogares, comercios e industrias en diferentes regiones del país.“2025 fue un año que puso a prueba nuestra capacidad de adaptación y respondimos con determinación, fortaleciendo nuestra eficiencia operativa y avanzando en la evolución de nuestro negocio hacia un modelo cada vez más integrado con la generación de energía”, afirmó Roberto Klinger Yanovich, presidente de Incauca.Incauca redujo 43,8 % las emisiones y fortalece la transición energética del paísMás allá de la producción de energía, la compañía también reportó avances ambientales significativos. Entre ellos se destaca una reducción del 43,8 % en las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por sus calderas industriales.A esto se suma una tasa de aprovechamiento de residuos del 92,95 %, resultado de procesos de reutilización, reciclaje, transformación energética y biorremediación. Gracias a estas acciones, la empresa evitó que 2.719 toneladas de residuos terminaran en disposición final.Los resultados muestran que la producción industrial puede avanzar de la mano con estrategias enfocadas en reducir la huella ambiental y optimizar el uso de recursos.Energía renovable en Colombia: el modelo que demuestra que no todo depende del petróleo La experiencia de Incauca se convierte en un ejemplo de cómo la innovación tecnológica y la economía circular pueden aportar a la transición energética del país.Para Angélica Quiroga, gerente de sostenibilidad y gestión estratégica de la compañía, el reto sigue siendo fortalecer las acciones ambientales y sociales en el territorio. “Continuaremos fortaleciendo la eficiencia operativa, la acción climática, la gestión del agua y el impacto social en el territorio, avanzando en nuestra visión de ser una empresa que no solo produce, sino que impulsa y moviliza el desarrollo de la región y el país”, señaló.En un momento en que Colombia busca diversificar sus fuentes de generación eléctrica, el aprovechamiento del bagazo de caña demuestra que la energía limpia puede producirse desde el campo, reducir emisiones contaminantes y, al mismo tiempo, aportar electricidad al sistema nacional sin depender exclusivamente de combustibles fósiles.
Un llamado urgente al Gobierno hizo la presidenta de Asocaña, Claudia Calero, ante la difícil situación que enfrenta actualmente la agroindustria de la caña en el país. Según explicó, el sector atraviesa un momento crítico debido a las presiones del comercio internacional y al aumento de las importaciones de algunos productos relacionados con esta actividad.Calero señaló que las barreras comerciales y otros factores externos están afectando seriamente la competitividad y la sostenibilidad de esta importante agroindustria.La presidenta de Asocaña insistió en que proteger el sector es fundamental para salvaguardar cerca de 286.000 empleos y garantizar el sustento de miles de familias en el suroccidente colombiano.“Hoy la agroindustria de la caña atraviesa un contexto muy difícil, el aumento del 385% de las importaciones de azúcar desde Bolivia, a pesar de que a ese país no le podemos llegar con 1 kilo de azúcar colombiana. La imposición de aranceles en Ecuador y el crecimiento de las importaciones de etanol desde Estados Unidos”, afirmó Calero.La preocupación se intensificó luego de que, hace algunos días, el ingenio María Luisa, ubicado en Florida, Valle del Cauca, cerrara sus operaciones, una situación que impacta a decenas de familias que dependían de esta actividad económica.Precisamente, sindicatos de la agroindustria de la caña advirtieron que otros ingenios también atraviesan una grave situación económica, lo que podría generar nuevas afectaciones laborales si no se adoptan medidas urgentes.
El cierre del ingenio azucarero María Luisa, tras 96 años de operación en el municipio de Florida, en el suroriente del Valle del Cauca, encendió las alarmas en la región por el fuerte impacto económico que deja tanto en este departamento como en el departamento del Cauca.De acuerdo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de la Caña de Azúcar, la empresa cesó sus actividades dejando sin sustento a más de 700 trabajadores directos y cerca de 300 empleos indirectos, entre proveedores, transportadores y comerciantes que dependían de la operación del ingenio.Hasta el momento, los directivos de la compañía no se han pronunciado oficialmente sobre el cierre, que se conoció inicialmente a través de trabajadores y organizaciones sindicales en redes sociales. Tampoco hay claridad sobre las causas de esta decisión. Sin embargo, entre las hipótesis que se manejan están la caída en los precios del azúcar, el aumento de las importaciones, el ingreso de etanol desde otros países y la falta de políticas públicas que garanticen la sostenibilidad del sector."Esto nos preocupa demasiado, esta situación afecta a muchas familia , miles de empleo afectados, pero hay otros ingenios que también se encuentran en otras situaciones criticas, por eso hacemos el llamado al Gobierno nacional para que nos escuche", dijo Yhonson Torres, del sindicato Sintrainagro.Los representantes sindicales aseguraron que han venido insistiendo al Gobierno nacional sobre la necesidad de adoptar medidas urgentes para proteger la agroindustria de la caña de azúcar y evitar nuevos cierres que comprometan el empleo y la economía regional.
Al finalizar la reunión con el Ministerio de Minas y Energía y los representantes de los sindicatos, el gremio azucarero del país manifestó su preocupación por la persistencia de la crisis del etanol. Esto, debido a que en el encuentro no se definió una solución inmediata a la sobre producción que actualmente tiene la industria, con más de 50 millones de litros de este biocombustible almacenados.Aunque el gremio resaltó la buena disposición del gobierno nacional para iniciar una mesa de concertación, lo que se logró en la reunión es que el Ministerio se comprometiera principalmente a realizar mayor control y vigilancia a la calidad del etanol, y acelerar el proceso de expedición de las resoluciones de precios y abastecimiento."No se logró una solución inmediata a la crisis que hoy enfrentamos con el etanol producido en Colombia. Hoy tenemos inventarios cumulados de etanol nacional, porque no se está comprando el producto nacional. Hoy estamos produciendo para no vender. Un producto que genera más de 28.000 empleos directos y que hace parte de la cadena de la caña de azúcar que en total genera 286.000 empleo.", Claudia Calero, presidente de Asocaña.Desde el sector agroindustrial de la caña se indicó que la falta de una hoja de ruta para liberar los tanques de etanol que actualmente están colapsados, obliga a la industria a detener el funcionamiento de las plantas la próxima semana."Estamos a una semana de parar las plantas de etanol y por ende, de parar también las plantas de azúcar, porque éstas tienen una producción simultánea y esto pone en riesgo el empleo formal y los ingresos de miles de familias. Hacemos un llamado a los distribuidores mayoristas a que sean una parte activa de este diálogo y que entre todos podamos encontrar consensos y soluciones, que permitan superar esta crisis lo antes posible.", añadió Calero.Escuche aquí la entrevista:
La preocupación se tomó este miércoles las puertas del Ministerio de Minas y Energía, donde desde muy temprano llegaron trabajadores del sector cañero y palmero del Cauca y el Valle del Cauca. La razón: una crisis que, según los sindicatos, ya golpea la rentabilidad del sector y amenaza directamente el empleo.El tema fue explicado en Mañanas Blu, donde Johnson Torres, directivo nacional de Asintragro y miembro del comité ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores, lanzó una advertencia directa: “Si no hay una solución, empiezan a acabarse los contratos”.Crisis del etanol: importaciones y cambios en la fórmulaTorres explicó que el problema se originó en septiembre de 2025, cuando el Gobierno modificó la fórmula para calcular el precio del etanol y el biodiésel. Esa decisión, aseguró, redujo la rentabilidad del productor nacional y no tuvo en cuenta el impacto de las importaciones.“El 55 % del etanol que entra al país viene de Estados Unidos y es altamente subsidiado”, dijo. Según el dirigente sindical, los grandes comercializadores han preferido comprar ese etanol importado, dejando represada la producción nacional.Hoy, el sector enfrenta un panorama crítico: “Hay represados 51 millones de litros de etanol, un stock del 300 %. Estamos a puertas de que los ingenios paren”, afirmó Torres al aire.Empleo en riesgo y contratos en pausaEl impacto no es solo industrial. La acumulación de etanol ha frenado la compra de caña y palma, afectando a productores, transportadores y trabajadores de toda la cadena. “Cuando no se puede vender ni producir más, cesan los contratos de trabajo o empiezan las licencias no remuneradas”, advirtió el vocero sindical.Aunque parte de la caña podría destinarse a la producción de azúcar, Torres explicó que ese camino también tiene límites. Colombia ya produce más azúcar de la que consume, lo que obliga a exportar excedentes y genera presiones adicionales sobre precios y pequeños productores, como los paneleros.La propuesta al Gobierno y la reunión claveLos trabajadores no piden cerrar las importaciones, sino una salida técnica. “Si el Gobierno incrementa la mezcla de etanol del 10 % al 12 % o al 15 %, nosotros podemos vender nuestra producción y el país seguiría importando lo que haga falta”, explicó Torres.La decisión está en manos del Ministerio de Minas y Energía, con quien los manifestantes sostuvieron una reunión este miércoles. Mientras tanto, el mensaje del sector es claro: sin una solución de corto plazo, el empleo rural y agroindustrial empezará a resentirse con fuerza.
Diferentes sindicatos del sector de la agroindustria de la caña se reunieron esta mañana en el Centro de Eventos Valle del Pacífico, en Yumbo, y desde el Valle piden al Gobierno nacional que reconsidere la propuesta de modernizar el esquema de precios de los biocombustibles en Colombia con una nueva fórmula que tiene como base los mercados internacionales. La medida se plantea a través de una resolución que actualmente está en borrador para comentarios, pero que entraría en vigencia una vez sea firmada por el Ministerio de Minas y Energía.Jhonson Torres, miembro de la junta nacional del Sindicato de Trabajadores Agrícolas de Colombia, manifestó que comparar los precios con los Estados Unidos, que es el principal productor de etanol en el mundo, hace inviable la producción en Colombia por los costos del producto."El etanol que se produce en Estados Unidos es un etanol de maíz. Estados Unidos tiene subsidios al productor, al que siembra, al que transporta y al que exporta. Hoy, Estados Unidos puede poner un precio de etanol en Colombia a un dólar. Aquí en Colombia, por los costos de transporte, por todos los costos y, por ejemplo, porque no se reciben subsidios, el precio del etanol está a 3 dólares con 20 centavos, y eso lo hace inviable porque no tienen los subsidios; entonces, los empresarios dejarían de producir etanol tanto de la caña como de la palma", dijo Torres.Y es que esta situación preocupa al sector, ya que adoptar precios externos pondría en riesgo miles de empleos y la sostenibilidad de las destilerías en todo el país. Jorge Enrique Morales, presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia de la seccional Valle, manifestó que buscarán tener un diálogo con el Gobierno Nacional para encontrar una solución, pero, de no tenerla, advierten que saldrán a las calles para rechazar la medida."La primera petición es mirar cómo no se perjudica, porque esto redundaría en que se cierren empresas y se cierren fábricas y, pues, sea el efecto dominó que perdemos puestos de trabajo. Estamos hablando de más o menos unos 30 mil empleos en toda la región. El llamado que hacemos al Gobierno es que nos sentemos, empresarios, representantes y trabajadores, a mirar la mejor fórmula que lleve a establecer un precio donde no se perjudique la producción de etanol aquí en Colombia", manifestó Morales.Solo en los departamentos de Cauca, Valle y Risaralda, seis ingenios actualmente producen etanol a partir de la caña de azúcar, por lo que, a futuro, el ajuste en el precio podría afectar la estabilidad económica y laboral de más de 286 mil trabajadores vinculados a la agroindustria en estos tres departamentos.
Un trabajador de un ingenio azucarero fue asesinado en la vía que conecta a El Cerrito con Palmira, en el Valle del Cauca, durante un intento de robo. Según las primeras versiones, varios hombres armados lo interceptaron mientras realizaba sus labores y le dispararon cuando se resistió al robo de su motocicleta.Este nuevo hecho de violencia ha generado una fuerte reacción por parte del sector agroindustrial, que exige medidas urgentes ante el aumento de la inseguridad en las zonas rurales del departamento.Claudia Calero, presidenta de Asocaña, expresó su rechazo frente al asesinato y pidió no normalizar la violencia como parte del trabajo en el campo.“Lamento profundamente el asesinato de un trabajador de nuestra agroindustria. Este hecho nos enluta. No podemos normalizar que la violencia sea el costo de salir a trabajar”, señalóGremio azucarero se pronuncióPor su parte, la Asociación Colombiana de Productores y Proveedores de Caña de Azúcar también se pronunció, enviando un mensaje de solidaridad a la familia del trabajador y exigiendo acciones contundentes a las autoridades. “Un saludo solidario a la familia del trabajador asesinado vilmente. No se pueden volver un listado de hechos violentos sin acciones contundentes de las autoridades, que lleven ante la justicia a los responsables de estos lamentables hechos”. expresó Martha Betancourt Morales, directora ejecutiva de Procaña.Actualmente, en el Valle del Cauca operan 13 ingenios azucareros, esenciales para la economía de la región. Sin embargo, el aumento de la violencia en zonas rurales está afectando la seguridad de los trabajadores y generando un ambiente de temor e incertidumbre entre los cañicultores.
Frente a los hechos que afectan la seguridad del sector de la caña de azúcar ante las continuas agresiones que han derivado en la muerte de trabajadores, heridas de personal y daños a instalaciones en ingenios en el Valle del Cauca y Cauca, la gobernadora Clara Luz Roldán, lamentó los últimos hechos y pidió al Gobierno nacional acciones que retornen la tranquilidad a este importante sector productivo.“Sigo llamando al Gobierno nacional, nosotros trabajamos con nuestra fuerza pública, hemos bajado mucho la criminalidad porque se han hecho ingentes esfuerzos, pero lo que está pasando con los ingenios nos está dando una tristeza muy grande de ver trabajadores inocentes que están perdiendo la vida”, indicó la mandataria.Insistió en que al Valle del Cauca hay que verlo como un departamento sui generis que requiere de un análisis profundo. “Vuelvo a invitar al ministro de Defensa a que hagamos un Consejo de Seguridad cerrado, lo invito a la Gobernación donde podamos hacer el análisis de situaciones muy puntuales que están viviéndose en determinadas zonas del departamento y que necesitamos que se clarifiquen”, anotó Roldán."No es posible que Buenaventura no tenga un comando únicamente para el distrito, debería estar con todas las fuerzas militares”, concluyó.El caso más reciente se presentó en los últimos días en Guachené, Cauca, donde un ataque armado dejó a dos trabajadores del ingenio La Cabaña heridos y a un firmante del acuerdo de paz asesinado.En este 2023 han sido asesinados tres trabajadores del sector agrícola, ocho han resultado heridos por arma de fuego y uno más fue secuestradoLe puede interesar:
Trabajadores de la caña en el Cauca se sienten amenazados por los constantes problemas de inseguridad. Un trabajador de Asocaña, recientemente, fue atacado por hombres armados mientras realizaba un recorrido por los cultivos. También hay que decir que en lo corrido de este año ya son tres personas las que pierden la vida.Guillermo Carvajal, gerente de asuntos corporativos del grupo agroindustrial Río Paila Castillo, habló sobre esta situación en Mañanas blu cuando Colombia está al aire. "Nosotros como grupo, que llevamos más de 105 años de presencia en el territorio, venimos haciendo un esfuerzo con la industria y autoridades de la zona para construir las bases de un acuerdo en diálogo con diferentes grupos para llegar a tener unas condiciones para poder operar y convivir en esa zona. Sobre eso venimos trabajando con mucho esfuerzo y avanzando poco a poco en esta línea", indicó Carvajal.Asimismo, aclaró que no se encuentran en una discusión por venta o entrega de tierras."Nosotros no estamos en una discusión de venta o entrega de tierras, sino que partimos de lo positivo que ha surgido con todas estas discusiones, que van más allá de la tierra. Hemos conversado con indígenas, comunidades campesinas, afro, entre otros grupos y nos encontramos con un tema en común y es el desarrollo del territorio. Ahí tenemos una apuesta que estamos preparando y que va más allá de las diferentes concepciones de las necesidades e intereses. Lo que buscamos de alguna forma es que, dentro de este conjunto de demandas abiertas, podamos buscar soluciones concretas que se pueden construir", enfatizó.Finalmente, Carvajal afirmó que, a la fecha, "no tienen planes ni previsiones de reducción de planta a raíz de estos hechos"."Tenemos que buscar como mantener esa operación y esperamos que este panorama mejore a corto plazo", finalizó. Escuche la entrevista completa de Mañanas blu cuando Colombia está al aire aquí:Le puede interesar:
No paran las voces de reclamo y rechazo al hecho de violencia que se presentó en el norte del Cauca, el día sábado 15 de abril.El Grupo Agroindustrial Ríopaila-Castilla, informó que se registró un ataque por parte de hombres al margen de la ley a trabajadores, en zona rural del municipio de Miranda. El acto dejó sin vida uno de sus colaboradores y otro más herido."Hacemos un llamado para que continúen con las investigaciones hasta las últimas consecuencias frente a estos hechos", aseveróGuillermo Carvajal, gerente de Asuntos Corporativos del Grupo Agroindustrial Riopaila- Castilla. Además, pidió garantía para cumplir con la misión como Ingenio en el norte del Cauca.De otro lado, La Sociedad de Agricultores del Cauca, (SAG), solicitó por medio de un comunicado, "medidas urgentes e inmediatas por parte del gobierno nacional, la Fiscalía General de la Nación,la Rama Judicial y demás autoridades competentes que permitan combatir la impunidad y que impidan que sigamos registrando hechos lamentables como pérdidas humanas".Entre tanto, el Representante por el Cauca, Óscar Campo, también se pronunció. "Ministro del Interior, Alfonso Prada, la situación es cada vez más compleja", le reclamó vía Twitter.En ese sentido, también habló Crhistian Garcés, Representante por el Valle del Cauca. "¿Cuántos judicializados hay por homicidios, invasión y daños a la propiedad privada?", preguntó a la Fiscalía General de la Nación, seccional Cauca.Jhon Hanner Hurtado, la víctima que dejó el acto violento, prestaba servicio de seguridad para Ríopaila-Castilla.
La crisis financiera que enfrenta Canacol Energy comienza a generar preocupación en diferentes sectores económicos del país, luego de que una corte en Alberta (Canadá) autorizara, dentro del proceso de reestructuración de la compañía, la terminación anticipada de varios contratos de suministro de gas. La decisión, que aún deberá ser evaluada por la Superintendencia de Sociedades en Colombia, encendió las alarmas entre empresas e industrias que dependen del combustible para mantener sus operaciones.Una de las voces más preocupadas es la de Ricardo Gaviria, presidente de Cerro Matoso, quien advirtió en entrevista con Mañanas Blu que la continuidad de la operación de la mina de ferroníquel depende directamente del abastecimiento de gas natural y que una interrupción del suministro tendría consecuencias económicas y sociales de gran magnitud.Sin gas, Cerro Matoso tendría que detener su producciónDurante la entrevista, Gaviria fue enfático en señalar que el gas natural es un insumo indispensable para el funcionamiento de la planta industrial ubicada en Montelíbano, Córdoba."Nosotros sin gas simplemente no podemos operar y resulta que las líneas de producción se tendrían que parar. (...) La reparación de una línea sería alrededor de 450 mil millones de pesos y la otra costaría más o menos 770 mil millones de pesos", afirmó el directivo.Explicó que un eventual apagado de los hornos industriales provocaría daños irreversibles en los materiales refractarios, lo que obligaría a realizar millonarias reparaciones antes de reiniciar la producción.Además del impacto operativo, Gaviria advirtió que una suspensión de actividades pondría en riesgo el sustento de miles de familias."Somos más o menos 2.000 empleados entre directos e indirectos y alrededor de 50.000 personas dependen de la operación de Cerro Matoso en el territorio", sostuvo.La preocupación se extiende a toda la Costa CaribeEl presidente de Cerro Matoso señaló que la problemática trasciende el ámbito empresarial, pues una parte significativa del suministro de gas en la región Caribe depende de Canacol Energy.Según explicó, la eventual cancelación de contratos podría afectar tanto a grandes industrias como a usuarios residenciales, en un contexto en el que Colombia enfrenta una reducción en las reservas de gas y una creciente necesidad de importar este energético."No sería solo la demanda nuestra de Cerro Matoso, sino la demanda del 50% de las poblaciones de la Costa Caribe colombiana", indicó durante la entrevista.Esta situación se suma a las advertencias que han realizado empresas distribuidoras del servicio de gas natural sobre los riesgos que tendría una disminución en el abastecimiento nacional.Importar gas no sería una solución viableConsultado sobre posibles planes de contingencia, Gaviria reconoció que actualmente no existe una alternativa inmediata para reemplazar el suministro que entrega Canacol.Explicó que el país cuenta únicamente con una planta de regasificación en Cartagena y que depender completamente del gas importado elevaría considerablemente los costos de operación."Tendríamos que importarlo, pero además con unos costos altísimos que no harían la operación viable y sostenible desde el punto de vista financiero", aseguró.A esto se suma la limitada infraestructura disponible para atender un aumento significativo en la demanda de gas importado.Cerro Matoso apelará la decisión de la Corte canadienseEl directivo aclaró que la autorización otorgada por la Corte de Alberta no consiste en una suspensión temporal de los contratos, sino en la posibilidad de terminarlos anticipadamente, situación que considera mucho más delicada.Por ello anunció que la empresa ejercerá los recursos legales disponibles: "Tenemos 21 días para apelar este fallo y le vamos a solicitar a la Corte canadiense una segunda instancia con el fin de que se revoque esta decisión", explicó.Mientras se desarrolla ese proceso, Cerro Matoso espera que las autoridades colombianas intervengan dentro de sus competencias para proteger la estabilidad del sistema de suministro de gas.Llamado al Gobierno y a las autoridadesDurante la entrevista, Gaviria hizo un llamado a la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Servicios Públicos, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y al Ministerio de Minas y Energía para buscar una solución que permita garantizar el abastecimiento.El directivo insistió en que una renegociación contractual es diferente a la cancelación unilateral de los acuerdos vigentes: "Tenemos que garantizar el ordenamiento jurídico y los derechos que se tienen ante estos contratos. Una cosa es renegociar un contrato y otra muy distinta es cancelarlo", manifestó.Asimismo, señaló que diferentes empresas consumidoras de gas han intentado dialogar con Canacol para encontrar mecanismos que ayuden a superar su crisis financiera sin afectar el cumplimiento de los contratos, aunque hasta ahora esas conversaciones no han prosperado.
Cambio Radical le hizo una solicitud tanto a la Procuraduría como a la Contraloría para que se conformen unos equipos de vigilancia y control en todas las entidades del Estado. La idea, según dicen desde esta colectividad, es hacer control a los recursos públicos durante la transición al nuevo gobierno."Con la llegada del nuevo Gobierno, cuyo mandato inicia el próximo 7 de agosto, resulta imperativo que los organismo de control del Estado ejerzan una y sin concesiones sobre los procesos contractuales que se adelanten o pretendan celebrarse en todas las entidades públicas del orden nacional y territorial", dice la carta del partido.Es importante recordar que el presidente electo Abelardo De La Espriella ya está conformando sus equipos de empalme. Desde Cambio Radical le piden a la Procuraduría y Contraloría que monitoreen en tiempo real los procesos de contratación e impidan la celebración de contratos que comprometan indebidamente el presupuesto público o afecten la capacidad de gestión del gobierno entrante."El Gobierno en curso ha demostrado, a lo largo de su periodo, que la contratación pública no ha sido respetada ni protegida; las adjudicaciones irregulares, la falta de transparencia en los procesos contractuales y el detrimento del patrimonio público ha sido una constante que compromete los recursos del Estado y lesiona gravemente los intereses de los colombianos", dice Cambio Radical.
La Corte Constitucional recibió para estudio una demanda presentada contra la Ley 2578 de 2026, norma que estableció el 9 de julio como día festivo nacional en homenaje a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Con este proceso, el alto tribunal deberá determinar si la creación del nuevo festivo es compatible con los principios establecidos en la Constitución Política.La acción fue presentada por el ciudadano Rodrigo Ospina Ortiz, quien sostiene que la ley desconoce el principio de neutralidad religiosa que debe regir al Estado colombiano. Según expuso en la demanda, declarar un día de descanso obligatorio para rendir homenaje exclusivamente a una figura central de la religión católica podría vulnerar el carácter laico de las instituciones públicas y el principio de igualdad frente a las distintas confesiones religiosas.Además de los reparos de carácter constitucional, el demandante planteó cuestionamientos relacionados con las consecuencias económicas de la medida. En su criterio, la creación de un nuevo día festivo implica efectos sobre la planeación institucional, la organización de los turnos laborales y el incremento de costos, tanto para las entidades públicas como para el sector privado.La Ley 2578 de 2026 convirtió oficialmente el 9 de julio en día festivo nacional en conmemoración de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, patrona de Colombia. En su contenido, la norma resalta la importancia histórica, cultural y religiosa de esta celebración, especialmente en el municipio de Chiquinquirá, en Boyacá, considerado uno de los principales centros de peregrinación del país.Con la demanda ya radicada, corresponderá ahora a la Corte Constitucional adelantar el estudio de fondo para establecer si la creación de este nuevo festivo se ajusta a los mandatos de la ley o, por el contrario, vulnera el principio de separación entre el Estado y las confesiones religiosas.Mientras se surte ese análisis constitucional y no exista una decisión definitiva del alto tribunal, la Ley 2578 de 2026 continúa vigente, por lo que el 9 de julio mantiene su condición de día festivo nacional en Colombia.
En confusos hechos, un escolta privado asesinó a un subintendente de la Dijín en una serviteca del municipio de Caucasia. El señalado victimario fue capturado y le incautaron la pistola.Un nuevo hecho violento que ahora es materia de investigación se registró en las últimas horas contra un miembro de la fuerza pública en el Bajo Cauca antioqueño.Se trata del subintendente Gabriel Antonio Bohórquez adscrito a la Grupo Antiterrorismo de la Dijín, quien fue atacado con arma de fuego por parte de un escolta privado cuando se encontraba en una serviteca del barrio El Triángulo en el municipio de Caucasia.Según el reporte preliminar, la víctima, de 37 años de edad, estaba en este lugar acompañado de otro uniformado realizando el cambio de aceite de una camioneta de la institución. Posteriormente, al lugar llegaron tres personas con el propósito de efectuar mantenimiento a un vehículo y el señalado victimario accionó su arma cuando se percató que los policías estaban armados.Posterior a los hechos las autoridades lograron establecer que las tres personas prestaban servicios de seguridad a un funcionario logístico de una compañía textil que había retirado 112 millones de pesos en efectivo y se dirigía al municipio de Vegachí. El reporte es de Jhoan Oderis Montes, alcalde de Caucasia.“Se presentó un intercambio de disparos y, desafortunadamente, costó la vida de un miembro de la fuerza pública. Esto debido a confusiones. Queremos dar ese parte de tranquilidad a la comunidad en donde estamos trabajando por la seguridad y mantener el orden de nuestro municipio", aseguró.En el lugar fue capturado el hombre responsable de disparar contra el intendente Bohórquez, quien llevaba 16 años y nueve meses de servicio en la Policía, así como le fue incautada una pistola Córdova calibre nueve milímetros.
El jugador venezolano del Atlético Bucaramanga, Leonardo Flores, hizo un llamado a los santandereanos para que continúen apoyando la campaña de recolección de ayudas destinadas a los damnificados por los terremotos que sacudieron a Venezuela.Desde el centro de acopio, ubicado en la calle 18 #21-52 de Bucaramanga, el futbolista agradeció la solidaridad que ha recibido la iniciativa y aseguró que las donaciones siguen siendo fundamentales para atender la emergencia."Quería agradecerles a todos por su granito de arena, por el apoyo que nos han brindado. Las personas que quieran seguir ayudando y colaborando con la causa, sabiendo la devastación que ocurrió en Venezuela, pueden acercarse y hacer su donación", expresó Flores.El jugador invitó a la ciudadanía a llevar agua, alimentos no perecederos y otros insumos de primera necesidad. Además, indicó que el punto de recolección permanecerá habilitado las 24 horas del día para facilitar la entrega de ayudas.Flores reiteró que cada aporte representa una esperanza para miles de familias que hoy enfrentan las consecuencias del desastre natural y agradeció nuevamente el respaldo de los bumangueses a esta causa humanitaria.
