El caso sobre la presunta responsabilidad de los policías y militares en la muerte de los chimpancés Pancho y Chita podría dar un giro inesperado, pues la Fiscalía Militar y Policial considera que los uniformados no incurrieron en una conducta contraria a la Justicia Penal Militar.“Los hechos que se lograron acreditar en la indagación, no alcanzan a adecuarse como delitos contra la vida, la integridad física y emocional de los animales” pues, según ese concepto, los integrantes de la fuerza pública actuaron de acuerdo con los protocolos del Bioparque Ukumarí.“Este tipo de normatividad no solo faculta dispararles a los chimpancés en caso de inminente riesgo para la vida de las personas durante la fuga, sino que, además, obliga a los miembros de la fuerza pública a proteger a los seres humanos frente a una situación de escape de animales peligrosos”, señala el documento que fue presentado ante la Justicia Penal Militar.Por eso, la Fiscalía solicitó audiencia de preclusión ante un juez de conocimiento penal militar y policial, solicitud que fue concedida porque no había suficientes méritos para acusar a los uniformados, indicó la Fiscalía en un comunicado.
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, judicializó a los hermanos Carlos, Diana, Jorge y Javier Romero Salamanca, quienes serían los responsables de blanquear los recursos ilícitos de una red narcotraficante.Los integrantes de esta familia figuran como propietarios de bienes muebles e inmuebles, y establecimientos de comercio, los cuales habrían sido adquiridos con dineros producto del envío de estupefacientes a los Estados Unidos.“Varias de las propiedades fueron afectadas con medidas cautelares de extinción del derecho dominio y puestas a disposición de la sociedad de activos especiales. La Fiscalía imputó a los hermanos Romero Salamanca los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y testaferrato”, según explico la fiscal delegada para las Finanzas Criminales, Luz Angela Bahamón.Los elementos de prueba indican que los procesados tendrían vínculos con un colombiano extraditado a Estados Unidos, que en su momento era considerado como uno de los socios del narcotraficante conocido como el ‘Loco Barrera’.Los cargos no fueron aceptados por los hermanos Romero Salamanca. Por decisión del juez de control de garantías, Carlos y Javier recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario; mientras que los otros dos hermanos seguirán vinculados a la investigación.También le puede interesar:
Imágenes y presentaciones con proyecciones que aparecieron hace más de diez años sobre un nuevo y moderno edificio para la Rama Judicial en Medellín están, al parecer, cerca de convertirse en realidad tras un reciente anuncio del presidente Gustavo Petro.Y es que a través de su cuenta en X, el mandatario reveló que la Agencia inmobiliaria Virgilio Barco, adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia, iniciará dos proyectos que calificó como “regalos arquitectónicos” y que tienen que ver con un edificio para oficinas de justicia en el centro de Bogotá, pero además lo que será un nuevo Palacio de Justicia para la capital antioqueña donde estarían el Tribunal Superior de Medellín, el Tribunal Superior de Antioquia, el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia y el Consejo Seccional de la Judicatura.Apenas este 10 de noviembre se abrió la invitación pública, que estará disponible hasta el 15 de diciembre, para los interesados en participar de la construcción de este proyecto que estará muy cerca de la actual infraestructura, también en el Centro Administrativo La Alpujarra, pero en un lote ubicado entre el edificio Edatel y la sede del IDEA.Maximiliano Aramburo, presidente del Colegio de Abogados de Medellín, destacó este nuevo edificio como un espacio necesario, pero donde debe prestarse atención a diseños planteados hace más de diez años, en los que se invirtieron más de 5.000 millones de pesos, pero que ahora merecen una revisión sobre su pertinencia tras cambiar algunas dinámicas en la administración de justicia."Hay por ejemplo menos demanda de espacios físicos porque ya no se utilizan expedientes en papel, sino digitales y por lo tanto nuevas demandas de infraestructura, sobre todo tecnológica. El edifico debería estar acorde con la realidad de cómo se administra justicia hoy en día", argumentó Aramburo.Sobre el nuevo complejo que involucra recursos para su primera fase por 161.511 millones de pesos aportados por el Consejo Superior de la Judicatura, se conoce que al concluir tendrá dos bloques; uno destinado para la atención a la ciudadanía y otro donde se concentrarán las audiencias y oficinas de cada uno de los despachos.El área construida será de más de 34 mil metros cuadrados con 24 pisos, tres sótanos y una plaza pública de más de 3 mil metros cuadrados. Situaciones financieras y de adquisición del lote habían dificultado llevar a cabo esta iniciativa que tras el anuncio del presidente Petro ahora espera materializarse.Le puede interesar:
Contar con un buen intérprete del tailandés al español no es una tarea fácil en los tribunales de Tailandia, algo que ha solicitado Daniel Sancho, que el próximo lunes comparecerá en una vista previa al juicio por el asesinato del colombiano Edwin Arrieta en el sur de Tailandia.Según la ley tailandesa, el tribunal está obligado a proveer de un intérprete al acusado durante la investigación, vistas preliminares y el juicio y Sancho ya ha pedido uno en español, pero expertos legales y intérpretes aseguran que no es fácil encontrar a profesionales versados en el lenguaje jurídico.En la vista del lunes en la isla de Samui, Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho y nieto de Sancho Gracía, deberá declararse culpable o no culpable de los cargos que presente el fiscal, que incluirán el asesinato con premeditación y ocultación del cuerpo.El pasado 26 de octubre, esta vista quedó aplazada por la petición de Sancho de tener un intérprete al español, después de haber declarado hasta ahora tanto ante la Policía como el juez siempre en inglés.El español confesó durante los interrogatorios, a través de la asistencia de una intérprete y un policía que le traducían del tailandés al inglés, haber matado a Arrieta en una pelea el pasado 2 de agosto y luego descuartizar el cadáver en la vecina isla de Phangan.Depende de cómo avancen las vistas previas, se espera que el juicio oral comience entre febrero y abril del año que viene y el intérprete será importante para que el español pueda entender bien el proceso, ya que se realiza por completo en tailandés.El español Artur Segarra, condenado por el asesinato y descuartizamiento de David Bernat en 2016 en Bangkok, se quejó durante el juicio de que algunos de los intérpretes no traducían bien y que el tribunal no le facilitaba traductor para las reuniones con su abogado.Los tribunales tailandeses están obligados a buscar un intérprete en el idioma del acusado si éste lo pide, ya que así lo establece su código jurídico y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos firmado por Tailandia.Intérpretes privadosSin embargo, el abogado Sébastien Brousseau, director del bufete Thai Law Online, indicó a EFE que, en su experiencia, los clientes suelen traer a sus propios intérpretes al tribunal para asegurarse de que no van a tener problemas con la traducción."Vivo en Tailandia desde hace 19 años y dirijo un bufete de abogados con abogados tailandeses desde hace 16 años. Nunca usamos intérpretes del tribunal. Nuestros clientes siempre pagan. En el 90 % de los casos usamos intérpretes en inglés", explicó el abogado en un correo electrónico."Un traductor del tribunal podría no ser muy bueno", opinó Brousseau, que agregó que las tarifas de los intérpretes pueden variar entre 5.000 y 30.000 bat (140 dólares) al día, dependiendo del idioma y el nivel del traductor.El director del bufete señaló que algunos de sus clientes son japoneses, coreanos, suizos, italianos o alemanes, pero usan intérpretes en inglés porque entienden el idioma. Encontrar intérpretes de idiomas poco comunes puede ser difícil y retrasar los juicios, como ocurrió con el proceso contra dos uigures, una minoría musulmana en china, acusados del atentado en un altar religioso en Bangkok en 2015.El Código Procesal Penal La tailandesa Wanitcha Sumanat, presidenta de la Asociación de Traductores e Intérpretes Profesionales del Sudeste Asiático (SEAProTI), afirmó que, según el Código Procesal Penal, un acusado tiene derecho a pedir un intérprete en su idioma materno durante la investigación, vistas preliminares y el juicio de los supuestos delitos."Sin embargo, encontrar a un intérprete de español-tailandés que entienda el lenguaje jurídico que se usa en los procedimientos legales es difícil en Tailandia", explicó Wanitcha a EFE por correo electrónico."Debido a que el tribunal no cobra ninguna tasa a los extranjeros por usar los servicios de un intérprete, suele pagar emolumentos reducidos al intérprete. Por tanto, uno no debería esperar la presencia de un intérprete de primera en el tribunal", acotó la intérprete legal. Wanitcha precisó que los tribunales suelen pagar entre 300 y 3.000 bat al día a los intérpretes, mientras que la tarifa de los profesionales de SEAProTI es de 6.000 bat (unos 168 dólares o 158 euros) al día. Le podría interesar:
Once víctimas de los falsos positivos y tres organizaciones sociales denunciaron al expresidente Álvaro Uribe Vélez por falsos positivos ante la justicia argentina, por medio de una querella argumentan que bajo el amparo del principio de Jurisdicción Universal, Uribe debe ser investigado por estos hechos.“Una investigación por parte del juzgado contra Álvaro Uribe abriría la puerta a que sea la primera vez que un presidente colombiano sea indagado por su presunta responsabilidad en crímenes internacionales. Esto lo pone al nivel de otros exmandatarios de Latinoamérica y el mundo, donde se han propiciado, con la activación del principio de Jurisdicción Universal, mecanismos más adecuados para la rendición de cuentas; como es el caso de Augusto Pinochet, Efraín Ríos Montt y Hissène Habré”, señala un comunicado del Colectivo de Abogados José Alvear, una de las organizaciones que representa víctimas.Las víctimas aseguran que con esta querella esperan justicia por los 6.402 casos de falsos positivos sobre los que tiene registro la JEP.“La denuncia se ha presentado en el marco del principio de jurisdicción universal que faculta a los Estados a investigar, juzgar y sancionar a los autores de crímenes internacionales (genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, tortura y desapariciones forzadas) dondequiera que se hayan cometido e independientemente de la nacionalidad de los sospechosos o las víctimas”, señala el comunicado.Las víctimas señalan además que han acudido a la justicia argentina teniendo en cuenta que esta nación es una de las que incorpora la jurisdicción universal además que en ese país hay experiencia en casos relacionados con crímenes de Estado.“A pesar de que existen serios indicios de la responsabilidad del expresidente Álvaro Uribe Vélez en estos hechos, la justicia colombiana (en este caso la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, competente para investigar a los mandatarios o exmandatarios) no ha adelantado una investigación seria, imparcial y efectiva que permita garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”, señala el documento.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó al Estado colombiano por la desaparición forzada de Arles Edisson Guzmán Medina, hecho ocurrido a partir del 30 de noviembre de 2002 en el marco del "Plan de recuperación social" llevado a cabo en Medellín.La CorteIDH declaró que "el Estado es responsable por la desaparición forzada del señor Arles Edisson Guzmán Medina", así como por la violación de los derechos a las garantías judiciales, a la protección judicial, al derecho a conocer la verdad, a la integridad personal y a la protección de la familia.El tribunal continental explicó este viernes en un comunicado tras notificar a las partes sobre el fallo, que durante el proceso el Estado realizó un reconocimiento de responsabilidad internacional por este caso.La CorteIDH determinó que "la sustracción y posterior desaparición forzada del señor Guzmán Medina, es atribuible a las BCN (Bloque Cacique Nutibara) quienes actuaban con colaboración de autoridades estatales".Arles Edisson Guzmán Medina tenía 29 años al momento de su desaparición y estaba casado con Luz Enith Franco Noreña. La noche del 30 de noviembre de 2002, dos hombres vestidos de civil en un taxi llegaron al lugar donde se encontraba trabajando y le ordenaron subir al vehículo para ir a responder preguntas que le haría "el patrón". Desde entonces se desconoce su paradero.La sentencia de la CorteIDH indica que, en su reconocimiento de responsabilidad, el Estado señaló que "es razonable inferir que los crímenes cometidos por el BCN, en este caso, son atribuibles al Estado colombiano" debido a que los hechos se presentaron "en un contexto comprobado de relacionamiento entre agentes estatales y grupos paramilitares en la fase de consolidación de la Operación Orión".Los hechos ocurrieron en Medellín, en 2002, en el marco del “plan de recuperación social” que tuvo diversos operativos militares en la Comuna 13, entre ellos el conocido como la “Operación Orión”."Esta fue una operación entre el Ejército Nacional y el Bloque Cacique Nutibara (BCN) en el cual se dieron desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, atentados contra la vida y la integridad personal, amenazas de muerte, y desplazamientos de los habitantes de la comuna", explicó la CorteIDH.El tribunal agregó que con posterioridad a la Operación Orión, el BCN ingresó a la Comuna 13 y "se volvió el grupo hegemónico y continuaron con expulsiones, desplazamientos y desapariciones forzadas, y un alto número de inhumaciones clandestinas".Como medidas de reparación, la CorteIDH ordenó al Estado colombiano continuar con las investigaciones y el proceso penal en curso relativo a la desaparición forzada de Guzmán, seguir con las acciones de búsqueda, brindar la atención médica, psicológica y psiquiátrica a los familiares de la víctima, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y realizar un documental sobre le caso.Además, los jueces establecieron indemnizaciones económicas para la familia de Guzmán por concepto de daños materiales e inmateriales.Le podría interesar:
Algo huele mal en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. El episodio que involucra al magistrado Francisco Farfán con la posibilidad de que le haya filtrado información a un congresista perteneciente al Clan Gnecco a quien estaba precisamente investigando, debe ser esclarecido de manera urgente por parte de las autoridades.Aunque se debe preservar la presunción de inocencia, no deja un buen sabor de boca lo revelado por Noticias Caracol, sobre un informe de policía judicial en el que se transcribe una interceptación telefónica legal de una conversación entre la prófuga líder social del Cesar, Cielo Gnecco y quien sería el hoy senador José Alfredo Gnecco Zuleta, en la que la baronesa electoral buscada por las autoridades por el homicidio de dos personas, le advierte al congresista para que tenga cuidado con lo que habla por teléfono, porque según dice ella de manera textual, “Francisco Farfán” le habría advertido que estaba siendo interceptado.No hay una explicación lógica que permita explicar por qué ese informe no fue tenido en cuenta por el magistrado Francisco Farfán, pese a que fue dirigido a su despacho, ni siquiera para ponerlo en conocimiento de sus colegas de la Sala de Instrucción o de la Comisión de Acusación de la Cámara.Pero además de eso, aumentan las dudas con el hecho de que unos meses después, el magistrado Farfán pidió archivar una investigación contra el congresista Gnecco Zuleta, a quien le advirtieron que cuidara lo que hablaba por teléfono, decisión que fue aprobada por los otros magistrados de la Sala de Instrucción.En las últimas horas, una vez se reveló la grave denuncia, el magistrado Farfán desarchivó el caso contra Gnecco, luego se declaró impedido para seguir adelante con el caso, compulsó copias para que se investigue si él o alguien de su despacho incurrió en delitos y denunció a Cielo Gnecco por calumnia agravada.Este episodio, que todavía tiene que ser esclarecido por la justicia, no ha caído bien en la Corte Suprema de Justicia, que está dispuesta a tomar decisiones rápidas para que no se siga manchando esa institución y por eso les pidió a los magistrados de la Sala de Instrucción que muy rápidamente entreguen resultados de la investigación interna sobre lo que sucedió con el magistrado Francisco Farfán y su despacho, para tomar decisiones, dentro de las cuales existe la posibilidad de una eventual suspensión de funciones a Farfán.Esa facultad para actuar cuando haya indicios graves de corrupción se le dio a la Corte una vez se modificó su reglamento interno para evitar que ocurran nuevos episodios de corrupción como los que han salpicado a varios magistrados implicados entre otros, en el recordado “cartel de la Toga”, en donde cayeron los magistrados Francisco Ricaurte, Leonidas Bustos, Camilo Tarquino y Gustavo Malo.Es inaceptable la corrupción y aún más en la máxima instancia de la justicia colombiana, por eso, repito, respetando la presunción de inocencia, el país necesita una explicación convincente del magistrado Francisco Farfán sobre lo que pasó en este oscuro episodio. La Corte Suprema no puede volver a estar manchada por la corrupción.Vea la nota completa aquí:
Las autoridades de Venezuela excarcelaron este miércoles a cuatro presos políticos, entre ellos al periodista Roland Carreño, colaborador del partido Voluntad Popular (VP) que fundó Leopoldo López.Otro de los liberados es el exdiputado Juan Requesens, quien fue procesado en 2018 pero ya se encontraba fuera de la cárcel, así como Marco Garcés, Eurinel Rincón y Mariana Barreto, de quienes no ofreció más detalles.Estas excarcelaciones son las primeras que se producen luego de los acuerdos firmados en Barbados, entre la PUD y el Gobierno, que trazan, según la oposición, una ruta para la liberación de los cerca de 300 civiles y militares detenidos, a quienes las organizaciones de derecho humanos consideran "presos políticos”.Por su parte, Estados Unidos anunció el levantamiento temporal de varias sanciones que pesaban sobre Venezuela, incluidas las del sector petrolero y el gas, después de que el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición del país acordaran la supervisión internacional de las próximas elecciones.En entrevista con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, Ángel Medina, politólogo, exdiputado y miembro de la oposición venezolana, habló sobre la situación en ese país en el marco de la reanudación de diálogos con el Gobierno de Nicolás Maduro y lo que esperan de cara al avance de las conversaciones.A la pregunta de cómo impacta eso a la sociedad, dijo que se están dando las primeras muestras de avance en la negociación, “ayer se provocó la liberación de al menos cinco presos políticos, se espera que en la próxima semana se den más liberaciones, se trata de un camino con mucha reserva y lo más importante es la implementación”, dijo.Reconoció que toda negociación es compleja, que requiere entender que no es para que alguien salga victorioso, sino para construir un camino, “aquí lo que toca es trabajar para que la hoja de ruta tenga cumplimiento”.Petróleo, gas, oro y bonosComo respuesta a este acuerdo, el Tesoro estadounidense emitió este miércoles varias licencias generales suspendiendo ciertas sanciones, aunque precisó que todas las demás restricciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela "siguen vigentes".Concretamente, Washington emitió una licencia general de seis meses que autoriza temporalmente transacciones relacionadas con el sector de petróleo y el gas, una licencia que "se renovará sólo si Venezuela cumple con sus compromisos bajo la hoja de ruta electoral, así como otros compromisos con respecto a aquellos que son detenidos injustamente".Emitió una segunda licencia general que autoriza transacciones con Minerven (la empresa minera de oro estatal venezolana) que, según el Tesoro, tendrá el efecto de reducir el comercio de oro en el mercado negro.Y también se modificaron dos licencias para eliminar la prohibición de negociación secundaria de ciertos bonos soberanos venezolanos y deuda y capital de PdVSA, la empresa estatal petrolera. La prohibición de negociar en el mercado primario de bonos venezolanos sigue vigente, precisó el Tesoro.Vea la entrevista completa aquí:
Es “doloroso” tener a presos políticos como “fichas de cambio” para lograr un acuerdo entre oposición y Gobierno, así lo describió en Mañanas Blu Tomás Guanipa, miembro de la Plataforma Unitaria de Venezuela; sin embargo, aunque destacó que se haya logrado un diálogo, no ocultó el drama, como lo llamó, que se vive hoy en día en su país.Este miércoles en la noche el exdiputado venezolano Juan Requesens y el periodista Roland Carreño, cercano a Juan Guaidó Juan Guaidó, fueron dejados en libertad junto a otros tres presos políticos luego la suscripción de un acuerdo en la mesa de negociación. Un paso “pequeño” que da el inicio a un proceso de cara a las elecciones presidenciales del 2024.“Son más de 300 presos políticos y lo de ayer es simplemente un pequeño paso frente a un mar de injusticia que todavía existe. También es un reconocimiento a los defensores de derechos humanos que hacen que esta tragedia de que alguien este preso por pensar distinto no pase al olvido”, dijo Guanipa.Según describió, esto “es un drama muy grande”, porque mientras liberan a cinco presos políticos, encarcelan a otros 10. En ese sentido, señaló esto es importante, pero “más aun que Venezuela cobre su libertad y derecho al cambio”.Entre las decisiones que se acordaron está que las elecciones presidenciales del 2024 se realicen en el segundo semestre del año y bajo una supervisión internacional que garantice los derechos de los votantes, los cuales, según Tomás Guanipa, no había antes.“Esto inicia un proceso, inicia una ruta en la que nosotros debemos conquistar, por el bien de Venezuela, derechos políticos, humanos y electorales que hoy no tenemos. La firma de este acuerdo es la muestra de que en Venezuela no hay garantías electorales y que hay un régimen”, subrayó en Mañanas Blu.Vea la entrevista completa en Mañanas Blu:
Han pasado cuatro meses desde el inicio de la nueva administración en la Alcaldía de Bucaramanga y mejorar la seguridad es una de las apuestas más ambiciosas del alcalde Jaime Andrés Beltrán. Bajo la estrategia denominada Plan Candado ya se han logrado impactar a varias estructuras criminales y se han tomado los barrios con mayores niveles de inseguridad.En diálogo con Blu Radio, el secretario del Interior de la ciudad, coronel (r) Gildardo Rayo, entregó detalles sobre los primeros cuatro meses del Plan Candado y la intervención de puntos críticos como Cuadra Play.Varias acciones se han realizado en el marco del Plan Candado: una toma en el barrio San Martín y la captura de algunos hombres que han cometido hechos de inseguridad en las últimas horas. ¿Qué detalles se tienen?Coronel (r) Gildardo Rayo, secretario del Interior: "en el marco del Plan Candado que se viene desarrollando, hemos trabajado las 16 líneas estratégicas. Dentro de esas líneas podemos mencionar buenos resultados del despeje en el sector Centro, podemos mencionar la situación en Cuadra Play y alrededores. Son robustos los operativos que se adelantan con Policía, Fiscalía, Migración Colombia y Ejército en el sector norte de la ciudad y en partes del sur. Estamos impactando estructuras criminales, la semana anterior se hizo una gran incautación de estupefacientes, la más grande que llevamos en los últimos meses, y eso nos conduce a otras líneas investigativas que producen resultados con capturas. Ayer, por ejemplo, se capturan a dos personas que al parecer iban a cometer dos sicariatos y que están vinculadas con homicidios en la ciudad".¿Continuará el plan piloto en Cuadra Play con las estrategias que se han planteado, como sellar la calle 48 y cerrar los bares y discotecas a las 2 de la mañana?Coronel (r) Gildardo Rayo: "sí, lo que nosotros estamos haciendo hace parte de una de las 16 líneas de la primera fase del Plan Candado. Es la recuperación del territorio, volver a tomar la autoridad después de muchos años de ausencia. En el sector de Cuadra Play hemos establecido algunas estrategias que nos han permitido visualizar de qué manera minimizar el impacto que tienen las riñas, el volumen, la situación de las motocicletas y el tráfico. Con relación a estas observaciones y la primera fase, pudimos establecer que haciendo los cierres preventivos 40 minutos o media hora antes de las 2 de la mañana de los establecimientos, y evacuando con gestores de convivencia, hemos tenido unos buenos resultados. No se han presentado riñas desde hace cinco semanas que llevamos con la estrategia. Sin embargo, esto es de correlación, necesitamos que los dueños de los establecimientos y la ciudadanía nos ayuden para que estos sea mucho más ágil y se respete la tranquilidad de las personas que viven en el entorno.¿Cómo va el plan unificado entre el alcalde Jaime Andrés Beltrán y el gobernador Juvenal Díaz?Coronel (r) Gildardo Rayo: "La seguridad multidimensional que es el enfoque de la Gobernación de Santander y que es el enfoque también de la estrategia del Plan Candado está trayendo buenos resultados. Desde que se anunció la unificación en el área metropolitana hemos podido realizar capturas, hacer la toma de diferentes barrios, nos hemos vinculado de una manera armónica con las instituciones con el fin de llegar a estas zonas grises donde, por las fronteras entre municipios del área, no hacía presencia la autoridad. Hacemos unas mesas semanales donde se planean las intervenciones y se supervisan por intermedio de la Gobernación y Alcaldía".
En las primeras horas de la mañana de hoy, un sismo de magnitud 4.0 sacudió varias partes de Colombia. El evento sísmico, registrado a las 07:04 de la mañana, según el Servicio Geológico Colombiano.El Servicio Geológico Colombiano (SGC), a través de su cuenta oficial de Twitter, reportó que la magnituLos informes iniciales indican que el sismo se sintió en varias partes del país, aunque no se han reportado daños graves ni víctimas hasta el momento. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos permanecer alerta y seguir las indicaciones de las autoridades locales mientras se recopila más información sobre el evento.
José Ismael Peña fue elegido nuevo rector de la Universidad Nacional y su nombramiento causó todo tipo de reacciones, incluso, por parte de la ministra de Educación, Aurora Vergara Figueroa, quien dijo que el proceso de elección no siguió el protocolo y, si se incurrió en alguna irregularidad, debe ser “rechazada”. En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, la nueva cabeza de la universidad respondió y dijo que, si creen que hay algo ilegal, “que denuncien”.“Si la señora ministra dice eso, por supuesto que ella deberá, como cualquier ciudadano y cualquier persona que considere que hay un acto ilegal, denunciarlo ante las autoridades judiciales. Nosotros somos un Estado de derecho y debemos atender esa obligación. Si yo veo que hay un acto ilegal en alguna entidad o en alguna parte, como ciudadano tengo la obligación de denunciarlo”, recalcó el rector Peña.Descarta su renunciaAl ser preguntado sobre la posibilidad de renunciar a su cargo por los varios desmanes en la sede de la Nacional en Bogotá y las quejas de otros sectores, aseguró que hizo un juramento y seguirá como rector. En ese sentido, dijo que, en dado caso, recibirá una sanción, pero que no dejará la Rectoría de la universidad.“Por supuesto que no, porque yo hice un juramento el día que me posesioné como profesor de la Universidad Nacional en 1992 e hice un juramento el día en que me posesioné como rector. Estaré todo el tiempo atendiendo la normatividad, la Constitución y la ley”, subrayó.Sobre la polémica por el proceso de su designación como rector, el cual se resolvió en una notaría de Bogotá, comentó que su elección fue “equivalente” a las demás de los otros rectores desde que “este procedimiento existe”. Según detalló, durante los últimos 25 años el “procedimiento ha sido el mismo”.Vea la entrevista completa en Mañanas Blu, con Néstor Morales:
En la mira de la Alcaldía de Bucaramanga se encuentran 40.000 deudores de impuestos. Por eso la administración del alcalde Jaime Andrés Beltrán anunció que para recuperar los $500.000 millones se iniciará un proceso de embargo a los bienes de los contribuyentes morosos.Desde la Secretaría de Hacienda de Bucaramanga también estudia alternativas para generar alivios a contribuyentes morosos como ofrecer incentivos, condonación de intereses, entre otros, con el fin de recuperar gran parte de la cartera vencida.“Iniciamos un proceso masivo para generar más de 40.000 órdenes de embargo contra morosos, que saldrán en próximos días dirigidas a las entidades bancarias y embargarlas como lo estipula las normas actuales, con el fin de garantizar el recaudo del cobro y de las sanciones impuestas a estos contribuyentes morosos”, señaló Reynaldo D’Silva Uribe, secretario de Hacienda de la Alcaldía de Bucaramanga.Manifestó el funcionario que como Alcaldía “estamos obligados a aplicar todas las medidas para recuperar estos valores que adeudan por temas de impuestos los contribuyentes. Hacemos cruces de información con todas las entidades bancarias, corporaciones, Instrumentos Públicos, Dirección de Tránsito y Cámara de Comercio, entre otras entidades, para restringir la comercialización de predios, empresas y vehículos, y así obligar al contribuyente a saldar su deuda”.La Alcaldía de Bucaramanga informó que hay deudas por impuestos de “difícil cobro”, porque viene desde 1980.
Un terremoto de magnitud 5,7 sacudió este viernes las aguas al este de la región central de Filipinas, sin que las autoridades informaran de momento sobre posibles daños o declararan alerta de tsunami.El servicio geológico de Estados Unidos, que registra la actividad sísmica en todo el mundo, situó el hipocentro del sismo a 39 kilómetros de profundidad, cerca de las islas orientales de Leyte y Samar a las 16:15 hora local (10:15 GMT).Falla geológica que podría partir la Tierra en dos, sugiere investigaciónEl temblor ocurrió a 28 kilómetros al suroeste de la población de Balangiga, en la isla de Samar y con más de 14.000 residentes.Filipinas se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica en la que cada año se registran unos 7.000 terremotos, la mayoría de ellos moderados.Un terremoto de magnitud 6,9 sacude las costas de Japón