Son dos estrategias diferentes: una, la negociación política y la otra, el sometimiento, según insistió el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, luego de declarar que el Gobierno sí negociará “con la delincuencia” para acabar con la violencia, lo que generó una nueva polémica en medio de las advertencias del fiscal Francisco Barbosa sobre la ley de sometimiento con narcotraficantes.En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el ministro Velasco aclaró que lo que quiso decir es que el proceso de sometimiento a la justicia es una cosa y la negociación de narcotráfico, otra. En ese sentido, explicó que serán los jueces y fiscales los encargados de llevar a cabo esta estrategia, más no el Gobierno.“Son dos políticas completamente diferentes. La negociación con la guerrilla, el sometimiento con las bandas criminales que, evidentemente dentro de su multicrimen extorsionan, generan violencia, asesinan y están en el negocio del narcotráfico, a esa gente se le ofrece el sometimiento y quien negocia con ellos es un fiscal”, mencionó.Recalcó que, de llegar a acuerdos con los narcos, serán los fiscales los que usen la ley de sometimiento como el método para lograrlo y, así, conseguir la paz total que busca el Gobierno del presidente Gustavo Petro y ha sido la bandera de esta administración.“No está negociando (el Gobierno) porque no se ha sentado a hacer la ley con los narcotraficantes, está construyendo una política pública que se llama ley de sometimiento y que espera que los señores fiscales, en quienes confiamos, y los jueces puedan utilizarla para negociar con esos delincuentes”, añadió Velasco.Principio de oportunidadAsimismo, el ministro se refirió a los cuestionamientos que ha venido haciendo el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, sobre lo que podría desencadenar en el país negociar con narcotraficantes. Dijo que “hoy existe el principio de oportunidad” y lo que se quiere con esto es “las bandas criminales tengan una opción de sometimiento a la justicia negociando con fiscales, refrendados por jueces”.“Hoy existe algo de eso, pero lo queremos hacer de una manera masiva”, puntualizó sobre la polémica ley de sometimiento del Gobierno.“No me voy a poner con maquillajes, si nosotros queremos de verdad tener paz total necesitamos desmovilizar esas máquinas de guerra. Qué hacemos nosotros haciendo el acuerdo de paz con el ELN, que es muy importante, qué hacemos haciendo la paz con las disidencias de las Farc si no complementamos con una desmovilización de unos grupos organizados delincuenciales”, agregó el ministro del Interior en Blu Radio.Escuche la entrevista completa en Mañanas Blu, con Néstor Morales:
Faltando días para que inicie el debate del proyecto de ley de sometimiento con el que se busca que grupos al margen de la ley que no tienen un estatus político como lo tiene el ELN, el abogado del Clan del Golfo marcó, desde ya, la distancia de este grupo ilegal con la iniciativa del Gobierno.“Los 9.000 hombres del (Clandel del Golfo) han dejado claro, a través del Estado mayor, que no se van a someter, entonces yo no (sé) si esa ley será solamente para las bandas, para algunos, va a ser un saludo a la bandera como la 1908 del 2018" , indicó Ricardo Giraldo, abogado del Clan del Golfo.Para el abogado, esta ley solo les ofrece cárcel y no trae algún incentivo para entregar las armas. Además, afirma, no es claro qué va a pasar con este grupo armado que, según datos de la Defensoríaa del Pueblo, hace presencia en 280 municipios de Colombia.Por otra parte, desde el Gobierno señalaron que la ley de sometimiento es una oferta que es lo suficientemente buena para que este grupo armado salga de la ilegalidad y no se repita la historia al morir abatidos, asesinados por la misma agrupación o huyendo por todo el país.“La oferta del Estado es suficientemente buena, cuando el futuro que les espera esas personas es, si no se entregan a la justicia, morir en un tejado, morir asesinado por otra banda, estar huyendo de la justicia permanentemente o tener a sus familias siempre asustadas. De alguna manera lo que el Estado colombiano les está ofreciendo es que puedan llegar a viejos, que después de pagar una pena puedan pasar al final de su vida con sus familias", indicó el ministro de Justicia, Néstor Osuna."Es posible que en este momento se sientan unos dioses, dioses de barro. Que miren la historia de lo que ha pasado con las estructuras criminales organizadas anteriores a ellos. En ese sentido, esa afirmación de no aceptamos, que se lo piensen porque eso es lo que hay, esa es la oferta, que se lo piense”, concluyó.Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar:
Luego de varios días de estar analizando el proyecto que presentó el Gobierno nacional de la denominada ley de sometimiento, se conoció que esta semana será radicada la ponencia en la Secretaría de la Comisión Primera del Senado y con la que se le da el inicio al trámite en el congreso.“La ley de sometimiento, llamada de sujeción y desmantelamiento de organizaciones criminales, fue terminada el día jueves. Participó el ministro Osuna, el presidente del Congreso, Roy Barreras, el representante Alirio Uribe y yo el senador Ávila y ya se le dio el punto final. Aspiramos a que entre lunes y martes se esté radicando y que ojalá el mismo miércoles comencemos el debate y la discusión”, indicó el senador Ariel Ávila de la Alianza Verde, quien es el coordinador ponente.La ley, que fue radicada con 54 artículos en la Secretaría del Senado, es contemplada como segunda reglamentación de la política de ‘paz total’ y con la que se busca el desarme y entrega de grupos criminales como el Clan del Golfo o Los Pachenca a cambio de beneficios penales.“Estamos planteando un mecanismo para que quienes están en estos negocios, quienes tienen unos delitos por los cuales responder, se entreguen y colaboren con el desmantelamiento de las estructuras criminales. Además, nos entreguen rutas de tráfico y ayuden a desmantelar ese negocio”, indicó el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.Los ponentes de esta reforma son los congresistas Ariel Ávila, Roy Barreras, Juan Carlos García, Julián Gallo, Davis Luna, Julio Elías Chagui y Maria Fernanda Cabal.Por su parte, desde la oposición se estaría alistando una proposición de archivo.¿En qué cambio se debe dejar un carro automático al estacionarlo? No lo ponga de inmediato en la 'P'
Giovanny Calderón Salazar, quien fue exagente del DAS había solicitado formalmente su sometimiento ante la justicia transicional y pidió que se le concediera la libertad condicional ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); sin embargo, la sala de definición de situaciones jurídicas negó las dos solicitudes por su falta de aporte a la verdad, los hechos habrían ocurrido entre 2006 y 2008"Los integrantes del Ejército adscritos al Gaula Tolima causaron la muerte a 17 personas y atentaron contra la vida de una más (caso N° 2), quienes al parecer gozaban de la protección del DIH. Para dar apariencia de legalidad a tales resultados, los integrantes del Gaula Militar Tolima, presuntamente en connivencia de terceros y otros como el señor Giovanny Calderón como detective del DAS adscrito a esa unidad operativa, contactaron a civiles bajo engaño y con el pretexto de obtener prebendas económicas, los conducían a parajes rurales donde les era causada la muerte, luego de lo cual eran presentados como bajas operacionales", explicó la JEP.En su compromiso de aporte a la verdad Calderón aceptó su responsabilidad en algunos casos por los que ha sido procesado, asegurando que dio apariencia legal a las operaciones en informes de Policía Judicial, pero la JEP consideró que no reconoció su responsabilidad ni suministró relatos claros que superen los detalles que ya se conocen en las investigaciones adelantadas por la justicia ordinaria e incluso condicionó su aporte a la verdad para que el sometimiento fuera aceptado."No realizó aportes efectivos ni extraordinarios a la verdad, no describió su intervención en las operaciones militares del Gaula Militar en distintas partes del país y en cada uno de los casos en los que pudo estar involucrado, no dio cuenta de las situaciones gravemente violatorias de derechos humanos en las que participó ni relató quiénes tomaron parte en las diferentes operaciones ilegales de muerte a civiles, quiénes proferían las órdenes de batalla, qué acciones se emprendían para legalizar las ejecuciones extrajudiciales ni suministró todos los detalles sobre cómo ocurrieron los hechos que manifestó haber conocido", señaló la magistratura.Ante esto, se tomó la decisión de rechazar su sometimiento y no conceder el beneficio de la libertad condicional por lo que las investigaciones tendrán que seguir su trámite en la justicia ordinaria, sin embargo, teniendo en cuenta que los hechos por los cuales ha sido investigado tienen relación con el conflicto armado la JEP lo podrá citar para que entregue la información que conoce en estos casos.El exagente del DAS Giovanni Calderón Salazar ha sido condenado por casos de falsos positivos en la justicia ordinaria, también es investigado por otros casos en los que en total se registraron al menos 17 víctimas de ejecuciones extrajudiciales.Le puede interesar: 'Titulares Deportivos'
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, socializo este viernes, 31 de marzo, el proyecto de ley de sometimiento, que busca humanizar la política criminal y penitenciaria; esto en compañía de los congresistas de las comisiones primeras del Senado y Cámara.Desde este evento, el ministro Osuna le respondió al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, por las críticas sobre la posibilidad de legalizar la cadena del narcotráfico si aprueban el proyecto presentado por el Gobierno ante el Congreso.“El fiscal y otras personas han criticado, creo yo que con un exceso de ruido desproporcionado. Las dimensiones del artículo, cobija a pequeños agricultores que deriven su sustento de cultivos ilícitos. La idea no es para narcotraficantes, jamás", dijo el ministro de Justicia, Néstor OsunaAsimismo, el ministro aseguró que "son conscientes" de que hay un eslabón muy débil en el país: los campesinos y cultivadores de hoja de coca: "No proponemos que deje de ser delito, sino que haya un tratamiento penal alternativo para esos cultivadores”.Osuna fue enfático en que el Gobierno del cambio está: “Absolutamente comprometido en luchar contra el narcotráfico”, y que no ha habido en los últimos tiempos, ningún otro gobierno tan lejano a las dinámicas del narcotráfico como este”.¿Qué dijo el fiscal Francisco Barbosa que molestó al Gobierno nacional?“El Gobierno actual ha presentado propuestas para legalizar toda la cadena del narcotráfico. Y yo me he opuesto. Como fiscal general no permitiré que pase porque no representa el pensamiento de Colombia o el pensamiento de los colombianos. Esa es una situación que estamos viviendo. Imagínese ustedes legalizar la importación de precursores químicos para legalizar la producción cocaína, heroína y drogas sintéticas. Ahí estuve y lo denuncié en el Congreso de la República”, fueron las palabras de Francisco Barbosa que molestaron al presidente Gustavo Petro.No es la primera vez que el fiscal Francisco Barbosa lanzó acusaciones contra el Gobierno nacional, pues ha estado en desacuerdo con diversas decisiones del jefe de Estado desde su llegada al poder. El senador Ivan Cepeda anunció que denunciará al fiscal por "calumnia", pues dicen que el jefe del ente acusador miente con sus afirmaciones.Le puede interesar: 'Titulares Deportivos'
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, descartó este viernes negociar con los narcotraficantes para que se sometan a la justicia, como se propone hacerlo el Gobierno de Colombia.López Obrador cerró el paso a esa posibilidad un día después de que el embajador colombiano en México, Álvaro Ninco Daza, defendiera la política de paz total del mandatario Gustavo Petro, que plantea negociar con todos los grupos ilegales de su país.Petro "es un gran presidente, es compañero, amigo. Nosotros llevamos muy buenas relaciones con ellos, pero son circunstancias distintas, él lo sabe (...). No se pueden extrapolar experiencias", dijo el gobernante mexicano en su conferencia de prensa diaria.Entre esas diferencias, AMLO -acrónimo del mandatario izquierdista- evocó la frontera de casi 3.200 km y las estrechas relaciones que mantienen México y Estados Unidos, principal consumidor de drogas del planeta.El jueves, tras participar en un evento empresarial en la ciudad de Morelia (estado de Michoacán, centro), el embajador colombiano defendió la paz total como única vía para que Colombia pueda superar la violencia crónica."No hay otra opción porque tenemos problemas que ponen en riesgo la existencia de la humanidad, como la crisis climática, la guerra, el narcotráfico y la criminalidad (...). Necesitamos ocuparnos de esas agendas", declaró a periodistas.El diplomático rechazó que esta sea una forma de capitular ante los grupos armados ilegales que operan en Colombia, que incluyen desde guerrillas hasta poderosos traficantes de drogas ligados a los cárteles mexicanos."Colombia viene de tirar la toalla y someterse a esos grupos a través de gobiernos que coadyuvaron al narco-Estado; México también, y no lo digo yo sino una sentencia de un tribunal de Nueva York. Nosotros estamos cambiando eso", sostuvo.Se refería a la decisión de un jurado estadounidense que el pasado 21 de febrero declaró culpable de narcotráfico a Genaro García Luna, secretario de Seguridad de México durante el gobierno del presidente conservador Felipe Calderón (2006-2012).Las críticas contra la política antidrogas de López Obrador se han multiplicado en las últimas semanas desde el Congreso estadounidense, donde los republicanos en particular denuncian una supuesta inercia del presidente contra los cárteles.Bajo el eslogan de "abrazos, no balazos", el mandatario defiende un enfoque que reduzca la pobreza como caldo de cultivo del narcotráfico.México está envuelto en una espiral de violencia que deja unos 350.000 muertos desde que Calderón declaró la guerra a los cárteles con participación de los militares.
En diálogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, el exministro de Interior Juan Fernando Cristo, habló sobre su nuevo partido, En Marcha y el panorama en el país por cuenta de la solicitud de varios exministros de retirar el proyecto de ley de sometimiento que propone el Gobierno Nacional y la paz total con las disidencias y el Clan del Golfo.“Desgastar al Congreso de la República en una ley de sometimiento cuando no hay voluntad de negociación y paz, pues no tiene mayor sentido”, dijo sobre la iniciativa del Gobierno.Lanzó duras críticas contra el Clan del Golfo, grupo con el cual el Gobierno dejó a un lado el cese el fuego. En este mismo sentido señaló que desde el Gobierno también se han demorado en poner límites a las disidencias de las Farc, con las cuales también buscan negociación en el marco de la paz total.“Uno preferiría que el Gobierno se concentrara en la negociación con el ELN. El gobierno tiene otra visión y está bien”, dijo.Cabe recordar que de aprobarse el proyecto, las llamadas bandas criminales tendrán un plazo de dos años para desarticularse voluntariamente y aceptar su responsabilidad penal por todos los delitos cometidos. Igualmente, deben dar información a las autoridades sobre sus patrones criminales, ofrecer reparación a sus víctimas y, a cambio, el Estado se compromete a imponerles una pena alternativa de entre seis y ocho años de cárcel efectiva. Adicionalmente, quienes se acojan a la ley, en caso de ser aprobada, estarán cuatro años en libertad condicional, mientras hacen actividades de restauración y de reparación a sus víctimas. El proyecto de ley establece que quien vuelva a delinquir o a incumplir alguna de las condiciones purgará la máxima pena correspondiente a los delitos cometidos y, por consiguiente, perderá todas las rebajas y beneficios. El texto dice también que los grupos delictivos deben entregar todos sus bienes, pero tendrán derecho a conservar el equivalente al 6 % de su valor, con un tope máximo de 2,4 millones de dólares. Otro de los puntos relevantes de la iniciativa consiste en la creación de un fondo que se destinará a la reparación de las víctimas y programas de justicia restaurativa.Escuche la entrevista aquí:
La paz total vive horas cruciales por cuenta del futuro de eventuales negociaciones con el Clan del Golfo luego de la suspensión del cese del fuego ordenado por el Presidente Gustavo Petro y en medio de las acciones ilegales de ese grupo.En las últimas horas, el ministro de Defensa, Iván Velásquez y el senador Iván Cepeda aclararon que a pesar de que se reanudaron operaciones militares ofensivas, la puerta para las negociaciones hacia un eventual sometimiento del Clan del Golfo, sigue abierta.Aunque en principio, los abogados de este grupo de narcotraficantes han descartado la posibilidad de acogerse a la ley de sometimiento que está en trámite en el Congreso, hoy esa es la única opción que plantea el gobierno nacional para grupos criminales que no tienen carácter político.Sobre el cese bilateral con el Clan del Golfo, suspendido el pasado fin de semana por el presidente Gustavo Petro, hay que decir que las Fuerzas Militares ya definieron un protocolo para reanudar la ofensiva en contra de sus principales cabecillas, que regresaron al listado de objetivos de alto valor, entre quienes sobresalen alias 'Chiquito Malo' y alias 'Chirimoya'.En materia política, las críticas no se han hecho esperar frente al cese bilateral que tuvo que suspender el Presidente Petro: Humberto De La Calle, senador y exnegociador de paz con las Farc, consideró que fue una “chambonada” mientras que el fiscal Francisco Barbosa aseguró que el Presidente atentó contra la institucionalidad y el orden público.Pero la otra arista que tiene que ver con la paz total y que generó ruido la semana pasada, tiene que ver con la posibilidad de una eventual renegociación del acuerdo de paz con las Farc que planteó el presidente Gustavo Petro y que le costó críticas desde muchos sectores, sobre todo teniendo en cuenta el enorme saldo en rojo frente a la implementación de ese acuerdo y con una gran “papa caliente” al frente, relacionada con el ETCR de Mesetas, en donde 200 excombatientes y sus familias se desplazarán por amenazas de las disidencias de Iván Mordisco.En ese contexto, hoy el presidente Petro se reunirá con Rodrigo Londoño, máximo jefe de la extinta guerrilla y luego con el expresidente Juan Manuel Santos, para analizar todo lo relacionado con la implementación del acuerdo y analizando eventuales modificaciones del mismo.Escuche la opinión de Ricardo Ospina:
Al terminar un evento sobre humanización de las cárceles realizado en Bucaramanga, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, respondió a las críticas que el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, y la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, hicieron al proyecto presentado al Congreso sobre la Ley de Sometimiento aclarando que el proyecto de ley no tiene ninguna clase de indultos.“Hemos constatado que de las observaciones que hicieron tanto la procuradora como el fiscal en el Consejo Superior de Política Criminal, la gran mayoría fueron incorporadas al proyecto que se radicó en el Congreso. En ese sentido, el fiscal general, por lo que tengo entendido, ha presentado ahora unas nuevas observaciones, pero aquellas que él presentó en el momento del Consejo de Política Criminal fueron incorporadas y ahora, pues sí tiene unas nuevas, pero esas no las mencionó en el Consejo de Política Criminal”, explicó el ministro de Justicia, Néstor Osuna.Respecto a las críticas que hizo la procuradora, aclaró que son del proyecto original y no corresponden al documento revisado que se presentó y radicó en el Congreso de la República. Además, aclaró que ninguno de los proyectos de ley radicados en el Congreso platea dejar en libertad a delincuentes de alto impacto.“El principio de oportunidad ya existe en la legislación penal. Esa atribución de la Fiscalía y del poder judicial, simplemente estamos ampliando las posibilidades de aplicación de ese principio de oportunidad. Y es una propuesta al Congreso de la República que se puede volver ley. Si el Congreso quisiera quitar el principio de oportunidad, lo podría hacer. Si el Congreso de la República quisiera eliminar un delito, lo podría hacer. Nuestra propuesta es simplemente una ley que amplía las posibilidades de esa aplicación del principio de oportunidad”, agregó el ministro Osuna.Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar:
El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, reiteró su preocupación por la ley de sometimiento que ya fue radicada por el ministro de Justicia, Néstor Osuna, en el Congreso de la República.En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el fiscal enfatizó en que esta ley podría afectar la separación de poderes y la administración de justicia en Colombia."Este es un caso en donde es necesario garantizar que haya seguridad jurídica en Colombia", afirmó el Fiscal.Barbosa cuestionó, entre otras cosas, que la ley obligue a la Fiscalía a entregar información clasificada al comisionado de Paz y advirtió que el Gobierno quiere disfrazar de proceso de paz un proceso de sometimiento."Quieren abrir un boquete y convertir el principio de oportunidad en un indulto y asimilar un proceso de paz a un proceso de sometimiento. (…) El artículo 29 dice que la Fiscalía está obligada, en la etapa de acercamiento, conversación y términos de sujeción, la Fiscalía aportará información a la oficina del alto comisionado para la Paz sobre indagaciones, investigaciones y procesos penales en curso contra los integrantes de la estructura armada organizada del crimen de alto impacto. ¿De dónde acá creen que la fiscalía hace parte de la rama ejecutiva del poder público?", dijo el fiscal.El fiscal dijo que si quieren sacar a los narcotraficantes de las cárceles, lo digan de una vez y que se haga un jubileo en el Congreso de la República para enfrentar el debate de esa manera en el país: "Digan de una vez que quieren sacarlos a todos de las cárceles y de una vez entonces que hagan un jubileo en el Congreso de la República y que enfrentemos el debate de esa manera en el país y listo y no hay ningún problema".Ante estas observaciones, el fiscal anunció que, en caso de que la ley sea aprobada, llevará esta batalla a la Corte Constitucional."Yo no me voy a quedar quieto dejando como el país se va desmoronando. Hay una serie de elementos que sí me permiten decir que hay una posible afectación a la separación de poderes, a una afectación a la administración de justicia y que, por supuesto, eso va en contravía de la Constitución. Lo que está ocurriendo es que, si esto llega a pasar en el Congreso, estaríamos ad portas del Estado de derecho. No me voy a quedar quieto y dejar que el país se desmorone”, añadió.Escuche la entrevista completa en Mañanas Blu:
Estos fueron los temas tratados y debatidos este sábado, 4 de mayo de 2024, Travesía Blu.La plazas más bonitas y llamativas a nivel mundial, estas tres están en el top diez: la plaza del Sócalo, la plaza de San Pedro en el Vaticano, la Plaza del Mercado en Cracovia en Polonia y la Plaza principal de Villa de Leyva.Cristian Carmona, creador de contenido, aseguró que su próximo reto es darle la vuelta al mundo a pie.Helena, Alicia y Julia, tres mujeres bolivianas que escalan altas montañas y quieren cumplir su gran sueño, escalar el Everest.Para más detalles escuche el programa completo Blu 4.0:
La situación de inseguridad en el corregimiento Palmor, jurisdicción del municipio de Ciénaga, en el departamento del Magdalena, mantiene bajo zozobra a la comunidad de esta región, teniendo en cuenta que a diario se presentan enfrentamientos entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo realizó una inspección y puedo verificar el riesgo latente que existe en este corregimiento y en la zona alta de la Sierra Nevada, así lo expresó el defensor nacional, Carlos Camargo."En el monitoreo hecho por funcionarios de la Defensoría, a través de su Regional Magdalena, a la situación humanitaria en la parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta, en inmediaciones del resguardo Kogui Malayo Arhuaco, fue evidenciado que igualmente corren peligro las familias de tres asentamientos del pueblo Kogui", manifestó.“Desde el pasado primero de mayo las autoridades indígenas han mantenido resguardada a la población en sus asentamientos, a la espera de que los combates lleguen a su fin y existan garantías de seguridad en la zona, con el propósito de que puedan transitar sin ver expuestas sus vidas”, agregó.Así mismo, el funcionario elevó un llamado a las autoridades para prevenir que las vidas de estas familias, y de la comunidad en general, continúen en alto riesgo."Por consiguiente, les hago un llamado apremiante a las autoridades territoriales y al Ejército Nacional: Desplieguen acciones que salvaguarden a campesinos e indígenas de tan vasta zona y actualicen los planes de prevención, protección y contingencia, con la finalidad de que les sea brindada una atención integral a quienes están siendo afectados por el conflicto armado", aseguró.La entidad agregó que esta situación se viene presentando desde el año 2019, cuando a través de una alerta temprana la Defensoría lo alertó, además, realizó dos informes de seguimientos, de los cuales, dicen, no se realizaron acciones inmediatas.
La Personería Distrital de Medellín informó que realizó una visita administrativa a las oficinas de control interno disciplinario de Plaza Mayor, para verificar cómo avanzan las averiguaciones disciplinarias que cursan en dicha dependencia, con el fin, según esta agencia del Ministerio Público, de garantizar que los procesos se tramiten de acuerdo a lo consagrado en el Código Disciplinario, que se respeten las garantías de los sujetos procesales y ejercer el poder preferente en los procesos que así lo ameriten.En la visita administrativa y en conversaciones con el secretario general de Plaza Mayor, este informó que la administración del exalcalde Daniel Quintero no entregó informe de empalme de los procesos disciplinarios en la etapa de juzgamiento, por lo que se estaría violando la Ley 951 de 2005 en su Artículo 5. Este aparte indica que el empalme y acta de entrega es de obligatorio cumplimiento de todos los servidores de la administración pública. Al respecto se refirió Oswaldo Patiño, personero Delegado 20D (e) de Decisión Disciplinaria."La administración anterior no entregó informe de empalme teniendo así una violación a la ley 951 del 2005 este informe será trasladado al proceso de vigilancia administrativa e instrucción disciplinaria con el fin de determinar posibles irregularidades", dijo Patiño.Los servidores públicos del Estado y los particulares enunciados en el Artículo 2, están obligados en los términos de esta ley a entregar al servidor público entrante un informe mediante acta de informe de gestión, los asuntos y recursos a su cargo, debiendo remitirse para hacerlo al reglamento y/o manual de normatividad y procedimiento que rija para la entidad, dependencia o departamento de que se trate.Por tal motivo, la Personería anunció que el informe se trasladará al proceso de Vigilancia Administrativa e Instrucción Disciplinaria con el fin de que se inicie una Indagación Previa para determinar las posibles irregularidades y determinar así los sujetos disciplinables.
Desde Manaure, en La Guajira, el presidente Gustavo Petro volvió a hablar de las recientes polémicas de corrupción que envuelven a altos funcionarios de su Gobierno y que se han dado alrededor de los planes que él mismo ha lanzado para tratar de llevar agua potable a diferentes zonas de ese departamento.La controversia más reciente tiene como génesis la compra de carrotanques, inicialmente 40, para llevar agua potable en La Guajira, pero ese proyecto no se logró por problemas con la operación de los vehículos, sobrecostos y ahora la denuncia de presuntas coimas a congresistas.El presidente aseguró que han sido varios los intentos por tener un plan efectivo, como la reactivación de la empresa Salinas, para potabilizar agua del mar, pero que, según él, los han frenado como pasó con los decretos de emergencia económica.“¿Por qué tanta oposición a resolver el problema del agua en La Guajira? Porque hay poder detrás, porque significan votos y eso significa unas élites en el poder. Democratizar el agua que sí tenemos, porque está, no es que hay que traerla de Marte, implica democratizar el poder”, cuestionó Petro.El mandatario colombiano aseguró que a eso se le suma el interés de otras personas de quedarse con el dinero por encima del bien público.“Caídos los decretos, hay que imponer de todas maneras las decisiones hechas con la comunidad y no echarnos para atrás. Ahora, cuando lo intentamos, nos surgió el segundo problema. Los cachacos que mandamos aquí, al parecer, no son jueces, buscaron fue robarse la plata”, aseveró Petro.Estas palabras se suman al trino que anoche hizo Petro asegurando que su Gobierno no tiene ningún vínculo con Name, ni antes ni después de la elección. Incluso, recuerda los diferentes desencuentros que ha tenido con él por la no aprobación de las reformas sociales.“Ni el Gobierno ayudó a elegir al senador Name como presidente del Congreso, lo hizo la oposición; ni el senador Name ha apoyado nuestros proyectos de ley; ni en la época de las transferencias del dinero de las que habla Sneyder, estaban los carrotanques; pero lo que sí estaba eran las elecciones”, dice Petro, señalando que el posible delito se cometió o planeó antes de su llegada al poder.Sin embargo, no nombra al representante liberal Andrés Calle, que sí estuvo salpicado por las declaraciones de Pinilla.A quien sí vuelve a traer al debate el presidente es Olmedo López, exdirector de la UNGRD y quien salió del cargo por la polémica de los carrotanques.“Soy responsable del nombramiento de Olmedo, en el que creí como dirigente de izquierda antioqueña, lo que veo es una transferencia ilegal de dinero que iba a las víctimas de tragedias hacia campañas electorales adversas a mi Gobierno”, añadió Petro, asegurando que se trataba de un plan en su contra.
Un video que se volvió viral en las redes sociales mostró una situación desconcertante en la rotonda de la calle 92 con autopista Norte en Bogotá. En dicho material, se observa una cámara instalada en un poste, generando interrogantes entre los ciudadanos sobre su propósito y origen.El ciudadano que grabó evidencio que la cámara estaba a medio poner y los cables llevaban a un carro que estaba parqueado frente a unos edificios. Ante esta situación, la Secretaría de Movilidad emitió un comunicado para aclarar la situación:En primer lugar, se especificó que el dispositivo detectado no forma parte del sistema de cámaras de fotodección de Bogotá, utilizado para el control y la gestión del tráfico en la ciudad.Además, se informó que el personal de la Secretaría de Movilidad realizó una inspección en el lugar señalado y verificó que la cámara en cuestión ya no se encuentra instalada en el poste.Por último, se invitó a los ciudadanos a familiarizarse con la ubicación de las cámaras autorizadas a través del sitio web oficial: fotodeteccionbogota.com.Ante la incertidumbre generada por la presencia de esta cámara no autorizada, la Secretaría de Movilidad continúa vigilante y comprometida con la seguridad y el bienestar de los ciudadanos de Bogotá.