Caridad Vásquez, una de las madres comunitarias que interpusieron la acción legal para recibir una pensión, se refirió a la decisión de la Corte Constitucional de ordenar el pago de pensiones a 106 madres y de no reconocer la carga salarial a este grupo de mujeres Vásquez señaló que es una decisión que trae alegría y tristeza, pues sus compañeras podrán recibir una pensión que reclamaron, pero otro gran grupo de mujeres no recibirá el reconocimiento a la labor que han venido adelantando desde hace décadas. “Muchas de nuestras madres van a poder acceder a esa pensión, pero una tristeza inmensa porque estos magistrados no se detuvieron a pensar en la respuesta anterior, que hemos dado todo de nosotras, hemos entregado nuestras casas, ni el gobierno ni el instituto nos han ayudado con los servicios, con arreglos locativos por los daños que causan los niños”, dijo Vásquez. Esta mujer, que lidera la lucha de las madres comunitarias, aseguró que la negativa de la Corte Constitucional las fortalecerá “para seguir luchando” contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Gobierno. “Es triste que este gobierno le haga esto a las mujeres que han entregado toda su vida, toda su salud, eso es una grosería”, agregó Caridad Vásquez, quien aseguró que detrás de esta decisión hay intereses políticos. “No les importa nada de madres comunitarias, pero si hay plata para Reficar, para el río Magdalena, pero no le importa nada de las madres comunitarias”, concluyó.
La Corte Constitucional convocó a sesión extraordinaria para estudiar el recurso de nulidad que presentó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar sobre el pago de prestaciones sociales a las madres comunitarias. Esta sesión extraordinaria se lleva a cabo este lunes desde las 3:00 de la tarde y tiene como objetivo estudiar el recurso de nulidad interpuesto por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a la Sentencia T-480 de 2016, que tuvo como magistrado ponente a Alberto Rojas Ríos y que detallaba cómo el ICBF vulneró los derechos fundamentales a la igualdad, a la dignidad humana, al mínimo vital y al trabajo de 106 madres comunitarias que fueron las demandantes. De acuerdo con lo señalado por la Corte, estas madres iniciaron sus labores desde 1988 y al no recibir la remuneración correspondiente el Instituto dio “trato discriminatorio de género” a estas mujeres en el ejercicio de su trabajo. Así las cosas, dicha sentencia resolvió que el ICBF tenía que pagar a favor de cada una de las accionantes los salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales en pensiones causados y dejados de percibir desde el 29 de diciembre de 1988 hasta el 31 de enero de 2014, valor que estaría cercano a los 6 billones de pesos. Por su parte, las madres comunitarias vinculadas al Programa Hogares Comunitarios piden que se les cumpla este derecho ya que aseguran que trabajaron más de 30 años por el bienestar de la niñez en Colombia. "Lo que le pido a los magistrados es que miren con ojos piadosos a las madres comunitarias porque nosotros les hemos dado 30 años al servicio de los niños y de las niñas del país. En 30 años hemos sacado niños que han servido de beneficio para el país, con esto estamos demostrando que este programa si sirve" añadió Olinda Garcia, Presidenta Nacional de Sintraciobi. Finalmente, en dicha sentencia se hizo un llamado a la entidad para que se diseñe y ejecute un programa para cesar la vulneración de los derechos fundamentales de las madres comunitarias de manera efectiva y pide determinar metas claras para cumplir los objetivos que se establezcan.
Esta sesión extraordinaria se llevará a cabo el próximo lunes 17 de abril a las 3 de la tarde y tiene como objetivo estudiar el recurso de nulidad interpuesto por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a la Sentencia T-480 de 2016, que tuvo como magistrado ponente a Alberto Rojas Ríos. La sentencia detallaba como el ICBF vulneró los derechos fundamentales a la igualdad, a la dignidad humana, al mínimo vital y al trabajo de 106 madres comunitarias que fueron las demandantes. De acuerdo con lo señalado por la Corte, estas madres iniciaron sus labores desde 1988 y al no recibir la remuneración correspondiente el Instituto dio “trato discriminatorio de género” a estas mujeres en el ejercicio de su trabajo. Así las cosas, dicha sentencia resolvió que el ICBF tenía que pagar a favor de cada una de las accionantes los salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales en pensiones causados y dejados de percibir desde el 29 de diciembre de 1988 hasta el 31 de enero de 2014. Finalmente, en dicha sentencia se hizo un llamado a la entidad para que se diseñe y ejecute un programa para cesar la vulneración de los derechos fundamentales de las madres comunitarias de manera efectiva y pide determinar metas claras para cumplir los objetivos que se establezcan.
Las madres comunitarias estarán en paro durante los días 22, 23 y 24 en protesta por el incidente de nulidad interpuesto por el ICBF, así como por la decisión presidencial de negar el proyecto de ley que formalizaba a 63 mil madres. Las madres comunitarias han logrado un fallo de la Corte Constitucional que les reconoce la formalización laboral por las funciones que desempeñan, es decir deben tener contrato a término indefinido lo cual incluye el derecho a la estabilidad laboral, a la salud, seguridad social y prestaciones sociales mínimas. Centrales obreras como la Central unitaria de Trabajadores, CUT, ha respaldado la decisión de estas trabajadoras de hacer un cese de actividades. “La CUT respalda al sindicato Sintracihobi en esta movilización pacífica donde las madres comunitarias manifestarán su voz de apoyo a la Sala Plena de la Corte Constitucional para que mantenga su posición y niegue la nulidad solicitada por Cristina Plazas, por los derechos laborales de las madres comunitarias en el contexto de la negociación del pliego estatal”, aseguró Luis Alejandro Pedraza, presidente CUT.
Este es el Editorial de Ana Cristina: Treinta años atrás, un documento Conpes creó los hogares comunitarios para amparar a la población infantil más vulnerable en el campo y la ciudad, y dio origen a las madres comunitarias. Después de la expedición de la Ley 089 de 1989, se constituyó como un programa fundamental del Estado.No obstante, al margen del presidente de turno, el desamparo laboral de las madres comunitarias siempre ha estado en el centro del debate.Sesenta mil madres comunitarias que estaban luchando por su formalización laboral, vieron cómo se esfumó su derecho a un trabajo digno: el presidente Juan Manuel Santos objetó la ley que buscaba garantías laborales para las madres comunitarias, las mismas que cuidan a casi 750 mil niños pobres, en situación de vulnerabilidad.El presidente dice que no está de acuerdo con esta iniciativa, entre otras razones, porque “genera un impacto fiscal de enormes proporciones”.Dice la presidencia que dar subsidio a la vejez y educación gratuita a las madres comunitarias “afecta seriamente la estabilidad de las finanzas públicas, el equilibrio macroeconómico y el principio constitucional de sostenibilidad fiscal”.En síntesis, las madres comunitarias continuarán bajo la figura de la tercerización laboral.¿Qué pasará ahora? Miles de madres comunitarias seguirán siendo contratadas a través de terceros que establecen convenios interinstitucionales con el Instituto Colombiano de bienestar Familiar; acción que podría ir en contravía de una sentencia de la Corte Constitucional que determina que las madres comunitarias tienen derecho a todas las garantías laborales.Aquí no preocupa solo el destino de las madres comunitarias y de los niños que están bajo su cuidado sino de todos los trabajadores del país; con esta decisión el gobierno le manda un mensaje perverso a todos los empleadores en Colombia para que desconozcan, en primer lugar, las condiciones de contratación para un trabajo digno; y en segundo, el irrespeto a las determinaciones de la Corte Constitucional.El mensaje central es: si el empleador está mal de plata, que el trabajador asuma las consecuencias. Por supuesto, en este caso, solo algunos empleados, los menos poderosos, pagarán el precio.La contratación digna de las madres comunitarias cuesta mucho según el gobierno: ha de ser que los congresistas y viajes internacionales de funcionarios nos salen gratis a los colombianos.Cómo cuida el presidente Santos la situación fiscal del país para quedar bien con las agencias de calificación de riesgos. Si vinieran de una agencia internacional a revisar los índices de trabajo digno en Colombia, ¿qué puntaje mereceríamos?
La decisión del presidente Santos de objetar la ley que vincularía formalmente a las madres comunitarias con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, no cayó nada bien en las 2600 madres que desarrollan su labor en Cali. María del Carmen Flaquer, presidenta del sindicato de madres en el Valle, sostuvo que los más afectados serán los menores que se encuentran bajo sus cuidados, pues al no contar con garantías laborales tendrían que suspender las actividades. “Rechazamos este acto tan cruel que toma el Presidente con nosotras las madres comunitarias, nosotros tenemos que hacer sentir verdaderamente del Gobierno que no queremos seguir tercerizadas, que algo que ya estaba aprobado por medio del Congreso y la Cámara de Representantes venga de un momento a otro a decir que ya no va y tirar el proyecto a un lado y nos va a dejar así, entonces tenemos que salir a hacernos valer y movilizarnos por las calles”, sostuvo Flaquer. La próxima semana se realizará un mitin de protesta frente a la sede regional del ICBF en Cali.
Las madres comunitarias en Antioquia calificaron como indignante la decisión del presidente Juan Manuel Santos de devolver el proyecto de ley que les permitiría mejorar sus condiciones laborales y tener contratos a término indefinido, lo que según ellas, también terminaría favoreciendo a los menores a su cargo.La vicepresidenta de Sintracihobi en Antioquia, Marleny Ramírez, confirmó que en los próximos días iniciarán un paro nacional para buscar que el presidente les garantice mejores condiciones laborales y la directora de Bienestar Familiar, Cristina Plazas, les cumpla las promesas que les ha hecho al respecto.Ramírez también manifestó que hay incertidumbre, porque muchas de las madres comunitarias que llevan varios años trabajando para Bienestar Familiar aún no han sido llamadas y hay preocupación por la atención que se les brindará a los menores en el departamento.
Luego de conocerse las declaraciones de Cristina Plazas, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en las que manifestó que las madres comunitarias son contratadas por un operador y eso “no es tercerizar”, Caridad Vásquez, representante del Sindicato de madres comunitarias en Antioquia, manifestó su indignación.Según la representante, trabajar para un tercero “muchos operadores abusan y uno pierde estabilidad laboral”. “No tenemos subsidio de vivienda, ni subsidio de transporte y no cobramos una mensualidad, solo en Bogotá”, indicó Vásquez, quien aseguró que inician labores a las 4:00 de la mañana, “y a veces a las 6:00 de la tarde todavía tenemos niños”.“Aunque nos reconocieron en 2014, a base de luchas y paros, no nos respetan”, dijo Caridad Vásquez, refiriéndose a las garantías que les brinda el ICBF a las madres comunitarias del país.
Cristina Plazas, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, habló en Mañanas BLU sobre la decisión del presidente Juan Manuel Santos de objetar el proyecto de ley que buscaba la vinculación de las madres comunitarias como trabajadoras del Estado. Plazas aseguró que la objeción de del proyecto por parte del presidente Santos “no viola los derechos de las madres comunitarias” pues explicó que ellas “ya están formalizadas, tienen un contrato de trabajo y tienen todas las garantías”. La directora del ICBF reveló que actualmente, el instituto contrata servicios a través de operadores “que, entre otros, se encargan de contratar a las madres comunitarias con todas las garantías del caso”. Dijo que la situación se maneja de esa forma porque el Instituto tiene muchos servicios por cubrir “y si lo hiciéramos nosotros se desbordaría la atención porque no daríamos abasto”. Agregó que no se puede considerar tercerización porque lo que hace el instituto es contratar “expertos” en el tema que van desde conseguir los lugares hasta la contratación de las madres comunitarias. La funcionaria aseguró que contratar directamente a las mujeres sería generar unos 60 mil nuevos cargos de una sola vez lo cual “colapsaría el servicio”. Además, dijo que las mujeres gozan de estabilidad laboral pues “tienen contratos hasta el 2018 y luego de eso se pedirá la ampliación del mismo. Ellas llevan 27 años en esto”. “Si fuera tan malo ser madre comunitaria, no se heredaría entre familias”, afirmó.
El presidente Juan Manuel Santos objetó la ley que buscaba la vinculación de las madres comunitarias del ICBF como trabajadoras del Estado. En total son cerca de 500 mil madres comunitarias las que se hubieran visto beneficiadas y hubieran podido tener derecho a salud, pensión y formación educativa. El principal argumento del Gobierno para objetar la ley es de dinero, pues, según dice, de sancionar esa ley se tendrían que disponer de unos 769 mil millones de pesos al año. Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias: -Un patrullero de la Policía del Cesar fue capturado en el municipio de Soledad, Atlántico, cuando presuntamente cometía un robo a una ferretería. Le fue incautada un arma de fuego. -Por la falta de identificación de algunos de los 6.200 miembros de Farc, inscritos en la Nueva EPS, La entidad promotora de salud no ha podido realzarse algunos procedimientos médicos. -El Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación se convirtió en una “vena rota” en el manejo de regalías, revela estudio de la Contraloría General. -El nombre del magnate brasileño Eike Batista, relacionado con el escándalo de corrupción de Lava Jato, fue incluido en la lista de fugitivos de la Interpol. -Más de 120 personas habitantes del sector de Mochuelo, alrededor del relleno de Doña Juana, recibieron atención en salud y medicamentos para protegerlos de las enfermedades que el relleno de basura les pueda generar. -Cundinamarca fortalece Juntas de Acción Comunal de Girardot con $600 millones.
La riqueza y diversidad natural y cultural de Brasil, con los colores de su bandera 'verde-amarela' como guía para 'leer la naturaleza', dominan el pabellón del gigante suramericano en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, Filbo, de la cual es el país invitado de honor.La XXXVI edición de la Filbo fue inaugurada el miércoles 17 de abril, por los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de Colombia, Gustavo Petro, con un llamado a preservar la naturaleza, en especial la selva amazónica que comparten, como reserva del planeta y fuente de inspiración para contar historias."Es importante fortalecer la conciencia humana en relación a la necesidad de preservar la naturaleza y tenemos a Colombia como aliada en este pensamiento", dijo a EFE la ministra brasileña de Cultura, la cantante Margareth Menezes.Con ese concepto, el pabellón de Brasil mezcla muestras de los biomas del país con literatura y manifestaciones artísticas que reflejan su complejidad social."Se busca hacer una reflexión y acciones que preserven la vida humana pues tanto en Brasil como en Colombia tenemos similitudes en la construcción social, su pueblo, sus influencias indígenas, africanas, europeas, y también los conflictos", agregó Menezes.Esa idea se refleja en la abundancia de clásicos brasileños como 'Macunaíma', de Mario de Andrade; 'Sobrados e mucambos', de Gilberto Freyre; 'Grande sertao: veredas', de Joao Guimaraes Rosa; 'Memorias do cárcere', de Graciliano Ramos; 'O povo brasileiro', de Darcy Ribeiro; 'Memorias póstumas de Bras Cubas', de Machado de Assis, o 'Capitaes da areia', de Jorge Amado.Junto a ellos, obras de otros autores, como Paulo Fonseca, Clarice Lispector, Lygia Fagundes Telles, Ignacio de Loyola Brandao y Ruy Castro, así como nuevos nombres de la literatura: Paula Pimenta, Luciany Aparecida, Raphael Montes, Geovane Martins y Ailton Krenak, primer indígena en ocupar una silla en la Academia Brasileña de Letras (ABL)."Traemos más de 30 escritores y escritoras de todas las regiones, de varias ciudades, una nueva literatura que incluye la historia contada ahora por quien la vivió y eso despierta la imaginación de las personas", señaló la ministra.No faltan libros sobre la Amazonía, el Carnaval de Río de Janeiro o la obra fotográfica de Sebastiao Salgado.Naturaleza y literatura"La idea fue encontrar una manera de expresar la forma de 'leer la naturaleza' (lema de la feria), trayendo los ambientes brasileños que influenciaron la literatura del país", explicó a EFE Lucas Abreu, director creativo de Farm & House, la firma que diseñó el espacio.Brasil, agrega, está compuesto "por seis biomas principales" que le dan al país una biodiversidad y belleza sin igual y que están representados en la feria: la Amazonía, el Pantanal, la Mata Atlántica, el Cerrado, la Caatinga y la Pampa."Trajimos esos ambientes para el diálogo literario porque cada uno de ellos es muy característico, como si fueran diversos países, y cada uno influenció la literatura de su región de una forma especial. Por ejemplo, en los lugares más áridos hay historias que cuentan como esa vida es más difícil, esa vida de migración", explicó.Al mismo tiempo, "en los lugares con agua abundante, donde hay una selva más vistosa, existe esa exuberancia de la belleza de Brasil"."Y la Amazonía, que es el ambiente más conocido de Brasil y es el bioma que compartimos con nuestros hermanos colombianos, es el centro de nuestro pabellón", dice Abreu sobre la librería en la mitad del recinto, que tiene forma de 's", como los meandros del río, y está rodeada de las plantas.Los colores de la naturaleza son fundamentales en la imagen del Brasil tropical y base de su bandera, y por eso el pabellón tiene "el verde de la selva exuberante, el azul de las aguas de sus ríos y el amarillo que retrata nuestras regiones más secas", añade.Con ese escenario, el pabellón ofrece también muestras fotográficas, talleres de portugués básico y charlas sobre América Latina, la influencia africana y derechos humanos.El pabellón cuenta con una tarima para músicos de diferentes géneros, desde la bossa nova hasta el forró, este último interpretado por el dúo de Toninho Ferragutti (acordeón) y Paulo Leão (guitarra)."Tenemos una variedad muy grande, hay más de 120 actividades que serán realizadas en el escenario hasta el final de la feria", el 2 de mayo, concluye Abreu.
En Parkland High School de Carolina del Norte, Estados Unidos, un estudiante protagonizó un acto de agresión sin precedentes hacia su maestra. El hecho desató una ola de indignación en las redes sociales. El violento episodio, registrado el pasado 15 de abril, fue captado en video y compartido en varias plataformas donde se hizo viral.En el video se puede observar cómo el estudiante se levanta de su asiento y se acerca al escritorio de la profesora, quien aparentemente estaba distraída. El joven golpea a la docente con una cachetada, dejándola atónita y sin tiempo para reaccionar.Lo más alarmante es que el estudiante no se detiene ahí; antes de propinarle una segunda cachetada, lanza insultos hacia la maestra en un evidente acto de intimidación. Con total desprecio por la autoridad y el bienestar de su profesora, el agresor amenaza con repetir la acción, mientras el resto de los compañeros de clase observan la escena. “¿Qué te pasa? Lo que vas a hacer es seguir sentada en la silla porque eres una p*rra”, dijo el alumno frente a todos sus compañeros. Las autoridades del Parkland High School no tardaron en intervenir y detuvieron al estudiante responsable de la agresión. Sin embargo, el daño emocional causado a la maestra y el impacto psicológico en el resto de los estudiantes son aspectos que no pueden pasarse por alto, según las autoridades de la institución. La difusión del video en las redes sociales ha generado una ola de indignación, donde se leen todos tipo de comentarios frente a la situación. "Yo diría "espera hasta que su padre se comunique con él"", "Este estudiante debería ser juzgado como adulto y encarcelado", "Tenemos una epidemia de crianza en este país, sin mencionar que nuestro sistema de escuelas públicas no funciona", son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.
El representante a la Cámara, Alejandro Toro, podría perder su puesto por inhabilidad. Radican ante el Consejo de Estado una demanda por haber sido contratista de una entidad adscrita a la Alcaldía de Medellín meses antes de las elecciones.Una demanda de pérdida de investidura en el Consejo de Estado fue radicada este jueves contra el representante a la Cámara por Antioquia y del Pacto Histórico, David Alejandro Toro Ramírez, por la causal de inhabilidad.Esto porque, según el abogado demandante, Juan Giraldo, Toro Ramírez fue contratista del Colegio Mayor, una entidad adscrita a la ciudad de Medellín meses antes de las elecciones parlamentarias, donde fue elegido para el periodo 2022-2026.“Por haber sido contratista de la Ciudad de Medellín en el periodo inmediatamente anterior, al de la campaña que lo lleva a ser electo parlamentario por Antioquia, y en virtud de lo cual hemos encontrado que, a nuestro parecer, pudo estar en curso en una inhabilidad. Le hemos puesto el conocimiento al Consejo de Estado", afirmó.Por medio de su cuenta en X, Alejandro Toro, dijo lo siguiente:“Nos quieren callar”, aseguró que las denuncias realizadas en las últimas semanas, pretenden callarlo atacando su labor desde el congreso con una demanda por “pérdida de investidura”."Al parecer nuestras denuncias están moviendo sensibles fibras políticas que su respuesta es un ataque que tiene como objetivo la pérdida de mi curul. Pues a esas personas que pretenden silenciarme, les digo que no le va a funcionar y seguiremos firmes e imparables en nuestra labor, el control político hace parte de mis responsabilidades como congresista”, agregó.Sin embargo, el demandante argumentó que, según la ley 5 de 1992, por la cual se expide el Reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de Representantes, frente al tema de inhabilidades para ser elegido Congresista, su artículo 280 sobre los casos de inhabilidad reza que la causal 3 es “quienes hayan intervenido en gestión de negocios ante entidades públicas, o en la celebración de contratos con ellas en interés propio, o en el de terceros, o hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos o contribuciones parafiscales, dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de la elección”.
El Tribunal Administrativo de Antioquia halló responsable de doble militancia al diputado del partido Conservador Jaime Cano, por lo que se ordenó la cancelación de su credencia para el periodo 2024-2027. El hoy diputado anunció que seguirá defendiéndose jurídicamente.Y es que la decisión judicial se dio por los diversos apoyos que Jaime Cano dio y recibió a candidatos diferentes de los del partido Conservador para la contienda electoral del Concejo de Itagüí en octubre de 2023.La demanda fue interpuesta por dos abogados que argumentaron que el diputado aparecía, al mismo tiempo, en la publicidad electoral de Jesús Antonio Colorado Díaz, del movimiento Mais y de los candidatos Óscar Guillermo Grisales Ortiz y Luisa María Zapata Bernal, Andrés Felipe Arbeláez Henao, Gloria Cecilia Herrera Ospina y Alexander Arteaga Montoya, del movimiento Itagüí Somos Todos, pero el partido del que hace parte tuvo otras fichas políticas en esa contienda, por lo que su obligación era respaldar esa.Parte de los argumentos de Jaime Cano en este proceso fue indicar que sí apoyó a los candidatos de su partido y que, en agosto de ese año, se pronunció públicamente pidiendo a quienes aspiraban a esos cargos públicos no hacer uso de su eslogan, marca, logo si eran aspirantes de otros movimientos políticos. No obstante, el tribunal consideró que las pruebas sí demostraban un acompañamiento a otros candidatos.Por lo pronto, Jaime Cano anunció que buscará, en segunda instancia, revertir esta decisión y criticó que uno de los demandantes recibiera su apoyo para el periodo 2016-2019 para aspirar a la Alcaldía de Itagüí e indicó que 65.500 ciudadanos lo apoyaron para llegar a la Asamblea de Antioquia.
Un violento atraco se registró en el sur de Bogotá. Hombres fuertemente armados se metieron hasta un sitio de deportes extremos, amenazaron y golpearon al dueño y se llevaron dinero en efectivo y varios objetos de valor. Todo el atraco quedó registrado en las cámaras de seguridad del sitio, ubicado exactamente en la carrera 1 este con 134 sur, un lugar conocido como Mundo Lazo Extremo, un parque con atracciones en la localidad de Usme.A plena luz del día, dos delincuentes se metieron hasta la recepción del sitio armados con pistolas con las cuales amenazaron al administrador del parque, quien asustado quedó inmóvil mientras los ladrones esculcaron todo el lugar.En un momento, uno de los delincuentes incluso intentó dispararle a la víctima; sin embargo, optó por no hacerlo y más bien golpear al hombre, quien les entregó finalmente varios celulares y dinero en efectivo. Aunque en el video sólo se ve a dos delincuentes, según testigos en la zona sería un grupo más grande de hombres.Una vez lo lograron su cometido, los ladrones escaparon del sitio y en medio de la huida dejaron en el camino varios de los celulares robados, por lo que las víctimas lograron recuperarlos. Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado sobre este hecho inseguridad en el sur de Bogotá.