El Consejo Nacional Electoral revocó la candidatura del exnarco Samuel Santander Lopesierra en su carrera por la Alcaldía de Maicao, debido a que este pagó una condena por narcotráfico en Estado Unidos. Las reacciones del también conocido hombre ‘Marlboro’ no se hicieron esperar entre sus simpatizantes, hasta tal punto de desafiar la decisión."Cualquier decisión que se tome nos van a derrotar en las urnas y para que esto quede claro y no se equivoquen, vamos hasta el 29 de octubre porque así lo exige la democracia", dijo Samuel Santander Lopesierra en medio un evento político.Vea el video aquí:El otro caso es el de la exgobernadora de La Guajira Oneida Pinto, a quien también el Consejo Nacional Electoral le revocó su candidatura por la Alcaldía de Albania, por cuenta de fallos de responsabilidad fiscal. A través de sus redes dijo que sus aspiraciones siguen."Nos revocaron la inscripción, pero nosotros interpusimos unos recursos y, además de eso, utilizaremos los mecanismos que la ley Colombiana nos de para proteger mis derecho políticos".La exgobernadora de La Guajira también dijo que presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una solicitud de medidas cautelares y que interpondrá una tutela.Le puede interesar:
La Fiscalía General de la Nación logró condena contra Yineth Adolfo Carrillo Pinto, quien sirvió de intermediario o tramitador en las diferentes irregularidades detectadas en dos contratos de adoquines de vías en Albania (La Guajira), cuyo valor ascendió a 12.590 millones de pesos.De acuerdo con los elementos de prueba, fueron desviados 5.901 millones de pesos de los contratos de adoquines para la campaña política de la entonces aspirante a la Gobernación de La Guajira, Oneida Pinto Pérez.En el periodo preelectoral y, al parecer, por solicitud de la candidata, los contratistas emplearon a 2.165 personas para que, presuntamente, trabajaran en las obras. En las verificaciones se constató que muchos de los vinculados nunca pertenecieron al proyecto, eran mujeres embarazadas o adultos mayores.En el curso de la investigación se estableció que Carrillo Pinto recibía órdenes directas de su familiar para intervenir en la ejecución de los contratos y realizar los trámites ilícitos para la apropiación de recursos públicos, entre otras supuestas anomalías.El procesado, primo de la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto, aceptó su responsabilidad en los hechos y suscribió preacuerdo con la Fiscalía asegurando que testificará contra la exfuncionaria. Un juez promiscuo de Maicao lo condenó a 33 meses y 15 días de prisión por el delito de falsedad ideológica en documento público.
Las reacciones ante la libertad por vencimiento de términos de la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto, ha generado todo tipo de reacciones en redes sociales por parte de personalidades colombianas y el círculo político del país.Concejales, representantes a la Cámara, senadores, entre otros, son algunas de las personalidades que se han pronunciado al respecto. Muchos de ellos, en contra de la decisión judicial.¿Cómo reacciona la política?El senador del Polo Democrático, Alexander López Maya, calificó de "putrefacto" al sistema judicial de Colombia por la decisión de dejar libre a Oneida Pinto.Por su parte, Diego Cancino, concejal de Bogotá, tildó de "cómplice de la corrupción" a la justicia colombiana.María José Pizzaro Rodríguez, representante a la Cámara por Bogotá, dijo sentirse "avergonzada" por la decisión judicial.La concejal de Bogotá, Heidy Sánchez Barreto, dijo que este tipo de decisiones "solo pasan en Colombia".El representante a la Cámara por Bogotá, Sergio Marín, también criticó a la Fiscalía.PersonalidadesEl periodista y escritor Jorge Rojas, también comentó sobre el caso Oneida Pinto.
Este martes quedó en libertad la polémica exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto, por vencimiento de términos en uno de lo procesos por posibles actos de corrupción. En su momento, la fiscal del caso aseguró que cuando Pinto estaba en la alcaldía firmó un contrato por 6.675 millones de pesos para adoquinar las calles del municipio de Albania, pero por adiciones ese contrato llegó a 12.590 millones de pesos.Pinto, quien estaba recluida en una cárcel de Valledupar, continuará vinculada al proceso por presuntas irregularidades en un contrato suscrito entre 2010 y 2011.La exgobernadora, que estuvo prófuga por más de un año, se había entregado a las autoridades el 12 de julio de 2020. Desde septiembre de 2020 se encontraba recluida en una cárcel de Valledupar.
Tras estar un año prófuga de la justicia, la exgobernadora de La Guajira Oneida Pinto se entregó a las autoridades este domingo. El procedimiento se hizo con la presencia de la Defensoría del Pueblo, que estuvo como garante.En Mañanas BLU, Paola Andrea Meneses, fiscal delegada contra la Criminalidad Organizada, contó detalles de la entrega de Pinto, que se presentó de forma voluntaria a las autoridades en La Guajira para cumplir con una medida de aseguramiento.Asimismo, la fiscal habló sobre lo que le espera penalmente hablando a la exgobernadora y explicó por cuáles delitos deberá responder ante la justicia colombiana.Explicó que el 5 de julio de 2019, la Fiscalía logró la orden de captura en contra de la exgobernadora por presuntas pérdidas de más de 5.900 millones de pesos en un contrato para la construcción de adoquines en el municipio de Albania y hace tan solo una semana, el Juzgado Quinto Penal Municipal con funciones de control de garantías de Riohacha prorrogó por un año más la orden de detención en contra de la exmandataria.Asimismo, manifestó que Oneida Pinto, que ya se encuentra en Bogotá, es procesada por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.“Pinto está desde anoche en las instalaciones del búnquer de la Fiscalía. La audiencia para el control de legalidad sobre la captura será esta mañana. La señora Pinto fue imputada por tres delitos: peculado por apropiación, contrato sin requisitos legales y concierto para delinquir”, manifestó.En tal sentido, la fiscal aseguró que la exgobernadora se expone a una pena superior a los 10 años de prisión.“Estos tres son delitos graves y la pena, sin lugar a dudas, será superior a 10 años. Es importante señalar que en este momento existe otro proceso ante la delegada ante la Corte Suprema de Justicia que se está llevando a cabo en el juzgado 25 de Bogotá. Este caso está en etapa preparatoria y tiene que ver con hechos en la celebración de un convenio interadministrativo entre la alcaldía y el hospital San Rafael de Albania”, contó.*Escuche la entrevista completa en Mañanas BLU:
La entrega de la exgobernadora de la Guajira Oneida Pinto se produjo en el comando de Policía de Riohacha. El procedimiento se hizo con la presencia de la Defensoría del Pueblo, que estuvo como garante.Pinto se presentó de forma voluntaria a las autoridades en La Guajira para cumplir con una medida de aseguramiento.Lea también: "Ordenan captura por corrupción de Oneida Pinto, exgobernadora de La GuajiraEl 5 de julio del 2019, la Fiscalía logró la orden de captura en contra de la exgobernadora por presuntas pérdidas de más de 5.900 millones de pesos en un contrato para la construcción de adoquines en el municipio de Albania, y hace tan solo una semana, el Juzgado !uinto Penal Municipal con funciones de control de garantías de Riohacha prorrogó por un año más la orden de detención en contra de la exmandataria.Oneida Pinto es procesada por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento público.La exgobernadora se encontraba prófuga de la justicia desde el 18 de junio del año 2019.
La exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto, tendrá que responder en un juicio disciplinario ante la Procuraduría General de la Nación por unas presuntas irregularidades en la licitación de un contrato por valor superior a los $20.453 millones.El objetivo del proyecto que fue adjudicado por la Gobernación era para la “implementación de estrategias de aprovechamiento de las TIC para el desarrollo del sector educativo mediante el corredor digital en el departamento de La Guajira".El Ministerio Público encontró que, en la licitación No. 033 de 2015, se impusieron restricciones a algunas empresas relacionadas con la experiencia y la capacidad financiera que permitieron que solo un oferente se quedara con el millonario contrato, que quedó en manos de la compañía Fundación Empresarial de Nuevas Tecnologías de la Información de Colombia (Funtics).Lea también: ¿Por qué exgobernadora Oneida Pinto denunció a funcionarios de la Fiscalía? A este llamado hecho por la Procuraduría deberán responder otros funcionarios de la Gobernación de la época, como la exsecretaria de Educación Bely Géneco; al exdirector Operativo Gilbert Meza Cerchar, y el profesional universitario de la administración departamental Gerardo Cujia Mendoza, entre otros.La Procuraduría encontró que dicha acción pudo afectar el presupuesto del departamento y también se habrían violado la libre competencia y selección objetiva, entre otros. El ente recordó que los investigados tenían el deber de verificar que el proceso fuera adelantado siguiendo las reglas establecidas para el desarrollo de los procesos contractuales.
El juez 45 de control de garantías emitió orden de captura en contra de la exgobernadora de La Guajira Oneida Pinto Pérez, procesada por corrupción.Le puede interesar: “Que me cuide”: fiscal denuncia amenaza de abogado de Oneida PintoAl tomar la decisión, el juez se refirió a la gravedad de los hechos que investiga la Fiscalía y que están relacionados con un contrato para adoquinería en Albania que inició costando $6.675 millones y con adiciones terminó costando $12.590 millones. El funcionario judicial también tuvo en cuenta el riesgo que Pinto Pérez representa para el proceso, la sociedad, los testigos y el riesgo de fuga. También, tuvo en cuenta los argumentos de la Fiscalía, que al pedir que la exmandataria regresara a presión, aseguró que varios testigos en su contra han recibido amenazas e intimidaciones.“Se habría intentado presionar a unos testigos para que no declararan, siendo indicativo de una obstrucción a la justicia pues existe un riesgo latente, quizás para el peligro para la comunidad pese a que ya no tiene la calidad de servidora pública se desconoce por parte de este despacho si ha sido sancionada disciplinariamente o puede aspirar a un cargo lo que representaría un peligro para la sociedad", dijo el juez, que advirtió que las conductas son "graves y lesivas" En la decisión, también se compulsó copias en contra de Antonio Luis González, abogado de la exgobernadora, por su comportamiento indebido durante el curso de la diligencia judicial, que estuvo marcada por acusaciones del jurista a la fiscal Ángela Santana, que adelanta esta investigación.Escuche la noticia aquí:
En la audiencia de medida de aseguramiento contra la exgobernadora de La Guajira Oneida Pinto, la fiscal del caso dijo que la sindicada aún está "vigente y podría alterar los materiales probatorios". Asimismo, habló de la dificultad en conseguir los testigos porque estos temen por su seguridad.La exgobernadora es señalada por, presuntamente, apropiarse de dineros concernientes a dos proyectos viales en Albania, La Guajira, los cuales tuvieron un costo cercano a los 12.595 millones de pesos. Según la Fiscalía, más de la mitad de esos recursos no fueron destinados a las construcciones en las vías.La representante del ente acusador reveló un testimonio entregado por William Bolaños, vinculado por la Fiscalía a la presunta banda criminal comandada por Pinto, en donde dijo que ella los había mandado a llamar y les habría dicho "que las cosas se iban a poner feas, que mientras ella arreglaba las cosas lo mejor era que nosotros huyéramos. Nos entregó 10 millones de pesos, el recurso lo entregan fuera de la Gobernación”.Por su parte, la fiscal del caso denunció presuntas amenazas que el abogado de Pinto le habría hecho."El señor Antonio Luis González, abogado de Oneida Pinto, me dice de antemano que La Guajira es una región muy complicada, que yo conozco los temas de seguridad, que me cuide, que habían matado a un abogado la semana pasada, pero que me cuide que yo soy muy joven", aseguró la fiscal.Tras más de tres horas de audiencia, decenas de pruebas entregadas por la Fiscalía y las graves afirmaciones en contra del abogado defensor, este tomó la palabra de manera arbitraria para exigirle respeto a la fiscal y pedir que se suspendiera la audiencia, aludiendo necesitar tiempo para analizar las evidencias. Por este motivo la diligencia fue aplazada para el próximo viernes en horas de la mañana.
Por presuntamente apropiarse de dineros de dos proyectos en La Guajira y crear una empresa criminal para tramitar y celebrar contratos, la Fiscalía le imputó seis cargos a la exgobernadora del departamento, Oneida Pinto.En audiencia de imputación en los juzgados de Paloquemao, el ente acusador señaló a la exgobernadora por los delitos de concierto para delinquir, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado. La imputada no aceptó cargos.Lea también: Fiscalía pide que Oneida Pinto sea enviada nuevamente a la cárcelLos hechos habrían ocurrido entre agosto de 2010 y marzo de 2011 por contratos viales en Albania, La Guajira, con un valor aproximado de 12.595 millones de pesos."Más de la mitad de lo que se giró para la Alcaldía de Albania fue apropiado y no invertido", dijo la juez del caso.Lea también: Nuevas condenas en caso de corrupción contra exgobernadora Oneida PintoDurante la audiencia, la representante del ente acusador dijo que Oneida Pinto fue quien organizó la empresa criminal que ella misma lideraba y el segundo al mando era Yankeler Hernández Eraz, quien era el alcalde de Albania y se había desempeñado como conductor de ella. Finalmente, la fiscal concluyó que en esa época, "en Albania no se movía una hoja sin la autorización de Oneida Pinto".
El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre un nuevo escándalo que rodea su Gobierno y que salpica a la consejera para las regiones, Sandra Ortiz.“He sido claro desde el inicio de la campaña. En mi Gobierno no se tolera la corrupción. Aquí no se protege a nadie. Funcionario que llegue a robar, funcionario que se va”, escribió el presidente Gustavo Petro en medio del escándalo generado por las declaraciones del exsubdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Snyder Pinilla.A este mensaje se suma la petición del secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, quien pidió el retiro del cargo a la funcionaria.¿Qué pasó con Sandra Ortiz?El lío que envuelve a la consejera para las regiones tiene que ver con el entramado de corrupción que se está descubriendo al interior de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. El exsubdirector Sneyder Pinilla reveló a la revista Semana que dineros de la entidad fueron entregados al presidente del Senado, Iván Name, y de la Cámara, Andrés Calle, antes de las elecciones del 29 de octubre.Según Pinilla, el papel de Ortiz fue recibirle 3.000 millones de pesos y entregárselos a Iván Name. Se desconoce con que fin, lo que se sabe es que fueron 4.000 millones de pesos que un contratista prestó al funcionario.La consejera para las regiones negó estos señalamientos y aseguró que Pinilla está instrumentalizando políticamente a la Fiscalía.“En atención a la reciente información periodística que me vincularía con supuestos hechos en el caso del exsubdirector de la UNGRD, enfáticamente rechazo dichas afirmaciones calumniosas y en su momento presentaré las respectivas acciones para proteger mi honra y buen nombre, que durante tantos años de vida privada y pública se ha construido paso a paso con esfuerzo, honestidad, transparencia y amor a las convicciones de servicio y de tener un mejor país”, se lee en el documento compartido por Sandra Ortiz.
Son tres nuevos impuestos que están planteados en el Plan de Desarrollo de Bogotá que la Alcaldía de Carlos Fernando Galán ya radicó ante el Concejo. El secretario de Planeación, Miguel Silva, habló con Noticias Caracol sobre estas propuesta y recalcó que es necesario recoger más plata de la ciudadanía porque hace falta 1.5 billones de pesos para cumplir con el Plan de Desarrollo. A continuación los impuestos nuevos que propone el texto: 1. Impuesto al alumbrado público El Plan de Desarrollo propone que los ciudadanos paguen por la prestación, mantenimiento, modernización y ampliación del servicio de alumbrado público. Esta es la tarifa que se pagaría por el servicio de la luz y de la cual los estratos 1 y 2 no pagaría.Comercio:10 % Industria: 10 % Oficial: 10 % Estrato 1: 0 % Estrato 2: 0 % Estrato 3: 5 % Estrato 4: 6 % Estrato 5 Y 6: 7 % 2. Impuesto a los parqueaderos El proyecto plantea una tarifa de la contribución por el servicio de estacionamiento fuera de vía de una sobretasa del 17 %. El dinero que se recoja de este impuesto será destinado a la sostenibilidad y calidad del sistema integrado de transporte público, es decir, a TransMilenio. 3. Sobretasa bomberil El tercer impuesto que plantea la actual administración es para el funcionamiento y mantenimiento de los equipos de Bomberos de Bogotá que en los últimos años han tenido que batallar mucho más con el tema de los incendios forestales.El impuesto será del uno por ciento (1 %) del valor liquidado por concepto del Impuesto de Industria y Comercio. El Concejo de Bogotá deberá debatir cada artículo que está en el Plan de Desarrollo y respaldarlo para que inicie su implementación en la ciudad.
Desde la Personería de Medellín piden regular la actividad del turismo en la capital antioqueña, luego de las quejas de fiestas, drogas y excesos en edificios de la ciudad. En el último caso, en redes sociales denunciaron que un ciudadano estadounidense compró un apartamento en el exclusivo sector de El Poblado y sus vecinos perdieron la tranquilidad.Los edificios de El Poblado se están convirtiendo en una verdadera batalla campal por la molestia que los vecinos manifiestan ante los ruidos y excesos de los extranjeros.De acuerdo con la Personería de Medellín, las quejas provienen por lo general de esa zona, donde los extranjeros están adquiriendo propiedad horizontal y se registran situaciones de ruido y alteraciones al orden público, lo que perturba la tranquilidad de los otros residentes, un asunto no menor teniendo en cuenta la alta afluencia turística que tiene la ciudad.“Hace aproximadamente un año la tranquilidad de la urbanización se ha visto afectada por un vecino extranjero que constantemente altera la tranquilidad de los residentes, ya que hace fiestas sin importar el día, ni la hora, ingresa gran número de personas, algunas de ellas con comportamientos grotescos hacia los residentes”, relató la habitante de un conjunto.Carlos Calle, líder del Observatorio de Turismo de la Personería de Medellín, expuso que lo que se necesita es un debate de fondo en la ciudad y que se reglamente, por ejemplo, qué puede hacer o qué no puede hacer un turista y también declarar zonas turísticas donde puedan operar las casas de alquiler por corta estancia.“Que podamos declarar zonas turísticas para que podamos mirar qué lugares puedan tener instancia corta, qué zonas de la ciudad no podrían tenerlos para digamos poder sopesar no solamente como de cara de protección al local, sino también generar un entorno de protección a quienes quieran estar en la ciudad de Medellín”, dijo.Indignación por acto de intolerancia de extranjero a una cajera en supermercado de El PobladoY es que en un caso reciente, por medio de su cuenta en X, el político del Centro Democrático Jose Obdulio Gaviria evidenció el dolor de cabeza que ha generado para los habitantes de un conjunto residencial, la compra de un apartamento de un extranjero.Aseguran que los excesos de ruido, alcohol y de mujeres que circulan por este lugar en vestidos de baño, se volvieron pan de cada día. Hecho que ha generado algunos encontronazos entre el estadounidense y los dueños de los otros apartamentos.Al respecto, la Personería de Medellín confirmó que hay una cantidad considerable de denuncias que se han hecho a la inspección de Policía de El Poblado y que la situación no termina por resolverse simplemente en la llamada a un cuadrante para ir al terreno, sino que se tendrá que hacer desde las inspecciones.En los dos últimos años más de 1 millón de turistas extranjeros han visitado Medellín, según datos de la Alcaldía.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación previa por las declaraciones que se han conocido por medios de comunicación en las que Sneyder Pinilla, exfuncionario de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), hace señalamientos contra aforados.Luego de que el exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo asegurara que le entregó miles de millones en efectivo a los presidentes del Senado y la Cámara, Pinilla habría presentado pruebas que sugieren la supuesta implicación de Andrés Calle en el caso de los carrotanques en La Guajira.Se habla de una presunta conexión con la aprobación de las reformas gubernamentales, según lo informado por la matriz de colaboración del exsubdirector de la UNGDR, quienes buscan obtener un principio de oportunidad por parte de la fiscalía general de la Nación.Andrés Calle sobre señalamientos de Sneyder Pinilla: “Incriminaciones infundadas"El exsubdirector de Gestión del Riesgo afirmó que los presidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, habrían recibido $4.000 millones en efectivo para respaldar las reformas gubernamentales y promover las elecciones regionales. Estos hechos supuestamente ocurrieron entre septiembre y octubre de 2023.Pinilla ha dicho en reiteradas ocasiones que colaborará plenamente y revelará todo lo que sabe a cambio de un acuerdo que le garantice inmunidad total contra posibles represalias. Su representante legal, Gustavo Moreno Caballero, ha confirmado que están buscando un principio de oportunidad para su cliente.Esta indagación estará a cargo del magistrado de la Sala de Instrucción Penal de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Javier Farfán Molina.
EPM ya no dará incentivo para el uso eficiente de la energía, luego de que la CREG emitiera una nueva circular frenando este programa transitorio. La empresa de servicios públicos reiteró a la ciudadanía a hacer un uso responsable de este recurso.Empresas Públicas de Medellín anunció el fin de la implementación del programa de incentivos con el que se premiaría el uso eficiente de la energía en los hogares, como se había anunciado recientemente. Esta medida, recordemos, también iba a tener repercusiones económicas para quienes consumieran más.De acuerdo con la compañía, lo hace acatando la decisión de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), que el pasado 30 de abril emitió una circular en la que da por terminado el programa transitorio de incentivos al uso eficiente de la energía.Vale la pena recordar que la resolución de la CREG tenía como propósito recuperar el nivel de los embalses y prevenir eventuales desabastecimientos de energía eléctrica. Sus medidas fueron concebidas como de obligatorio cumplimiento para todos los comercializadores en Colombia.Advierten nuevas alzas tarifarias de energía para el Caribe tras intervención del Gobierno a sectorAún así, la empresa de servicios públicos reiteró su petición a la ciudadanía para que haga un uso responsable de la energía, como aporte a la superación de la contingencia ocasionada por el fenómeno de El Niño en el país.