Que el Estado colombiano garantice la protección de Salvatore Mancuso es una de las solicitudes que envían las víctimas del exjefe paramilitar en el Caribe, quienes ven con preocupación que la seguridad del exjefe paramilitar pueda verse comprometida por la información que aportará pero, sobre todo, por los actores que involucraría en medio de sus testimonios.Esto, teniendo en cuenta la coyuntura social y política que se vive actualmente en el país, pues, según advierten, podría ser interferencia para que Mancuso ejecute su rol como Gestor de Paz y cumpla con el esclarecimiento de los hechos relacionados con el conflicto armado.Así lo explicó Misael Delgado, víctima del ex jefe paramilitar en el Magdalena entre los años 2000-2003 por el delito de desplazamiento forzado, quien cuestionó también que ni siquiera tienen claro el papel que desempeñará Mancuso para la construcción de la Paz Total.En este sentido, pidió al Gobierno nacional agilizar la designación de la víctimas que, en representación de todas, harán parte del proceso que ejecutará el exjefe de las AUC en el país. "Hay que cuidar a todas las personas que aportan a la verdad, como es el caso de Salvatore Mancuso. Sabemos en que son muchos los intereses en que no se esclarezcan los hechos relacionados con el paramilitarismo en Colombia, pero realmente también hay que proteger a las víctimas. No debería quedar en libertad, por lo menos no por ahora, hasta que no se garanticen esos mínimos", dijo.Milton Moya, otra víctima de Salvatore Mancuso pero en el sur del Atlántico por el delito de despojo de tierra, también se refirió a los escenarios de justicia, reparación y restauración de derechos que aún esperan más de 27.000 mil víctimas en todo el país.Siendo así, asegura que primero debe hablar y, posterior a ello, resolver su petición de libertad ante el Tribunal de Justicia y Paz."Tiene que mostrar hechos de voluntad, cambio y transformación hacia las víctimas, que es el tema del resarcimiento de nuestros derechos. Claro que no, no es necesario que él esté libre, primero que todo debe aclarar tantas cosas que se presentaron mientras fungió como jefe de grupos paramilitares en Colombia", indicó. ¿En qué consisten las dos solicitudes que podrían darle la libertad a Salvatore Mancuso tras su llegada a Colombia?Tras su llegada a Colombia la tarde de este martes desde Estados Unidos, Salvatore Mancuso debe ser puesto a disposición de Justicia y Paz, tribunal que ahora tiene en sus manos la decisión sobre dos peticiones de libertad para el postulado.La primera tarea tiene que ver con una petición hecha por el Gobierno Nacional de manera explícita, tras su designación como Gestor de Paz en el proceso que se adelanta con diferentes organizaciones criminales en busca de darle un fin al conflicto.La otra solicitud de libertad tiene que ver con una acción de tutela instaurada por Salvatore Mancuso contra la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá y la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia al considerar que las negativas de liberación vulneraron sus derechos fundamentales a la libertad, a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.El plazo para responder esta acción de tutela, que apenas el pasado 23 de febrero fue notificada de manera oficial a Justicia y Paz, tanto a las magistraturas de Bogotá y Barranquilla, es hasta el próximo 22 de marzo.Vale recordar que en dos ocasiones, Justicia y Paz negó la libertad a Mancuso, debido a que se le imputó cargos por lavado de activos relacionado con Enilse López, después de haberse desmovilizado, lo que según las autoridades demostraría que siguió delinquiendo pese a su compromiso de dejar las armas.Pese a estos argumentos, lo que explican los abogados del exjefe paramilitar, es que por esos hechos él solo fue imputado, mas no ha sido condenado.
El expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez rompió el silencio y este miércoles 28 de febrero se pronunció sobre la deportación a Colombia del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, que busca cumplir el rol de gestor de paz designado por el mandatario Gustavo Petro.En un video de más de cinco minutos publicado en sus redes sociales, el exjefe de Estado se refirió nuevamente a los motivos por los que extraditó en mayo de 2008 a Mancuso, negó que se reuniera con él, contrario a lo manifestado al exmiembro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y también rechazó las acusaciones sobre su participación en las masacres cometidas por este grupo armado ilegal."Mancuso, que regresa, fue extraditado porque se continuaba delinquiendo desde la cárcel de alta seguridad de Itagüí", indicó Uribe en el inicio del video, en el que también se refirió a las visitas que, en los Estados Unidos, recibió de parte de personas que buscaban, según él, crear vínculos para enlodarlo."Poco después de ingresados a las cárceles de Estados Unidos, empezaron a llegar visitantes. Algunos de ellos eran sus enconados enemigos de la víspera, varios de ellos cercanos a la guerrilla, que con afán ofrecían beneficios para que dieran información sobre mis supuestos vínculos con paramilitares", afirmó el expresidente, en lo que sería una mención a las visitas del senador Iván Cepeda a Mancuso.A su vez, dejó en claro que las únicas veces que vio a Mancuso fue en eventos públicos en Córdoba, en donde era ganadero."Nos saludamos pocas veces por mi vinculación a Montería, no tuvimos conversaciones. En la campaña presidencial me negué a reunirme con él como quedó públicamente establecido", contó el expresidente, que recordó que en un evento en Barrancabermeja desautorizó el apoyo del exjefe para.Y dijo que su regreso al país es por los "méritos" que Mancuso ha hecho al acusarlo de tener nexos con los paramilitares. Y también se refirió al asesinato del alcalde de El Roble (Sucre), Eudaldo Díaz, y del líder social Jesús María Valle."Me duele la mentira de que quité la protección al alcalde de El Roble (Sucre), para que ellos lo asesinaran", indicó el expresidente, que salió en defensa de su exsecretario de Gobierno en Antioquia, Pedro Juan Moreno, que según Mancuso pidió a Carlos Castaño asesinar a Valle y habló que con el hombre ultimado en 1998 solo se reunió una vez, en 1996, siendo gobernador.En lo que respecta a las masacres del Aro y La Granja, Uribe negó haber tenido conocimiento como lo señaló el excabecilla de las AUC y recordó que toda la documentación reposa en la Comisión de Acusaciones de la Cámara y la Fiscalía, en especial por los helicópteros que disponía en la Gobernación."Qué raro, me acusan de paramilitar, los extradité, y el único paramilitar que dice haberse reunido conmigo es Mancuso. Entonces, ¿con quiénes más me reuní?", finalizó Uribe Vélez en su video.Le puede interesar:
Este 28 de febrero se conmemorará 25 años de la dolorosa masacre que cobró la vida de 12 personas en la ciudad de Barrancabermeja. Familias, activistas, líderes comunitarios y autoridades se unen en una jornada de conmemoración para recordar a las víctimas y continuar buscando la verdad y la justicia que tanto anhelan.Las actividades planificadas para este día buscan rendir homenaje a aquellos que fueron asesinados en ese fatídico hecho, así como reflexionar sobre las circunstancias que rodearon aquel oscuro episodio de la historia santandereana.“Nosotros buscamos la verdad como víctimas, entonces en honor a nuestros familiares y amigos que fueron asesinados y desaparecidos aquel 28, queremos dignificar su memoria e invitar a la comunidad para que no caigan en el olvido”, dijo Leidy Barroso, hija de una de las víctimas y líder del colectivo 28 de Febrero.En la jornada de la mañana, se llevará a cabo el evento titulado "Memoria y Verdad" en el cual el periodista Wilson Lozano compartirá detalles y recuerdos del conflicto que azotaba la región en aquel entonces.En horas de la tarde, la magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz, Catalina Díaz, ofrecerá sus reflexiones sobre el camino hacia la reconciliación y la importancia de la justicia transicional en la construcción de una paz duradera en Colombia.“(Salvatore) Mancuso tiene información valiosa sobre la llegada de los paramilitares al sur de Bolívar, igualmente al Bajo Rionegro, Soto Norte (…) Sería bueno que la JEP a la par del caso Hugo Aguilar abriera un capítulo especial sobre Santander, porque la mayoría de esos políticos gozan de reputación y la justicia no ha llegado. En Santander ha habido total impunidad de las acciones de los paramilitares”, comentó Julio Acelas, historiador y miembro del Observatorio de Seguridad de Santander.Vea también:
Este martes, 27 de febrero, llegará a Colombia el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso después de haber cumplido una condena en Estados Unidos por narcotráfico; Mancuso ha sido designado gestor de paz y recientemente fue aceptado por la JEP.Ante su llegada al país, las víctimas han pedido que aporte la verdad y revele los nombres de políticos y miembros de la fuerza pública que apoyaron el paramilitarismo.“Espero que muestre su arrepentimiento sincero y de corazón, no de dientes para afuera. Asuma su cargo de gestor de paz de verdad como su nombre lo indica y aclare todos los hechos pendientes, incluyendo el de mi madre, la fiscal Yolanda Paternina, asesinada el 29 de agosto de 2001 en Sincelejo. Las víctimas estamos cansadas ya de tantas mentiras. Quiero decirle a Mancuso que de información sobre el relacionamiento de políticos y otros agentes con paramilitares”, señaló Ketty Paternina.Una vez llegue a Colombia, Mancuso será capturado y estará bajo la custodia de la Dijín.“Esperemos que Salvatore Mancuso cumpla con su obligación de decir la verdad y que aprecie el significado de haber sido nombrado gestor de paz a pesar de que siempre hizo la guerra, de que cometió hechos gravísimos”, señaló Juan David Díaz, hijo del exalcalde de El Roble, Sucre, Eudaldo Díaz.
A contadas horas de que el exlíder paramilitar Salvatore Mancuso regrese a Colombia tras haber cumplido condena por narcotráfico en Estados Unidos, la Fiscalía General de la Nación lo vinculó formalmente a la investigación por el asesinato de Roque Alfonso Morelli Zárate, exdecano de la facultad de educación de la Universidad del Magdalena, quien fue ultimado en septiembre de 2002. Según explica el ente de control, la vinculación formal de Mancuso se da luego de que él mismo hubiese admitido su participación en el crimen, lo que lo convierte en posible autor del asesinato, el cual habría cometido junto a Rodrigo Tovar, alias Jorge 40. A este último le fue impuesta una medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario por su participación en dicho homicidio, sobre la que aceptó su vinculación en audiencia realizada en junio de 2022, siendo que los ejecutores del homicidio fueron miembros del Bloque Norte de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), tras las órdenes entregadas por Jorge 40. "Tovar Pupo había aceptado su participación en los hechos y sometido a sentencia anticipada, en atención a lo previsto en la Ley 600 (anterior Sistema Penal). La condena se conocerá en la fecha que establezca la Judicatura", indicó la Fiscalía en un comunicado. Llegada a ColombiaEsta medida se conoce en medio de los preparativos para la llegada de 100 personas que fueron extraditadas a Estados Unidos, entre las que se encuentra Salvatore Mancuso. Este exlíder fue extraditado en 2008, en medio de su proceso de desmovilización, tras acogerse al marco transicional de Justicia y Paz. Su retorno se da en medio de su vinculación a más de 30 medidas de aseguramiento por diferentes crímenes a los que se encuentra vinculado, y como gestor de paz, tras nombramiento realizado por el Gobierno de Gustavo Petro.
El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso será recluido en la cárcel La Picota de Bogotá una vez regrese a deportado a Colombia, en la tarde del martes 27 de marzo.En medio del dispositivo de seguridad establecido por diferentes autoridades del país, se definió que estará en el pabellón de extraditables de dicho centro penitenciario bajo custodia del Inpec, pero con apoyo en el refuerzo de su esquema por parte de la Policía incluso con vigilancia especial sobre su alimentación.Mancuso será recibido en Catam, en Bogotá, y aunque no se ha definido si el traslado hasta La Picota será vía terrestre o aérea, se sabe que estará a cargo de la Dijin de la Policía.El exjefe paramilitar regresa a Colombia tras haber cumplido su condena en Estados Unidos por narcotráfico y con la designación como gestor de paz por parte del presidente Gustavo Petro.En noviembre pasado la JEP definió que Mancuso tendría espacio en esa jurisdicción pero en calidad de “bisagra”, por su rol de alianzas con la fuerza pública para ejecutar delitos. Por ello, es que una vez en territorio nacional debe enfrentarse paralelamente a los procesos que tiene pendientes con Justicia y Paz y la justicia ordinaria por diferentes delitos.El viernes pasado, el abogado Jaime Paeres quien lidera la defensa de Mancuso, explicó por qué hasta el próximo 22 de marzo el Tribunal Superior de Bogotá tendría para resolver la solicitud de sustitución de medida de aseguramiento presentada por la defensa del procesado basándose en que no hay razón para que la justicia colombiana lo prive de su libertad.
Catalogándolo como una propuesta “acertada y necesaria” para combatir los flagelos del carneo y abigeato, la Asociación de Ganaderos de la Costa Norte Colombiana (Asoganorte), respalda la polémica propuesta del presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, sobre la conformación de los denominados Frentes Solidarios de Seguridad Ganadera.Esto, teniendo en cuenta que Cesar, Sucre y Bolívar son los departamentos del Caribe con el mayor número de índices de robo a ganado con 2.578, 1.599 y 1.564 casos, de manera respectiva, entre los años 2019 y 2023.En la lista le siguen los departamentos del Magdalena (1.171); La Guajira (1.131); y Atlántico (1.029). Sin embargo, la preocupación se centra en departamentos como Sucre, teniendo en cuenta que las cifras no estarían del todo claras porque la mayoría de ganaderos y/o pequeños productores estarían optando por no denunciar.El director ejecutivo de Asoganorte, Jorge Rodríguez, sugirió que la conformación de estos grupos de apoyo debe darse sin armas, para asegurar una respuesta pacífica, y apoyados por la Policía y el Ejército."Nosotros estamos solamente dando un apoyo a todos los ganaderos, igual como lo pueden hacer los frentes de seguridad ciudadana, porque realmente en eso se basa la propuesta. Lo único que queremos es tener una ganadería unida, un cuerpo ganadero unido, para poder contrarrestar los flagelos del carneo y el abigeato", explicó Rodríguez. Así mismo, reiteró que "queremos las vías pacíficas, pues no prevemos armas, no queremos armas, solamente unión y acompañamiento de los cuerpos policivos para poder defendernos y ayudarnos entre todos, en aras de garantizar la seguridad alimentaria de todo un país, eso es lo que buscamos". En este sentido, Rodríguez fue enfático en señalar que la propuesta no se trata de "paramilitarismo" y que, contrario a eso, lo que buscan es seguir impulsando el desarrollo de la ganadería, sobre todo, en los departamentos de la región Caribe.
Aunque son conscientes de que la llegada de Salvatore Mancuso se dará en medio de una coyuntura que, según ellos, podría poner en peligro su vida; víctimas del exjefe paramilitar en el Caribe piden el desarrollo de una agenda participativa en la que puedan verse, cara a cara, con el tan polémico Gestor de Paz que designó el presidente Gustavo Petro en 2023. Para Misael Delgado, víctima de desplazamiento forzado y amenazas por parte de Salvatore Mancuso entre los años 2000 y 2002 en el Magdalena, es necesario que el exjefe de las AUC devele qué agentes del Estado lo ayudaron a cometer delitos de lesa humanidad.En este orden de ideas, insiste en que solo con el esclarecimiento de la verdad se podrá dar un escenario de justicia y reparación para más de 27.000 víctimas, concentradas especialmente en el Caribe, quienes solo buscan el restablecimiento de sus derechos y la dignificación de sus vidas. "Me imagino que nos podríamos reunir en una ciudad como Bogotá, me imagino que él podrá venir a la ciudad de Barranquilla a un escenario donde tendremos que sentarnos y planificar. Son las víctimas las que necesitan una participación activa, el restablecimiento de sus derechos, y ese derecho no se le debe negar a las víctimas". Otra de las voces que exige una mesa de participación es Milton Moya, víctima de despojo de tierras en el sur del Atlántico y actual coordinador de la Mesa de Víctimas en esta zona del departamento, quien asegura que son ellos los que deben ser protagonistas del proceso que ejecutará Mancuso como Gestor de Paz."Pero también es importante que nosotros los actores sociales, comunitarios, víctimas directas de Salvatore Mancuso, estemos en un espacio de participación de tú a tú con ellos, en donde podamos intercambiar ideas, conocimientos, proyecciones para cambios y restablecimiento de los derechos. Queremos ser partícipes directos de este proceso", dijo Moya. Como se recordará, Salvatore Mancuso llegará a Colombia precisamente para desarrollar trabajos como Gestor de Paz. Según fuentes de alta credibilidad del gobierno estadounidense, el exjefe paramilitar llegará a través de un vuelo que compartirá con 100 deportados más.Siendo así, arribará al Aeropuerto Militar de Catam a las 3:00 de la tarde, hora local, teniendo en cuenta que su sitio de reclusión, en principio, serán en las instalaciones de la Dijin de la Policía.
En un caso que ha conmocionado a la sociedad santandereana, la exrectora Lucila Inés Gutiérrez de Moreno y un particular identificado como José William Parra Arroyave fueron condenados por facilitar actos violentos y desproporcionados contra menores ante el frente Comunero Cacique Guanentá de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La Fiscalía General de la Nación presentó pruebas contundentes que demostraron su complicidad en la prostitución de estudiantes entre los años 2001 y 2003.Según el fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, Gutiérrez de Moreno permitió que algunas de sus estudiantes fueran abusadas sexualmente de manera sistemática por los cabecillas de la estructura paramilitar. La exrectora, en una grotesca serie de eventos, presentaba y ofrecía a las jóvenes en bazares, reinados de belleza y otras celebraciones. Además, prestó la oficina de la rectoría de la institución educativa para que se ejecutaran estos abusos, que dejaron al menos dos víctimas identificadas durante el proceso.Como resultado de sus acciones, Lucila Inés Gutiérrez de Moreno fue condenada por un juez penal especializado de Bucaramanga (Santander) a 20 años y 9 meses de prisión por los delitos de secuestro simple agravado, acceso carnal violento en persona protegida, esclavitud sexual y desplazamiento forzado. La sentencia incluyó la captura inmediata de la exrectora para cumplir su pena en un establecimiento carcelario.Los testimonios recibidos por la Fiscalía revelan que algunos de los menores reclutados de manera forzada fueron utilizados como "niños de compañía" por dos comandantes paramilitares identificados como Pedro Antonio Ronderos Lizarazo, alias ‘Silvestre’, y José William Parra Arroyave, alias ‘Chuster’ o ‘Diego Armando’.Estos individuos obligaban a los menores a que los acompañaran en todo momento, abusando de ellos ya sea embriagándolos o mediante amenazas de muerte. Alias ‘Silvestre’ fue acusado por la Fiscalía de cometer esta práctica con varios menores, uno de ellos siendo Luis Alberto. En estos eventos, la organización armada, comandada en la región por Rodrigo Pérez Álzate (alias Julián Bolívar), Iván Roberto Duque Gaviria (alias Ernesto Báez), y el comandante general del Frente José Danilo Moreno Camelo (alias Alfonso), seleccionaba a las menores víctimas de abuso sexual.Esto dijo la Fiscalía:Por otra parte, la Fiscalía estableció que José William Parra Arroyave, como auxiliador y orientador político del frente Cacique Guanentá, auspició el reclutamiento forzoso de menores de edad. Las evidencias dan cuenta de que engañó a 23 adolescentes y los entregó al grupo armado ilegal. Uno de estos jóvenes fue víctima de abusos sexuales múltiples por parte de los cabecillas paramilitares.José William Parra Arroyave fue condenado a 24 años y 2 meses de prisión por los delitos de entrenamiento para actividades ilícitas, acceso carnal violento en persona protegida y reclutamiento forzado. La actividad investigativa que llevó a estas dos sentencias de primera instancia se llevó a cabo en atención a los parámetros definidos en la Ley 600 de 2000, el anterior Sistema Penal colombiano.
En 2020 Hugo Aguilar pidió su sometimiento a la JEP y aseguró que aportaría información sobre la infiltración de Pablo Escobar en el Bloque de Búsqueda, teniendo en cuenta que él comandó el operativo que llevó a la baja del jefe del cartel de Medellín, y las alianzas entre el paramilitarismo y los políticos de Santander. Sin embargo, lo que les informó a los magistrados en la audiencia comenzó a ser cuestionada por diferentes sectores en el departamento.El exgobernador de Santander reconoció que existieron políticos que recibieron apoyo de alias Ernesto Báez y agregó información sobre asesinatos cometidos en Puerto Wilches en 2002 y en Oiba en 2003 por grupos paramilitares para amedrentar a los comerciantes del sector.Aguilar Naranjo aseguró que todos los hospitales y clínicas de Santander fueron obligados a atender los paramilitares enfermos o heridos y que, en algunas ocasiones, se llevaban a los médicos para que atendieran a los heridos en las zonas rurales.“Hay verdades ciertas y verdades a medias. Hay que confirmar bien por parte de la JEP y la Unidad Nacional de Víctimas las declaraciones del exgobernador. El señaló que de los paramilitares no recibió dinero sino apoyo político, lo cual es cuestionable, porque la fortuna de Aguilar no solo es por su trabajo como policía, diputado, gobernador y fincas. Él dijo que no tenía dinero para pagarle a las víctimas de los paramilitares y solo podía entregar $500 mil pesos mensuales cuando lo vieron conduciendo por una vía de Bucaramanga un lujoso vehículo”, manifestó Julio Acelas, director del Observatorio del Delito en Santander.Ana María Díaz, de la Asociaciones de Desaparecidos de Santander, manifestó que durante más de 15 años se ha esperado que el exgobernador cuente la verdad sobre el accionar paramilitar en el departamento.“El conoce muchas cosas que no reveló, porque aún hay víctimas de los paramilitares desaparecidas. Esperamos que sea cierto lo que dijo sobre el caso del lago donde era arrojados los secuestrados”, dijo Díaz.En una entrevista con Blu Radio, el excomandante del batallón Luciano D'Elhuyar de Santander, excoronel Julio César Prieto, quien fue testigo contra Hugo Aguilar, en la Corte Suprema de Justicia, afirmó que el exgobernador no ha dicho toda la verdad sobres los políticos que hicieron alianzas con los paramilitares.“Hugo Aguilar, quiso acabar con mi reputación con faltas afirmaciones, lo demande y ocho años después se tuvo que retractar, pero para mí fue una sorpresa que volviera a atacarme en la audiencia en la JEP, indignándome la comisión de una serie de hechos delictivos, según lo expuesto al final de la audiencia”, afirmó excoronel Prieto.Manifestó el excomandante militar que hay políticos como el exdiputado Luis José Arenas Prada, que se reunió junto con Hugo Aguilar con paramilitares en San Vicente de Chucurí, para hacer acuerdo políticos.Julio César Prieto, señaló que “falta muchas cosas porque Hugo Aguilar cuente sí realmente quiere contar por la verdad, la justicia y la reparación”.
Desde el puesto de mando unificado de Medellín confirmaron que se han registrado enfrentamientos con artefactos explosivos a las afueras de la Universidad Nacional sede Medellín, donde al parecer explotó una bomba en un baño.Por ahora no se reportan heridos, aprehensiones ni detenidos. Por los hechos, dentro del campus universitario se dio la alerta de evacuación a toda la comunidad educativa. Por ahora, permanece bloqueada la Autopista Norte a la altura de la Universidad Nacional y el tramo que la conecta con la Avenida Regional.En el sector hacen presencia a esta hora la Personería de Medellín y las demás instituciones presentes en el PMU.Desde las 2 de la tarde de este jueves se iniciaron los enfrentamientos en dicha universidad, según manifiestan las personas presentes en la protesta, es por el nombramiento del rector de la UNAL en Bogotá José Ismael Peña, cuyo acto de posesión se llevó a cabo en la Notaría 14 del circuito de Bogotá, en presencia de varios testigos y representantes de los diferentes estamentos de la institución.Elección rector Universidad NacionalSegún el rector, hubo decisión mayoritaria tomada por el Consejo Superior Universitario el pasado 21 de marzo para elegirlo para el cargo.Universidad Nacional no tendrá clases presenciales en Bogotá: hallaron explosivosCabe recordar que la elección de Peña como rector de la Universidad Nacional ha estado rodeada de controversia, al haber derrotado a Leopoldo Múnera, candidato respaldado por el Presidente de la República, en la disputa por la rectoría de la institución educativa más importante del país.Estas diferencias llevaron a que Múnera se declarara en desobediencia civil y a que un grupo de estudiantes iniciara un paro, el cual ha derivado incluso en acciones violentas, como la toma de la sede de la Rectoría.
Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo a nivel Nacional explicó en Santander que el país no está preparado para afrontar el fenómeno de la Niña que llega con lluvias a todo el país porque no hubo acciones rigurosas que se hicieran con anterioridad, por lo que se tendrá que afrontar la situación con lo que se pueda.“En general el país no está listo para enfrentar el fenómeno de La Niña. Eso es una realidad y eso pues, hace parte de las consecuencias de no afrontar con la debida profundidad y con el debido rigor las preparaciones para eso. Los sistemas de alerta temprana nos preocupan mucho por supuesto que nosotros vamos a trabajar desde esta nueva dirección en el fortalecimiento de esos sistemas de alerta temprana que pueden salvar vidas, pero pues tenemos que hacer todo lo que podamos en este momento ya con el fenómeno muy encima.El funcionario además explicó que a medida que viaja por el país se ha dado cuenta que tanto la corrupción y la poca previsión ha hecho que en algunos lugares no haya lo adecuado para contener la embestida de las lluvias.“Pero siempre es bien importante dejar claro que esas estrategias de prevención deben ser a lo largo de todo el año, no solamente unos pocos meses antes de la llegada de las lluvias, no está preparado y en la medida en que lo recorro pues es claro que no está preparado”, manifestó Carrillo.Fenómeno de La Niña: entidades trabajarán articuladamente para evitar desastres“No está preparado y en la medida en que recorro el país pues es claro que no está preparado, en Nariño, donde supuestamente debió haber habido unos refugios para el volcán galeras y lo único que había era una yegua, la plata se evaporó, las razones, no se han hecho entre otras, porque ha habido corrupción, eso todos lo sabemos, pero en este momento nosotros estamos tratando y esa es una de las razones por las que estoy acá, estamos tratando de trabajar lo más cerca posible de los gobernadores, sin ningún distingo de corrientes políticas y demás para poder seguir avanzando en estos procesos”, afirmó Carrillo.
Un juez con función de garantías del municipio de Girón, Santander, acogió las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación y ordenó enviar a la cárcel al hombre señalado de la muerte de la niña Kerly Cuevas, de 8 años.El fiscal del caso acusó por el delito de desaparición forzada a Alirio Gualdrón Rojas, el hombre de 59 años, tras varios videos donde se observa como el hombre llevaba de la mano a la niña por una vía y después por el lado del portal de Metrolínea donde fue hallado el cuerpo de la menor. El sindicado no aceptó los cargos en su contra.Se conoció que al hombre no se le imputo en está primera audiencia judicial el delito de homicidio por la muerte de la niña porque todavía avanzan las investigaciones al respecto.Organizaciones sociales y de mujeres solicitaron a la Fiscalía que le imputen el delito de feminicidio a Alirio Gualdrón Rojas.El presunto asesino es oriundo del municipio de Aratoca y vivía en la misma casa de la niña, según el reporte de la Policía.El alcalde de Girón, Santander, Campo Elías Ramírez, habló sobre el terrible caso del asesinato de una niña de 8 años, de nacionalidad venezolana, en este municipio del departamento.El mandatario expresó su pesar por el trágico suceso y destacó la pronta reacción de las autoridades para capturar al responsable."Es lamentable el hecho que estamos viviendo en Girón. Nunca habíamos tenido este episodio tan lamentable, reprochable y doloroso. El pasado miércoles tuvimos toda una jornada por la desaparición de la niña Kerly y buscamos de inmediato la manera de hallarla. Eso fue lo que también nos brindó información rápida. La niña fue dejada por su madre cuando se desplazaba a trabajar con una vecina y la menor pide permiso para ir a jugar a un parque, cuando van a buscarla no la encuentran. Después de dos horas empezamos la búsqueda con la policía, empezamos a investigar, a averiguar con videos, donde aparece un hombre llevando a la niña por una calle y empezamos a hacer el seguimiento", indicó el mandatario.
El 30 de agosto de 1996 la extinta guerrilla de las Farc lanzó un ataque contra la base del Ejército de Las Delicias, casi 30 militares murieron y otros 60 fueron secuestrados por ese grupo. Algunos de los responsables que hicieron parte del Bloque Sur de la guerrilla, se han presentado ante la JEP para hablar sobre este tema y posteriormente el tribunal decidió citar a las víctimas para que entreguen sus observaciones a lo que han dicho los exguerrilleros.Una de las víctimas, identificada como Erick, aseguró que los firmantes del acuerdo que han comparecido, en algunos casos, no están diciendo la verdad plena, pues los soldados sufrieron algunas condiciones en cautiverio que los exguerrilleros siguen negando."Los señores de las Farc dijeron que ellos no habían ultimado a nadie, pero ahí sí no están diciendo la verdad, a escasos 20 metros de donde estaba yo había otro soldado y cuando estábamos en el combate yo fui a donde estaba él y ya había pasado una hora de estar en el combate y lo encontré herido, le habían pegado dos tiros, y una hora después volví y ya estaba muerto, le habían pegado dos machetazos en la cabeza", señaló Erick.Otra de las víctimas aseguró que, mientras estuvo secuestrado, vio menores de edad que hacían parte de la guerrilla, asegurando que dicho bloque del grupo reclutaba menores de edad. Además, los militares aseguran que sufrieron tratos crueles que les dejaron secuelas que aún padecen, como miedo, paranoia y una sensación de persecución."En cuanto a la representación judicial ejercida por abogados de la corporación Mil Víctimas, se señaló que de acuerdo a las versiones de las víctimas, todo el tema operativo estuvo en cabeza de Joaquín Gómez, quien, según los testimonios, estuvo presente en el combate y el secuestro, a pesar de negarlo en la audiencia de reconocimiento", señalaron desde la corporación Mil Víctimas tras las diligencias, organización que representa a algunos de los militares en el caso de secuestro.
Los abogados del Departamento de Justicia y de Alphabet, la matriz de Google, iniciaron este jueves dos días de argumentos finales en el juicio federal contra la empresa, acusada de prácticas monopolísticas para dominar con su motor de búsqueda en internet.El caso comenzó a finales de la presidencia de Donald Trump (2017-2021), cuando el Departamento de Justicia y 11 estados acusaron a la empresa por prácticas monopólicas. Desde entonces ha subido a 35 la cifra de los que se han sumado en la querella legal.Los fiscales sostienen que Alphabet ha pagado anualmente decenas de millones de dólares a distribuidores de servicio inalámbrico, los técnicos que desarrollan buscadores y los fabricantes de artefactos digitales para suprimir a las empresas que puedan competir con Google como herramienta de búsqueda, o navegadores, en internet.Según documentos del juicio hechos públicos, Google llegó a pagar 20.000 millones de dólares solo en 2022 para que su buscador fuera la opción por defecto en los iPhone y en el navegador de Safari.Acuerdos similares han puesto al buscador de Google como la configuración por defecto en aparatos con el sistema operativo Android (creado por Google) y en el navegador Mozilla.El abogado de Google John Schmidtlein argumentó este jueves que Google gana en ese tipo de acuerdos porque "tiene un mejor producto y por eso no daña a la competencia", mientras que la Fiscalía considera que sí lo hace y que al desplazar a sus competidores en diferentes plataformas perpetúa su monopolio.Google traslada Gemini, su inteligencia artificial, a Android: así puede usarlaLa acusación argumenta que, además de dominar el mercado de navegadores, desde su fundación en 1998, Google ha monopolizado la publicidad en los buscadores forzando a las empresas de mercadeo a usar sus productos al tiempo que aumentaba los precios.Los usuarios pueden cambiar la configuración por defecto, pero es un proceso que requiere varios pasos para mudarse a buscadores como DuckDuckGo o Bing.El juez Amit Mehta, que preside el juicio iniciado en septiembre pasado, ha señalado que Microsoft reconoció que no invirtió lo suficiente en el desarrollo de su propio buscador."No es algo que vaya contra la competencia el hecho de que Google fue suficientemente astuto como para subirse al tren de los artefactos móviles antes que Microsoft", indicó el magistrado.