La periodista, columnista y escritora colombo-española, Salud Hernández Mora, estuvo este fin de semana en Sala de Prensa BLU hablando acerca del conflicto armado en Colombia, tras el atentado del pasado jueves en la Escuela de Cadetes General Santander. “Puesto que el Gobierno y la Fiscalía han confirmado que el autor es el ELN, yo creo que obedece a la lógica de estos descerebrados. Ellos piensas que entre más terror infundan más avances logran en una mesa de negociación futura”, comentó la columnista.Vea también: Con gorras de la Policía, Santa Fe y Millonarios rindieron homenaje tras atentado La periodista aseguró que el método que utiliza el ELN desafortunadamente funciona, pues entre “más muertos, más ganas tiene la gente de negociar”. Así mismo, afirmó que a pesar de que haya indignación en el pueblo colombiano, “al momento de negociar los autores intelectuales obtendrán una curul”. Según la escritora, para hablar de violencia no hay que remontarse a los años noventa, pues hay ejemplos más recientes como todo lo sucedido con las FARC. Escuche los argumentos completos de la periodista en el siguiente audio:
La Fiscalía General de la Nación imputó cargos contra alias ‘Gabino’ y miembros del comando central del Ejército de Liberación Nacional (ELN) por el secuestro de Salud Hernández y varios periodistas en el Catatumbo entre 2016 y 2017.La formulación de cargos se cumplió ante el Juzgado Primero de control de garantías de Cúcuta, por los delitos de secuestro extorsivo y agravado, rebelión y hurto calificado y agravado.Según las investigaciones adelantadas por la Fiscalía, se pudo identificar una directriz del ELN “relacionada con ejercer presión y coartar la función de informar de los periodistas que cuestionan y, en su concepto, lesionan los intereses de la organización”.El organismo asegura que la instrucción habría quedado en evidencia en diferentes hechos registrados en la región del Catatumbo y que estaría asociada con el secuestro de Salud Hernández Mora, ocurrido el 21 de mayo de 2016, en el municipio de El Tarra, Norte de Santander.Vea aquí: Cayó alias ‘el Zarco’, cabecilla guerrillero del ELN en Norte de SantanderLas audiencias de imputación de cargos se cumplieron contra Nicolás Rodríguez Bautista alias ‘Gabino’, integrante del comando central ELN; Eliécer Herlinto Chamorro Acosta alias ‘Antonio García’, integrante del comando central ELN; Israel Ramírez Pineda alias ‘Pablo Beltrán’, integrante del comando central ELN; Rafael Sierra Granados alias ‘Ramiro Vargas’, integrante del comando central ELN; Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía o Carlos Marin Guarín alias ‘Pablito’, integrante del comando central ELN, y Jose Leinner Franco Pérez alias ‘Barbas’ o ‘Marcos’, cabecilla del frente Héctor del ELN, señalado de custodiar a los periodistas secuestrados. Contra este último la Fiscalía libró orden de captura. El material probatorio demuestra que los hechos ocurrieron cuando la periodista recorría el lugar por una investigación sobre la erradicación de cultivos ilícitos y fue engañada por dos integrantes del ELN “quienes se comprometieron con devolver el material que el día anterior, 20 de mayo de 2016, otro grupo de personas le quitó a la comunicadora; pero en realidad se la llevaron hacia la vereda Buenos Aires, donde permaneció secuestrada durante siete días.”Luego, en un período de 10 meses tras el secuestro de la española, fueron secuestrados en diferentes circunstancias siete periodistas más por el ELN.
La periodista Salud Hernández-Mora habló en Mañanas BLU sobre la tutela de ‘Jesús Santrich’ en su contra, y de varias personas, con la que pide que se retracten de llamarlo “asesino”. Hernández-Mora explicó que la tutela involucra a varias personas, pero por situaciones diferentes, en su caso se dio por “unos trinos” en los que “explicaba” las razones por las que consideraba “que a ellos sí se les puede calificar como asesinos”. Calificó la tutela como “una torpeza, una estupidez y un cinismo espantoso” y afirmó que es la demostración de que “no se tiene la menor intención de confesar nada y de que no se arrepiente de nada”. Le puede interesar: Representante Valencia le responde a Jesús Santrich tras tutela en su contra. Dijo que “le importa un pimiento” la tutela por lo cual “no gastará un peso en el capricho de ese señor”. Afirmó que contestó la tutela porque “es su deber y respeta la justicia”. Sobre la posibilidad de que ‘Santrich’ gane la acción cautelar, la periodista dijo que no rectificaría pues “no es la primera vez” que interponen una acción judicial en su contra. “No voy a dejar que esos grupos vengan a dar lecciones”. Afirmó que ‘Santrich’ no puede decir que se está dañando su buen nombre “cuando eso ya lo hizo él solo, la gente no puede olvidar”.
Para el próximo 27 de septiembre fue programada la audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento contra el Comando Central del ELN (Coce), por el secuestro de los comunicadores Salud Hernández, Diego D´Pablos, Carlos Melo, y Diego Velosa de Caracol TV, ocurrido en el municipio de El Tarra, zona del Catatumbo en el departamento de Norte de Santander. Velosa duró retenido un día, mientras que los otros periodistas estuvieron secuestrados por cinco días. El delito que imputaría la Fiscalía sería el de secuestro en persona protegida, el cual tiene características para que sea atendido por tribunales internacionales debido a su gravedad por la violación al Derecho Internacional Humanitario. La medida se hará contra: Nicolás Rodríguez, alias ‘Gabino’; Eliécer Herlington Chamorro, alias ‘Antonio García’; Israel Ramírez, alias ‘Pablo Beltrán’; Rafael Sierra Granados, alias Ramiro Vargas y Gustavo Aníbal Giraldo, alias Pablito.
El fiscal general de la Nación (e) Jorge Fernando Perdomo, confirmó a Noticias Caracol, que el comando central del ELN podría ser imputado por un crimen internacional, refiriéndose al secuestro de los periodistas Salud Hernández, Diego Veloza, Carlos Melo y Diego D’Pablos. “Después de haber hecho la investigación y obtenido la información sobre estos secuestros, para nosotros es claro que debemos imputar esos secuestros como crimen internacional, no solo a quienes lo practicaron sino a los miembros del comando central del ELN como máximos responsables”, dijo Perdomo. “Hemos establecido en una investigación en contexto que la política de secuestro de la población civil ha sido generalizada y sistemática por parte del ELN y eso ha demandado como política delictiva del comando central”, agregó el fiscal. Perdomo explicó las diferencias entre delito de lesa humanidad y un crimen internacional y agregó que incluso la justicia de otros países podría solicitar en extradición a los miembros del comando central de esa guerrilla. “Lo primero que hay que decir que puede ser catalogado como crimen de lesa humanidad, son población civil objeto de secuestró en política generalizada y sistemática, pero los periodistas gozan de protección especial tratándose de la guerra y de conflictos armados internacionales o internos y en caso de configurarse un secuestro, aquí se configura un crimen de guerra”, aseguró el jefe del ente acusador. Perdomo destacó la gravedad del delito cometido por el ELN y aseguró que incluso puede ser investigado por la Corte Penal Internacional. “La categoría más grave de delitos que puede cometerse en hoy en día es un crimen internacional porque se entiende que es un crimen que desestabiliza las estructuras básicas de la humanidad, de la comunidad internacional y eso tienen resonancia internacional y puede ser competencia de la Corte Penal Internacional, independiente de un proceso de paz”, agregó. “En el caso de Salud Hernández puede ser perseguido por otra autoridad penal como la fiscalía española donde son expertos en el tema de la jurisdicción universal, es decir de perseguir los delitos para luchar contra la impunidad, delitos que pasen en cualquier parte del mundo”, concluyó el fiscal. Escuche en este audio más información sobre la siguiente información: -Colombia, Chile, Argentina, y Uruguay apoyan el mecanismo referéndum revocatorio en Venezuela. -Blu Radio conoció detalles sobre cómo agentes infiltrados de la policía y el CTI lograron poder al descubierto el negocio del Bronx. -Con la firma de un acta y con la presencia de la Gobernadora de La Guajira, las comunidades indígenas levantaron el bloqueo en la vía que une a ese departamento con el Cesar. -A pasos acelerados sigue la preparación de la selección del Paraguay con miras al primer partido ante Costa Rica en la Copa América centenario. -Fue aprobado en el Concejo el Plan de Desarrollo Bogotá 2016 - 2020 -En Bogotá aún hay más de 100 establecimientos que aún no cumplen con la ley que ordena instaurar espacios 100% libres de humo: la Secretaria de Salud aumentará el control de inspección en establecimientos públicos y privados.
Salud Hernández-Mora, columnista de El Tiempo y periodista El Mundo de España, habló con Blu Radio sobre sus días de secuestro y enfatizó en que eso no cambia en nada su visión del grupo guerrillero. Advirtiendo que no dejará de hacer sus críticas al proceso de paz, al grupo insurgente y al Gobierno, calificó a los jefes guerrilleros de “cínicos y mentirosos”. “Como todo lo que dicen ellos, nada me llama la atención, son cínicos a morir y son mentirosos, cuál control territorial con los de RCN, el comandante que me dijo que me iba a quedar con ellos sabía perfectamente quién era”, manifestó “Son unos desgraciados. Yo les decía a los muchachos que no tengo nada contra la tropa sino contra los jefes del ELN”, agregó. Además, hizo una serie de críticas al Gobierno, pues considera que la misma atención que se le prestó a su secuestro debería ser a todos los demás. “Me da pena esta atención mediática, siempre he criticado que a unos nos consideren de primera y tengamos todos los recursos del Estado para nosotros, sin embargo, la cantidad de secuestrados que no están libres y nadie les para bola, la gente debe estar muy indignada diciendo ‘claro, como es española, como es periodista, a ella sí’”, finalizó.
“La penetración de los periodistas a la zona fue una imprudencia”, asegura la guerrilla, que según indica en la comunicación “lamenta la situación que se presentó en días pasados”. “Somos enfáticos en señalar que estas acciones no fueron premeditadas ni planificadas, sino hechos fortuitos, propios de la confrontación que vive el país. También ratificamos que somos respetuosos de la libertad de expresión y no nos asiste ningún interés en obstaculizar las labores periodísticas”, comunica el ELN. Además, el grupo guerrillero insiste en su “llamado a desarrollar un proceso de negociación acompañado de acciones humanitarias mutuas”, por lo que pide al Gobierno declarar de manera inmediata un cese bilateral del fuego, ya que esto “generaría condiciones favorables de respaldo al proceso de paz”. Salud Hernández había desaparecido el pasado sábado 21 de mayo cuando realizaba trabajos de reportería en el municipio de El Tarra, Norte de Santander, pero solo hasta este jueves 26 de mayo, cinco días después, el Gobierno atribuyó a la guerrilla del ELN la desaparición de Hernández-Mora, Diego D’Pablos y Carlos Mora, los dos últimos periodistas de RCN Televisión. Los comunicadores recuperaron la libertad este viernes 27 de mayo con mediación de la Iglesia católica en el Catatumbo.
Vaca celebró la celebración de Salud Hernández y los periodistas Diego D’Pablos y Carlos Melo pero afirmó que “esta fue una de las semanas más difíciles para la libertad de prensa en Colombia”. Dijo que los más recientes episodios dan la oportunidad de saber “qué tan informados estamos en materia de situación de periodismo, solo en 2015 hubo 232 agresiones y es aquí donde nos debemos preguntar por qué no le duele al país”. Afirmó que es importante ver que cuando se restringen los derechos de la prensa “también se está afectando la oportunidad de que los colombianos se informen de manera correcta”. El director de la Flip aseveró que la “censura es la golosina que más le gusta al poder en cualquiera de sus formas y eso se volvió palpable esta semana”. “La sociedad civil fue la que terminó presionando para la liberación de los secuestrados porque tuvimos mensajes confusos desde otros lados”, dijo Vaca.
La periodista reveló que todas las noches debía caminar largos trayectos, “creo que me movieron unas cinco veces, de día parábamos y volvíamos a arrancar cuando no había luz”. Dijo que “admira profundamente” a las personas que permanecieron largo tiempo secuestrados, “12 o 15 años, eso es algo que definitivamente no tiene sentido y eso se lo dije a la guerrilla”. Explicó que no tuvo conocimiento del grupo específico del ELN que la secuestró “pero siempre me trataron bien, de hecho yo nunca he tenido problemas con las tropas y ellos les dije que espero que se desmovilicen y que lo hagan pronto”. Sobre los diálogos con el ELN, dijo que “en siete días no he cambiado de opinión y me mantengo en lo que siempre he dicho, no tiene sentido que continúe mientras sigan secuestrando”. Agradeció a los periodistas, medios de comunicación y a “todos los que estuvieron pendientes de esta situación e hicieron algo por mí”. “Sé que el Ejército también estuvo buscándome y estoy agradecida por eso”, dijo. La reportera aseguró que estaba realizando un trabajo en esta zona del país y que “no necesita que la secuestren para conocer el Catatumbo”. “El Catatumbo es una zona abandonada por el Estado, con problemas sociales tremendos, no sé cómo lo van a resolver, los políticos no han hecho nada, no solamente la clase política es la responsable,”, agregó.
En la Brigada 30 de Cúcuta pasaron sus primeras horas en libertad los periodistas Diego D’Pablos y Carlos Melo. Diego D’Pablos reveló que tuvieron que caminar largas jornadas, “incluso de noche y lloviendo, un día hubo un operativo militar que nos puso muy nerviosos porque ellos nos presionaban”. Agregó que fue gracias a la presión de los medios de comunicación y la población que se tomó la decisión de liberarlos. Por su parte, Carlos Melo dijo que fueron retenidos para “verificar su información e identificación, pero terminamos cinco días en eso”. Los tres periodistas que estaban en poder de la guerrilla del ELN en Colombia, entre ellos la española Salud Hernández, fueron liberados este viernes tras ser retenidos en los últimos días en una convulsionada zona del noreste del país. Hernández y los colombianos Diego D'Pablo y Carlos Melo quedaron en libertad gracias a la mediación de la Iglesia y la Defensoría del Pueblo, el órgano que vela por el respeto de los derechos humanos en el país, informaron responsables eclesiásticos, políticos y de medios de comunicación. Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias: -Con 700 uniformados de la Policía se busca garantizar la seguridad durante el festivo en todo el departamento del Huila, en el que además se prevé la realización del paro nacional campesino. -El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, criticó a quienes están hablando de la situación de Venezuela en el marco de la campaña para las elecciones españolas del próximo 26 de junio. -Este sábado se definirán los 4 equipos que serán cabeza de serie en los ‘play off’.
El hallazgo de una cabeza humana dentro de una bolsa de basura en California llevó a las autoridades a resolver un caso de asesinato que permaneció sin identificar durante cuatro años. La investigación permitió establecer que la víctima era Paul Wesley Fitzmaurice Jr., un hombre de 73 años, cuya muerte habría sido ocultada por su esposa y su hija, quienes fueron detenidas en noviembre de 2026.El caso comenzó el 28 de septiembre de 2022, cuando una residente que paseaba a su perro encontró restos humanos en el área de Todd Valley, en Foresthill, al norte de California. La Oficina del Sheriff del Condado de Placer recibió el reporte y, debido al estado en que se encontraba la cabeza, inicialmente no logró establecer la identidad de la víctima.Los investigadores adelantaron análisis forenses y enviaron los restos a la Universidad Estatal de California, en Chico. Posteriormente, recurrieron a pruebas de ADN y genealogía genética para reconstruir los vínculos familiares y determinar quién era el hombre.¿Cómo identificaron al hombre encontrado en una bolsa de basura?En enero de 2024, el ADN fue incorporado a un proceso de análisis genético que permitió encontrar posibles familiares de la víctima. Los detectives contactaron a parientes lejanos y obtuvieron muestras que ayudaron a confirmar que se trataba de Paul Wesley Fitzmaurice Jr.Durante las pesquisas, las autoridades establecieron que el hombre vivía en Citrus Heights, en la misma casa que su esposa y su hija, antes de su muerte. Sin embargo, nunca había sido reportado como desaparecido.Los investigadores también descubrieron que las dos mujeres habrían mantenido ante familiares y amigos la versión de que Paul seguía con vida, aunque ya había sido asesinado.¿De qué acusan a la esposa y a la hija de Paul Fitzmaurice?El martes 17 de noviembre de 2026, detectives ejecutaron una orden de registro en la vivienda familiar y detuvieron a Georgia 'Gwenn' Fitzmaurice, de 75 años, y Mary Fitzmaurice, de 45.La hija fue acusada de asesinar a su padre y quedó ingresada en la cárcel de South Placer. Su madre, por su parte, enfrenta cargos por presunta complicidad en el crimen y por ayudar a deshacerse de los restos de Paul.El sheriff Wayne Woo señaló que, según la investigación, ambas habrían sostenido que Paul tenía problemas de consumo de sustancias, se había aislado y desaparecía durante días, pero que regresaba a la casa periódicamente.Además, las autoridades indicaron que las mujeres habrían seguido cobrando los beneficios del Seguro Social y la pensión de Paul. La investigación continúa y las autoridades no han revelado qué habría motivado el asesinato.
De cara al inicio de la temporada decembrina, se conoció una denuncia sobre el incremento de los cobros extorsivos en Medellín bajo la modalidad denominada por los grupos delincuenciales como "aguinaldo navideño".De acuerdo con los reportes revelados desde el Concejo Distrital, estructuras armadas están exigiendo pagos extraordinarios de hasta 2'500.000 pesos a los establecimientos comerciales, sumados a las cuotas periódicas que ya afectan a miles de hogares y negocios en la ciudad.La alerta fue expuesta públicamente por el concejal Andrés Tobón, quien señaló que durante las últimas semanas ha recibido múltiples reportes ciudadanos sobre estas exigencias económicas asociadas a las festividades de fin de año.Según detalló el corporado, en el sector limítrofe entre la comuna 12 (La América) y la comuna 13 (San Javier), integrantes de la estructura criminal conocida como La Agonía estarían exigiendo el pago de 2,5 millones de pesos a cada comercio bajo el argumento de financiar actividades comunitarias en diciembre."Nos informa, por ejemplo, en un sector muy conocido, El Límite, en la Comuna 12 y la Comuna 13, entre la América y San Javier, la estructura criminal de La Agonía está cobrando a los establecimientos un aguinaldo, dicen ellos, del valor de 2.5 millones de pesos supuestamente para las actividades dirigidas a la comunidad, dicen estos desgraciados", afirmó el corporado.El reporte conocido sobre este fenómeno indica que, más allá de los cobros extraordinarios de temporada, la extorsión afecta de manera permanente a cerca de 150.000 hogares y establecimientos comerciales en Medellín. Bajo el concepto de la llamada "cuota de seguridad", los cobros regulares comienzan desde los 2.000 pesos semanales en las viviendas residenciales y alcanzan hasta los 50.000 pesos diarios en el caso de los locales comerciales.Durante su intervención en la corporación, el concejal Andrés Tobón pidió acciones concretas frente a esta modalidad delictiva que suele intensificarse con la llegada de diciembre, mientras las autoridades mantienen habilitadas las líneas de atención del Gaula para recibir las denuncias de los comerciantes y residentes afectados en las distintas comunas de la capital antioqueña.
La crisis humanitaria en el Catatumbo, en Norte de Santander, continúa generando preocupación. La Defensoría del Pueblo advirtió sobre el deterioro de las condiciones de seguridad para la población civil y denunció nuevas intimidaciones contra sus equipos, que adelantan labores de acompañamiento y atención en los territorios afectados por el conflicto armado.De acuerdo con la entidad, las comunidades siguen enfrentando ataques con drones, enfrentamientos entre grupos armados, secuestros y desplazamientos forzados, situaciones que afectan sus derechos fundamentales y limitan la movilidad en diferentes municipios de la región.A este panorama se suma la situación de los funcionarios encargados de desarrollar las misiones humanitarias. La Defensoría denunció que sus equipos han sido objeto de interceptaciones, amenazas e intimidaciones por parte del ELN mientras adelantaban labores en terreno. Incluso, en algunas ocasiones, los integrantes de estas misiones habrían recibido advertencias sobre las condiciones en las que podían movilizarse.La institución también manifestó preocupación por los señalamientos difundidos por el frente 33 contra la Defensoría del Pueblo, las personerías municipales y otras entidades que trabajan en la protección de las comunidades, especialmente en el municipio de Tibú.La gravedad de la situación quedó reflejada en el balance presentado por la Defensoría del Pueblo. Entre el 12 y el 21 de noviembre se documentaron al menos 17 nuevos hechos de violencia en el Catatumbo.Según el reporte, estos acontecimientos dejaron cinco personas muertas, cuatro de ellas integrantes de la fuerza pública y una civil, además de 17 heridos, entre los que se encuentran cinco militares y 12 civiles. También se reportó el secuestro de dos mujeres, quienes posteriormente fueron liberadas.Entre los hechos documentados se encuentran ataques con explosivos lanzados desde drones contra viviendas, instalaciones y zonas rurales de municipios como Tibú, El Tarra y Sardinata.Uno de los episodios ocurrió el 20 de noviembre, cuando un ataque con explosivos contra una vivienda en la vereda Kilómetro 77, en El Tarra, dejó herida a una niña de dos años. Ese mismo día, en Tibú, otros ataques con drones provocaron lesiones a dos personas y la muerte de un civil. Además, 27 familias, integradas por 57 personas, se desplazaron hacia el casco urbano del municipio.Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado a los grupos armados ilegales para que respeten la misión humanitaria y se abstengan de realizar señalamientos, amenazas o acciones de intimidación contra quienes trabajan en la protección de la población.La entidad insistió en que las labores humanitarias se desarrollan bajo principios de independencia, neutralidad e imparcialidad, y que las intimidaciones ponen en riesgo a sus funcionarios y dificultan la atención de las comunidades que necesitan acompañamiento.
Someterse a un trasplante capilar implica más que elegir una clínica y comparar precios. Antes de realizarse la cirugía, el paciente debe verificar la formación del profesional, las condiciones del establecimiento, los riesgos del procedimiento y los controles posteriores, aspectos que pueden influir en su salud y en el resultado de la intervención.Nicole Saaibi Nisimblat, directora médica de Medicapilar, advierte que una consulta debe priorizar la información clínica y no la venta del procedimiento. Por eso, cuando la atención comienza con descuentos y ofertas, pero no incluye explicaciones sobre las técnicas, los riesgos y las condiciones del paciente, recomienda detenerse y buscar una segunda opinión.¿Qué debe verificar antes de elegir una clínica para un trasplante capilar?Una de las primeras recomendaciones es revisar las credenciales del médico y la habilitación del establecimiento donde se realizará la cirugía. Antes de contratar el servicio, el paciente debe comprobar:Que las acreditaciones de la clínica estén visibles.Que el establecimiento tenga vigente su habilitación.Que el médico esté inscrito en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (ReTHUS).Que el profesional cuente con la formación y las certificaciones correspondientes para realizar este tipo de intervenciones.Que exista claridad sobre quién realizará cada etapa de la cirugía.La consulta previa también debe incluir una revisión de los antecedentes y la historia clínica del paciente, además de un examen con tricoscopio para identificar las causas de la caída del cabello y evaluar tanto las condiciones del cabello como la zona donante.No todas las personas con pérdida capilar son candidatas a esta cirugía. Algunas formas de alopecia no responden favorablemente al trasplante, por lo que identificar el origen de la caída es un paso necesario antes de recomendar la intervención.¿Qué riesgos tiene un trasplante capilar y qué debe preguntar?En la técnica FUE, el médico debe tener participación durante las diferentes etapas del procedimiento, incluida la extracción de folículos, el diseño, la anestesia y la supervisión de la intervención. Por eso, el paciente debe preguntar quién realizará cada tarea y si el profesional estará presente durante la cirugía.Entre las posibles complicaciones están el sangrado, las infecciones, las dificultades de cicatrización, la pérdida de folículos y los resultados diferentes a los esperados. También pueden aparecer molestias durante la aplicación de la anestesia.Una extracción excesiva de la zona donante o una distribución inadecuada de los folículos puede dejar cicatrices, generar una apariencia artificial o afectar la dirección del crecimiento del cabello.Antes de firmar el consentimiento informado, el paciente debe recibir las órdenes de laboratorio, las recomendaciones pre y posoperatorias, la información sobre medicamentos, los riesgos de la cirugía y un contacto de emergencia con los signos de alarma.Las fotografías de antes y después también deben revisarse con criterio, buscando casos de personas con características similares y sin basar la decisión únicamente en las imágenes promocionales de las clínicas.La decisión de realizarse un trasplante capilar debe partir de una evaluación médica individual y de información transparente, no únicamente de las ofertas comerciales.
Diferentes instituciones del país se sumaron a las voces de rechazo contra el ataque terrorista sufrido en la noche del sábado contra un batallón militar en La Jagua de Ibirico, Cesar. El hecho dejó un soldado muerto y al menos 22 heridos, según las cifras entregadas por la Alcaldía del municipio.A esas voces que condenaron el hecho, se sumó el Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, quien expresó su “solidaridad con el Ejército, las víctimas y familias del cruel y cobarde ataque terrorista que se registró contra el Batallón Especial Energético y Vial en La Jagua de Ibirico”.“Rechazamos estos actos y hacemos un llamado al respeto por la vida y las instituciones”, enfatizó el Procurador en una publicación que hizo en su cuenta de X.Así mismo, la Defensoría del Pueblo, también a través de redes sociales, lamentó la muerte del soldado Estivinson José Epieyú Pushaina durante el ataque.La entidad expresó su preocupación por la creciente utilización de tecnologías y artefactos explosivos por los grupos criminales y los riesgos que esto representa tanto para los integrantes de la fuerza pública y las comunidades.Más temprano el presidente Abelardo De La Espriella condenó fuertemente el hecho y reiteró que este y todos los ataques contra la Fuerza Pública y la población civil “los narcoterroristas los van a pagar con sangre”. Agregó en su cuenta en la red social X que “cada acción criminal tendrá una respuesta contundente” del Estado “más fuerte, letal e implacable”.“¡Vamos a acabar con esa plaga, con ese cáncer del narcoterrorismo que tanto daño le ha hecho a Colombia!”, escribió el mandatario.Por su parte, el secretario de Gobierno, Eduardo Esquivel, se trasladó hasta La Jagua de Ibirico en la mañana de este domingo, para liderar una mesa de seguridad extraordinaria junto al alcalde, Leonardo Hernandez, y autoridades de Policía y Ejército.Reveló Esquivel que presuntamente el ataque terrorista contra el Batallón Especial Energético y Vial se realizó con “tatucos”. Además, un vehículo fue quemado en la carretera para distraer a los uniformados y varios drones sobrevolaron el municipio.Sobre el uso de drones, el alcalde Leonardo Hernández dijo que estos incluso sobrevolaron los alrededores del hospital de La Jagua, cuando los soldados heridos eran atendidos. Por la tensa situación decidió declarar el toque de queda por 24 horas.Agregó el mandatario municipal que la población civil tiene zozobra y mucha preocupación ante la posibilidad de que se presenten nuevos ataques.Por último, destacó Hernández que este ataque que él atribuye al ELN, se dio por los últimos golpes que se vienen propinando contra todas sus economías ilícitas, especialmente el narcotráfico, entre esos el desmantelamiento de un laboratorio para la producción de cocaína en la Serranía del Perijá.