La posición del Gobierno y de las Fuerzas Militares frente a los inaceptables abusos cometidos hace una semana por parte de 10 uniformados en zona rural de Tierralta, Córdoba, contra un grupo de familias indígenas, demuestra un cambio profundo en la manera en la que se abordan casos de violaciones a los Derechos Humanos cometidos por integrantes de la Fuerza Pública.
Aunque se debe garantizar la presunción de inocencia, en menos de ocho días, el Ejército logró demostrar que efectivamente hubo un grupo de militares, dos suboficiales y ocho soldados, que aparecen en los videos grabados por la comunidad de Bocas del Manso, en donde se observan unos hombres encapuchados y vestidos de negro, intimidando con armas de fuego a mujeres, niños y ancianos.
Adicionalmente, la inspección del Ejército y de las Fuerzas Militares entregaron un detallado informe a los comandantes de las Fuerzas, recomendando retirar de la institución no solamente a los 10 uniformados implicados directamente en los abusos, sino también al comandante de la Brigada 11 del Ejército, coronel José Edilberto Lesmes y otros seis oficiales y suboficiales, por “su falta de mando y control, así como por omisión y falta de iniciativa táctica y además por el nulo direccionamiento estratégico”.
Sumado a esto, está el fuerte llamado de atención que hizo el fin de semana pasado el comandante general de las Fuerzas Militares, general Helder Giraldo, a los oficiales jefes de batallón, de Brigada y de División, para que se tomen todas las medidas para evitar que ocurran episodios similares al de Tierralta, por medio de un listado de 26 órdenes perentorias de inmediato cumplimiento.
Lo que se observa es que en este episodio, el más grave que han tenido que afrontar las Fuerzas Militares durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, se dejó de lado la nociva solidaridad de cuerpo que a lo largo de la historia había marcado las investigaciones por violaciones a los Derechos Humanos adentro de la Fuerza Pública, para dar paso a investigaciones internas serias y expeditas, con decisiones inmediatas.
Ahora el “balón” está en la cancha de la Fiscalía y de la Procuraduría, que tienen en sus manos la responsabilidad de esclarecer penal y disciplinariamente los abusos cometidos por militares disfrazados en contra de indígenas en Córdoba, sobre todo para conocer cuáles fueron los motivos de este extraño e indignante episodio que no debe volver a repetirse.
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