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En diálogo con Mañanas Blu, el general Edwin Urrego respondió de manera contundente a las acusaciones sugeridas por el presidente Gustavo Petro, quien señaló a un alto oficial de la policía de haber intentado plantar sustancias psicoactivas en su vehículo oficial. El general Edwin Urrego, quien ha ocupado cargos de relevancia en la Dijín y las comandancias de Barranquilla y Cali, calificó estos señalamientos como una "locura" y manifestó su total sorpresa ante lo que considera una desinformación del mandatario.Una "locura" sin fundamentosEl general Urrego fue enfático al declarar que nunca ha intentado realizar un acto deshonesto que afecte su ética o la honra de la institución. Durante la entrevista, aseguró que ni siquiera ha tenido cercanía física con el vehículo presidencial, afirmando: “Nunca, eso para mí es una locura”. Según el oficial, su labor en los territorios siempre se centró en garantizar la seguridad del presidente a través de las avanzadas y protocolos de ley, pero recalcó que el esquema de seguridad y el manejo de los vehículos dependen directamente de la Casa Militar, con quienes no tiene contacto directo.Disposición ante la justicia y el polígrafoAnte la gravedad de las acusaciones, que sugieren un plan para sabotear una supuesta reunión del presidente con Donald Trump, Urrego manifestó su total disposición para aclarar la situación. “Estoy dispuesto a someterme a las pruebas de poligrafía, a lo que se requiera para que esto sea esclarecido”, afirmó el oficial, destacando que en sus 32 años de carrera ha superado exitosamente cerca de seis pruebas de confianza, incluyendo procesos con agencias de Estados Unidos como HSI y ICE. Urrego sostiene que, al no existir tales hechos, no puede haber pruebas técnicas que lo vinculen con este supuesto complot.El episodio del allanamiento a BenedettiOtro de los puntos de fricción es la relación que el presidente Petro estableció entre el oficial y el allanamiento a la casa de Armando Benedetti en Barranquilla. El general Urrego aclaró que, aunque era el comandante en esa ciudad cuando ocurrió el procedimiento, este fue una orden judicial de la magistrada Cristina Lombana. Explicó que él no tuvo conocimiento previo del objetivo de la diligencia debido a la reserva legal y que su única función fue disponer el apoyo de seguridad solicitado por los funcionarios de policía judicial que venían desde Bogotá. “No podía ni oponerme y, por el contrario, mi deber era brindar el apoyo que hubiesen pedido”, puntualizó.Escuche aquí la entrevista:

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