Congresistas piden a la Corte que exija a autoridades acciones en Cauca por violencia

En un movimiento respaldado por congresistas de diversas bancadas, se ha presentado una solicitud formal ante la Corte Constitucional para que declare el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) en el departamento del Cauca. La petición se fundamenta en las continuas violaciones de derechos humanos y el deterioro del orden público que afectan gravemente a la población local.De acuerdo con datos de la Unidad de Víctimas, cerca del 50 % de los 1.2 millones de habitantes del Cauca han sido afectados por el conflicto armado en los últimos años. Entre 2022 y principios de 2024, se han registrado más de 25 masacres, resultando en la muerte de más de 85 personas. Solo en 2023, 38 líderes sociales fueron asesinados. Además, 42 personas han sido víctimas de minas antipersonales, incluyendo 10 menores de edad. Los municipios más impactados por la violencia incluyen Argelia, Santander de Quilichao, Corinto, Caldono, Buenos Aires y Balboa, donde las amenazas y extorsiones son constantes y muchas veces no se reportan por la falta de confianza en las autoridades.Los congresistas alertan sobre la ausencia del Estado, situación que ha dejado a los menores de edad expuestos a graves violaciones de sus derechos. Recientemente, dos niños fueron asesinados con explosivos, uno de 10 años en El Plateado y otro de 12 años en Miranda. La Defensoría del Pueblo ha registrado 159 denuncias por reclutamiento forzado, aunque se presume que existe un subregistro debido al temor de las familias a denunciar.El senador David Luna enfatizó la necesidad de una vigilancia estricta por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre sus medidas cautelares para proteger la vida de los caucanos y asegurar el cumplimiento de la ley.La situación de violencia e inseguridad en el Cauca ha escalado, intensificando la crisis humanitaria en la región. La movilidad de los residentes está restringida por la carnetización impuesta por grupos ilegales, los ataques en la Vía Panamericana son frecuentes y la extorsión afecta al sector productivo. De los 42 municipios del departamento, 11 son focos de violencia.El representante Óscar Campo subrayó la solicitud elevada a la Corte Constitucional para revisar el Estado de derecho y declarar un ECI en el Cauca, buscando medidas extraordinarias para proteger los derechos fundamentales en la región.Los congresistas firmantes han hecho un llamado urgente a la Corte Constitucional para que adopte medidas decisivas y proteja los derechos humanos de los caucanos, quienes enfrentan una situación crítica que pone en peligro su vida, dignidad y seguridad. La declaración de un ECI permitiría una intervención integral y coordinada del Estado para abordar esta crisis.Finalmente, la representante Carolina Arbeláez destacó la importancia de un seguimiento estricto por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para garantizar la implementación de los Acuerdos de Paz en el Cauca.