Las autoridades capturaron a una mujer armada en un evento de campaña de la candidata Paloma Valencia con el expresidente Álvaro Uribe en Honda, Tolima.La denuncia la hizo el Centro Democrático y pidió a las autoridades aclarar la situación. “Solicitamos a las autoridades competentes adelantar de manera inmediata una investigación rigurosa que permita esclarecer los motivos por los cuales esta persona armada hacía presencia en el lugar”, señala el Centro Democrático.Posteriormente, el Inpec, en un comunicado, confirmó que esta mujer pertenece a la institución.“Nos permitimos informar a la opinión pública que rechazamos de manera categórica los hechos ocurridos en la mañana de hoy durante un evento político donde se encontraban unos precandidatos presidenciales y el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, realizado en el Parque José León Armero del municipio de Honda, ubicado en el departamento del Tolima, en el cual fue capturada una persona por hechos irregulares de seguridad que manifestó ser funcionaria de la entidad, cabe aclarar que en ese momento se encontraba en vacaciones y no en actos de servicio”, señaló el Inpec.Además la institución anunció que tomará las medidas correspondientes en el caso.“La persona involucrada se encuentra a disposición de la autoridad competente, y el Inpec brindará toda la colaboración requerida para el esclarecimiento de los hechos. De manera paralela, se activarán los procedimientos administrativos y disciplinarios a que haya lugar, conforme a la normatividad vigente, respetando el debido proceso”, dice el comunicado del Inpec.
El candidato de la Gran Consulta por Colombia David Luna respondió a la decisión de algunos partidos políticos que le pidieron a su militancia no votar las consultas del 8 de marzo.“Invitar a no votar es una equivocación profunda. La democracia se construye en las urnas, no desde el cálculo político ni desde el miedo”, dijo Luna.En el mismo sentido aseguró que los partidos tienen la responsabilidad de fortalecer la institucionalidad.Es importante recordar que el Pacto Histórico, Cambio Radical y los partidos Liberal y Conservador pidieron no votar las consultas del 8 de marzo.“El partido mantiene abierto un proceso interno en el cual se encuentran inscritos precandidatos a la presidencia, el cual aún no ha sido definido. Por lo tanto, no sería respetuoso institucionalmente invitar a la militancia a participar en un proceso donde no existe un candidato conservador”, señala el comunicado del Directorio Nacional del Partido Conservador.El Partido Liberal tampoco tiene candidato presidencial hasta el momento, al igual que Cambio Radical aunque algunos congresistas de este partido han manifestado su preferencia hacia Abelardo de la Espriella.Por su parte el Pacto Histórico sí tiene candidato presidencial, sin embargo, el senador Iván Cepeda se presentará directamente a la primera vuelta.
El exministro y hoy candidato presidencial Daniel Palacios confirmó en entrevista con mañanas Blu 10:30 que viajó a Washington para solicitar a las autoridades de Estados Unidos revisar menciones del senador Iván Cepeda en los computadores de Raúl Reyes, en el marco del proceso judicial contra Nicolás Maduro.Durante el diálogo, Palacios negó haber actuado por instrucción del expresidente Álvaro Uribe. “Yo he hecho una campaña independiente (…) no milito en el Centro Democrático”, afirmó. Añadió que su movimiento recogió más de 1.300.000 firmas y que las decisiones adoptadas responden, según dijo, a lo que considera “responsable con el país”.Solicitud ante autoridades de Estados UnidosEl exministro explicó que presentó una solicitud directa ante la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, para que se revisen las menciones de Cepeda en el material incautado a Raúl Reyes.“Si esos computadores se les ha dado validez en Estados Unidos (…) lo que yo le pedí a la fiscal general de los Estados Unidos es que lo revise y que si ve esas menciones de Iván Cepeda y considera que deben ser investigados, pues que se haga, porque nadie puede quedar en la impunidad y Colombia merece saber la verdad”, sostuvo.Palacios señaló que entre el 13 y el 27 de marzo se desarrollaría la primera audiencia contra Maduro y que allí se conocerían los elementos probatorios. Según indicó, el computador de Raúl Reyes “es una pieza fundamental” dentro del proceso.Respuesta a señalamientos y relación con el Centro DemocráticoFrente a los señalamientos de Cepeda, el candidato cuestionó lo que calificó como una estrategia de victimización. “Se tiene que conocer la verdad de sus vínculos, de sus relaciones, de su cercanía con las extintas Farc, y nadie está por encima de la ley, señor Cepeda”, expresó.Sobre su relación con el Centro Democrático, Palacios aseguró que no existe una pelea. “Sencillamente se tomó una decisión de hacer una competencia de manera independiente (…) no seré obstáculo para quien tenga mayor chance de derrotar el continuismo de Gustavo Petro”, afirmó.Finalmente, reiteró que su candidatura busca “derrotar a la delincuencia” y evitar lo que denominó el “continuismo” del actual gobierno, insistiendo en que continuará con su campaña presidencial.Escuche la entrevista completa acá:
Tras confirmarse su renuncia del Centro Democrático, el presidente de Fedegan, José Félix Lafaurie, aseguró que su decisión no buscaba generar alguna afectación a la candidatura de Paloma Valencia, sin embargo, en diálogo con Recap de Blu Radio, aseguró que en la carrera por la Presidencia estará de lado de Abelardo de la Espriella, pese que su esposa, María Fernanda Cabal, sí lo hará.“Yo merezco un mínimo de respeto. A mí me sorprendió la filtración de esa carta. Después supimos quién la filtró, de qué manera la filtró, nunca entendimos para qué la filtró. No obstante, seguí tramitando ante el partido la necesidad de conocer la realidad de lo que fue el proceso. A la fecha no he recibido ninguna información, ni buena ni mala (…) En la carta de renuncia yo dejo a salvo a Paloma Valencia, que nada tiene que ver con mi desagrado y con el maltrato”, dijo el presidente de Fedegan.En ese orden ideas, Lafaurie aseguró que su decisión de salir del Centro Democrático se dio más porque se “sintió ofendido” por parte de ellos en la elección del candidato, cuando fue elegida Paloma Valencia y el trabajo que hizo la firma chilena, que tanto él como María Fenanda Cabal consideran que “no se hizo de forma correcta”.“María Fernanda ha guardado prudente silencio, no ha querido salirle a este tema. He salido yo porque me siento ofendido, y me siento ofendido porque sé cómo le metieron las manos, sé quién le metió las manos (…) Entonces llega un momento que uno dice, a esta edad ya a esta edad de la vida, 70 años, tener que seguirse aguantando semejante, sí, ofensas, porque son ofensas”, puntualizó.Reiteró que María Fernanda Cabal sí apoyará a Paloma Valencia en la consulta del 8 de marzo, al igual que en las elecciones si llega a estar en la contienda para primera vuelta.“Ella siempre ha cumplido sus compromisos, es que ella sigue siendo una senadora del Centro Democrático. Es que el país no puede olvidar que ella sacó más de 200.000 votos, incluso, por lo menos 2 senadores del partido se deben a que ella logró sacar más allá de lo que estableció la cifra repartidora. Ya tiene un derecho en el partido”, añadió.
La Media Luna Roja iraní elevó este martes a 787 la cifra de muertos por los ataques de Israel y Estados Unidos, que empezaron el pasado el pasado 28 de febrero.Según informes de campo, la cifra de 555 anunciada este lunes por el organismo registró un ascenso de 232 víctimas nuevas, en las últimas horas.Por su parte, la organización iraní de derechos humanos HRANA, con sede en Washington, dijo este martes que al menos 742 civiles han muerto en Irán, entre ellos 176 menores de edad.Además, 971 civiles han resultado heridos, incluidos 115 niños, mientras que otros 624 fallecimientos permanecen pendientes de confirmación y clasificación, de acuerdo con el último informe de HRANA.El cuarto día de guerra comenzó con nuevos ataques del Ejército de Israel contra Teherán y Beirut, después de que Hizbulá anunciara el envío de drones contra una base israelí y de que la Guardia Revolucionaria de Irán afirmara haber destruido una sede militar de EE. UU. en Baréin.Hasta primera hora de hoy se sucedieron bombardeos cruzados con distintos objetivos. Estados Unidos e Israel continuaron a su vez centrados en ofrecer diferentes justificaciones del ataque conjunto del sábado contra Irán, que fueron rebatidas por Teherán.Las cifras continúan siendo provisionales debido a las restricciones de acceso, la interrupción casi total de Internet y las dificultades para la verificación independiente sobre el terreno. EFE
Lo que comenzó como una celebración familiar por el grado universitario de una joven como médica veterinaria terminó en tragedia. La madrugada del lunes 2 de marzo, un bus afiliado a la empresa Libertadores cayó a un abismo en la vía de La Soberanía, entre Pamplona y Saravena, en el sector conocido como La Piasola, hacia el Alto de la Virgen, dejando como saldo la muerte de dos mujeres.Las autoridades identificaron a las víctimas como Ana Lucía Delgado y su hija Haddy Trujillo, reconocida empresaria del municipio de Saravena. Madre e hija regresaban a casa luego de asistir a la ceremonia de grado de la otra hija y hermana de Haddy, quien recibió su título profesional en la Universidad Cooperativa de Colombia.La Alcaldía de Saravena lamentó públicamente el fallecimiento de las dos mujeres. “Lamentamos profundamente la partida de Haddy Trujillo, joven empresaria que creyó en el desarrollo de nuestro municipio y de su madre, Ana Lucila Delgado. Su huella permanecerá en nuestra comunidad. A su familia y seres queridos, nuestro abrazo solidario. Que el amor que sembraron sea hoy su consuelo”, publicó la administración municipal en su cuenta oficial de Facebook.En el siniestro también resultaron heridas otras siete personas, quienes fueron trasladadas a centros asistenciales en los municipios de Toledo, Norte de Santander, y Cubará, Boyacá.Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las causas del accidente.
La Policía capturó a un peligroso motoladrón en la localidad de Bosa, al suroccidente de Bogotá. Al momento de la captura, este criminal tenía en su poder 11 teléfonos móviles y un arma tipo traumática que usaba para cometer los atracos.De acuerdo con las autoridades, la captura se produjo gracias a una denuncia ciudadana y a las labores de patrullaje adelantadas por uniformados de la estación de Policía Bosa. Los policías ubicaron una motocicleta que había sido señalada como involucrada en un atraco en inmediaciones del CAI Brasilia.Tras activar un plan candado en la zona, los patrulleros interceptaron al conductor, un hombre de 24 años. Durante el registro le encontraron en su poder un arma traumática y 11 celulares, cuya procedencia procedió a ser verificada por las autoridades judiciales.Según información preliminar, el capturado estaría vinculado a varios hurtos de celulares cometidos bajo la modalidad de atraco y raponazo, aprovechando el factor oportunidad para despojar a sus víctimas de los dispositivos en vía pública.El hombre fue dejado a disposición de la autoridad competente y deberá responder por los delitos de hurto y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, mientras avanzan las investigaciones para establecer si estaría relacionado con otros casos similares en la localidad.
La intervención de las EPS Savia Salud y SOS por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro ha deteriorado la atención de sus millones de pacientes y ha producido un preocupante descalabro financiero cuyos responsables son los interventores nombrados por la Superintendencia de Salud.Esa es la conclusión de dos decisiones de la Procuraduría que abrió investigación contra los ocho interventores y exinterventores nombrados para esas dos EPS en los últimos tres años, con un elemento adicional: el Ministerio Público decidió suspender provisionalmente a los actuales responsables de esas entidades, William Humberto Salgado de Savia Salud y Carlos Alberto Betancur de SOS.La EPS Savia Salud, que atiende a cerca de 1 millón 700 mil pacientes principalmente en Antioquia, fue intervenida por la Supersalud el 16 de junio de 2023 con el fin de supuestamente corregir las condiciones económicas y administrativas de la entidad, fines que según la Procuraduría, no se cumplieron.Según el Ministerio Público, el número de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de pacientes de Savia Salud pasó de 70 mil en 2023 a 93.500 en 2025, lo que significa que tuvieron un incremento del 33%. El motivo más frecuente de queja fue la falta de oportunidad en citas o consultas médicas, que creció un 485% en ese periodo.Las acciones de tutela también aumentaron. En 2023 se interpusieron 18.662; en 2024 la cifra llegó a 23.546, un incremento del 26%. Para 2025 hubo una leve disminución hasta 22.001 acciones, pero aún 18% por encima del año de inicio de la intervención. En promedio, cada mes se radicaban 1.833 tutelas al cierre de 2025.En el caso de la EPS SOS, que atiende a cerca de 750 mil pacientes en Valle del Cauca y Risaralda, la Procuraduría concluyó que durante los 20 meses de intervención forzosa, desde abril de 2024, la prestación del servicio de salud y la situación financiera se deterioraron de manera significativa.En materia de acceso a los servicios de salud, el número de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes pasó de 66.611 en 2023 a 95.025 en 2024 —un incremento del 42%— y llegó a 114.910 en 2025, lo que representa un aumento del 71,5% frente al año previo a la intervención. Las principales causas de las quejas se concentran en la falta de atención integral, la negación de autorizaciones médicas y la ausencia oportuna de medicamentos.Las acciones de tutela también crecieron de manera sostenida: de 6.406 en 2023 pasaron a 7.280 en 2024 y a 7.496 en 2025. Según el informe, cerca de 710 de estas acciones constitucionales permanecen sin resolución definitiva, y 3.633 generaron incidentes de desacato durante el período analizado.La Procuraduría también advirtió que podrían evaluarse las responsabilidades de la propia Superintendencia Nacional de Salud en la selección de los perfiles de los interventores y en el seguimiento a su gestión. Del mismo modo, señaló que el Ministerio de Salud y Protección Social podría tener responsabilidades derivadas de su rol como órgano rector del sistema de salud y entidad de control de tutela sobre la Superintendencia.
La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa para establecer posibles irregularidades en un contrato suscrito por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas con una empresa de externalización de procesos de negocio. La actuación fue iniciada por la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Pública, tras una denuncia recibida en 2025 que advierte sobre presuntas anomalías en la ejecución del acuerdo.De acuerdo con la información conocida, la denuncia alerta sobre un supuesto manejo irregular de personal, posible desviación de poder, extralimitación de funciones, coadministración indebida y vulneración de derechos laborales en el marco del contrato. Estos señalamientos llevaron al ente de control a activar una indagación preliminar con el fin de identificar a eventuales responsables dentro de la entidad.Entre los aspectos bajo revisión se encuentra una presunta toma de decisiones administrativas y contractuales calificadas como de extrema gravedad. Según lo advertido en la denuncia, se habría producido la sustitución de más del 80 % del personal operativo y jurídico vinculado al contrato, sin que existiera evidencia de evaluaciones técnicas objetivas, matrices de desempeño, informes de auditoría o criterios de mérito debidamente documentados que justificaran dichos cambios.Asimismo, se indaga una posible desmejora deliberada de las condiciones salariales contempladas en el contrato, lo que podría implicar afectaciones a derechos laborales del personal involucrado. Este punto forma parte de las pruebas que el Ministerio Público ordenó practicar para esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que habrían ocurrido los hechos objeto de análisis.Por ahora inició de manera formal una etapa de verificación orientada a recopilar elementos que permitan establecer si hubo o no irregularidades en la contratación y ejecución del convenio suscrito por la Unidad de Víctimas.
La representante a la Cámara Katherine Miranda habló este miércoles 24 en Recap Blu. En una extensa entrevista, puso el foco en la familia del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y en los millonarios contratos que, según dijo, han recibido desde que comenzó el actual Gobierno. En su intervención dejó una frase que atravesó toda la conversación: “Es criminal. Están jugando con la vida de los colombianos”.Miranda aseguró que, hasta ahora, no ha recibido ninguna respuesta del ministro frente a la denuncia. “Presentamos absolutamente todas las pruebas, todos los contratos de cada uno de su núcleo familiar”, afirmó, y aclaró que no está hablando de un delito penal, sino de una práctica que considera reprochable. “Esto no es un delito, pero sí es nepotismo, y es algo que antes se criticaba y hoy parece una normalidad”, dijo.Contratos por más de $3.200 millonesDurante la entrevista, la congresista explicó que al menos siete personas cercanas al ministro han tenido contratos con el Estado colombiano desde 2022. “Hablamos de sobrinos, cuñada, hermano, esposa, hijo e hijastro”, señaló, y detalló que el monto total supera los 3.200 millones de pesos.Uno de los casos que más inquietud le genera es el del hijastro del ministro en la ADRES. “Tiene dos contratos, uno por 12 millones y otro por 38 millones de pesos”, explicó. Según Miranda, uno de esos contratos fue por apenas 70 días de trabajo, lo que, a su juicio, enciende alertas sobre el manejo de los recursos públicos.Procuraduría, Contraloría y control políticoLa representante confirmó que la información ya fue enviada a la Procuraduría y a la Contraloría para que revisen si hubo irregularidades o tráfico de influencias. “Queremos que se establezca si la contratación fue adecuada”, afirmó.En ese contexto, Miranda vinculó la denuncia con la crisis del sistema de salud y la moción de censura contra el ministro. “Hoy el 52 % de la población está en EPS intervenidas por este gobierno”, advirtió, y agregó que el país atraviesa una situación crítica mientras, según ella, “un clan familiar se estaría beneficiando del Estado”. Para la congresista, el debate no puede aplazarse: “Nunca es tarde para hacer control político cuando lo que está en juego es la vida de la gente”.
La dirección nacional del Partido Liberal Colombiano, liderada por el expresidente César Gaviria Trujillo, pidió a su militancia no participar en las consultas interpartidistas programadas para el próximo 8 de marzo.La colectividad argumentó que no cuenta con candidatos propios ni representación en ese proceso, por eso piden mantener esa postura de abstención institucional frente a esta etapa de las elecciones presidenciales de 2026.Según el comunicado, al no tener una figura que represente las banderas del partido en ninguna de las tres consultas, no es apropiado intervenir institucionalmente y pide centrar los esfuerzos en las elecciones legislativas para Congreso de la República y consolidar una bancada fuerte que permita mantener y ampliar su presencia en el Legislativo.Aun así, el partido enfatizó que se respeta la autonomía de cada militante para actuar según su criterio personal.Así las cosas, el partido Liberal se suma al Pacto Histórico y a Cambio Radical, que han pedido a sus simpatizantes no participar en dichas consultas y, por el contrario, concentrarse en las campañas de cara a la primera vuelta o al Congreso.
El presidente de Fedegan, José Félix Lafaurie, anunció su renuncia al Centro Democrático. Es importante recordar que Lafaurie tuvo algunas diferencias con el proceso de selección de candidata del partido.Lafaurie, esposo de María Fernanda Cabal, aseguró que con esta decisión no busca afectar la candidatura de Paloma Valencia.“No pretendo alterar un ambiente político ya tenso, ni generar afectaciones a la candidatura de Paloma Valencia, quien no tiene relación alguna con mis desacuerdos”, dijo Lafaurie.Esta carta fue enviada al director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo.“Presento formalmente mi renuncia al Partido Centro Democrático lo hago sin salvedades personales, pero con claridad política. Renuncio a la forma, no al fondo, porque mis principios permanecen intactos. Me aparto porque intereses internos desplazaron la deliberación y porque los órganos de dirección optaron por privilegiarlos. Renuncio por dignidad”, dijo Lafaurie.Es importante recordar que Lafaurie había pedido la escisión del Centro Democrático pero no obtuvo respuesta sobre el tema. Ahora se irá a Salvación Nacional, partido que apoya la candidatura de Abelardo de la Espriella.
El exsenador José Obdulio Gaviria aseguró que el hoy candidato presidencial Iván Cepeda “sí tiene por qué estar asustado”, al referirse a las menciones que aparecen en los computadores incautados tras la operación militar contra el jefe guerrillero alias ‘Raúl Reyes’ en 2008.En entrevista radial, Gaviria sostuvo que las referencias a Cepeda en esos archivos “son ciertas” y que los hechos descritos allí pueden ser objeto de verificación judicial, pese a las decisiones que han limitado el uso probatorio directo de ese material en procesos penales.La discusión se reactivó luego de una publicación de La Silla Vacía que confirmó que el nombre de Cepeda aparece en correos atribuidos a integrantes de las FARC, específicamente en mensajes en los que se habla de coordinar la participación en la marcha del 6 de marzo de 2008, convocada por el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice).“El señor Cepeda sí tiene por qué estar asustado. Eso puede trascender a investigaciones que hoy hacen fiscales en Estados Unidos respecto a hechos criminales narrados allá”, afirmó Gaviria.Operación y custodia de los computadoresEl exsenador recordó que los equipos fueron incautados tras el bombardeo al campamento de ‘Raúl Reyes’ en territorio ecuatoriano y que, según la versión oficial de la época, fueron entregados a autoridades competentes sin ser manipulados.Señaló que el entonces gobierno coordinó la entrega del material a instancias internacionales para verificar su integridad y que, en su concepto, el contenido del archivo puede servir como insumo investigativo si se comprueban “circunstancias de modo, tiempo y lugar”.En la entrevista, Gaviria afirmó que distintas instancias han cruzado información proveniente de esos computadores con otros elementos de prueba y defendió que las menciones allí contenidas no fueron alteradas.La mención a CepedaSegún lo citado en la publicación periodística, uno de los correos atribuidos a integrantes de la estructura internacional de las FARC señala: “Por pedido del compañero Iván Cepeda estoy coordinando la unidad de las marchas que se harán en todos los países”.Sobre ese punto, Gaviria afirmó que “toda la afirmación respecto a Cepeda y la marcha del 6 de marzo es cierta” y agregó que, a su juicio, hubo intención de la guerrilla de respaldar esa movilización.Cabe recordar que, según La Silla Vacía, lo que aparece en los archivos es una mención hecha por miembros de las FARC, y no mensajes enviados directamente por Cepeda desde esos equipos.La defensa de Cepeda ha sostenido que la sola mención de su nombre en comunicaciones de terceros no implica relación directa con la organización ilegal y ha reiterado que judicialmente esos archivos no constituyen prueba válida para abrirle un proceso penal.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
La Registraduría Nacional del Estado Civil informó que está preparada para las elecciones del próximo 8 de marzo, luego de culminar el segundo simulacro nacional de preconteo de votos, un ejercicio clave para verificar la transmisión y consolidación de resultados.El registrador nacional, Hernán Penagos, señaló que la entidad trabaja de manera permanente para garantizar transparencia y tranquilidad a la ciudadanía durante la jornada electoral.”La registraduría está preparada para estas próximas elecciones y por eso trabajamos permanentemente para garantizar tranquilidad a toda la ciudadanía”, señaló el registrador.En la prueba participaron cerca de 35.000 personas en todo el territorio nacional y en consulados de diferentes países, quienes simularon la transmisión y recepción de resultados desde regiones como Vichada, Nariño, La Guajira y Chocó.El ejercicio contó con el acompañamiento de organismos de control como la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía, además de organizaciones políticas y observadores internacionales, entre ellos la Unión Europea.Según la Registraduría, el simulacro se desarrolló de manera eficiente y el procesamiento de los datos fue “impecable”, lo que permite avanzar en el alistamiento final para los comicios.“Venimos trabajando en un simulacro que transcurrió de manera eficiente y los resultados y el procesamiento fue impecable”, agregó.Penagos anunció que en las próximas semanas se realizarán nuevos simulacros enfocados en la transmisión de los formularios E-14, así como exposiciones del código fuente de los softwares electorales y auditorías a los sistemas de información.Estas actividades buscan reforzar la seguridad tecnológica y brindar mayores garantías de integridad electoral.Finalmente, la Registraduría reiteró que continuará afinando todos los detalles logísticos y tecnológicos de cara a las elecciones del 8 de marzo, e hizo un llamado a los ciudadanos para que tengan confianza en el proceso y participen activamente en la jornada democrática.
Un total de 41’287.084 colombianos están habilitados para votar en las elecciones del próximo domingo 8 de marzo de 2026, en las que se escogerán senadores, representantes a la Cámara y candidatos presidenciales de las tres consultas interpartidistas; esto de acuerdo con los datos del Censo Electoral establecido por la Registraduría Nacional.Del total del censo, 21.236.349 son mujeres y 20.050.735 son hombres. Para esta jornada se instalarán 13.746 puestos de votación y se habilitarán 125.259 mesas en Colombia y el exterior.En el territorio nacional podrán sufragar 40.036.238 ciudadanos, quienes votarán en 123.314 mesas distribuidas en 13.493 puestos de votación: 6.011 en zona urbana y 7.482 en zona rural.Los departamentos con mayor número de votantes son:Bogotá, D. C.: 6’101.479 ciudadanos habilitados, 1.083 puestos y 18.156 mesas.Antioquia: 5’404.926 ciudadanos, 1.282 puestos y 16.388 mesas.Valle del Cauca: 3’800.777 ciudadanos, 1.152 puestos y 11.571 mesas.Cundinamarca: 2’288.130 ciudadanos, 684 puestos y 7.106 mesas.Atlántico: 2’133.135 ciudadanos, 345 puestos y 6.545 mesas.Para las elecciones de representantes a la Cámara por las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), el potencial electoral es de 1’438.986 personas, quienes podrán votar en 5.042 mesas instaladas en 2.109 puestos de votación en 19 departamentos y 168 municipios.En el exterior, 1’250.846 colombianos están habilitados para votar en 253 puestos ubicados en 67 países. Se instalarán 1.945 mesas el 8 de marzo y 1.387 mesas entre el 2 y el 7 de marzo. El periodo de votación fuera del país comenzará el 2 de marzo y finalizará el 8 de marzo.Los ciudadanos pueden consultar su lugar de votación en la aplicación ‘AVotar’ o en la página web de la Registraduría Nacional, aquí.
En la noche de este martes, haciendo uso del derecho contemplado en el Estatuto de la Oposición, los partidos Cambio Radical y Centro Democrático realizaron la réplica a la alocución del presidente Gustavo Petro realizada el pasado domingo 16 de febrero en el que defendió el incremento del salario mínimo a un 23,7 %.La réplica de Cambio Radical estuvo representada por el senador cabeza de lista, Carlos Fernando Motoa, y el representante Julio César Triana, quienes denunciaron una profunda inestabilidad institucional y una falta de seguridad jurídica que mantiene al país en la incertidumbre.Desde Cali, el senador Motoa señaló que el Gobierno ha sumido a la nación en un “limbo jurídico” debido a su falta de respeto por la Constitución y la ley. Según Motoa, el Ejecutivo ha demostrado ser “incapaz de tomar decisiones que superen el análisis de las Cortes o del Congreso porque son decisiones pensadas para dar golpes de opinión y no para lograr mejorías reales”.El senador también cuestionó el rol actual del mandatario, afirmando que Petro “no está fungiendo como mandatario de todos los colombianos”, sino que actúa como “jefe de debate de un candidato presidencial que es aún más fanático que él”, posiblemente refiriéndose al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda.“Colombia merece certeza, estabilidad y un liderazgo amplio que gobierne para la totalidad, no para una base política. Desde la oposición al Gobierno nacional tenemos una invitación clara: no coman cuento ni traguen entero. Si a Petro le interesara el pueblo colombiano tomaría decisiones con vocación de permanencia, en vez de decisiones pensadas para agitar a sus adeptos”, aseguró Motoa.Por su parte, el representante Julio César Triana centró su intervención en la indignación ciudadana frente a lo que calificó como un Gobierno de imposiciones populistas. Triana exigió que el ingreso digno se busque “bajo la concertación y el diálogo” y no mediante la confrontación.Uno de los puntos más críticos de su discurso fue el cuestionamiento sobre la movilización social: “Presidente, la pregunta que hoy nos formulamos miles de colombianos es: ¿por qué no llama a la movilización social por la corrupción y el desgobierno?”.El representante recordó escándalos protagonizados por funcionarios de este gobierno como el de la Unidad para la Gestión de Riesgo, en donde dice, se robaron más de $8 billones de pesos de recursos necesarios para atender a los damnificados por la ola invernal en departamentos como Córdoba.Triana también mencionó otros escándalos, incluyendo el cartel de títulos, la financiación irregular de la campaña y contratos millonarios para servicios de maquillaje y fotografía para la exprimera dama, señalando que estos hechos son los que realmente le duelen al pueblo colombiano.
En medio de una creciente controversia política por la entrega de avales a figuras que no pertenecen tradicionalmente a comunidades originarias, el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) defendió públicamente sus decisiones y aseguró que actúa bajo el principio de autonomía de los pueblos.Jesús Cuasapud, representante legal de la colectividad, respondió a las críticas en entrevista con Mañanas Blu 10:30 AM y sostuvo que las determinaciones adoptadas por el movimiento obedecen a sus estatutos internos y a la autodeterminación de los siete pueblos que lo conforman.Avales bajo la lupa: el caso de Rubén Marino BorgesLa polémica se intensificó tras conocerse el respaldo de AICO a Rubén Marino Borges, aspirante al Senado con ascendencia italiana, y al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, como precandidato presidencial.En el caso de Borges, el debate se centra en su aspiración a una curul de circunscripción especial indígena en el Senado, figura creada por la Constitución de 1991 para garantizar representación a los pueblos originarios.Cuasapud explicó que AICO cuenta con tres espacios al Senado: dos tradicionalmente asignados al departamento de Nariño y uno correspondiente al pueblo Wayúu en La Guajira. Según indicó, fue precisamente esta comunidad la que, en ejercicio de su autonomía, decidió postular a Borges.“Ellos en consenso colocaron a Rubén Marino Borges como candidato al Senado de la República, cumpliendo con los requisitos mínimos que exige la Constitución para las curules especiales, que es ser indígena”, afirmó.El dirigente aseguró que el aspirante cuenta con certificación oficial del Ministerio del Interior que lo acredita como miembro de una comunidad indígena. Además, enfatizó que cada pueblo valida a sus integrantes de acuerdo con sus propios usos y costumbres.Daniel Quintero y la apuesta presidencialLa decisión de otorgar aval al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, para aspirar a la Presidencia de la República también ha generado cuestionamientos y reacciones en redes sociales. Para Cuasapud, sin embargo, se trata de una estrategia política que busca posicionar a AICO en el escenario nacional.“AICO es un partido pequeño que hoy está en el juego presidencial, en la conversa presidencial, con un candidato avalado por el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia”, señaló.El representante legal reconoció que alcanzar la Casa de Nariño es un desafío mayor, pero afirmó que el propósito es abrir camino para que, en el futuro, un líder indígena formado desde las bases pueda competir por el máximo cargo del país.Asimismo, rechazó las burlas y caricaturizaciones que han circulado en redes sociales, al considerar que desconocen el papel del partido en la representación no solo de comunidades indígenas, sino también de sectores campesinos y afrodescendientes.“Jamás hemos cobrado un recurso por un aval”Otro de los puntos sensibles en la discusión tiene que ver con posibles cobros económicos a cambio de avales políticos. Frente a ello, Cuasapud fue enfático. Según reveló, en 2023 el movimiento otorgó 3.765 avales para distintos cargos regionales sin exigir contraprestación económica.“Jamás hemos cobrado. Nosotros cambiamos esa forma de pensar. (…) Usted a cualquiera de ellos puede preguntar si le pedimos un solo recurso. No, al contrario”, afirmó.Explicó que los acuerdos con figuras como Quintero son de carácter político y programático, enfocados en la defensa del medio ambiente, la ancestralidad y los derechos colectivos. Entre los compromisos planteados estaría la expedición de decretos para salvaguardar territorios y fortalecer instrumentos jurídicos que protejan a las comunidades.El horizonte inmediato de AICO está puesto en el 8 de marzo de 2026, fecha clave para la renovación de su personería jurídica.De acuerdo con Cuasapud, la estrategia de ampliar la entrega de avales —incluyendo a campesinos y madres cabeza de familia que no necesariamente pertenecen a comunidades indígenas— busca fortalecer la presencia del movimiento en municipios y corporaciones públicas en todo el país.“El único compromiso es que, en estos momentos en que AICO necesita sostener su personería jurídica, le abran las puertas al movimiento”, concluyó.Escuche la entrevista compelta aquí
El registrador Hernán Penagos se refirió al proceso electoral del próximo 8 de marzo, día en el que se realizarán las elecciones al Congreso.Penagos asegura que ha circulado una información según la cual las elecciones en Córdoba se habrían suspendido por la emergencia invernal. El registrador aclaró esta información y que las elecciones en ese departamento ni se suspenderán ni se cancelarán.“Tenemos cerca de 120 puestos de votación afectados o con posibles afectaciones. Cerca de seis sitios de escrutinio, tanto en Montería como en algunos municipios del departamento, donde tenemos algunas incidencias, en especial en relación con escrutinios en Ayapel, en Cereté, en Montería, en Puerto Escondido y en San Pelayo. Los puestos de votación en los que hay incidencia los tenemos ya muy referenciados”, aclaró Penagos.En el mismo sentido, dijo que hasta este momento no se ha trasladado ningún puesto de votación en el departamento. Sin embargo, el registrador irá a Montería este jueves a una reunión para hablar sobre esta situación.“El próximo jueves estaremos en Montería realizando una reunión con el señor gobernador, con el señor alcalde de Montería y algunos alcaldes de municipios del departamento para ir viendo las incidencias de esos puestos de votación y esos sitios de escrutinio, ir buscando alternativas. Sin embargo, aún no vamos a tomar decisiones de traslado de puestos porque estamos a varias semanas de las elecciones”, agregó Penagos.