A más de cinco meses de haber dejado su cargo como alcalde de Apartadó tras ser inhabilitado por doble militancia, casos de presunta corrupción siguen enredando a Héctor Rangel, quien en las últimas horas fue requerido por las autoridades en el barrio Los Álamos del mismo municipio del Urabá antioqueño.
La diligencia llevada a cabo por efectivos de Policía Judicial estaría motivada por las investigaciones que avanzan en por un supuesto desfalco millonario que se produjo a las finanzas del municipio durante su administración, caso que fue denunciado recién se posesionó en su cargo el sucesor de Rangel, Adolfo Romero.
A mediados de mayo en conocimiento de la Fiscalía quedaron en poder documentos y pruebas sobre unas 50 transferencias bancarias realizadas al interior de la alcaldía desde mediados de 2024 sin el respaldo legal necesario, es decir, sin justificación de un contrato, resolución o decreto.
Según detalló en su momento a Blu Radio Rubiel Montes, secretario de Gobierno de Apartadó, los montos que involucran a Rangel y al menos otros dos funcionarios que cumplieron la funciones de alcaldes encargados, superan los 3.500 millones de pesos.
"Tienen una crisis administrativa y financiera al municipio de Apartadó, municipio que recibió con un déficit del año anterior de 6.300 millones de pesos, con una deuda de 55.000 millones de pesos, y se le suma esto un crédito de tesorería de 7.000 millones de pesos, más este desfalco de más de 3.000 millones de pesos", destacó el funcionario.
En la diligencia también quedaron en poder de las autoridades el exsecretario de Hacienda, Arnobio Cuesta y el representante legal de la empresa Fenomenal Soluciones, Diego Cardona. Aunque aún no se conoce un pronunciamiento por parte de la Fiscalía, se presume que uno de los delitos que se le atribuyen al exmandatario Rangel es el de peculado por apropiación.