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El Consejo de Estado acogió un recurso extraordinario de revisión y condenó al Ejército Nacional por la muerte de Edison Andrés Gómez Galeano, ocurrida en abril de 2007 en Medellín, atribuida a integrantes del Batallón de Ingenieros No. 4 Pedro Nel Ospina de la Cuarta Brigada. Con esta decisión, la Sala invalidó una sentencia de marzo de 2023 de la misma corporación.
El proceso había tenido fallos desfavorables para la familia. En 2013, el Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de la demanda al considerar que los soldados actuaron en legítima defensa durante una operación militar, misma conclusión que en su momento fue ratificada por el Consejo de Estado, al señalar que no había pruebas de un traslado forzado de la víctima y que se acreditó un supuesto ataque armado contra los militares, descartando un montaje para encubrir un falso positivo.
Posteriormente, el abogado de las víctimas, Javier Villegas Posada, interpuso un recurso extraordinario de revisión, aportando como elemento nuevo una declaración rendida ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que no había sido valorada en las decisiones anteriores.
"Logramos conseguir que se anularan las sentencias por la sentencia del Consejo de Estado en la que se exoneraba y en reemplazo se emitiera la sentencia en la que se condenaba al Estado después de haber valorado una prueba sobreviviente que se aportó en el proceso extraordinario de revisión, que era el testimonio de un sargento del Ejército que participó en la ejecución de Andrés", resaltó Villegas.
En esa declaración, el sargento viceprimero retirado William Darley Ospina García confesó que Gómez Galeano fue reclutado con una falsa oferta de empleo, trasladado en un vehículo oficial al barrio Altos del Oriente de Medellín y asesinado por tropas coordinadas por un oficial, para luego ser presentado como baja en combate. El exmilitar, quien aceptó su participación en 46 ejecuciones extrajudiciales, también reconoció la manipulación de la escena para simular un enfrentamiento.
Con base en estas pruebas, el Consejo de Estado concluyó que no hubo combate, que la víctima estaba en estado de indefensión y que existió una manipulación deliberada de la escena y de documentos oficiales.
"Había simulado perfectamente un combate, hasta el punto de que la prueba de guantelete había salido positiva, lo que implicaba que le habían colocado en sus manos un arma y disparada después de muerto para, efectivamente, resultar positivo este este resultado. Fueron documentos y testimonios falsos los que validaron la muerte de Andrés", aseguró el abogado.
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En consecuencia, este tribunal ordenó indemnizar a los familiares por perjuicios morales y dispuso medidas de reparación integral, como una rectificación pública y la incorporación del caso a los registros del Centro Nacional de Memoria Histórica y el Archivo General de la Nación.
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