Cuatro de 50 exmilitares no aceptaron su máxima responsabilidad en falsos positivos en Antioquia. Los hechos por los cuales se les acusa ocurrieron entre los años 2000 y 2003, donde fueron asesinadas un total de 581 personas y se desapareció a más de 200.
En un giro trascendental para la verdad y la justicia, cuatro de los 42 exmilitares de la Cuarta Brigada del Ejército no reconocieron ante la Jurisdicción Especial para la Paz su participación en los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos bajo la práctica de los llamados “falsos positivos” en Antioquia.
De los 50 exmilitares imputados, 42 aceptaron su responsabilidad, 4 la negaron y 3 presentaron solicitudes de nulidad. De igual manera, en un caso, el del compareciente Édgar Emilio Ávila Doria, la sala de la JEP no encontró registro de su pronunciamiento.
Entre los comparecientes que aceptaron su responsabilidad hay seis tenientes coroneles, 23 oficiales, ocho suboficiales, tres soldados profesionales y dos civiles, quienes admitieron haber hecho parte de estos hechos violentos cometidos entre los años 2000 y 2003 donde se asesinó al menos a 581 personas y se desapareció a 208 más.
Uno de los casos más emblemáticos es el del teniente coronel Juan Carlos Piza Gaviria, quien admitió haber liderado el conteo sistemático de bajas, promovido por competencias entre unidades y de haber entregado incentivos a quienes reportaran más muertes. Pero no todos siguieron el mismo camino.
Cuatro comparecientes decidieron no aceptar la imputación de la JEP, pese a la amplia evidencia en su contra. Se trata de los tenientes coroneles Jairo Bocanegra De La Torre y Juan Pablo Forero Tascón, quienes no reconocieron su responsabilidad.
Asimismo, en 2023 el general Mario Montoya Uribe, comandante de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional entre 2002 y 2003 y el coronel Iván Darío Pineda, tampoco reconocieron responsabilidad, y fueron imputados por crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Por otro lado, los brigadieres generales Óscar Enrique González Peña y Luis Roberto Pico Hernández, quienes optaron por presentar solicitudes de nulidad frente a los cargos.
Para ellos, el proceso seguirá por la vía adversarial, donde podrían enfrentar condenas de hasta 20 años de prisión si son hallados culpables.
Vale la pena recalcar que Antioquia concentró el 25,19 % de todas las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate a nivel nacional, donde se identificó que la Cuarta Brigada fue responsable del 73 % de esas muertes en el departamento entre los años 2000 y 2013.