Formulan cargos a gobernador de Antioquia por posibles irregularidades en proyecto de movilidad
Se trata de un millonario contrato para clicorrutas en el Oriente del departamento cuando Andrés Rendón fungió como alcalde de Rionegro.
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Un nuevo enredo judicial se avecina para el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, tras conocerse la decisión de la Contraloría General del departamento de imputarle cargos por presunto detrimento patrimonial por hechos relacionados con su gestión cuando fue alcalde del municipio de Rionegro entre el 2016 y el 2019.
La decisión está relacionada con un proyecto de ciclorrutas para el Oriente de Antioquia anunciado por el IDEA con una inversión de unos 25 mil millones de pesos y que atravesaría varios municipios como Rionegro y Marinilla.
Sin embargo, ese anuncio no se tradujo en una finalización real de obras a pesar de la suscripción de un contrato interadministrativo por 34.458 millones de pesos entre la Empresa de Vivienda de Antioquia e Indeportes Antioquia.
De ese monto total se llegaron a desembolsar 26.186 millones a los proveedores Ingecon e IDC, monto por el cual justamente el ente de control formuló cargos no solo contra el actual gobernador quien en ese momento era alcalde de Rionegro, sino contra el actual gerente de la Empresa de Vivienda de Antioquia, Rodrigo Hernández; exgerentes de Indeportes, siete exfuncionarios de la misma entidad; una de las firmas contratistas y una aseguradora internacional.
Según el documento del caso, la Contraloría de Antioquia determinó durante su proceso investigativo que hubo debilidades en la etapa precontractual del proyecto lo que llevó a la celebración de varios contratos para obras que hoy no cumplen el objeto para el cual fueron ejecutadas.
Las irregularidades hace más de cinco años fueron puestas en conocimiento por parte de entidades como la Veeduría Ciudadana al Central Park, una de las obras inconclusas o ‘elefantes blancos’ más grandes del país en el municipio de Bello. En diálogo con Blu Radio su representante, Carlos Contreras, explicó que una de las principales dificultades de la ciclorruta en el Oriente antioqueño estuvo relacionada con la adquisición de predial.
"Había que comprar algunas franjas de terreno, muchas franjas de terreno, cuando fueron a hacer las negociaciones algunos algunos cedieron, algunos vendieron, que están reclamando entre otras cosas que les paguen los daños y perjuicios porque durante muchos años no los han podido realizar", comentó.
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Sobre el caso ya asumió poder preferente la Contraloría General de la República e incluso compulsando copias a la Fiscalía General para evaluar posibles implicaciones penales, por lo que los denunciantes del caso solicitaron celeridad y justicia en caso de existir irregularidades.
"Esperamos que la Contraloría General de la República, quien nos informan, ejerce el poder preferente en este proceso, pues termine haciendo justicia y lo más pronto posible. No puede ser que estos procesos terminen demorándose, como en el Central Park, cinco o seis años, casi a punto de prescribir", destacó Contreras.
Frente a este nuevo proceso el gobernador Andrés Julián Rendón manifestó que es “una actuación inusitada”, a menos de 3 días para que la actual Contralora del departamento deje su cargo.
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“Es evidente el tinte político que la acompaña: lo hace a última hora y sin competencia para ello, extralimitándose en sus funciones. Por esta razón, en este proceso se ha solicitado la nulidad. Los puntos críticos de las ciclorutas están contratadas por esta administración. La razón de este desesperado accionar: a la Contralora saliente le negaron la creación y nombramiento de cerca de 200 cargos”, indicó el mandatario.
Este caso con presunta incidencia fiscal se suma a otro por el que está cerca de ser imputado el mismo gobernador Rendón por su gestión en el municipio de Rionegro. Allí se han hallado posibles irregularidades en la construcción de dos Centros de Atención Inmediata de Policía por aproximadamente 1.270 millones de pesos que, según la Fiscalía, no se ejecutaron conforme a la ley, se adjudicaron de forma directa a una empresa sin experiencia y no se entregaron realmente para su uso policial, lo que habría causado un detrimento patrimonial.