La Secretaría de Educación de Antioquia anunció que remitirá a la Unidad Nacional de Protección (UNP) el caso del rector de la Institución Educativa Rural Jesús María Valle Jaramillo, del corregimiento de La Granja, en Ituango, quien tuvo que desplazarse luego de recibir amenazas presuntamente provenientes del Clan del Golfo.
De acuerdo con las autoridades, las intimidaciones habrían surgido tras la instalación de una placa en el parque principal del caserío en memoria de las víctimas de la masacre perpetrada por paramilitares en 1996, en la que el Estado pidió perdón. La placa, que permanecía guardada desde 2022, fue ubicada la semana pasada por el rector y el párroco de la zona como parte del cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Sin embargo, según denuncias de organizaciones defensoras de derechos humanos como Corpades, miembros del grupo armado ilegal habrían exigido el retiro inmediato del homenaje y, días después, el rector empezó a recibir mensajes amenazantes que lo obligaron a abandonar el municipio junto con su familia.
El ente departamental informó que, tras conocerse la situación, se activaron los protocolos de atención y el rector fue acogido por el Comité Especial de Seguimiento a la Seguridad de Docentes y Directivos Docentes, este jueves. Desde allí se adelantan gestiones para su reubicación en una plaza que garantice su integridad.
Recientemente las autoridades antioqueñas señalaron que por lo menos 15 docentes estaban amenazados hasta el mes de octubre, según el Comité que estudia permanentemente la situación de cada una de las víctimas. Aunque no todos los casos están asociados a grupos al margen de la ley, sino que también algunos obedecen a dificultades con padres de familia o similares, la situación genera preocupación en el gremio del magisterio en Antioquia.
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