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Las autoridades en Antioquia no bajan la guardia ante la amenaza de los ataques con drones y por ello, la Gobernación anunció que se encuentra en el proceso de adquirir equipos especiales para emplear en contra de estos artefactos tecnológicos.
Según reveló el secretario de Seguridad Luis Martínez, si bien es el Ejército el que debe determinar en qué zonas del departamento se emplearán, a su juicio para iniciar las prioridades son las subregiones del Nordeste, Bajo Cauca y Norte, donde ya se han presentado algunos hechos.
Mientras tanto, el ente departamental está a la espera del aval de las fuerzas militares para proceder con la compra, que será con recursos de la tasa de seguridad e implicarán una inversión de 4.000 millones de pesos.
"Ya estamos en la adquisición de los mismos, estamos haciendo todas las coordinaciones pues con Ejército porque son ellos los usuarios finales y deben aprobar algunas situaciones que consideran deben cumplir estos aparatos. Son cinco antidrones que estamos adquiriendo para darle a nuestro Ejército", aseguró Luis Martínez, secretario de Seguridad de Antioquia.
Cabe recordar que la Fuerza Pública ya viene adoptando una serie de medidas con el fin de contrarrestar estas amenazas ya conocidas en otras zonas del país, así lo indicó recientemente el coronel Óscar Mauricio Rico, comandante de la Policía en el departamento, quien aseguró que las experiencias en la lucha contra este tipo de dispositivos en zonas como Cauca y El Catatumbo han brindado mayores herramientas para prevenir atentados.
Entre las disposiciones, Rico indicó que se encuentra, tanto el aumento en la recolección de información, como la instalación de inhibidores de señal para evitar el rango de maniobra de los drones, aunque reconoció que los grupos armados están adquiriéndolos equipados especialmente para estas acciones terroristas.
Otra de las estrategias que reveló Rico se está implementando consiste en el seguimiento a la trazabilidad de la comercialización de estos elementos. Si bien explicó que su compra o venta no tiene ninguna restricción legal, destacó que avanzan en la investigación de la cadena de importación de aquellos que han quedado en poder de la fuerza pública para así poder identificar de manera precisa cómo están llegando hasta estas estructuras al margen de la ley.
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