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En la mañana del 27 de febrero de 1997 en pleno centro de Apartadó, en el Urabá antioqueño, a un costado del hotel El Pescador, estalló un volqueta bomba que estaba cargada con más de 100 kilogramos de dinamita. Fueron 20 las personas que murieron producto de este atentado que dejó también 53 heridos y la destrucción del hotel y locales comerciales de sus inmediaciones.
Si bien el excomandante del extinto frente 58 de las Farc, Jhoverman Sánchez, reconoció ante la JEP la responsabilidad del grupo armado en la tragedia, son 29 las víctimas y los familiares de las mismas, los que aún reclaman por un reconocimiento y una indemnización que pueda reparar al menos económicamente las pérdidas de aquel día.
Francisco Sánchez, representante de las víctimas, relata la impotencia que siente luego de estar 27 años en una lucha constante por el reconocimiento de los perjuicios que les ocasionó el macabro atentado.
"Con mucho dolor tiene que decir uno, más de 10 personas víctimas de ese atentado se han muerto esperando una indemnización, poderle dar una vida tranquila y segura a su familia. No solamente fuimos víctimas hace 27 años, sino que en este momento seguimos siendo víctimas del Estado", manifestó Sánchez.
De esta manera, afirma que siguen siendo víctimas porque no los quieren reconocer ni reparar y los mantiene en una agobiante lucha después de todo lo que han sufrido.
En el ámbito legal, en enero de este año las víctimas a través de la Fundación Forjando Futuros impusieron una acción de tutela en contra de la decisión del Consejo de Estado, que en una segunda instancia, desmeritó las pretensiones de las víctimas en cuanto a una acción indemnizatoria por parte del Estado y aún están a la espera de la respuesta.
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