El hacinamiento en las estaciones de Policía de Medellín no solo agrava la crisis carcelaria, sino que representa un alto costo para la ciudad. Según cifras oficiales, la manutención de las personas privadas de la libertad en calidad de sindicadas le demanda al distrito cerca de $96.000 millones anuales, recursos con los que podrían construirse tres instituciones educativas.
Cada mes, el municipio destina $8.000 millones para cubrir los gastos de cerca de 1.600 sindicados, alojados en estaciones con capacidad apenas para 640 personas. Esto equivale a un hacinamiento del 150 %, según confirmó el secretario de Seguridad, Manuel Villa.
"Es una situación a nivel nacional, el hacinamiento en las estaciones de policía, en lo que tiene que ver con los sindicados que son, según la normatividad, competencia de los entes territoriales. Hay una capacidad para un poco más de 640 personas. A hoy hay 1.600 personas. No es suficiente el espacio", apuntó el secretario.
El impacto económico es considerable: solo un sindicado puede costarle a la ciudad entre cinco y seis millones de pesos al mes. Los $8.000 millones mensuales invertidos equivalen al 2 % del valor total de la nueva cárcel que se construye en el corregimiento de San Cristóbal, una obra de $675.000 millones que será la primera en Colombia bajo el modelo de alianza público-privada (APP).
La mega cárcel, cuya construcción ya inició, tendrá 1.339 cupos y entraría en operación en el primer semestre de 2027, con una concesión a 15 años y operación privada por 12, destacó Villa.
"¿Esto qué implica? Que cuando ya entre en operación en el primer semestre del dos mil veintisiete, esta megacárcel, vamos a pasar mil trescientas treinta y nueve personas que estarán en ese momento en las estación de policía directamente para que estén en las cárceles. ¿Qué va a implicar esto? Que las estaciones seguirán prestando su servicio para tener sindicados, pero ya no de manera asignada", expuso Villa.
Aun así, las autoridades locales advierten que el problema no se resolverá solo con infraestructura, sino que se requiere una reforma estructural que defina con claridad las competencias y fuentes de financiación entre la Nación, el departamento y el municipio, como fue planteado en el reciente Encuentro de Secretarías de Gobierno, Seguridad e Interior de Ciudades Capitales, convocado por Asocapitales y la Administración Distrital recientemente.
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