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Autoridades en Medellín y municipios vecinos se preparan para la llegada de más venezolanos ante la coyuntura del vecino país. Dificultades en educación, salud y empleo ya se avizoran en la segunda ciudad de Colombia con más ciudadanos venezolanos: hay más de 250.000 en suelo paisa.
Con la alerta de que puede haber una masiva llegada de población desde Venezuela por la situación de ese país, las autoridades locales se preparan para su atención teniendo en cuenta que a varios años de tener más de 250.000 ciudadanos solo en Medellín, sigue habiendo varios retos.
Según la Personería Distrital, solo durante 2025 brindó acompañamiento jurídico a unas 600 personas parte de esa población migrante, en temas como la regularización migratoria —incluyendo identidad, registro y solicitudes de refugio—, acceso a la salud, la atención en salud mental, el retorno humanitario y la orientación para el empleo, el emprendimiento y las rutas de seguridad social, tópicos en los que sigue habiendo vacíos.
A la par, desde municipios como Rionegro, que también son grandes receptores de esta población, mostraron preocupación por asuntos aún no resueltos que colapsarían con la llegada de más personas. El personero Jorge Restrepo manifestó a Blu Radio que ante la situación, junto con una corporación de esa zona del Oriente y un grupo significativo de ciudadanos, buscarán soluciones conjuntas.
“Hoy tenemos crisis en materia de salud, en materia de educación, en materia de empleabilidad formal y esto también tiene un reto conectado. Hay que ser claro si es que hay una alta población venezolana que trabaja en el marco de la informalidad”, relató.
Restrepo señaló que ante la coyuntura del vecino país, debe ser el presidente Gustavo Petro el que fije unos lineamientos a nivel nacional para que el Ministerio Público, es decir también la Defensoría y la Procuraduría, puedan trabajar de la mano con las autoridades locales.
“Yo creo que el llamado es instar al señor presidente Gustavo Petro para que adopte unas políticas interinstitucionales de manera sectorial donde se pueda concurrir en las diferentes instancias desde las municipalidades, los departamentos y la nación para que exista un brazo fuerte”, dijo.
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Para el caso de la capital antioqueña, la Personería también lamentó que persistan el desconocimiento normativo en entidades públicas y privadas, la falta de sensibilización y la limitada incorporación efectiva del enfoque diferencial migratorio, por lo que adelantó durante el año anterior 10 procesos formativos dirigidos a líderes y lideresas, funcionarios, contratistas, consultorios jurídicos y comunidad en general, con más de 400 personas sensibilizadas.
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