Faltan dos semanas para las elecciones legislativas en el país y los expertos en materia electoral reiteran la alerta que vienen haciendo por la manipulación que pueda haber en los comicios, por ejemplo, para el caso de Antioquia por parte de grupos armados como el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias, quienes en algunos municipios donde tienen fuerte presencia estarían buscando orientar el voto.
Según el informe dado a conocer por la Misión de Observación Electoral en Antioquia, el riesgo extremo se concentra en municipios como Amalfi, Anorí, Caucasia, El Bagre, Remedios, Segovia, Tarazá y Turbo.
También señalan que, a diciembre de 2025, 49 municipios (39,2%) registraban riesgo por violencia política y social, especialmente en el Bajo Cauca, Norte, Nordeste y Occidente.
Al preocupante panorama se suma que hay riesgo por fraude electoral para las elecciones legislativas del 30,4% (38 municipios) para el caso del Senado, y del 40% (50 municipios) a la Cámara de representantes, concentrándose la alerta en el Norte, Occidente, Suroeste y Nordeste.
Por fraude, los factores que más inciden incluyen bajas tasas de participación, variación atípica del voto, altos niveles de dominio electoral, votos nulos y tarjetones no marcados, indicó la entidad.
"El departamento de Antioquia es muy grande, muy complejo y muy extenso en sí mismo y hacemos de una proporción bastante alta del censo electoral, que podría estar afectada en este sentido, alrededor del 12 por ciento del censo electoral está ubicado en municipios con riesgo electoral. La injerencia más grande que hemos detectado en Antioquia es en tres subregiones Norte, Nordeste y Bajo Cauca, el riesgo es la confluencia de grupos armados", expuso Diego Rubiano, coordinador del Observatorio Político De La Moe.
Frente a los territorios que están en alerta máxima, hay que decir que en los que se ubican en la Circunscripción Especial de Paz del Bajo Cauca, 11 municipios presentan riesgo extremo, equivalentes al 92,3% del territorio.
A la par, en la circunscripción de Urabá, Turbo y Dabeiba concentran el riesgo extremo, pues son zonas estratégicas para economías ilegales y corredores de movilidad de grupos armados.
Ante los riesgos identificados con un potencial electoral cercano a los 5,5 millones de votantes en el departamento, la Misión de Observación Electoral pidió articular a la Fuerza Pública, el Ministerio Público y los gobiernos locales para prevenir interferencias de grupos ilegales, así como aumentar la presencia integral del Estado en los municipios con riesgo extremo en Antioquia, que ocupa el tercer lugar en el país con esta clasificación, luego de Cauca y Chocó.
También insistieron en que es necesario “garantizar canales efectivos de denuncia, fortalecer la protección de liderazgos sociales y políticos amenazados, asegurar la transparencia en la financiación de campañas y reforzar la pedagogía electoral para prevenir la manipulación, el clientelismo y la desinformación”.