El presidente Gustavo Petro anunció este sábado que convocará una reunión especial en su despacho para abordar la crisis financiera y administrativa de la Universidad de Antioquia (UdeA). Según el mandatario, un reciente ranking ubica a la institución como la segunda universidad pública de mayor calidad en el país, lo que, en sus palabras, evidencia que “Colombia tiene mayor calidad de su educación superior pública que la privada”.
Petro afirmó que se requiere un “plan de salvamento” para la universidad y su expansión en las comunas populares de Medellín y en la provincia antioqueña, ante lo que calificó como un abandono por parte de los gobiernos regionales.
Tras ese anuncio, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, no dudó en responderle cuestionando la presencia todavía del delegado presidencial Wilmar Mejía en el Consejo Superior de la UdeA, luego de estar salpicado por la investigación que lo señala con las disidencias de alias Calarcá, lo que motivó incluso una sanción de la Procuraduría que lo retiró temporalmente de su rol en la Dirección Nacional de Investigación, mientras avanzan las indagaciones. “Primer paso: retirar, del Consejo Superior de la UdeA, y de cualquier otra universidad pública, a agentes de inteligencia al servicio de la DNI”, afirmó el mandatario departamental.
Mientras esta polémica sigue, la alma máter enfrenta una grave crisis financiera: para 2026 tendrá un recorte superior a 65.000 millones de pesos y arrastra un déficit estructural que supera los 400.000 millones, mientras que para su funcionamiento inmediato requiere más de 130.000 millones adicionales. Según directivos y docentes, la institución ya debe escalonar pagos, aplazar obligaciones a 2025 y recortar actividades misionales, lo que implica menos profesores, menos cursos y riesgo para varias sedes y programas.
En paralelo, la Universidad de Antioquia salió al paso de una cifra que circula en redes sociales y que asegura que cada estudiante cuesta 52 millones de pesos al año. En un amplio comunicado, la institución calificó el dato como falso y explicó que no es correcto dividir el presupuesto total entre el número de matriculados, pues allí se incluyen recursos destinados a investigación, extensión, bienestar y obligaciones pensionales.
Añadieron que los costos por estudiante varían según el programa y la sede, y que ninguno alcanza ese valor. Además, pidió responsabilidad en el debate para no alimentar narrativas que perjudican a una institución que, por 222 años, ha sido patrimonio de Antioquia y del país.