La lupa de entes de control sobre el polémico concejal de Medellín Andrés Felipe Rodríguez no solo estaría puesta por los hechos protagonizados a inicios de octubre en el sector de El Poblado, durante las protestas en solidaridad con Palestina en donde apareció con un bate de béisbol.
Ahora Blu Radio conoció que ante la Procuraduría fue radicada una queja disciplinaria por presuntas irregularidades que el corporado estaría teniendo en contratos de su unidad de apoyo, en particular con un hombre identificado como Mauricio Felipe Muñoz Martínez, quien se desempeña en su equipo de trabajo bajo el cargo de gestor comunitario.
No obstante, su presencia en el círculo de trabajo del concejal Rodríguez ha levantado suspicacias en la opinión pública, frente a la idoneidad y las labores que estaría desempeñando como un presunto guarda de seguridad personal del político del Centro Democrático.
Muñoz Martínez es un exmilitar, que según los documentos que soportan la queja y que pudo conocer Blu Radio, hizo parte del Ejército entre 1995 y 2020 para posteriormente, entre 2021 y 2024, hacer parte de la compañía RR Record SAS, donde de acuerdo a una carta de recomendación de su representante legal se desempeñó como jefe de seguridad.
La dudas sobre la capacidad de Muñoz para desarrollar labores de gestor comunitario no solo han quedado en entredicho por su trayectoria, sino además, por su aparición junto al concejal en varias oportunidades en eventos públicos como marchas e incluso la misma manifestación propalestina del pasado 7 de octubre, donde se le vio grabando lo que estaba ocurriendo y mostraba preocupación por la integridad del corporado.
Demanda de pérdida de investidura
Pero el proceso ante la Procuraduría, con el que se busca una sanción disciplinaria, no es el único que se adelanta por este caso. El abogado Carlos Mario Patiño, quien radicó la demanda de pérdida de investidura ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, considera que el concejal incurrió en la causal consagrada en el artículo 48.4 de la ley 617, que habla sobre el uso indebido de recursos públicos.
La principal razón, explicó en diálogo con Blu Radio, es que las asistencias del Concejo tienen una destinación específica, es decir que no pueden ser empleadas para contratar escoltas u otro tipo de servicios.
"Uno no puede gastar esos recursos para ninguna otra cosa de lo que está dispuesto por la ley y el reglamento del Concejo. No solo como escolta, si usted, por ejemplo, utiliza ese contrato para que una persona le ayude con los servicios generales de su casa o de su empresa, pues incurre en el mismo problema, si el concejal siente que tiene alguna dificultad de su seguridad, deben de buscar la Unidad Nacional de protección, a la Policía Nacional", expuso Patiño.
Pero las implicaciones de estas indagaciones también puede recaer en la supervisora del contrato es Rosa María Montoya, subsecretaria de despacho del Concejo, pues es a través de esta dependencia que se adelantó la prestación de estos servicios. Información allegada a los estrados muestra que los reportes de la labor adelantada por el escolta no estarían siendo fieles a lo que en realidad este realiza.
Aunque es un proceso que podría extenderse, incluso más de un año y Rodríguez poder terminar su periodo legislativo, de declararse la pérdida de investidura esto tendría implicaciones para sus aspiraciones políticas posteriores, o incluso “su muerte política”, aunque todo dependerá de las decisiones judiciales.
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