En medio de las voces a favor y en contra de cómo se ha llevado a cabo la socialización de esta medida del Ministerio de Ambiente, la Procuraduría General de la Nación pidió un diálogo abierto para el proyecto que busca proteger los recursos naturales renovables del Suroeste Antioqueño, mediante la delimitación y declaración de una zona de reserva con una extensión de 37.365,57 hectáreas, abarcando los municipios de Jericó, Támesis, Valparaíso, Santa Bárbara, Fredonia y La Pintada.
En cuanto a la participación ciudadana, el ente de control enfatizó en la necesidad de garantizar espacios de consulta pública conforme al decreto 1081 de 2015 y el Acuerdo de Escazú, con el fin de asegurar la inclusión de comunidades, pequeños mineros y entidades territoriales en el proceso.
En este sentido, solicitó la realización de debates antes de adoptar la resolución, permitiendo construir consensos y encontrar soluciones conjuntas, una mayor legitimidad y coordinación en la toma de decisiones ambientales.
Uno de los puntos que ha generado inquietudes es si esta medida limita la actividad minera, ante lo cual la Procuraduría aclaró que aunque el proyecto de resolución establece que la reserva temporal no afectará títulos mineros ni permisos ambientales vigentes, la Agencia Nacional de Minería ha identificado la zona como estratégica para la transición energética, debido a la presencia de minerales como el cobre, lo que podría generar un conflicto entre la política de protección ambiental y los intereses mineros del Gobierno nacional.
A través de la delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, el ente de control recordó que el Consejo de Estado ha declarado nulos los contratos mineros suscritos después de la declaración de zonas excluibles de minería, mientras que ha protegido aquellos firmados con anterioridad.
AsImismo, destacó la importancia de la interpretación de la Sentencia de la Ventanilla Minera, en la que el Consejo de Estado ordenó que los títulos mineros respeten los territorios ambientalmente estratégicos, exigiendo estudios previos antes de aplicar restricciones.
Esta sentencia ya habría establecido un plazo hasta septiembre de 2024 para identificar los ecosistemas donde la minería debe prohibirse o restringirse antes de declarar reservas temporales.
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