Reportan hallazgo fiscal de $8.800 millones por megacolegio sin terminar en Sopetrán, Antioquia

Hallazgos fiscales por irregularidades en obras de infraestructura educativa y demoras en la entrega del PAE fueron las principales conclusiones que arrojó una reciente auditoría de cumplimiento a los recursos del Sistema General de Participaciones llevada a cabo por parte de la Contraloría General de la República a la Gobernación de Antioquia y al Distrito de Medellín.Según el ente de control, durante el proceso se configuraron un total de 11 hallazgos: uno con presunta incidencia fiscal por $8.879 millones y otros seis con presunta incidencia disciplinaria.La situación más grave se registró en el municipio de Sopetrán, Occidente del departamento, donde sigue sin terminarse las obras del megacolegio para la integración de la Institución Educativa José María Villa, sede principal y la sede Marco Fidel Suárez, para el cual se suscribió un convenio interadministrativo con el Departamento de Antioquia por 8.931 millones de pesos durante 2017.Según la Contraloría en el desarrollo de este convenio se celebró el contrato de obra para la construcción del megacolegio por 10.336 millones de pesos con un plazo de ejecución de 12 meses, pero fue suspendido en 2020."Me da mucha más alegría ver a estos muchachos, estas muchachas tan felices, tan esperanzadas, que el aspecto educativo les va a cambiar completamente la vida", dijo durante la presentación del proyecto el entonces gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez.Desde ese momento hasta la actualidad las obras siguen sin retomarse y aparte de la comunidad educativa afectada por la falta del espacio, lo que alcanzó a adelantarse ha registrado deterioro y está siendo objeto de vandalismo y hurtos.De igual manera, la entidad evidenció durante su auditoría que en los municipios de Cáceres, San Pedro de Urabá y Urrao, inició el calendario escolar sin la efectiva prestación del servicio de alimentación de los niños, niñas y adolescentes que hacen parte de los diferentes centro educativos.La situación se configuraría como un perjuicio de la estrategia de acceso y permanencia al sistema educativo oficial por lo que se investigan posibles demoras o irregularidades de parte de funcionarios para tener a tiempo el acceso al Programa de Alimentación Escolar.