La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana ante la grave situación de violencia que vive el municipio de Chiriguaná, en el departamento del Cesar.
La alerta responde a la creciente disputa por el control territorial y social entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido también como Clan del Golfo.
La confrontación podría desembocar en enfrentamientos armados que pondrían en riesgo derechos fundamentales como la vida, la libertad y la seguridad de la población.
El conflicto afecta tanto al casco urbano como a los corregimientos de Poponte, Rinconhondo, La Aurora y La Sierra, donde también operan otros grupos, como el Frente 41 Cacique Upar, disidente de las antiguas Farc, y estructuras del crimen organizado.
Según la Defensoría, las comunidades están expuestas a homicidios selectivos, desplazamientos forzados, amenazas, extorsiones y restricciones a la movilidad. Entre las poblaciones más vulnerables se encuentran líderes sociales, defensores de derechos humanos, comunidades afrodescendientes, campesinos, pescadores ancestrales e integrantes del pueblo indígena Zenú.
Entre febrero de 2023 y enero de 2025, se registraron al menos 20 homicidios en el municipio. De ellos, 11 se atribuyen al EGC bajo la modalidad de “limpieza social”, tres al ELN y uno a un grupo disidente.
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Chiriguaná, con más de 32.000 habitantes, comparte con La Jagua de Ibirico una zona estratégica de la Serranía del Perijá, codiciada por su valor geográfico y su conexión con economías ilegales.
Frente a este escenario, la Defensoría del Pueblo formuló 31 recomendaciones a entidades del Estado —entre ellas los ministerios del Interior y de Justicia, la Procuraduría, el Ejército y la Policía Nacional— con el fin de adoptar medidas urgentes desde un enfoque de derechos humanos y derecho internacional humanitario.
La institución propone acciones basadas en nueve enfoques clave, que incluyen: respuesta rápida, acciones de paz, protección a las comunidades, acceso a la justicia, atención humanitaria, políticas públicas para la inclusión, fortalecimiento organizativo y acompañamiento por parte del Ministerio Público.
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La Defensoría insiste en que se requiere una presencia institucional urgente para mitigar los riesgos, atender las necesidades humanitarias y cerrar las brechas de inequidad en este territorio en riesgo extremo.
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