Como “inaceptable” han calificado los gremios del Caribe ese borrador de decreto con el que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público busca redefinir el alcance de la exención de la contribución solidaria en el servicio de energía eléctrica, con lo que sectores como la agricultura, minería, construcción y servicios públicos deberán asumir el pago del 20 % correspondiente a dicha contribución, pues el documento establece que únicamente las industrias manufactureras mantendrán el beneficio tributario.
Rafael Madero, presidente de la junta directiva de Fenalco Atlántico, considera que este borrador es un "exabrupto del Gobierno”, sobre todo, cuando en la región Caribe se pagan unas altas tarifas de energía. Incluso, cuestiona si realmente los 1.2 billones de pesos que busca recaudar el Gobierno con esta contribución serán destinados a subsidios de energía o si tendrán otro destino.
"Hay unas tarifas ya impagables por lo costosas que están, en especial en la costa norte. Este tipo de incrementos, obviamente, es inaceptable. Hay una lectura de eso complicada, pues a través de estos decretos es como hacer reformas tributarias pequeñas, porque aquí se recogería más de 1 billón de pesos", manifiesta.
"Entonces, se pregunta uno: ¿para qué va a recogerse ese dinero, será para fondos de las próximas elecciones como muchos están especulando?", cuestiona.
Desde el Comité Intergremial Unidos por el Atlántico también se oponen a la eliminación de esta exención del 20% del valor en el costo de la energía, pues dicen que esto llevaría un aumento en el costo de la operación, lo que se traslada al consumidor final.
"Esto va a incrementar los costos operativos de los comerciantes y empresarios, va a afectar su competitividad y podría trasladarse a precios más altos para los consumidores y clientes en general. Estamos en un momento sensible en temas económicos para las empresas formales y legales, por eso se requiere soluciones que no comprometan la sostenibilidad de ellas en sus procesos operativos", expresa Zandra López, vocera del gremio.
Desde la Asociación Nacional de Empresas Generadoras, Andeg, también critican que el sector industrial tenga que volver a pagar una contribución de la que habían quedado exentos en el 2010.
Alejandro Castañeda, presidente ejecutivo de Andeg, insiste en que el esfuerzo del Gobierno en recaudar $1.2 billones con este decreto está mal enfocado, ya que debería centrarse mejor en a quién se le paga los subsidios de energía y no volver a cobrar a algunos sectores industriales que tenían el beneficio de la no contribución.
"Creo yo que está mal enfocado el esfuerzo, porque el documento soporte del decreto lo que dice es que el subsidio ha venido creciendo de tal forma que cada vez es más lo que tiene que poner la Nación. Pero aquí al Ministerio de Hacienda se le olvida una cosa y es que el 65% de los subsidios de los estratos 1 y 2 están mal focalizados o están ubicados en un nivel de estrato que no corresponde", opina Castañeda.
"Entonces, en lugar de focalizar mejor los subsidios, lo que está proponiendo es volvamos a cobrarle más a algunos segmentos industriales que ya tenían el beneficio de la no contribución", agrega.