Jueza que suspendió concurso de Fiscalía podría ser beneficiada con tutela que admitió
La jueza solicitó explicaciones a la Fiscalía sobre por qué no están siendo admitidos algunos postulados a pesar de contar con una amplia experiencia laboral.
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Varios son los cuestionamientos que rodean la decisión de la jueza Amalia Rondón Bohórquez, quien el pasado 14 de agosto ordenó suspender la realización de la prueba escrita que más de 100.000 personas tienen prevista realizar este domingo, debido a que admitió una tutela a favor de un ciudadano que reclamó ser tenido en cuenta, pese a no llenar el total de requisitos sobre experiencia laboral.
En un oficio enviado el 19 de agosto a la juez por parte de Carlos Humberto Moreno, subdirector nacional de Apoyo a la Comisión de la Carrera Especial de la Fiscalía, solicita a la togada que se declare impedida para tomar una decisión en este proceso y que, en contraparte, levante la orden de suspensión impartida.
En detalle, presenta que Rondón Bohórquez se inscribió al concurso para ser tenida en cuenta en la asignación de más de 4.000 puestos en la entidad, pero que fue inadmitida por no tener el total de los requisitos de la experiencia laboral, según los requerimientos establecidos para este concurso.
Lo anterior sería un dato menor, de no ser porque esta es la misma situación que presenta Nelson Uribe Martínez, el tutelante, a quien le admitió el proceso, por lo que consideran que una decisión en sentido favorable "conllevaría directamente a un interés particular sobre el estado actual de la doctora Amalia".
"Puede apoyar de manera indirecta a futuras demandas y requerimientos en su caso particular. Por lo anterior y ante la similitud fáctica del caso del accionante con la juez de conocimiento no es posible para la judicatura garantizar la independencia, imparcialidad y transparencia de las actuaciones judiciales por parte del funcionario judicial de conocimiento", indica el documento.
La sola organización de las pruebas, que se adelantarán en las 32 ciudades capitales del país, ha requerido la inversión de $5.000 millones de pesos, según cifras de la Fiscalía.