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Una demanda interpuesta por la Procuraduría ante presuntas irregularidades frente al manejo de recursos públicos para la puesta en funcionamiento de una planta de tratamiento de frutas en el corregimiento La Mina, permitió que el Tribunal Administrativo de Valledupar ordenara ejecutar y/o terminar el proyecto, en aras de salvaguardar el patrimonio público.
Dicho proyecto, acordado entre la alcaldía de Valledupar y el Cabildo Indígena Kankuamo en 2018, se dio bajo la inversión de más de $416 millones de pesos para la construcción de la misma, mientras que la comunidad kankuama se comprometió de dotarlo con maquinaria y equipos industriales, sin embargo, la obra quedó plagada de maleza y sin funcionar.
Sin embargo, luego de vigilar el proyecto y hallar múltiples irregularidades, la Procuraduría General de La Nación demandó tanto a la Alcaldía de Valledupar como a representantes del Cabildo Indígena, por “vulnerar los derechos colectivos al patrimonio público y la moralidad administrativa”.
En medio del proceso, el Juzgado Sexto Administrativo de Valledupar acogió los argumentos presentados por el ministerio público, en cabeza de los procuradores judiciales Andy Ibarra y Jesús Rodríguez, ante el inminente riesgo de que se perdieran los recursos del erario público que fueron utilizados para la ejecución de la obra.
En ese sentido, el fallo judicial ordenó a la Alcaldía de Valledupar, junto al gobernador de los kankuamo, a que coordinen medidas para poner en marcha la Planta de Procesamiento de Frutales del Centro Tecnológico de Frutas Verduras del Corregimiento La Mina, en un tiempo perentorio y con la apropiación de los recursos requeridos para su respectivo funcionamiento.
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