El Gobierno nacional amplió el plazo para que las personas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto puedan quedar incluidas en el registro oficial de damnificados en el Valle del Cauca.La decisión se tomó, luego de la solicitud presentada por la Gobernación del Valle que permitirá que quienes todavía no han adelantado el trámite tengan la posibilidad de reportar las afectaciones sufridas durante la emergencia y puedan ser tenidos en cuenta para las ayudas destinadas a la recuperación.“Desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres nos informaron que se amplía el plazo para cargar el Registro Único de Familias en Emergencia o Registro Unifamiliar de Emergencias, RUFE, a la plataforma del Registro Único de Damnificados, RUD. Este plazo no tiene una fecha de cierre o de corte”, explicó Francisco Javier Tenorio Lara, secretario de Gestión del Riesgo de Desastres del Valle.Le puede interesar: Pereira en crisis comercial: más de 7.000 comerciantes afectados tras terremoto del 10 de agostoLa administración departamental pidió a las personas que aún no aparecen en el registro que adelanten el proceso directamente en sus municipios, debido a que esta información será utilizada para determinar las necesidades de las familias afectadas y orientar la entrega de los apoyos del Gobierno Nacional.“Las personas que hayan tenido alguna afectación por el sismo y todavía no se han registrado deben acercarse a las alcaldías o a los coordinadores municipales de Gestión del Riesgo de Desastres para diligenciar el formato y poder recibir los beneficios del Gobierno Nacional por esta emergencia”, señaló Tenorio.En el primer reporte enviado a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el Valle del Cauca registró cerca de 90 mil damnificados. Las autoridades mantienen la verificación de los datos y de las condiciones de cada afectación para establecer las prioridades de atención durante las etapas de recuperación y reconstrucción.
La Universidad del Valle informó que, tras el terremoto del pasado 10 de agosto, se realizaron evaluaciones técnicas en sus diferentes edificaciones con el propósito de determinar las condiciones de la infraestructura y establecer las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la comunidad universitaria.Las inspecciones se adelantan, luego de que estudiantes y trabajadores manifestaran su preocupación por las condiciones de algunos edificios ubicados en las sedes de Cali, Buga y Buenaventura, donde se han reportado posibles afectaciones derivadas del movimiento sísmico.De acuerdo con Patricia Andrea Martos, ingeniera de materiales, jefe de la Sección de Salud Ocupacional y coordinadora del Sistema Comando de Incidentes de la Universidad del Valle, los análisis realizados hasta el momento no han evidenciado daños estructurales en las edificaciones evaluadas. Sin embargo, aclaró que el proceso de valoración continúa y que la clasificación de los inmuebles puede modificarse a medida que avanzan las visitas de inspección y los estudios especializados.“Para esta evaluación, la universidad adoptó como referencia una guía técnica de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica. Los análisis realizados hasta el momento no han evidenciado daños estructurales en las instalaciones. La clasificación de los inmuebles en los niveles verde, amarillo, naranja y rojo es un mecanismo técnico que puede cambiar diariamente, dependiendo de las visitas de inspección y de los análisis especializados que se continúan realizando”, explicó Martos.Le puede interesar: Dos personas aturdidas y un vehículo afectado dejaron disturbios en la Universidad del ValleLa funcionaria señaló que esta clasificación permite establecer prioridades para las intervenciones y definir las acciones que deberán adelantarse en cada inmueble, como parte del proceso de reparación y mantenimiento de la infraestructura universitaria.La Universidad del Valle también aclaró que una edificación clasificada en los niveles naranja o rojo no significa necesariamente que exista un riesgo inminente de colapso. Estas categorías indican que se requieren estudios adicionales y, en algunos casos, el uso de equipos especializados para determinar con mayor precisión las condiciones de la estructura y establecer las intervenciones necesarias antes de autorizar nuevamente su ocupación.Uno de los casos que permanece bajo evaluación es el del Colegio Académico de Buga. Según explicó la institución, este inmueble es utilizado por la universidad bajo la modalidad de arrendamiento, por lo que la valoración de sus condiciones se desarrolla de manera conjunta con el propietario y las autoridades locales.“En el caso del Colegio Académico de Buga, se trata de un inmueble que la universidad ocupa bajo la modalidad de arrendamiento. Por esta razón, la valoración de sus condiciones se adelanta conjuntamente con el propietario del inmueble y las autoridades locales de Buga”, explicó Martos.La funcionaria agregó que las restricciones de ingreso a algunos espacios de los campus responden principalmente a la necesidad de proteger la integridad de estudiantes, docentes, trabajadores y demás integrantes de la comunidad universitaria, mientras continúan las evaluaciones y los trabajos técnicos.Según la institución, los resultados obtenidos hasta ahora hacen parte de un proceso de recuperación que permitirá establecer prioridades para las labores de reparación y mantenimiento, además de definir las condiciones necesarias para avanzar hacia un retorno progresivo a las actividades presenciales.
Después del terremoto del 10 de agosto de 2026, varias edificaciones de Cali cuentan con etiquetas de colores en sus entradas, lo que ha generado dudas sobre su significado, especialmente por el temor sobre la habitabilidad de estas edificaciones tras el fuerte sismo. Estas marcas hacen parte de inspecciones realizadas para establecer si los inmuebles pueden ser habitados o si necesitan restricciones de acceso.La Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencia y Desastre reporta más de 270 inspecciones técnicas realizadas en el territorio por medio del protocolo internacional ATC-20, utilizado para identificar cuáles son las condiciones de seguridad que tiene la estructura.¿Qué significa la etiqueta roja en una vivienda?La etiqueta roja indica que el ingreso a la edificación se encuentra restringido. De acuerdo con la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencia y Desastre, la clasificación corresponde a inmuebles donde no existen condiciones favorables para ingresar debido a fallas estructurales o afectaciones de elementos arquitectónicos.Debido a ello, encontrar el color rojo en la entrada significa que la estructura ya fue evaluada y que existen condiciones que impiden considerarla segura para el acceso.Por otro lado, la etiqueta amarilla establece un acceso o uso condicionado. Es decir, esto ocurre cuando determinadas zonas tienen afectaciones por el colapso de elementos no estructurales o problemas relacionados con las redes de servicios públicos.Con esta clasificación se busca que las personas conozcan las condiciones identificadas durante la primera evaluación y eviten ingresar a zonas que representen riesgos.¿Qué quiere decir la etiqueta de color verde?La etiqueta verde señala que el inmueble fue inspeccionado y que, de acuerdo con dicha evaluación, presenta condiciones que permiten el ingreso y la habitabilidad en el corto plazo. Sin embargo, este color no significa que la estructura esté descartada para futuras revisiones.De hecho, Javier Romero, quien es ingeniero experto de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencia y Desastre, señala que “la marcación verde implica que los propietarios deben determinar acciones, a mediano y largo plazo, para habitar el inmueble en debida forma”.Las autoridades también pidieron revisar que las etiquetas sean legítimas, pues son de carácter preventivo y no reemplazan lo que es una evaluación técnica detallada. Adicionalmente, desde la entidad solicitan verificar que tenga el logo de la UNGRD y la firma de los profesionales responsables.En Cali, estas evaluaciones están a cargo de profesionales adscritos a la Secretaría de Gestión del Riesgo y voluntarios acreditados en el Registro Único de Profesionales Evaluadores. La clasificación busca orientar a los ciudadanos después de la emergencia y contribuir a proteger la vida mientras continúan las revisiones de las edificaciones afectadas.
Desde las 6:20 de la mañana de este miércoles se registra un ataque contra la estación de Policía del municipio de El Tambo, Cauca. Según la información preliminar, disidencias de las Farc estarían detrás de la ofensiva.Los hechos se presentan en el centro de El Tambo, donde hombres armados estarían disparando ráfagas de fusil contra la estación de Policía. Además, se reporta el lanzamiento de explosivos mediante drones.La situación de orden público mantiene en alerta a los habitantes del municipio. En medio de los ataques, la comunidad permanece confinada y se recomienda extremar las medidas de seguridad.Las autoridades trabajan para controlar la situación y establecer las condiciones de seguridad en la zona. Por ahora, se mantiene la tensión en el centro de El Tambo debido a la continuidad de la ofensiva armada.El ataque contra la estación de Policía de El Tambo, que generó además cierre de comercios y suspensión de clases, se suma a los hechos de violencia que han afectado al departamento del Cauca, uno de ellos, esta semana misma semana, cuando fue atacado a disparos el exalcalde de Cajibío, Cauca, Luis Carlos Olarte, mientras se deplazaba en su vehículo por la vía Panamericana, entre Cali y Popayán. El ataque también fue atribuido a las disidencias de las Farc.En medio de ambos ataques violentos, las autoridades avanzan en la verificación de la situación y en las acciones para proteger a la población.
El crecimiento de la economía colombiana en los últimos meses ha generado preguntas sobre las razones detrás de este comportamiento, especialmente después de un periodo marcado por bajos niveles de inversión y cuestionamientos a algunas decisiones económicas del gobierno anterior.Durante una entrevista en Mañanas Blu, el exgerente del Banco de la República Juan José Echavarría explicó que, aunque Colombia registra cifras positivas frente a las economías desarrolladas, el crecimiento no necesariamente refleja una recuperación sólida de todos los sectores. Para el economista, buena parte de ese comportamiento está relacionada con el gasto público, las remesas y otros ingresos.¿Por qué está creciendo la economía colombiana?Echavarría señaló que Colombia se encuentra en una posición intermedia frente a otros países de la región y advirtió que el crecimiento debe analizarse con cuidado. “2 y medio de crecimiento no es gran maravilla, o sea, no hay que exagerar, pero sí podría ser peor”, afirmó.El exgerente del Banco de la República explicó que el gasto público ha tenido un peso importante en las cifras recientes, aunque considera que ese factor no puede sostenerse indefinidamente. También señaló que sectores como la agricultura, el comercio, la construcción y la industria no están creciendo al mismo ritmo.A su juicio, el nuevo gobierno tiene la posibilidad de impulsar la inversión privada y recuperar la confianza de los inversionistas. “La inversión privada cayó muchísimo en los últimos 4 o 5 años”, aseguró, al señalar que pasó de niveles superiores al 20 % del PIB a cerca del 16 %.¿Qué está pasando con el dólar en Colombia?Otro de los puntos abordados fue la apreciación del peso colombiano. Echavarría explicó que el ingreso de recursos por remesas y otros flujos de capital ha influido en la tasa de cambio, al igual que la reducción de la percepción de riesgo con la llegada del nuevo gobierno.El economista destacó que esta situación genera efectos diferentes dependiendo de cada sector. “Beneficia a los importadores, castiga a los exportadores”, sostuvo.También lanzó una comparación para explicar la magnitud de la apreciación del peso: “Colombia es el país más revaluado con Suiza hoy”. Sin embargo, evitó hacer una predicción sobre el precio futuro del dólar y reconoció que históricamente sus pronósticos sobre la tasa de cambio no han sido acertados.¿Qué propone para el crédito en Colombia?Durante la entrevista también respaldó la discusión sobre una eventual modificación de la tasa de usura. Echavarría coincidió con la propuesta del sector financiero de revisar la metodología actual y advirtió que establecer límites demasiado bajos puede terminar restringiendo el acceso al crédito.“Si uno trata de llevarla muy abajo, produce efectos de gota gota muy, muy fuertes”, afirmó.Al cierre de la conversación, el economista recibió un mensaje sobre su esposa, Lucy Bartenberg, quien fue reconocida por su trabajo en favor de los derechos de las mujeres. Echavarría respondió con emoción: “No sabe cuánto me gustan esas palabras. Yo también las recuerdo con todo el amor y todo el cariño”.
La Policía Metropolitana de Barranquilla tendrá un nuevo comandante, luego de que se oficializó la tarde del martes, que el brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez salió del cargo y fue trasladado a la Policía Metropolitana de Bucaramanga.Por el momento quedó encargado el subcomandante de la Metropolitana, el coronel Miguel Fernando Sastoque Segura.El cambio se da en medio de la creciente violencia que enfrenta la ciudad y su área metropolitana, donde al 25 de agosto 784 asesinados, 54% más que para el mismo periodo del año anterior donde fueron 509.Pero la cifra más preocupante es que a cuatro meses y una semana de que finalice el 2026, la cifra de asesinatos en toda el área metropolitana ya supera los ocurridos durante todo el año anterior donde fueron 725 casos.En reemplazo del general Camelo se espera la llegada por primera vez a la comandancia de la metropolitana de Barranquilla una mujer. Se trata de la brigadier generalSandra Liliana Rodríguez Castro, quien se estaba desempeñando como la comandante delDepartamento de Policía Valle.
Más de 100 emprendedores del departamento están recibiendo apoyo de la Gobernación de Santander, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, con la entrega de insumos, equipos y elementos destinados a fortalecer sus unidades productivas, mejorar su capacidad operativa y generar nuevas oportunidades de ingresos para sus familias.La estrategia “Santander Contigo” busca llegar directamente a los territorios y acompañar a personas que han encontrado en sus emprendimientos una alternativa para mejorar sus condiciones económicas y sacar adelante a sus hogares."Entre los beneficiarios se encuentran emprendedores dedicados a la elaboración y comercialización de postres, tamales, hortalizas, café, confitería y paquetes, además de propietarios de pequeñas tiendas, negocios de confecciones y emprendimientos de manualidades", dijo Marisol Pinzón, secretaria de Desarollo Social. La dotación entregada incluye cocinas, máquinas de coser, neveras, congeladores, cavas, ollas, vitrinas, estanterías, batidoras, máquinas de moler, impresoras, mesas, sillas y surtido para los negocios, entre otros elementos requeridos para fortalecer sus actividades comerciales.“Santander Contigo busca impulsar negocios familiares”, explicó Marisol Pinzón Sierra, secretaria de Desarrollo Social de Santander, quien destacó que el programa permite acercar la oferta institucional a quienes trabajan diariamente por generar sus propios ingresos.Uno de los casos es el de Danith Milena Martínez, emprendedora del centro de Bucaramanga, quien lleva más de 20 años trabajando en su negocio y recibió una cava, termos y surtido para ampliar su actividad comercial.“Estoy muy agradecida con la bendición que me ha llegado de parte de la Gobernación. Salí favorecida con una cava, termos y bastante surtido para ampliar mi negocio. Gracias por esta labor tan bonita”, manifestó la emprendedora.Otro de los testimonios corresponde a Carmen Sepúlveda Mantilla, habitante del corregimiento 3 de Bucaramanga, quien encontró en el emprendimiento una alternativa para generar ingresos mientras ejerce como cuidadora de su hija en condición de discapacidad.Para seleccionar a los beneficiarios, la Secretaría de Desarrollo Social adelantó una convocatoria pública y realizó trabajo de campo en diferentes sectores del departamento. Durante estas jornadas se llevó a cabo la preinscripción de los interesados y la socialización de la estrategia.Posteriormente, se desarrolló el proceso de selección teniendo en cuenta los requisitos establecidos para acceder a los apoyos.La administración departamental señaló que continuará recorriendo los municipios para identificar las necesidades de los emprendedores y acercar los programas institucionales a las comunidades.Con “Santander Contigo”, la Gobernación busca fortalecer los negocios familiares y respaldar a quienes encuentran en el emprendimiento una oportunidad para generar ingresos, mejorar su capacidad productiva y construir un mejor futuro.
Un posible detrimento patrimonial cercano a los 2 billones de pesos fue advertido en medio del proceso de contratación para la construcción de una subestación eléctrica en Lorica, Córdoba. La alerta fue planteada por Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas.En entrevista con Mañanas BLU 10:30 con Camila Zuluaga, de Blu Radio, Bustos cuestionó las condiciones en las que se estructuró el proceso de adjudicación y aseguró que existen varias irregularidades que deben ser revisadas por las autoridades.Según el presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas, el proceso contempla costos que inicialmente fueron estimados en aproximadamente 650.000 millones de pesos, proyectados para un periodo de 10 años.Sin embargo, Bustos aseguró que la propuesta que quedó como única oferta se acercaría al presupuesto oficial y podría generar un detrimento patrimonial de una magnitud cercana a los 2 billones de pesos.“Se trata de una suma cercana a los 2 billones de pesos, ¿sí? Con B larga, es decir, eh, la una tercera parte de lo que vale la reconstrucción del terremoto”, afirmó Bustos durante la entrevista.Cuestionan oferta presentada para la subestación de LoricaUno de los principales cuestionamientos de Bustos está relacionado con el proponente que habría quedado habilitado dentro del proceso de contratación para la subestación de Lorica.El dirigente señaló que la oferta presentada se aproximaba de manera “extraña” al presupuesto oficial y cuestionó cómo el Consorcio SIGMA habría obtenido información que, según su denuncia, tenía carácter reservado.“Esta información es privilegiada y no se entiende cómo el Consorcio SIGMA logró tener una información privilegiada que se acercaba al presupuesto máximo oficial”, sostuvo Bustos.Además, cuestionó las condiciones de experiencia e idoneidad del proponente que quedó en el proceso. Según afirmó, se trataría de una firma que no acreditaba “unas condiciones especiales de experiencia, eh, idoneidad, etcétera”.Para Bustos, estos elementos deben ser analizados antes de que avance la eventual adjudicación del contrato, debido al impacto que tendría sobre los recursos públicos.Proceso de contratación viene desde eneroDe acuerdo con Bustos, la estructuración del proceso de contratación comenzó el 19 de enero de 2026, durante la administración del entonces presidente Gustavo Petro.El dirigente mencionó que para ese momento Edwin Palma se desempeñaba como ministro de Minas y Energía y Cristina Porto Carrero estaba al frente de la entidad involucrada en el proceso.“Este proceso de contratación, de acuerdo con el cronograma respectivo, viene estructurándose desde el 19 de enero del presente año, es decir, en la administración de Gustavo Petro”, señaló.Bustos agregó que el proceso estaba encaminado para ser adjudicado antes de finalizar el Gobierno anterior, pero finalmente no se concretó y habría quedado listo para continuar durante el comienzo de la actual administración.Alertan por falta de publicidad del procesoOtro de los aspectos cuestionados es la presunta falta de publicación del proceso en el SECOP, plataforma oficial en la que deben darse a conocer los procesos de contratación estatal.Bustos aseguró que el trámite se habría desarrollado sin la suficiente publicidad y calificó lo ocurrido como “un proceso de escondidas” y “un proceso en secreto”.“Fue un proceso de escondidas, un proceso en secreto, no había sido publicado en el SECOP”, afirmó el presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas.Según Bustos, esta situación habría limitado el conocimiento del proceso por parte de terceros y organismos de control. “Nadie tuvo conocimiento de ello, ni siquiera los órganos de control”, sostuvo.Procuraduría pidió revisar y retrotraer el procesoAnte los cuestionamientos, Bustos aseguró que la Procuraduría pidió que el proceso fuera retrotraído hasta su etapa inicial para garantizar las condiciones de publicidad y participación.“Debe ser retrotraído al inicio para hacer las publicaciones completas, enviar el proceso al SECOP y retomarlo desde el comienzo”, explicó.El dirigente sostuvo que esta medida permitiría garantizar la contradicción, la publicidad, el control y mejores condiciones dentro del proceso de contratación de la subestación eléctrica en Lorica.Denuncia fue presentada ante la FiscalíaPablo Bustos también aseguró que las presuntas irregularidades fueron incluidas en una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación.En sus declaraciones, el presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas mencionó a Edwin Palma y Cristina Porto Carrero, y se refirió a los antecedentes profesionales y políticos de la funcionaria.Bustos afirmó que en el proceso existen múltiples elementos que deben ser investigados y que ya fueron puestos en conocimiento de las autoridades competentes.“Muestra una serie de inconsistencias, irregularidades múltiples que hemos señalado y que la Procuraduría recoge muy ampliamente”, concluyó.
Al menos 160 personas murieron (157 en Nepal y 3 en China) y cientos permanecían desaparecidas o sin contacto este miércoles después de que violentas inundaciones repentinas golpearan ambos lados de la frontera entre Nepal y el Tíbet (China), arrastrando puentes, cortando carreteras y dañando infraestructuras hidroeléctricas.La mayor parte de las víctimas confirmadas hasta ahora se concentra en Nepal, donde el último reporte de la Policía, dado a las 23:05 local (17:20 GMT), informó de la recuperación de 157 cadáveres en las zonas afectadas por la riada del río Bhote Koshi, aunque su identificación todavía no había concluido, según el reporte de medios nepalís.El tercer balance de la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA), dado a las 22:00 (16:15 GMT) indicó que permanecían sin contacto 384 turistas, 291 extranjeros y 93 nepalíes, además de 44 miembros del Ejército, 28 policías, 13 efectivos de la Fuerza Armada de Policía y 60 trabajadores de distintos proyectos hidroeléctricos.Al otro lado de la frontera, las autoridades chinas informaron de al menos tres muertos y 265 desaparecidos en el condado tibetano de Gyirong, según un primer balance difundido por el medio estatal CCTV.El recuento, actualizado hasta las 20:00 hora local (12:00 GMT), precisó que el número concreto de fallecidos y heridos seguía bajo verificación mientras continuaban las operaciones de búsqueda y rescate.La riada golpeó con especial fuerza el distrito de Rasuwa, en el norte de Nepal, donde la masa de agua alcanzó a primera hora del miércoles las localidades de Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi, junto a uno de los principales pasos terrestres hacia el Tíbet.El desastre dañó al menos 80 puentes transitables (35 para paso vehicular y 45 colgantes) y unos 40 kilómetros de carreteras, además de proyectos hidroeléctricos y otras infraestructuras, lo que dificultó el acceso de los equipos de rescate a algunas de las zonas afectadas.El ministro de Asuntos Exteriores de Nepal, Shishir Khanal, señaló que los primeros indicios apuntan a que un terremoto registrado por la mañana habría provocado un gran deslizamiento de tierra que bloqueó temporalmente el cauce del río en territorio tibetano, antes de que la acumulación de agua desencadenara la crecida.El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) registró a las 02:52 GMT un sismo de magnitud 4,4, pero luego cambió el evento a un deslizamiento de magnitud 5,2, y situó su origen a unos 55 kilómetros al noroeste de Kodari, en Nepal.El Gobierno nepalí declaró durante tres meses zona de desastre las áreas afectadas y ordenó movilizar helicópteros militares y privados para las operaciones de búsqueda y rescate, además de proporcionar atención médica gratuita a los heridos y acelerar la restauración de carreteras, electricidad y telecomunicaciones.
La Defensoría del Pueblo advirtió que, en medio de la emergencia por el sismo de magnitud 7,4 que tuvo epicentro en San José del Palmar, se registraron múltiples hechos violentos entre los municipios de Sipí y Nóvita, perpetrados por el Clan del Golfo y el ELN. En total, la Defensoría contabiliza 384 familias y 1.339 personas afectadas, que además temen por la contaminación de su territorio con artefactos explosivos.Según la Defensoría, hombres del Clan del Golfo permanecieron tres días en la comunidad de San Agustín, en Sipí, e impidieron a los pobladores pescar, cultivar y realizar sus prácticas ancestrales. Días después, en un recorrido realizado el 19 de agosto, la Defensoría constató el riesgo de desplazamiento y confinamiento por los combates entre el ELN y el Clan del Golfo, que ya afectaba a seis comunidades étnicas de Nóvita y Sipí. Fueron afectadas unas 405 familias, es decir cerca de mil 366 personas, y fueron evacuadas hacia Barranco y el municipio de Istmina.El 23 de agosto, un ataque con dron cargado de explosivos dejó heridas a tres personas, a dos hombres y una mujer, y provocó el desplazamiento de 90 familias más, es decir, unas 118 personas, hacia Barranco, Charco Largo y Charco Hondo, poblaciones que hoy están confinadas por las restricciones a la movilidad.La defensora del Pueblo, Iris Marín, afirmó que el actuar de los grupos armados se trataba de una inaudita indolencia frente a un pueblo afectado por el sismo”. Además la situación estaría aumentando el riesgo para la población étnica del Consejo Comunitario ACADESAN, comunidad organizada en la región del río San Juan, y el pueblo indígena Emberá.Por eso, la Defensoría pidió a los grupos armados respetar el Derecho Internacional Humanitario y no poner en riesgo a la población civil. Y a las autoridades locales, departamentales y nacionales, activar de inmediato las rutas de atención humanitaria, garantizar condiciones seguras para quienes se desplazan y adelantar la caracterización de las víctimas para una respuesta integral. El organismo también solicitó una misión interinstitucional de verificación y anunció que seguirá haciendo seguimiento a la situación en la región.
El sistema de salud de Cali puso en marcha un plan de contingencia, luego de que el terremoto del pasado 10 de agosto provocara daños en 265 instituciones médicas de la ciudad. Ante la reducción temporal de la capacidad hospitalaria, la Alcaldía y la Secretaría Distrital de Salud activaron medidas para mantener la atención a los pacientes y habilitar espacios alternativos mientras se evalúa la recuperación de las edificaciones.Casos críticos Uno de los casos más críticos se presenta en el Hospital Universitario del Valle (HUV), principal referente de la red pública. El centro asistencial tuvo que restringir el uso de cerca del 40 % de sus instalaciones debido a afectaciones estructurales, entre ellas, el colapso parcial de una zona ubicada en la parte posterior del hospital. La recuperación de este sector requerirá una intervención especializada y de gran magnitud.La situación también impactó a las instituciones privadas. Algunos establecimientos tuvieron que suspender completamente sus actividades, mientras que otros operan de manera parcial. En conjunto, más de 300 consultorios permanecen temporalmente fuera de servicio en diferentes puntos de la ciudad.Frente a este panorama, la administración distrital busca redistribuir la atención y aprovechar áreas disponibles para evitar una interrupción en los servicios médicos. "En el marco de la alerta hospitalaria estamos implementando medidas junto al alcalde Alejandro Eder para que las instituciones compensen la pérdida de capacidad instalada. Existe la capacidad para seguir atendiendo a los pacientes de manera regular a través de la apertura de servicios y áreas de expansión transitoria, mientras se toman las determinaciones estructurales definitivas”, Germán Escobar Morales, secretario Distrital de Salud de Cali. Según el funcionario, la ciudad cuenta con alternativas para mantener la atención mediante la habilitación de nuevos servicios y la utilización de áreas de expansión transitoria, mientras se definen las intervenciones necesarias para recuperar de manera permanente la infraestructura afectada.En materia económica, uno de los principales respaldos para la recuperación serán las pólizas de seguro. De acuerdo con la administración, más del 90 % de los inmuebles afectados pertenecientes al sector privado cuenta con cobertura vigente, por lo que las instituciones ya adelantan los respectivos procesos de reclamación.La red pública distrital también inició los trámites con las aseguradoras. Son 64 centros de salud públicos los que presentan algún nivel de afectación y, según las primeras estimaciones, las obras necesarias para su recuperación tendrían un costo cercano a los 20.000 millones de pesos. Al contar con cobertura, la Alcaldía espera que el impacto financiero directo sea reducido y se limite principalmente al pago de los deducibles establecidos en las pólizas.
Más de cien templos y capillas del Valle del Cauca presentan afectaciones tras el terremoto del pasado 10 de agosto. En el área de jurisdicción de la Arquidiócesis de Cali, el reporte inicial da cuenta de 47 templos y capillas afectados, de los cuales 14 presentan daños de consideración, por lo que deberán ser sometidos a intervenciones de gran magnitud.Los casos más críticos Se destaca la Catedral Metropolitana de Cali, entre otras. Por ahora, los templos que presentan condiciones de riesgo permanecen restringidos al acceso de los ciudadanos, debido a que las estructuras podrían representar un peligro tanto para quienes ingresen como para las personas que transitan por sus alrededores."Hay que hacer una restauración prácticamente total, la recuperación en la medida de las posibilidades de la Merced, la Iglesia de la Milagrosa en la Rutbel, el templete también, tenemos la Iglesia de Terrón Colorado, San Ignacio de Loyola, la Capilla de la Merced en la Alameda y otras iglesias que con menor afectación, pero estas requerirán una intervención muy grande, sobre todo, tampoco puedo olvidar San Francisco, tambien una pequeña afectación tuvo también el Templo de San Antonio en Cali.", dijo monseñor Luis Fernando Rodríguez, arzobispo de Cali.La situación también es compleja en otros municipios del departamento. La Cumbre y Dagua quedaron sin sus iglesias parroquiales, lo que representa una dificultad adicional para las comunidades que utilizan estos espacios para sus actividades religiosas y sociales."Totalmente no pueden acceso porque son de riesgo para quienes están allí, e incluso los ciudadanos que pasan alrededor de los templos. Entre las prioridades se encuentran la Catedral de San Pedro Apóstol y la Iglesia de La Merced, considerados dos de los principales templos emblemáticos y bienes de interés patrimonial nacional", expresó Monseñor.Este es el balance preliminar, pero se espera que las evaluaciones técnicas permitan establecer con mayor precisión la magnitud de los daños y las obras que serán necesarias para garantizar la recuperación y seguridad de estos espacios religiosos y patrimoniales.
El sector empresarial del país comenzó a sumar esfuerzos con la Gobernación del Valle del Cauca para impulsar la recuperación de las zonas afectadas por el sismo. La iniciativa busca adaptar un mecanismo inspirado en Obras por Impuestos, con el propósito de canalizar recursos privados hacia proyectos prioritarios de reconstrucción.La propuesta surgió tras un encuentro de la gobernadora Dilian Francisca Toro con gremios y representantes del sector productivo, quienes manifestaron su disposición para participar en la recuperación de viviendas, hospitales e instituciones educativas afectadas.“Queremos consolidar una propuesta unificada con respecto a cuál va a ser el mecanismo de obras por impuestos aplicado para la reconstrucción”, señaló la mandataria, quien destacó la disposición del empresariado para acompañar al departamento en este proceso.La apuesta contempla concentrar los esfuerzos en los puntos donde las afectaciones son más graves, evitando que los recursos se distribuyan de manera dispersa. “Para este caso, el gobierno del Valle del Cauca está determinando en dónde empezar, dónde es más crítico y cual es la situación más problemática, para que los esfuerzos no se dispersen y no tengamos muchos haciendo cosas por diferentes partes que al final no permitan acelerar el proceso de reconstrucción”, indicó Adrián Zamora Gerente Corpovalle.Uno de los planteamientos está relacionado con la posibilidad de establecer un esquema de prepago del impuesto de renta. Julián Otálvaro, líder de Obras por Impuestos de Grupo Argos, explicó que la propuesta contempla la emisión de títulos que posteriormente podrían ser utilizados por las compañías para cruzarlos con sus obligaciones tributarias.El sector salud aparece entre las prioridades. Carlos Jurado, gerente corporativo de Colombina, señaló que las afectaciones en municipios del norte del departamento requieren especial atención. Entre las localidades mencionadas están Roldanillo, Trujillo y El Dovio, donde algunas estructuras resultaron afectadas por el movimiento sísmico.
“Marea viva, por el Chocó de mañana”, es una iniciativa convocada por organizaciones sociales, empresas y artistas colombianos, que busca reunir recursos para apoyar la reconstrucción de las viviendas afectadas por el terremoto y que hasta el momento ya ha recaudado 10 mil millones de pesos.El terremoto del pasado 10 de agosto que tuvo como epicentro a San José del Palmar ubicado en el Chocó, afectó a 29 de los 31 municipios del departamento, agravando las dificultades históricas que ya existían en materia de conectividad, vías, agua potable, energía, salud, educación y en déficit de vivienda. La campaña plantea apoyar la reedificación en mediano y largo plazo con la construcción de viviendas sostenibles, sismorresistentes y adaptadas a las condiciones geográficas y climáticas del territorio.Entre los promotores están la Fundación Mi Sangre, la Fundación Bancolombia, Grupo Argos, Progesa Chocó y RedPro, además de artistas y deportistas como ChocQuibTown, James Rodriguez, Mariana Pajón, Rigoberto Urán y el director técnico de la selección Colombia Nestor Lorenzo, entre otros.Bajo la premisa, Chocó se construye con su gente, y para apoyar a la reactivación económica del territorio, la reconstrucción de las viviendas estará a cargo de personas del departamento, desde la compra de materiales, la evaluación técnica y maestros de obra formados, además se habilitará un registro territorial de aquellos que sean capacitados.La iniciativa también busca conservar elementos propios de la arquitectura chocoana, especialmente en las zonas rurales y comunidades indígenas, donde las viviendas tradicionales de madera responden a las condiciones de la selva húmeda. El objetivo es combinar esos saberes locales con criterios técnicos que permitan construir hogares más seguros y resistentes. Las personas que quieran sumarse a esta iniciativa podrán realizar sus aportes a través de los códigos QR que se pueden encontrar en las redes sociales de los promotores. Las transacciones internacionales también están habilitadas.
Después del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto, la solidaridad se convirtió en una de las principales respuestas de los ciudadanos en Cali. Sin embargo, en los primeros días de la emergencia, gran parte de las solicitudes y ofrecimientos de ayuda circulaban a través de grupos de WhatsApp y redes sociales, donde los mensajes podían perderse rápidamente entre cientos de publicaciones.Ante esta situación, Juan Andrés Cano, un caleño de 21 años y estudiante de noveno semestre de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Icesi, decidió utilizar sus conocimientos para crear Cali Solidario, una plataforma gratuita que busca centralizar las necesidades de las personas afectadas y conectarlas con quienes tienen la posibilidad de ayudar.La herramienta funciona como un tablero en línea en el que los usuarios pueden publicar qué necesitan o qué están en capacidad de ofrecer. Las solicitudes pueden clasificarse en categorías como alimentos, agua, medicamentos, ropa, pañales, albergue, transporte, herramientas, mano de obra, salud y apoyo psicológico, entre otras. Cano cuenta que, una vez se restablecieron los servicios de energía e internet, comenzó a observar la gran cantidad de información que circulaba sobre personas desaparecidas, puntos de acopio y solicitudes de ayuda.El problema, según explica, era que muchos de esos mensajes quedaban rápidamente enterrados por nuevas publicaciones. “Vi que estaban mandando mucha información, pero era mensaje tras mensaje que no se podía hacer seguimiento”, explicó el joven a Blu Radio.Por eso decidió desarrollar una página que permitiera no solo publicar una necesidad, sino también hacer seguimiento a su estado. Cuando una persona recibe la ayuda que solicitó, puede marcar la publicación como solucionada, permitiendo que los demás usuarios sepan que esa solicitud ya fue atendida.Actualmente, la plataforma registra 178 avisos publicados y 31 ayudas concretadas, de acuerdo con la información disponible en el sitio web. Entre las solicitudes aparecen necesidades que reflejan cómo ha cambiado la emergencia con el paso de los días.https://calisolidario.triadaaliados.com/Al comienzo, comenta Cano, las principales solicitudes estaban relacionadas con alimentos, remoción de escombros y elementos básicos. Ahora aparecen con mayor frecuencia peticiones de asesoría jurídica, apoyo para el pago de arriendos, inspecciones de viviendas, conceptos de arquitectos e ingenieros y orientación frente a seguros y trámites relacionados con los inmuebles afectados.También ofrece información y acompañamiento emocionalCali Solidario no se limita al intercambio entre quienes necesitan y quienes pueden ofrecer ayuda. La plataforma también reúne información práctica, sitios de interés y otros recursos que pueden ser útiles durante la emergencia. Uno de los servicios disponibles es el acompañamiento emocional gratuito ofrecido por Triada Aliados, empresa cuyo dominio fue utilizado para poner en funcionamiento la plataforma. Según explicó Cano, se trata de sesiones de 45 minutos destinadas a personas afectadas que necesiten hablar con un profesional y recibir acompañamiento.El sitio también incluye información sobre puntos de acopio, albergues y otras iniciativas de atención, además de enlaces hacia organizaciones y entidades que pueden complementar la ayuda.Una herramienta que busca llegar a otras ciudadesLa iniciativa comenzó enfocada en Cali, pero su creador posteriormente adaptó el modelo para otras zonas afectadas.Uno de los primeros casos fue Filandia Solidaria, una versión de la plataforma desarrollada para el municipio de Filandia, Quindío. Allí, Cano trabajó con la administración local y habilitó permisos especiales para que algunas personas pudieran hacer seguimiento a las solicitudes y coordinar la atención de quienes requerían ayuda.Según relata, la experiencia permitió identificar mejoras para la plataforma y demostró que el sistema podía adaptarse a las necesidades particulares de cada territorio.También se han planteado versiones para Buga y Cartago, aunque, de acuerdo con Cano, estas iniciativas todavía tienen pendiente una mayor difusión y articulación local.Para el estudiante, uno de los principales desafíos ahora es lograr que la herramienta pueda mantenerse durante todo el proceso de recuperación. La razón es que, aunque la emergencia inmediata disminuya, las consecuencias del terremoto pueden extenderse durante meses.
La presidenta de la Cámara de Comercio de Cali, María del Mar Palau, confirmó que alrededor de 9.200 unidades productivas del Valle del Cauca se han visto afectadas tras el terremoto. De esta cifra, aproximadamente 3.100 corresponden a Cali, y cerca del 37 % no puede operar actualmente debido a los daños registrados en sus infraestructuras.Ante esta situación, la Cámara de Comercio de Cali habilitó una plataforma para que los empresarios afectados puedan reportar el estado de sus establecimientos. A través de este mecanismo, las empresas pueden diligenciar la información correspondiente y adjuntar fotografías de las condiciones en las que se encuentra su infraestructura. Con estos datos se realizará una valoración que permitirá determinar si la afectación es crítica, grave o moderada.Palau también hizo un llamado al Gobierno Nacional para que se adopten, desde ahora, medidas que permitan avanzar en la reactivación económica del departamento. La preocupación principal está relacionada con los cientos de empleos que están en riesgo y con la posibilidad de que trabajadores y empresarios dejen de recibir ingresos mientras los establecimientos afectados permanecen cerrados."Las cifras pueden variar, pero a hoy, 25 de agosto, tenemos un reporte de 28.900 unidades productivas afectadas en las zonas que estamos contabilizando en los cuatro departamentos. De ese total, 9.200 corresponden al Valle del Cauca y 3.100 a la ciudad de Cali. Esto significa que el 43 % de las unidades productivas afectadas corresponden al Valle del Cauca, convirtiéndolo en el departamento con el mayor número de reportes." dijo Palau. Sin embargo, algunos sectores ya han comenzado a retomar sus actividades. Entre ellos se encuentra el sector gastronómico, donde varias empresas han buscado alternativas para volver a operar, mantener sus negocios activos y reducir el impacto que la emergencia pueda generar sobre la economía regional.La Cámara de Comercio de Cali insiste en la importancia de identificar rápidamente las afectaciones y poner en marcha mecanismos de apoyo que permitan a las empresas recuperarse y preservar el empleo en el Valle del Cauca.
Indervalle mantiene una ruta de atención para responder a las afectaciones que dejó el terremoto en el sector deportivo del Valle del Cauca, con énfasis en la seguridad de sus funcionarios, el acompañamiento a atletas y para atletas y la evaluación de los escenarios deportivos.Según el diagnóstico del Instituto, 173 funcionarios y contratistas reportaron afectaciones en sus viviendas, con pérdidas parciales y totales en municipios como Cali, Roldanillo, Yumbo, Palmira, Buenaventura, Bugalagrande, El Dovio, Buga, Jamundí, La Unión, San Pedro, Tuluá y Vijes.“La emergencia modificó temporalmente la dinámica del deporte vallecaucano, pero también activó una respuesta institucional que busca que la recuperación sea integral, segura y con una visión de largo plazo. Reiterarles, de parte de la gobernadora Dilian Francisca Toro, que seguimos trabajando por ustedes y que deseamos brindarles las mejores condiciones para que juntos nos levantemos más fuertes”, dijo Ana Milena Orozco, gerente de Indervalle.La atención también incluye acompañamiento psicológico, psicosocial y biomédico para los deportistas, mientras se han implementado entrenamientos virtuales, trabajo individual desde casa, modalidades híbridas y espacios alternativos para mantener los procesos deportivos mientras se recuperan los escenarios afectados.En materia de infraestructura, Indervalle reportó 36 escenarios deportivos afectados en 11 municipios, de los cuales 24 presentan daños significativos. En Cali permanecen inhabilitados varios escenarios, entre ellos la Unidad Deportiva Jaime Aparicio, el Coliseo El Pueblo, el Velódromo Alcides Nieto Patiño y el Complejo Acuático Hernando Botero O’Byrne, mientras avanzan las evaluaciones técnicas.Como parte de la atención a los municipios afectados, el Instituto también ha enviado siete toneladas de ayudas humanitarias a Vijes, Sevilla, Alcalá, Ansermanuevo, Versalles y Caicedonia. Superada la primera etapa de la emergencia, Indervalle trabaja en la estructuración de un Plan de Reconstrucción para recuperar la infraestructura, los equipamientos y los procesos deportivos afectados.
Los 82 rescatistas, ingenieros y especialistas israelíes que durante nueve días apoyaron las labores de búsqueda, rescate y recuperación de víctimas del terremoto en Cali culminaron su misión y emprendieron el regreso a Israel.Durante su permanencia en la ciudad, el equipo trabajó junto a los organismos de socorro locales y participó en la recuperación de los cuerpos de 29 personas que permanecían atrapadas entre los escombros de edificaciones afectadas por el sismo.“Nos vamos de Cali sin que haya ningún cuerpo bajo los escombros. Nuestros equipos lograron extraer, junto con los equipos localesde emergencia, el total de las 29 personas debajo de los edificios que nos asignaron, lamentablemente todos sin vida. Hemos hecho cientos de clasificaciones de estructuras, principalmente escuelas y hospitales, con el objetivo de que Cali pueda volver a la normalidad lo más rápido posible“, dijo el mayor Ronlk Kaplan, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel.En medio de su despedida, Israel también entregó al Valle del Cauca cerca de siete toneladas de equipos e insumos médicos para reforzar la atención de las personas afectadas por el terremoto. El vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, destacó que se trata de la segunda donación de ayuda humanitaria enviada por el Estado de Israel.“Es la segunda que recibimos del Estado de Israel de equipos médicos, también de productos médicos para atender la tragedia de tantos colombianos que están sufriendo como resultado del impacto del terremoto aquí en la ciudad de Cali y en el departamento del Valle del Cauca. Hoy queremos muy especialmente expresarle gratitud a la unidad de rescate del Estado de Israel que participaron en la recuperación de 29 personas que murieron aquí en la ciudad de Cali como resultado del terremoto”, expresó el vicepresidente.Más de 80 voluntarios israelíes salieron este domingo desde Cali en un vuelo con destino a Egipto, donde realizarán la conexión hacia Israel. Los especialistas también apoyaron la evaluación de estructuras afectadas y las labores técnicas en las zonas de emergencia.