Desde hace más de dos años, las fundaciones que cuidan a adultos mayores en situación de vulnerabilidad en Santander sobreviven a duras penas. El Gobierno nacional dejó de girar el subsidio mensual de $80.000 que entregaba por cada adulto mayor institucionalizado, y en lo que va de 2025 no les han transferido ni un solo peso.
La denuncia fue hecha por Ángel Quiñonez, director de la Fundación Hogar Luz de Esperanza de Bucaramanga y presidente de la Asociación Santandereana de Centros de Atención y Protección al Adulto Mayor, quien advierte que la situación es crítica no solo en Santander, sino en todo el país.
“Este gobierno fue elegido con la promesa de respaldar al adulto mayor, pero la realidad ha sido otra. En 2022 giraron solo ocho meses, en 2023 seis, el año pasado apenas dos y este año no han girado nada. Eso ha puesto en jaque a todas las instituciones que cuidamos a esta población vulnerable”, aseguró Quiñonez.
Solo en la Fundación Luz de Esperanza se atienden a 257 adultos mayores, de los cuales 110 son externos, es decir, solo asisten durante el día, y 147 viven en el centro, donde el 70% padece algún tipo de discapacidad o requiere atención médica constante. El costo mensual por cada uno de los adultos, según la fundación, está entre $2 y $2,5 millones.
“Es una población muy frágil: adultos mayores postrados, con enfermedades crónicas, sin familia o con familias que no tienen cómo cuidarlos. Y el Estado los está dejando solos”, explicó.
En Santander hay 60 centros de protección, con 3.980 adultos mayores institucionalizados, de los cuales 980 están en Bucaramanga. A ellos se suman otros 15.000 beneficiarios en modalidad externa. A nivel nacional, se estima que hay más de 50.000 adultos mayores acogidos en este tipo de instituciones.
La falta de giros ha obligado a reducir servicios, restringir la atención y asumir deudas para poder seguir funcionando. “En nuestra fundación, el gobierno nos dejó de girar en promedio $5 millones mensuales. Ya son más de 100 millones que no hemos recibido. Con eso pagábamos parte de la nómina y los servicios públicos”, lamentó Quiñonez.
Ante el incumplimiento, la Asociación ha presentado acciones de tutela y de cumplimiento, pero hasta ahora las respuestas han sido desfavorables. “Nos dicen que están haciendo actualizaciones de datos y encuestas para firmar nuevos convenios. Llevamos tres años esperando mientras los adultos mayores viven el abandono”, agregó.
Quiñonez calificó la situación como una forma de negligencia institucional y dilación burocrática, y pidió al Gobierno nacional que reactive con urgencia los giros para garantizar la sostenibilidad de estas fundaciones, que en muchos casos son la única red de apoyo para miles de personas mayores.
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