Un abogado y docente universitario señalado de liderar una organización dedicada a la comercialización de drogas sintéticas y estupefacientes en el área metropolitana de Bucaramanga fue capturado junto a otros nueve presuntos integrantes de la estructura delincuencial conocida como ‘Francachela’, tras una investigación que se extendió por 18 meses.
El operativo fue adelantado por la Policía Metropolitana de Bucaramanga, en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, la SIJIN, la Seccional de Protección y Servicios Especiales (SEPRO) y el Batallón de Ingenieros de Combate No. 5 del Ejército Nacional.
Según las autoridades, durante la operación fueron ejecutadas seis diligencias de registro y allanamiento que permitieron materializar diez capturas por orden judicial por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir agravado.
El brigadier general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, explicó que la organización se dedicaba a la elaboración, distribución y comercialización de tusi y derivados de la cocaína en diferentes sectores del área metropolitana.
“Esta estructura distribuía tusi y derivados de la cocaína en el área metropolitana de Bucaramanga. Estos sujetos comercializaban los estupefacientes en fiestas realizadas en fincas y apartamentos, donde incluso preparaban las sustancias en el mismo lugar mientras se desarrollaban reuniones sociales y de consumo de licor”, señaló el oficial.
Las investigaciones también permitieron establecer que la organización tenía presencia en establecimientos nocturnos de Bucaramanga, especialmente en el sector de Cuadra Play, una de las principales zonas de rumba de la ciudad.
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De acuerdo con el reporte policial, la actividad ilegal impactaba además entornos deportivos, conjuntos residenciales, instituciones de educación superior y establecimientos nocturnos, donde se distribuían las sustancias ilícitas.
“Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores fue que el presunto cabecilla utilizaba su perfil profesional para ocultar las actividades criminales. El hombre se valía de su condición de abogado, su experiencia en cargos públicos y su labor como docente universitario para aparentar legalidad y evitar la atención de las autoridades”, señaló el general Quintero.
Durante los allanamientos fueron incautadas dosis de tusi, derivados de la cocaína, marihuana, anfetaminas y 100 mililitros de ketamina. Asimismo, las autoridades hallaron seis grameras, una licuadora, dos molinos pulverizadores eléctricos y once teléfonos celulares que serán utilizados como elementos probatorios dentro del proceso judicial.
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Además, se realizó la incautación con fines de comiso de un vehículo y una motocicleta que, según la investigación, eran utilizados para facilitar las actividades ilícitas de la organización.
Las autoridades estiman que la estructura obtenía ganancias cercanas a los 108 millones de pesos mensuales mediante la comercialización de aproximadamente 1.800 dosis de sustancias estupefacientes.
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