
Clan del Golfo amenaza al alcalde de Sabana de Torres y a líderes sociales en Santander
En la zona del Magdalena Medio también operan las disidencias de las Farc, ELN y bandas criminales asociadas al narcotráfico.

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Autoridades de Santander se encuentran en alerta tras la difusión de un comunicado firmado por el grupo armado ilegal Ejército Gaitanista de Colombia (también conocido como Clan del Golfo), en el que se lanzan amenazas directas contra el alcalde de Sabana de Torres, Darío Bucheneivich Caballero y varios líderes sociales del municipio.
En el documento, atribuido al bloque Aristides Manuel Mesa Páez, esta estructura criminal rechaza la oposición de líderes comunitarios a proyectos mineros en la región del Magdalena Medio, especialmente relacionados con la explotación de minerales. El comunicado, que circula en redes sociales, señala explícitamente que tomarán represalias contra quienes se interpongan en lo que denominan la “transformación y crecimiento” de la zona.
Además de señalar con nombre propio al alcalde, la amenaza también menciona a líderes sociales y a sectores que han cuestionado el impacto de los megaproyectos extractivos. El grupo anuncia que continuará su presencia armada en la región, advirtiendo que “ajustarán cuentas” con quienes no se alineen con sus intereses.
Hace una semana hombres armados ingresaron a un vivienda en Sabana de Torres y asesinaron a dos personas.
“Estamos reforzando la seguridad en las vías, en los asentamientos humanos, en sitios de aglomeración. en todas partes, con la fuerza pública buscamos garantizar la tranquilidad de los ciudadanos”, afirmó el mandatario local.
Las primeras hipótesis apuntan a que el doble homicidio estaría vinculado a disputas por el control del microtráfico.
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Organizaciones defensoras de derechos humanos han exigido al Gobierno Nacional garantías de seguridad para las personas señaladas, así como la investigación y judicialización de los responsables.
Hasta el momento, se espera un pronunciamiento oficial por parte del Gobierno Nacional, así como de la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, ante este nuevo episodio de intimidación contra servidores públicos y comunidades organizadas en el Magdalena Medio santandereano.
Se solicita vigilancia sobre posibles desplazamientos forzados y restricciones a la participación ciudadana en la región.