Condenan a alias ‘El Negro Ober’ por amenazar de muerte a una fiscal en Bucaramanga

Un juez de la República condenó a 36 meses de prisión a Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, conocido como alias ‘El Negro Ober’, por el delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos, luego de intimidar de muerte a una fiscal que investigaba penalmente a su esposa.De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, las amenazas estarían relacionadas con el proceso que adelantaba la funcionaria judicial por los delitos de concierto para delinquir agravado en concurso con extorsión agravada, en el que figuraba como indiciada la esposa del hoy sentenciado.El material probatorio presentado por el ente acusador permitió que Martínez Gutiérrez aceptara su responsabilidad de manera libre, voluntaria y con la asesoría de su abogado, lo que dio paso a un preacuerdo con la Fiscalía, posteriormente avalado por un juez de control de garantías.Como resultado, el despacho judicial impuso una condena de 36 meses de prisión y una multa equivalente a 8,8 salarios mínimos legales mensuales vigentes.Los hechos que motivaron la sentencia ocurrieron el 27 de marzo de 2023, cuando alias ‘El Negro Ober’, desde la Palogordocárcel de máxima seguridad de Palogordo, en Girón, Santander, grabó un video que posteriormente divulgó en redes sociales.En la publicación, el hombre amenazó de muerte a la fiscal encargada del caso contra su esposa y exigía su liberación inmediata, advirtiendo que, de no hacerlo, le quitaría la vida a la funcionaria judicial.Las autoridades señalaron que este no sería un hecho aislado, pues alias ‘El Negro Ober’ se ha hecho conocido por difundir videos intimidatorios desde centros penitenciarios, en los que no solo ha amenazado a funcionarios judiciales, sino también a comerciantes, periodistas y autoridades, evidenciando que continuaba delinquiendo pese a estar privado de la libertad.La Fiscalía General de la Nación reiteró que las amenazas contra servidores públicos constituyen un delito grave que atenta contra la administración de justicia y la integridad de quienes ejercen funciones judiciales.“El mensaje es claro: las intimidaciones, incluso, cuando se realizan desde centros carcelarios, tienen consecuencias penales y no quedarán en la impunidad”, indicó el ente acusador.El fallo quedó en firme tras la aprobación del preacuerdo y contra esta decisión procede únicamente el recurso de apelación.