El Juzgado Primero Penal del Circuito de Socorro condenó al exalcalde de San Gil, Ariel Fernando Rojas, por irregularidades en un contrato firmado en 2019 para el suministro de alimentación a miembros de la Policía Nacional que supuestamente prestaban apoyo en ese municipio de Santander.
La decisión judicial fue anunciada durante la audiencia de lectura del sentido del fallo realizada el pasado 30 de abril de 2026, en la que el despacho judicial declaró la responsabilidad penal del exmandatario por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
El proceso se originó por un contrato suscrito entre la Alcaldía de San Gil y la fundación Fundasander por un valor cercano a los 130 millones de pesos. El convenio tenía como objetivo suministrar alimentación durante un mes a un grupo de uniformados que cumplirían labores específicas en el municipio.
Sin embargo, según la investigación adelantada por las autoridades, las supuestas raciones alimentarias no habrían sido entregadas en las condiciones contratadas. Además, se estableció que varios de los policías que aparecían como beneficiarios no estaban prestando servicio en San Gil durante ese periodo. Algunos se encontraban de vacaciones e incluso otros ya estaban pensionados.
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Por estos hechos, también fue condenado el exsecretario de Gobierno de San Gil, Urbano Ballesteros, quien participó en el trámite y aprobación de los documentos relacionados con el contrato. En su caso, la condena corresponde al delito de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales.
El caso generó atención en Santander, debido a que, durante el proceso judicial, las defensas intentaron solicitar el vencimiento de términos para evitar una decisión de fondo. Además, trascendió que algunos de los implicados habrían intentado impedir la divulgación pública del avance del proceso.
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La condena también tuvo repercusiones políticas y administrativas. Esta semana, Ariel Fernando Rojas Rodríguez se apartó de sus funciones en el Instituto Departamental de Recreación y Deportes de Santander, Indersantander.
El proceso hace parte de las investigaciones por presuntas irregularidades en contratación pública que han involucrado a exfuncionarios de distintos municipios de Santander, especialmente en contratos relacionados con prestación de servicios y manejo de recursos públicos.
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