El anuncio de una huelga por parte del sindicato de trabajadores de la Electrificadora de Santander (ESSA) encendió las alarmas del sector empresarial. El Consejo Gremial Nacional advirtió que la suspensión del servicio eléctrico podría generar graves afectaciones sociales y económicas para más de 958 mil usuarios en siete departamentos del país.
La empresa, filial de Empresas Públicas de Medellín (EPM), presta un servicio considerado esencial, por lo que los gremios solicitaron la intervención inmediata del Ministerio de Minas y Energía, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Procuraduría General de la Nación para evitar una eventual interrupción.
El Consejo Gremial fue enfático en que la Constitución prohíbe huelgas en servicios públicos esenciales como la energía eléctrica, por lo que pidió acciones inmediatas de vigilancia y control por parte de las autoridades.
También exhortó al sindicato a retomar el diálogo y evitar medidas que puedan generar, según advierten, “daños irreversibles para la sociedad”.