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La violencia en Bucaramanga ha generado alarma entre los líderes comunitarios. Doce ediles y varios presidentes de juntas de acción comunal han denunciado amenazas de grupos armados que buscan imponer su control en barrios estratégicos afectados por el narcotráfico y la minería ilegal, según señalaron líderes locales.
Julio César Ortega Herrera, presidente de la JAC del barrio Balconcitos, explicó que la situación ha llevado a que siete de los once presidentes de la Comuna 17 consideren presentar su renuncia debido a la falta de garantías y a la demora en los estudios de riesgo por parte de la Unidad Nacional de Protección. “Actualmente tenemos 12 ediles amenazados en el área metropolitana y tres presidentes de juntas comunales bajo riesgo. La demora de las entidades de protección nos deja vulnerables”, indicó Ortega Herrera.
El líder comunal denunció además que algunos grupos utilizan alcantarillas y quebradas de la ciudad, como la zona bajo el Puente La Novena y la quebrada del Lorito, para realizar extracciones ilegales de oro y transportar drogas. Según Ortega Herrera, en los últimos días se registraron explosiones nocturnas con tacos de dinamita, que si bien eran pequeñas, reflejan la intensidad de la actividad ilegal en estos sectores.
Entre los grupos armados que han emitido amenazas directas se encuentra el Clan del Golfo, acusado de intimidar a los ediles y considerarlos “objetivos militares”. Ortega Herrera aseguró que, pese a las denuncias realizadas ante la Fiscalía y el SIJIN, la respuesta de las autoridades ha sido lenta, generando temor entre los líderes comunitarios y sus familias.
La comunidad advierte que en Bucaramanga hay al menos 140 ediles en riesgo, y muchos no se atreven a reportar las amenazas por temor a represalias. Frente a esta situación, el comandante de la Policía Metropolitana, William Quintero, indicó que 80 uniformados del Grupo de Operaciones Especiales (GODES) se encuentran desplegados en los sectores más vulnerables para fortalecer la presencia policial y prevenir delitos de alto impacto.
Adicionalmente, la administración municipal anunció inversiones millonarias en cámaras de seguridad con tecnología avanzada, que permitirán monitorear los barrios estratégicos y capturar a los responsables de homicidios, amenazas y delitos relacionados con la minería ilegal. Las autoridades aseguran que la combinación de presencia policial, vigilancia tecnológica y denuncia comunitaria es clave para garantizar la seguridad y proteger a los líderes comunales de la ciudad.