La suspensión provisional del aumento del salario mínimo dejó a cientos de empresarios de Santander en un limbo. A pocos días de cerrar nómina, muchos no tienen claridad sobre qué cifra aplicar para liquidar sueldos, prestaciones sociales y aportes, lo que ha encendido las alarmas en el sector productivo.
El impacto golpea principalmente a los pequeños negocios, comercios familiares y microempresas que operan con márgenes ajustados y que dependen de una planeación mensual para cumplir con sus obligaciones laborales. Sin una definición jurídica clara, temen cometer errores en los pagos o asumir sobrecostos que no pueden cubrir.
Juan Pablo Remolina, vocero de Prosantander, señaló que la decisión debe analizarse con rigor técnico y advirtió que el proceso de incremento salarial no contó con la concertación suficiente entre trabajadores y empleadores.
“Es una decisión que vale la pena revisar con atención, es una suspensión temporal en la que se le pide al Gobierno explicar las razones; todos quisiéramos que el aumento fuera mayor, pero los incrementos no se decretan sin criterios técnicos, deben considerar productividad, inflación y concertación, y nada de eso ocurrió”, explicó.
El dirigente gremial advirtió que la mayor presión recae sobre las microempresas, muchas con apenas cuatro o cinco empleados formales, que hoy no saben cómo ajustar sus cuentas.
“Esto está generando una presión muy grande, sobre todo en las pequeñas empresas; hay negocios que literalmente no saben cómo pagar la nómina”, agregó.
Mientras se define el futuro del decreto, el sector empresarial insiste en que la falta de claridad jurídica frena decisiones de contratación, inversiones y estabilidad laboral; la preocupación es que la incertidumbre termine trasladándose a los trabajadores, especialmente a quienes devengan el salario mínimo.
Los gremios piden al Gobierno nacional y a las autoridades judiciales una pronta definición para evitar un efecto dominó en la economía regional, donde miles de empleos dependen de pequeñas unidades productivas.