Un juez administrativo de Barrancabermeja emitió un fallo considerado histórico en materia ambiental, al ordenar a Ecopetrol y a la empresa Aguas de Barrancabermeja la restauración integral de la Ciénaga San Silvestre y del Caño Rosario, cuerpos de agua que durante años han sido afectados por derrames de hidrocarburos, vertimientos industriales y aguas residuales sin tratamiento.
La decisión judicial declaró vulnerados derechos colectivos como el ambiente sano, la salubridad pública y el patrimonio ecológico, y exigió medidas urgentes como estudios técnicos, monitoreo constante de la calidad del agua, sanciones a los responsables de nuevas afectaciones y la activación de la fase pendiente de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) San Silvestre.
El representante a la Cámara por Santander, Cristian Avendaño, junto a la Federación de Pescadores Artesanales, Ambientalistas y Turísticos de Santander (Fedepesan) y la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos), celebró la sentencia, destacando que marca un precedente en la defensa del agua y los ecosistemas del Magdalena Medio.
“Este fallo reconoce el daño ambiental y compromete al Estado y a las empresas a recuperar el ecosistema, evitar más contaminación y proteger a las comunidades que dependen de estos cuerpos de agua. Es un triunfo de quienes defienden la vida y el agua”, señaló Avendaño.
La sentencia también responsabiliza al Distrito de Barrancabermeja y a la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) por omisión de sus deberes ambientales al permitir la contaminación del Caño Rosario, afluente vital del complejo cenagoso San Silvestre, fuente de agua y biodiversidad para más de medio millón de personas.
Yuly Velásquez, presidenta de FEDEPESAN, aseguró que el fallo es resultado de un trabajo de más de una década de monitoreo comunitario. “Por primera vez se reconocen las pruebas que hemos recopilado sobre la muerte sistemática de especies en esta zona. Este es un respaldo fundamental a las comunidades de pescadores”, dijo.
La sentencia crea además un Comité de Verificación en el que participarán autoridades, empresas, organismos de control y la comunidad organizada, con el fin de garantizar el cumplimiento de las órdenes judiciales y asegurar la vigilancia activa de la restauración ambiental.
El congresista Avendaño instó a las autoridades locales y nacionales a cumplir sin excusas las disposiciones judiciales. “Durante años el Caño Rosario fue tratado como un canal de desechos por el abandono institucional. Hoy la justicia obliga a que se recupere este ecosistema, y nosotros seguiremos vigilantes para que la sentencia se traduzca en hechos concretos”, concluyó.