Gremio de seguridad alerta trabas en permisos de armas e inestabilidad en Supervigilancia

El sector de la vigilancia y seguridad privada en Colombia, que genera más de 450 mil empleos directos y factura cerca de 14,8 billones de pesos al año, enfrenta serios obstáculos para operar debido a la falta de continuidad en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y las demoras en la expedición de permisos de armas. Así lo advirtió José Saavedra, presidente de ECOS, Empresas Colombianas de Seguridad.“En lo que va del actual gobierno hemos tenido cuatro superintendentes diferentes. Esto impide que existan planes, mesas de trabajo o continuidad en los programas, y genera un cuello de botella enorme para el sector, especialmente en lo relacionado con la compra de armas, que son herramientas esenciales para la labor de protección”, aseguró Saavedra.El dirigente gremial señaló que esta situación se vuelve aún más crítica en el contexto de la seguridad de líderes políticos y sociales, pues aunque la Unidad Nacional de Protección (UNP) ha reforzado esquemas, las empresas que proveen el personal carecen de los permisos necesarios para dotar a sus equipos.Saavedra también rechazó declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien vinculó en el pasado a las compañías de vigilancia con estructuras paramilitares.“Nada más alejado de la realidad. Nosotros cuidamos colegios, universidades, centros comerciales y ciudadanos de bien. Llevamos más de 60 años prestando un servicio esencial para el país”, dijo.El gremio, compuesto por 927 empresas que cubren sectores como financiero, hidrocarburos, puertos, aeropuertos y conjuntos residenciales, asegura estar preparado para asumir nuevos retos, como la posible participación en la construcción y administración de cárceles para sindicados, con el fin de mitigar el hacinamiento en estaciones de policía y URI.En el Congreso Nacional de Seguridad Privada, que se desarrolla esta semana en Bucaramanga, los empresarios buscan dialogar con precandidatos presidenciales sobre el futuro del sector y plantear soluciones frente a la inestabilidad institucional y las reformas que afectan sus tarifas y costos laborales.“El país sigue creyendo en la seguridad privada. Estuvimos de pie en la pandemia, cuando muchos sectores tuvieron que cerrar, y seguimos aquí, las 24 horas del día, los 365 días del año. Lo que necesitamos son reglas claras y estabilidad para poder responder a las necesidades de los colombianos”, concluyó Saavedra.