El decreto 1474 de 2025, que incrementa el impuesto al consumo de licores, continúa generando preocupación en Santander, especialmente en el sector privado licorero, que advierte una fuerte caída en ventas, afectación al empleo y un posible aumento del contrabando.
Desde la Licorera de Santander aseguran que los efectos del nuevo impuesto se sienten desde comienzos de año. Según explicó su gerente suplente, Danny Villamizar, la tendencia del consumo es claramente a la baja.
“Desde el primero de enero venimos siendo afectados por el impuesto del IVA para los licores. Las ventas ya se han reducido en un 30 %. Hay una gran incertidumbre en el sector licorero del país por lo que pueda pasar con este decreto”, señaló.
Villamizar explicó que, aunque varios gobernadores han manifestado su rechazo a la medida, las empresas privadas están obligadas a cumplirla, lo que encarece el producto final y reduce el mercado.
“Nosotros, como privados, sí debemos acatar y pagar los impuestos; esto reduce el mercado en la región y hace que el aguardiente, que era una bebida popular, hoy se convierta en un producto al que solo pueden acceder quienes tienen mayor capacidad económica”, afirmó.
El impacto no solo se refleja en las ventas, sino también en el empleo. La Licorera de Santander opera con dos plantas maquiladoras y mantiene una cadena de contratos directos e indirectos que hoy está en riesgo.
“Esta es una cadena productiva completa: maquiladoras, empresas de transporte y distribuidores; hablamos de 25 empleos directos y cerca de 120 indirectos que hoy están en peligro”, advirtió el directivo.
Además, el sector alerta que el aumento de precios puede favorecer el contrabando y la comercialización de licor ilegal, que no paga IVA ni impuesto al consumo, y que representa un riesgo para la salud pública.
“El contrabando se ve favorecido porque no paga impuestos y circulan licores sin registro Invima. Esto pone en riesgo la vida de las personas, ya que son productos que no son aptos para el consumo humano”, concluyó Villamizar.
Mientras la Federación Nacional de Departamentos y los gobernadores mantienen su rechazo al decreto por afectar la autonomía fiscal y los ingresos regionales, en Santander el sector privado licorero insiste en que la medida está debilitando una industria clave para la economía y el empleo del departamento.
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