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Procuraduría formula cargos a dos exgerentes de Metrolínea por caso Metrocinco Plus

La Procuraduría investiga una presunta omisión en el seguimiento al contrato de concesión con Metrocinco Plus, operador que entró en crisis y dejó de prestar el servicio en Bucaramanga.

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La crisis de Metrocinco Plus, uno de los operadores del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Bucaramanga, llegó al escenario disciplinario. La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra dos exgerentes de Metrolínea, por presuntas irregularidades en el seguimiento y vigilancia del contrato de concesión suscrito con esta empresa.

Las investigadas son Emilce Delina Jaimes Caballero, quien estuvo al frente de Metrolínea durante 2022, y Yolima Espinel Blanco, gerente de la entidad en 2023.

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De acuerdo con el Ministerio Público, se busca establecer si las exfuncionarias incumplieron sus deberes al no adoptar oportunamente las medidas administrativas y contractuales necesarias para exigir el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por Metrocinco Plus S. A.

La investigación está relacionada con el contrato de concesión 001 del 19 de enero de 2008, cuyo objeto era garantizar la prestación del servicio público de transporte masivo en el área metropolitana de Bucaramanga bajo condiciones de continuidad, calidad y permanencia.

El organismo de control busca determinar si durante sus respectivas administraciones las exgerentes omitieron acciones de vigilancia y control que permitieran exigir al concesionario el cumplimiento de sus compromisos contractuales y adoptar medidas frente a las dificultades que afectaban la operación.

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La Procuraduría calificó provisionalmente las conductas investigadas como faltas graves cometidas a título de culpa gravísima.

Metrocinco Plus fue uno de los operadores encargados de prestar el servicio de transporte dentro del sistema Metrolínea. Sin embargo, la empresa atravesó una profunda crisis financiera y operativa que terminó afectando la prestación del servicio y dejando de circular sus buses.

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La situación hizo parte de las dificultades estructurales del sistema de transporte masivo de Bucaramanga, que durante años ha enfrentado problemas financieros, reducción de flota, incumplimientos operativos y dificultades para garantizar la cobertura y continuidad del servicio.

El proceso disciplinario busca establecer si las anteriores administraciones de Metrolínea actuaron oportunamente frente a las obligaciones del concesionario y si la falta de medidas de control contribuyó a que se prolongara la crisis contractual y operativa.

La formulación de cargos no constituye una declaración de responsabilidad disciplinaria. Las dos exgerentes tendrán la oportunidad de ejercer su defensa dentro del proceso.

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La ministra de Transporte, Elsa Noguera, confirmó que se gestionará una posible financiación para impulsar la recuperación de Metrolínea. "Es necesario", dijo.

El Área Metropolitana de Bucaramanga planteó ante el Gobierno Nacional alternativas para atender las dificultades de Metrolínea, relacionadas con la falta de buses, el deterioro de estaciones y las limitaciones en la prestación del servicio.

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