La Procuraduría General de la Nación puso bajo la lupa la creación y funcionamiento del Fondo de Desarrollo Colombiano (FODECOL), constituido en el municipio de Capitanejo, Santander, al abrir una indagación preliminar por presuntas irregularidades en su conformación y manejo administrativo.
La investigación es adelantada por la Procuraduría Provincial de Bucaramanga, que busca establecer si los funcionarios públicos que participaron en la creación del fondo actuaron conforme a la ley y a los principios de transparencia y responsabilidad en el uso de los recursos públicos.
De acuerdo con información preliminar conocida por el ente de control, Fodecol fue creado con un capital inicial cercano a los 25 millones de pesos, pero en un periodo aproximado de 15 meses habría adquirido la capacidad para administrar recursos multimillonarios, ejecutando más de 150.000 millones de pesos en recursos públicos, lo que despertó inquietudes sobre su estructura jurídica, su idoneidad y los procedimientos utilizados para su consolidación.
Capitanejo no solo fue el lugar de origen de Fodecol, sino que su creación quedó formalmente avalada por la Alcaldía Municipal, hoy en cabeza de Jaime Sepúlveda, mediante el Acuerdo Municipal 002 del 12 de febrero de 2025, sancionado por el propio mandatario.
Dicho acuerdo autorizó expresamente la creación e integración de Fodecol como un fondo mixto sin ánimo de lucro, con un capital inicial de 25 millones de pesos, de los cuales el municipio de Capitanejo aportó el 51 %, convirtiéndose en el socio mayoritario de la entidad.
Aunque el fondo fue constituido oficialmente el 13 de septiembre de 2024, su respaldo político y administrativo quedó sellado en febrero de 2025, cuando el alcalde sancionó el acuerdo que le dio vida jurídica. De manera paralela, el Concejo Municipal también autorizó el endeudamiento del municipio a través de empréstitos financieros, lo que hoy hace parte del análisis de los organismos de control.
Este rápido crecimiento es uno de los principales aspectos que analiza la Procuraduría, junto con la forma en que se gestó el fondo y el rol que habrían desempeñado los funcionarios de la Alcaldía de Capitanejo en este proceso.
El Ministerio Público investiga, si la creación de Fodecol cumplió los requisitos legales, quiénes fueron los funcionarios responsables de las decisiones administrativas, si las actuaciones podrían constituir faltas disciplinarias y si el fondo cuenta con la capacidad técnica y financiera para manejar recursos públicos.
El ente de control busca proteger los recursos del Estado y garantizar que las entidades creadas para impulsar el desarrollo regional operen bajo criterios de legalidad y transparencia.
Las autoridades continúan recopilando información y documentos que permitan esclarecer el origen, la estructura y el manejo de Fodecol, en un proceso que será clave para definir responsabilidades administrativas en Santander.
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