La Procuraduría General de la Nación remitió a la función disciplinaria el caso relacionado con la elección del contralor de Santander para el periodo 2026-2029, tras identificar posibles incumplimientos de las normas que regulan el proceso de selección. La decisión busca establecer si hubo irregularidades y determinar eventuales responsabilidades.
El Ministerio Público informó que cerró la actuación preventiva que adelantaba sobre este procedimiento, luego de solicitar información a la Asamblea Departamental de Santander y al Tribunal Administrativo de Santander sobre la convocatoria pública, las actuaciones administrativas y las decisiones judiciales relacionadas con el concurso de méritos.
Publicidad
Según la Procuraduría, la convocatoria inicial fue objeto de una medida judicial de suspensión provisional. Posteriormente, se presentaron nuevas actuaciones judiciales y administrativas que mantuvieron suspendidos los efectos de la convocatoria, mientras la Asamblea Departamental adelantaba actuaciones relacionadas con la continuidad del proceso.
Uno de los aspectos que llamó la atención del organismo de control es que, al cierre de la actuación preventiva, todavía no se había elegido al contralor departamental para el periodo 2026-2029. Por esta razón, el expediente fue trasladado a la instancia disciplinaria, que deberá evaluar los hechos y establecer si se presentaron conductas que ameriten una investigación formal.
Publicidad
La Procuraduría aclaró que esta actuación busca determinar posibles responsabilidades y no constituye, por sí misma, una declaración de culpabilidad contra los funcionarios o servidores públicos que hayan intervenido en el procedimiento.
Publicidad
El contralor departamental es el funcionario encargado de vigilar el manejo de los recursos públicos de la Gobernación de Santander y de las entidades sujetas a su control fiscal. Su elección se realiza mediante una convocatoria pública basada en el mérito, con participación de la Asamblea Departamental y bajo las reglas constitucionales y legales aplicables.
De acuerdo con los reportes de gestión de los seis Centros de Conciliación de la @PGN_COL ubicados en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Villavicencio y Barranquilla se alcanzaron 1.161 acuerdos entre las partes en lo corrido de 2026.
— Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) October 19, 2026
👉https://t.co/fBj6EfRclI pic.twitter.com/tdK2snrKib
La suspensión judicial de una convocatoria puede afectar el cronograma y la continuidad del proceso, por lo que las decisiones administrativas deben ajustarse a las órdenes de los jueces y a la normativa vigente. La actuación disciplinaria anunciada por la Procuraduría deberá establecer si las actuaciones adelantadas en Santander cumplieron esas obligaciones.
Publicidad
El caso pone nuevamente la atención sobre el procedimiento para elegir a quien tendrá la responsabilidad de vigilar el uso de los recursos públicos del departamento durante el periodo 2026-2029.