Asmet Salud atraviesa una crisis financiera que, según la propia entidad, compromete su capacidad de operación. Actualmente enfrenta medidas cautelares por $48.102.902.577, decretadas por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Florencia (Caquetá) y el Juzgado Promiscuo del Circuito de Concordia (Antioquia).
La intervención administrativa continúa y está programada hasta mayo de 2026. La EPS, que hoy registra cerca de 1,2 millones de afiliados, llegó a atender más de 2 millones cuando inició la intervención, una cifra que ha disminuido de manera significativa. Su operación se extiende por diez departamentos, incluida Bogotá.
En medio de estas dificultades, la entidad reconoció retrasos en el pago de la nómina. Explicó que el salario correspondiente a septiembre de 2025 se pagó de manera anticipada, el día 18 del mismo mes, antes de completarse el tiempo laborado, lo que generó un desfase que mantiene en mora el pago de octubre, con un retraso de 14 días.
Para mitigar el impacto financiero sobre los trabajadores, el agente especial interventor autorizó la modalidad de trabajo en casa, siempre que no afecte la prestación del servicio.
El agente interventor y su equipo directivo adelantan trámites administrativos y judiciales para enfrentar la situación, reconociendo los efectos sobre los trabajadores, la red prestadora, los proveedores y los afiliados. Sin embargo, en las últimas horas la EPS confirmó que la Superintendencia Nacional de Salud solicitó la renuncia del agente interventor.
Adicionalmente, aunque el Ministerio de Salud pidió el levantamiento de las medidas cautelares ante el juzgado de Florencia, una decisión del Juzgado Promiscuo del Circuito de Concordia, que amplió un embargo en procesos en curso, impidió el ingreso de los recursos de noviembre destinados al gasto administrativo, según comunicación de la Adres, lo que profundiza las restricciones financieras de la entidad.