Tras las festividades de diciembre, marcadas por el consumo excesivo de comida, bebida y trasnochos, el inicio del año se convierte en un reto para recuperar el equilibrio físico. Natalia Galvis, coach nutricional y de bienestar integral, destacó en Mañanas Blu con Camila Zuluaga que el éxito en este proceso radica en entender que la nutrición representa el 70% del resultado, mientras que el ejercicio aporta el 30% restante.Para este retorno a la salud, Galvis propone un enfoque holístico basado en la conciencia y la autocompasión, alejándose de la culpa y de las dietas restrictivas tradicionales. Según la experta, el objetivo no es buscar "opciones mágicas", sino generar información sobre lo que a cada persona le sienta bien o mal, ya que la tolerancia a los alimentos es un factor muy personal."No me gusta etiquetar la alimentación como algo bueno o malo, sino como algo que te cae bien a ti y algo que me cae bien a mí o mal a mí y eso es muy muy personal", dijo. El método de los 21 días y la sustitución de alimentosUna de las herramientas recomendadas por la experta es la alimentación antiinflamatoria de 21 días. "En una alimentación de 21 días antiinflamatoria, donde vas a conocer tu cuerpo, cómo se siente sin alimentos como, por ejemplo, los lácteos, el gluten, las grasas inflamatorias, el azúcar, los jarabes, el alcohol. En 21 días vas a explorar y experimentar en tu cuerpo. 21 días vas a reemplazarlos, no eliminarlos", indicó Galvis.La experta también sugirió buscar sustitutos saludables."Podemos cambiar también el gluten, puedo escoger un pan, por ejemplo, que tiene trigo, por un pan de arroz, que es menos inflamatorio y no estoy eliminando el pan", dijo.Hábitos más allá del platoEl bienestar no depende exclusivamente de lo que se come. La coach señala que el cuerpo es "sabio e inteligente" cuando se le brindan buenos hábitos. En este sentido, mejorar la calidad del sueño es fundamental. Galvis sugiere que, antes de recurrir a suplementos o medicamentos, se deben ajustar rutinas diarias, como desconectarse del celular y de la luz azul al menos a las 9:00 de la noche para permitir un descanso reparador.Finalmente, habló de la importancia de que cualquier plan para bajar de peso o mejorar el metabolismo sea guiado por un médico nutricionista, quien podrá ofrecer pautas específicas basadas en la individualidad de cada organismo.Escuche la entrevista:
A comienzos de cada año, miles de pacientes en Colombia se enfrentan a la misma escena: llegar a una cita médica, reclamar un medicamento o programar un procedimiento y preguntarse cuánto deberán pagar esta vez, pues como es habitual a inicios de cada año sube el precio de muchos servicios, entre ellos los pagos de las cuotas moderadoras del servicio de salud. Para muchas familias, esos valores, aunque parezcan pequeños, hacen la diferencia entre continuar un tratamiento o aplazar una atención médica necesaria. Con la llegada de 2026, el Gobierno nacional ya definió el monto de las cuotas moderadoras y los copagos del sistema de salud.A través de la Circular Externa 048 de 2025, el Ministerio de Salud actualizó oficialmente los montos que deberán asumir los afiliados al sistema de salud, tanto del régimen contributivo como del subsidiado, a partir del 1 de enero de 2026.Paciente, esto debe pagará por ir al médico en 2026La principal novedad es que estos valores se calculan con base en la Unidad de Valor Básico (UVB), cuyo precio para 2026 quedó en $12.110, según una resolución del Ministerio de Hacienda.Régimen contributivo: cuotas moderadoras y copagosLas cuotas moderadoras, que se pagan por consultas y algunos servicios para regular la demanda, quedaron así para 2026, según el ingreso del afiliado cotizante:Ingresos menores a 2 salarios mínimos: cuota moderadora aproximada de $5.000.Ingresos entre 2 y 5 salarios mínimos: cuota moderadora aproximada de $20.100.Ingresos superiores a 5 salarios mínimos: cuota moderadora aproximada de $52.800.En el caso de los copagos, que corresponden a un porcentaje del valor del servicio, se mantienen los rangos definidos por nivel de ingreso:Lea también: (Aumenta a 1.419 los quemados por pólvora en Colombia; más de 400 casos son menores de edad).Menor a 2 salarios mínimos: 11,5 % del valor del servicio.Entre 2 y 5 salarios mínimos: 17,3 %.Mayor a 5 salarios mínimos: 23 %.Copagos en el régimen subsidiadoEn el régimen subsidiado, los afiliados están exentos del pago de cuotas moderadoras; no obstante, sí aplican copagos de acuerdo con su nivel de clasificación:Nivel 1: no debe asumir copagos.Nivel 2: puede pagar hasta el 10 % del valor del servicio, con un límite máximo de $651.155 por evento, cirugía u hospitalización, y un tope anual de $1.302.309.Es importante recordar que estos valores comenzaron a regir desde el 1 de enero de 2026, por lo que los pacientes que hacen parte del regimen contributivo que asistan a su EPS tendrán que alistar más dinero para ser atendidos. Con esta actualización, el objetivo del Gobierno es mantener los cobros del sistema de salud ajustados a la inflación y al poder adquisitivo de los colombianos. Consulte la Circular Externa 048 de 2025 del Ministerio de Salud:
El uso de pólvora durante las celebraciones de Fin de Año volvió a dejar un saldo preocupante en Colombia. De acuerdo con el más reciente reporte preliminar del Instituto Nacional de Salud (INS), entre el 1 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de 2026, con corte a las 2:00 de la tarde, se han registrado 1.419 personas lesionadas por artefactos pirotécnicos en todo el país, lo que representa un incremento del 10,4 % frente al mismo periodo del año anterior.Las cifras evidencian que el mayor número de casos se presentó durante las horas de mayor celebración. Solo entre la tarde del 31 de diciembre y la tarde del 1 de enero se reportaron 391 nuevos lesionados, lo que confirma que la noche de Año Nuevo sigue siendo uno de los momentos de mayor riesgo por la manipulación inadecuada de pólvora.Preocupación con los menores de edadUno de los datos que más alarma a las autoridades sanitarias es la afectación a niños y adolescentes. Del total de casos reportados, 428 corresponden a menores de 18 años, es decir, cerca del 30 % de los lesionados. Además, el informe señala que 52 de estos menores se encontraban acompañados por adultos bajo los efectos del alcohol, un factor que incrementa el riesgo de accidentes graves.Por regiones, Antioquia lidera el número de casos con 182 lesionados, seguida por Nariño (131), Bogotá (104), Norte de Santander (84) y Cauca (81). En el listado también figuran Cundinamarca, Córdoba, Tolima, Atlántico y Santander, entre otros departamentos. En cuanto a ciudades, Medellín encabeza el registro con 72 casos, seguida de Pasto, Cúcuta y Neiva, lo que refleja una dispersión del problema en todo el territorio nacional.El INS indicó que los totes continúan siendo el artefacto más peligroso, al estar involucrados en el 30,7 % de las lesiones, seguidos por otros elementos pirotécnicos no especificados y los voladores. Estas cifras reafirman las advertencias de las autoridades sobre el alto riesgo que implica el uso de pólvora, especialmente cuando no se cuenta con medidas de seguridad ni supervisión adecuada.Pese a la gravedad del panorama, el reporte preliminar señala que no se han registrado fallecimientos asociados a lesiones por pólvora pirotécnica en este periodo. Sin embargo, las autoridades mantienen el llamado a la prevención, especialmente para proteger a los menores de edad, y recordaron que también se han notificado siete casos de intoxicación por fósforo blanco, lo que refuerza la necesidad de evitar la manipulación de estos elementos durante las celebraciones.
El número de personas lesionadas por el uso de pólvora en el país llegó a 1.028 casos a 31 de diciembre, lo que representa un aumento del 7 % frente al mismo periodo del año pasado, cuando se registraban 961 personas quemadas. El incremento se presentó en las últimas horas, en especial en los casos que involucran a menores de edad.Según el reporte más reciente del Instituto Nacional de Salud (INS), los menores quemados pasaron de 315 a 324. De estos casos, 33 ocurrieron mientras los niños y adolescentes se encontraban acompañados por adultos que estaban bajo los efectos del alcohol, una situación que las autoridades siguen señalando como uno de los principales factores de riesgo.En el caso de los adultos, el balance indica 704 personas lesionadas por pólvora, de las cuales 300 se encontraban en estado de embriaguez al momento del accidente. Estas cifras confirman la relación directa entre el consumo de licor y la manipulación peligrosa de artefactos pirotécnicos.¿Dónde hay más quemados?A continuación la lista de los departamentos con mayor número de casos reportados con quemados por pólvora:Antioquia: 149 Bogotá: 94Norte de Santander: 66Cauca: 56Cundinamarca: 53Atlántico: 50En cuanto a las lesiones, las quemaduras siguen siendo las más frecuentes y están presentes en el 89 % de los casos. También se registran laceraciones en el 57 % y contusiones en el 20 %. Aunque las cifras de amputaciones y fracturas no han aumentado, las autoridades insisten en mantener la alerta por la gravedad de este tipo de lesiones.Los artefactos que más han provocado accidentes son los totes, voladores y cohetes. Las lesiones no solo afectan a quienes manipulan la pólvora, sino también a personas que observan estas prácticas, siendo comunes las quemaduras de segundo grado.Ante este panorama, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a no hacer uso de pólvora bajo ningún motivo, especialmente en presencia de menores de edad o de personas en estado de embriaguez, recordando que estos accidentes son prevenibles y pueden tener consecuencias permanentes.
Las celebraciones del Año Nuevo en el departamento de Antioquia no solo dejaron 35 quemados con pólvora, sino que también generaron graves incendios en Medellín y en el Oriente antioqueño. Aunque afortunadamente no hubo víctimas, las autoridades advierten que ambas situaciones se dieron por el mal uso de elementos pirotécnicos.El caso más significativo ocurrió en el corregimiento de San Antonio de Pereira de Rionegro, tradicional por su postres y muy visitado por estas fechas, y en donde, al parecer, un globo de mecha generó un voraz incendio en un establecimiento comercial dedicado a la tapicería en el Oriente antioqueño.Según el reporte entregado por el Cuerpo Oficial de Bomberos de Rionegro, debido a la presencia de espumas y materiales altamente inflamables en el local, el fuego se propagó, generando afectaciones estructurales en dos establecimientos y una vivienda del sector.Aunque la conflagración fue rápidamente controlada por las autoridades, no fue el único hecho relacionado con elementos pirotécnicos en las últimas horas, ya que en Medellín un muñeco de Año Viejo por poco y genera una tragedia.Las versiones que se han conocido desde el barrio La Francia, de la capital de Antioquia, es que vecinos de la zona estaban quemando en la calle a un tradicional muñeco de Año Viejo cuando de un momento a otro el fuego se les salió de control y comenzó a propagarse con tan mala suerte para los habitantes del sector que las llamas alcanzaron la red de gas del barrio.A pesar de que el temor y el pánico se apoderaron de la comunidad, la rápida respuesta de algunas personas y la ayuda de los organismos de socorro permitieron controlar el fuego y evitar que se propagara a vivienda del barrio La Francia. Según los reportes de las autoridades, en la zona no hubo personas heridas ni daños materiales de consideración.
La tragedia ocurrida durante los festejos de Año Nuevo, el 1 de enero de 2026, en la estación de esquí de Crans-Montana, en Suiza, tiene entre sus historias más conmovedoras la del joven futbolista Tahirys dos Santos, de 19 años, quien resultó gravemente herido tras el incendio que dejó al menos 40 muertos y más de un centenar de heridos.Dos Santos se encontraba celebrando la llegada de 2026 en un concurrido bar nocturno cuando, pocos minutos después de la medianoche, el fuego se propagó con rapidez por el local. Las llamas y el humo invadieron la zona de fiesta, ubicada en el subsuelo, lo que impidió la evacuación de decenas de personas y generó escenas de pánico entre los asistentes.El club francés FC Metz confirmó que el futbolista sufrió lesiones de consideración y que actualmente permanece hospitalizado en Alemania, donde recibe tratamiento médico especializado. De acuerdo con reportes del medio deportivo L’Équipe, su estado es delicado y requiere atención constante, debido a la gravedad de las heridas provocadas por el incendio.Las autoridades suizas informaron que la mayoría de los heridos presentan quemaduras severas, algunas de ellas en hasta el 60 % del cuerpo, por lo que los procesos de recuperación serán prolongados. Varios de los afectados fueron trasladados a centros médicos especializados, entre ellos el Hospital Universitario de Lausana.Mientras avanzan las investigaciones para determinar el origen del incendio, el caso de Tahirys dos Santos ha generado una ola de mensajes de solidaridad desde el mundo del fútbol.
En Antioquia siguen contando quemados por pólvora por montones y ya las autoridades confirman que las celebraciones de Año Nuevo dejaron 35 heridos con pirotecnia. El departamento supera en más de 40 casos los números reportados hace un año.Por eso, en la más reciente actualización entregada por la Gobernación se conoció que las celebraciones de Año Nuevo generaron que 35 personas resultaran lesionadas con diferentes elementos pirotécnicos.El reporte deja en evidencia nueve casos nuevos ocurridos en las primeras horas de 2026, con la anotación que cinco casos se registraron en el Oriente antioqueño. En el municipio de Marinilla, por ejemplo, fueron tres lesionados, entre ellos, dos menores de 10 y 13 años con quemaduras en diferentes partes de sus cuerpos.Por su parte, se contabilizaron dos casos más en la ciudad de Medellín, dos adultos con lesiones ocasionadas por la manipulación de voladores, y con ellos la capital de Antioquia llegó a 72 quemados con pirotecnia en el periodo de observación 2025 - 2026, o sea, cerca de 20 reportes más en comparación con la temporada decembrina 2024 - 2025.Además, hay que mencionar los casos de los municipios de Turbo y Yolombó en donde dos hombres sufrieron laceraciones y quemaduras tras manipular pitos y papeletas. Sin embargo, lo que más preocupa es que producto de las lesiones, a ambas personas se le tuvieron que amputar dedos de sus manos.Hasta ahora, y con los datos entregados por la Gobernación de Antioquia, son 182 quemados con pólvora, de los cuales 59 son menores de edad y 19 personas han sufrido la amputación de algunas partes de sus extremidades. Asimismo, 45 de los 125 municipios del departamento han aportado al menos una persona lesionada con pirotecnia a la deshonrada lista de quemados.
Un sacerdote de nacionalidad colombiana, Rodrigo Grajales Gaviria, ha sido apuñalado en la ciudad italiana de Módena por un hombre con problemas psiquiátricos que ha sido ya arrestado, según han informado este viernes las autoridades locales.El sacerdote, de 45 años, se encuentra fuera de peligro después de ser operado inmediatamente después del ataque en el hospital de Baggiovara.El suceso tuvo lugar en la mañana del 30 de diciembre en Módena, cuando el cura era apuñalado en el cuello por un hombre que le había estado siguiendo desde que coincidiera con él poco antes en el bus, tal y como ha aclarado hoy la Fiscalía en un comunicado.El agredido ha declarado que no conocía al atacante.Un día después de los hechos las autoridades lograron encontrar y detener al agresor, y constataron que desde hacía algunos años estaba bajo tratamiento en un centro de salud mental.
El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, inició este jueves su mandato con unas altas expectativas, que él mismo no quiso rebajar, en lo que se refiere a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, especialmente la clase trabajadora que lo ha encumbrado en política y hoy lo arropó.Mamdani, de 34 años, tomó posesión en una ceremonia privada a medianoche, con su familia, y otra pública hoy mismo a la que acudieron miles de personas, incluyendo políticos y celebridades, y en la que defendió que busca dirigir un gobierno de izquierdas "ejemplar" que sirva a todos."Sé que algunos ven esta administración con desconfianza o desdén, o ven la política permanentemente rota, y aunque solo la acción cambia las ideas, les prometo esto: si usted es neoyorquino, yo soy su alcalde", afirmó el regidor tras el juramento, en el que lo guió el senador izquierdista Bernie Sanders."Me han dicho que esta es la ocasión para reajustar las expectativas, que debería usar esta oportunidad para alentar a la gente de Nueva York a pedir poco y esperar aún menos. Yo no haré eso", sentenció, abogando por "la calidez del colectivismo" frente a la "frialdad del individualismo agreste".Mamdani, que apeló a los neoyorquinos a través de sus experiencias creciendo y viviendo en la ciudad, se propuso demostrar que "la izquierda puede gobernar" y "dar ejemplo", y sostuvo: "fui elegido como demócrata socialista y gobernaré como un demócrata socialista".El alcalde, que anoche nombró al responsable de Transportes, Mike Flynn, y hoy adelantó que pretende reformar el sistema fiscal de las propiedades y crear un departamento centrado en la salud mental, ha convocado su primera rueda de prensa para esta tarde del jueves, pese a ser día festivo.La congresista Alexandria Ocasio-Cortez, que tiene una edad similar a la de Mamdani y también pertenece al grupo de los Demócratas Socialistas, inauguró el acto y recordó que es el primer alcalde musulmán, el primero inmigrante en cerca de un siglo y el más joven en varias generaciones.De hecho, Mamdani juró en las dos ocasiones sobre coranes históricos, uno que perteneció al académico puertorriqueño y teórico de la cultura negra Arturo Schomburg, y otro de su familia, y que fue sostenido por su esposa, Rama Duwaji, que a sus 28 años es la primera dama musulmana, y también más joven, de la ciudad.Mientras, Sanders, una de las inspiraciones de Mamdani, fue el encargado de guiarlo en el juramento, no sin antes dar un discurso en el que reclamó "un gobierno que trabaje para todos, no solo los ricos", y elogió al alcalde por movilizar a los votantes en un mundo que "pierde la fe en la democracia".El imán Khalid Latif, director ejecutivo del Centro Islámico local, y amigo y mentor de Mamdani, pronunció un discurso apasionado con otros líderes religiosos detrás, en el que instó al alcalde a trabajar "en proximidad con la gente que tiene problemas" y no sucumbir a la "presión".En la ceremonia tomaron posesión otros dos cargos electos: el Defensor del Pueblo, Jumaane Williams, y el contralor, Mark Levine, ambos demócratas.Ambos dieron discursos con un talante unificador parecido al del alcalde, aunque en la práctica tendrán papeles de control sobre su trabajo.Levine, auditor y jefe financiero de la ciudad, aludió a Mamdani al referirse a sus promesas de solucionar la crisis de vivienda, y propuso usar sus herramientas para invertir en la construcción de nuevos edificios asequibles "pese a la oposición de circunscripciones atrincheradas".Asimismo, Levine abogó por proteger a los inmigrantes de "agentes del gobierno enmascarados", en referencia a las redadas del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) del Gobierno de Donald Trump, sobre las que Mamdani ha prometido ser inflexible y hacer valer el estatus de "ciudad santuario".La toma de posesión de Mamdani pone el colofón a una carrera política meteórica, pues en un año ha pasado de ser un legislador estatal prácticamente desconocido a convertirse, tras su victoria sorpresa en las primarias demócratas y después en las elecciones locales, en el máximo líder de la ciudad.Y no quiso bajar el listón, afirmando que "el trabajo acaba de empezar" y que buscará "el cambio por el interés de la clase trabajadora, no a sus expensas".La ceremonia duró cerca de dos horas e incluyó un recital del poeta Cornelius Eady y la actuación de la cantante Lucy Dacus, y finalmente no desembocó en una "fiesta caomunitaria", como se pretendía, debido al intenso frío agudizado por vientos heladores que azotan hoy la ciudad.
La crisis del sistema de salud colombiano ha emergido como un tema central en el discurso público, especialmente tras la pandemia. La situación actual revela un panorama complejo donde la desfinanciación juega un papel clave. Según el profesor Andrés Vecino, investigador de la Escuela de Salud Pública de Johns Hopkins, el sistema colombiano se había desempeñado relativamente bien en comparación con otros de la región, particularmente considerando el gasto por capital. Sin embargo, el contexto ha cambiado drásticamente. La desfinanciación del sistema A lo largo de la última década, el sistema de salud ha enfrentado un aumento en la demanda de servicios, exacerbado por la pandemia, que ha dado lugar a un diagnóstico de condiciones de salud que antes no eran tratadas. Este aumento en la demanda ha coincidido con un incremento significativo en los costos de medicamentos e insumos, impulsado por la inflación y la devaluación de la moneda. Con un gasto de aproximadamente 500 USD por persona al año en salud, la brecha entre ingresos y gastos de las EPS se ha hecho cada vez más alarmante. La visión del Gobierno El presidente Gustavo Petro ha argumentado que la salud en Colombia se ha convertido en un negocio, citando el acaparamiento de medicamentos por parte de grandes empresas. Sin embargo, el profesor Vecino sostiene que el problema va más allá de esos casos específicos, señalando que la verdadera raíz de la crisis radica en la desfinanciación y la falta de recursos para satisfacer la creciente demanda de servicios. La realidad de los ciudadanosLas quejas de los ciudadanos son cada vez más frecuentes: falta de acceso a medicamentos, lentitud en las citas médicas y servicios que no se prestan. La crisis no es solo financiera; es humanitaria. Los ciudadanos se encuentran en el centro de un debate político y económico que parece ignorar sus realidades cotidianas. Un alarmante 90% de las quejas se refieren a problemas de acceso a medicamentos esenciales, y muchos se enfrentan a la hospitalización por enfermedades que podrían haberse prevenido con un adecuado acceso a insumos médicos. Escuche aquí el análisis
La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, aclaró que la competencia para ordenar investigaciones penales y actuaciones judiciales recae exclusivamente en la Fiscalía, en respuesta a la polémica generada por las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre el supuesto acaparamiento de insulina por parte de gestoras farmacéuticas.El mandatario, durante un discurso en Los Patios, Santander, afirmó que estas empresas estarían reteniendo medicamentos esenciales, lo que consideró un sabotaje contra las políticas de salud pública de su Gobierno. Petro ordenó que las bodegas donde se detecte esta práctica sean allanadas con el respaldo del Ejército y la Policía. Sin embargo, sus declaraciones generaron cuestionamientos sobre la legalidad de dicha orden, ya que el presidente no tiene facultades para instruir procedimientos judiciales de esta naturaleza.Ante esto, la fiscal Camargo fue enfática en recordar que las investigaciones penales son competencia exclusiva de la Fiscalía y que cualquier actividad judicial debe realizarse en el marco de la ley.“Nosotros ayer, con el vicefiscal, tuvimos una reunión con el director general de la Policía, el general Triana, y hablamos precisamente de temas como ese, de la coordinación diaria con la Policía Nacional, con quien tenemos la mejor de las alianzas. Pero las investigaciones son y deben ser actos ordenados, donde cada entidad cumple su función y hay procedimientos que requieren autorización de fiscales y, en algunos casos, de jueces”, afirmó Camargo.Asimismo, aclaró que el Ejército no tiene funciones de policía judicial y solo puede brindar apoyo operativo en ciertos casos. “Es importante tener claro cuáles son las competencias de cada entidad y hasta dónde llegan sus funciones”, subrayó.Sobre las acusaciones relacionadas con las farmacéuticas, la fiscal reconoció que la Fiscalía tiene desde hace años una línea de investigación en la Dirección Especializada contra la Corrupción sobre posibles irregularidades en el sector salud. “Últimamente, estamos analizando información remitida por la Contraloría sobre la posible pérdida de recursos públicos en EPS y la destinación de estos fondos. Estos temas forman parte de nuestras investigaciones estructurales”, explicó.Las declaraciones de la fiscal Camargo buscan dejar claro el rol de la Fiscalía en el sistema judicial colombiano y reafirmar que cualquier allanamiento o procedimiento investigativo debe seguir el debido proceso establecido en la ley.
En medio de la polémica surgida por el llamado del presidente Gustavo Petro a allanar las bodegas donde, según él hay acaparamiento de medicamentos, el Invima anunció medidas para agilizar trámites de registros sanitarios.En diálogo con Mañanas Blu, el director del Invima, Francisco Rossi ha propuesto una solución significativa para el represamiento de trámites de registro sanitario que afecta a 14.000 solicitudes desde 2019. Resaltó la importancia de la documentación que el Invima debe verificar para garantizar que los medicamentos cumplan con los requisitos necesarios. La medida busca distribuir estos trámites y cumplir con su autorización en un plazo de seis meses. “Hoy podemos afirmar que ninguno de estos trámites pendientes está afectando el desabastecimiento de medicamentos”, enfatizó. A pesar de la percepción general, los problemas actuales de acceso a medicamentos están más relacionados con la falta de agilidad en el mercado que con los procesos internos del Invima. El enfoque del plan no solo incluye medicamentos nuevos, sino también productos homeopáticos y suplementos. Insulina y la escasez de medicamentos Ante las afirmaciones del presidente Petro sobre el acaparamiento de insulina, Rossi sugirió que la situación es más compleja de lo que se presenta.El presidente Gustavo Petro realizó una visita al centro médico 11 de noviembre del municipio Los Patios, en Norte de Santander. Desde allí, aseguró que hay acaparamiento de la insulina por parte de las gestoras farmacéuticas.“La insulina la están acaparando y yo le pedí al Superintendente de Salud que allí, donde se detecten bodegas llenas de medicamentos que no se entregan a la población, buscando que la población se vaya contra el Gobierno, se allanen. El Ejército y la Policía tienen que estar disponibles y me van a decir que eso es una dictadura y no, eso es la ley de la República”, señaló Petro.Rossi también comentó sobre la situación con la insulina, reconociendo que hay un tipo específico en escasez, pero explicando que el mercado de la insulina es complejo a nivel global. ''Hay problemas globales debido a tres grandes empresas que dominan el sector'', afirmando que Colombia no es la excepción.
En diálogo con Mañanas Blu, Jorge Toro, presidente de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) en Colombia, habló sobre grave crisis que enfrenta el sistema de salud en el país. Toro destacó cómo los colombianos son los más afectados por la falta de acceso a servicios médicos y medicamentos. "Los prestadores de servicios de salud hemos tenido que cerrar servicios debido a la crisis económica y a la falta de recursos", afirmó el doctor, enfatizando la urgencia de un enfoque humanitario para enfrentar esta situación crítica. La necesidad de inyección de recursos Cuando se le preguntó sobre cuánto dinero se necesita para salir del problema, Toro indicó que la atención a la cartera pendiente es vital. Actualmente, los prestadores no reciben pagos por sus servicios en un plazo razonable, lo que está llevando a un deterioro sensible de la oferta de servicios. "No hay negocio que funcione sin que se le pague por los servicios prestados", declaró. En 2023, se reportó que se habían cerrado 23.600 servicios de salud de forma temporal, lo que pone en riesgo la atención a los usuarios. El impacto de la deuda en el sistema Al preguntar sobre las cifras exactas de la deuda que el gobierno tiene con los prestadores, señaló las inconsistencias en los datos entre los distintos actores del sistema. Esto ha generado confusión y dificultades para planificar soluciones efectivas. "La cartera reconocida es lo primero que se debe pagar", comentó, destacando la necesidad de claridad y acción inmediata. El cierre de camas y servicios médicos Uno de los puntos más alarmantes que mencionó el Dr. Toro es el cierre de camas hospitalarias. Según él, en este momento hay más de 1.000 camas cerradas debido a la falta de recursos. Esta escasez no solo afecta a las instituciones de salud sino que impacta directamente en la calidad de atención a los pacientes. "Los pacientes se están agravando porque no tienen acceso a tratamientos, lo que resulta en un aumento en la atención hospitalaria", explicó. Escuche aquí la entrevista:
La crisis en la entrega de medicamentos sigue golpeando a cientos de pacientes en Bogotá. Desde hace meses, Liliana González ha enfrentado un calvario en su intento por obtener el tratamiento de su madre, sin éxito. En entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales, denunció que ha visitado sin descanso el dispensario de Audifarma en el barrio Restrepo desde diciembre de 2024, sin recibir solución alguna."Siempre me dicen aquí que no están en pantalla y allá en Capital que sí, y están jugando con la salud de mi mamá", expresó con impotencia. La situación, lejos de ser un caso aislado, refleja un problema estructural en la distribución de medicamentos, afectando a cientos de pacientes que, como Liliana, deben recurrir a comprar los fármacos por cuenta propia.Desabastecimiento y pérdida de citas médicasLa falta de medicamentos no solo ha afectado la salud de los pacientes, sino que también ha tenido repercusiones en la vida laboral y emocional de sus cuidadores. Liliana, además de gastar más de $185.000 por caja del medicamento que necesita su madre, ha perdido dos trabajos debido a las constantes filas que debe hacer."Cada mes hago este suplicio y yo ya no puedo más", afirmó, visiblemente afectada. Su situación se agravó cuando perdió una cita médica crucial para su madre debido a la demora en la entrega del medicamento. "Era a las 2:00 p.m. y aquí salía a las 12:30, cuando llegué ya me la habían cancelado". Hasta el momento, la EPS no le ha ofrecido ninguna solución ni le ha reprogramado la cita.Una problemática que afecta a cientos de pacientesEl caso de Liliana es solo uno entre los cientos de afectados por el desabastecimiento. En el dispensario de Audifarma del Restrepo, más de 400 personas se encontraban en la misma situación la mañana de este jueves, muchas de ellas a la intemperie bajo la lluvia, esperando la entrega de sus medicamentos.Si quiere ayudarle a Liliana con el medicamento que necesita puede comunicarse al número: 3133576294Rosalba Beltrán de Castañeda, otra paciente, ha pasado por una odisea similar. "Necesito pregabalina de laboratorio Pfizer, pero desde noviembre no me la entregan", denunció. Con múltiples problemas de salud, entre ellos fibromialgia, artrosis y reemplazos de cadera, la ausencia de su tratamiento ha hecho que su dolor sea insoportable. "Lloro del dolor, no duermo. A veces me regalan pastas, pero cuando no las consigo, simplemente me toca aguantar".Exigencias al gobierno y las EPSLa grave crisis ha llevado a que muchos pacientes interpongan tutelas con la esperanza de recibir sus medicamentos. Sin embargo, el proceso es lento y desgastante. Liliana hizo un llamado urgente a las autoridades: "Que se pongan la mano en el corazón y miren a todas estas personas, porque ya no podemos más".Hasta el momento, ni el gobierno ni las EPS han dado respuestas claras sobre el desabastecimiento. La situación en el dispensario del Restrepo sigue siendo crítica, con largas filas de pacientes que esperan, sin certeza, una solución que parece cada vez más lejana.
La Defensoría del Pueblo manifestó su preocupación por situaciones recientes que podrían afectar la continuidad en la prestación de servicios de salud y el acceso oportuno a medicamentos en distintos territorios del país. Según la entidad, estos hechos tendrían impactos directos sobre las personas usuarias del sistema y el goce efectivo del derecho fundamental a la salud.En ese contexto, la Defensoría reiteró que todos los actores que hacen parte del sistema de salud, entre ellos EPS, IPS, ESE, gestores y operadores farmacéuticos, deben garantizar redes de atención suficientes, en aplicación de los principios de universalidad y disponibilidad.Asimismo, insistió en la necesidad de mantener espacios permanentes de articulación con el Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud, los agentes interventores y los gestores farmacéuticos, con el fin de dar continuidad a los Puestos de Mando Unificado en Salud y a las mesas de seguimiento territorial lideradas por la entidad.La alerta se produce luego de que hospitales como el Universitario San Rafael de Tunja, el Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá y el Hospital Regional de Sogamoso informaran la suspensión de servicios ambulatorios a partir del 1 de enero de 2026. De acuerdo con esos comunicados, la decisión estaría asociada a causas administrativas y financieras, entre ellas la mora en los pagos, fallas en plataformas de radicación e incumplimientos por parte de la Nueva EPS.A lo anterior se suman comunicaciones dirigidas a afiliados de la Nueva EPS, en las que el gestor farmacéutico Colsubsidio informó que cerrará de manera definitiva el servicio de dispensación de medicamentos para estos usuarios desde la misma fecha.En dichos avisos se indicó que la entrega de medicamentos se mantendrá hasta el 31 de diciembre de 2025 y que la continuidad de los tratamientos será asumida por la EPS, sin detallar rutas de transición ni puntos alternos de dispensación.Frente a este panorama, la Defensoría solicitó al Ministerio de Salud, a la Superintendencia Nacional de Salud y a otras entidades informar las rutas oficiales de contacto por territorio, los mecanismos de articulación con la entidad y las acciones adoptadas para garantizar el acceso continuo a medicamentos y servicios.También pidió reportes detallados sobre pagos de reembolsos por gastos de bolsillo y la implementación de planes de contingencia por parte de EPS intervenidas y gestores farmacéuticos, con el fin de evitar interrupciones abruptas en la atención de los usuarios.
Los pacientes del país recibieron con profunda preocupación el aumento diferencial de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) definido por el Gobierno para 2026. Aunque el reajuste fue mayor para el régimen subsidiado que para el contributivo, las organizaciones advierten que la decisión no soluciona la crisis estructural del sistema y, por el contrario, puede profundizarla.Así lo expresó Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia —organización que agrupa a más de 200 asociaciones—, en entrevista con Blu Radio este 31 de diciembre. Desde su experiencia diaria con usuarios del sistema, el dirigente aseguró que el próximo año será aún más crítico para quienes dependen de tratamientos, medicamentos y atención oportuna.Aumento de la UPC no es suficiente para todo el sistema de saludSilva fue enfático al señalar que el Gobierno mantiene una línea que, según él, pone en riesgo la vida de los colombianos. “El gobierno ha sido coherente en su línea de acabar con la salud y la vida de los colombianos”, afirmó, al referirse al ajuste de la UPC y a la situación actual del sistema.De acuerdo con el vocero, el 2025 ya fue “un año desastroso para los pacientes” por la falta de medicamentos, la ausencia de citas médicas y el cierre de servicios. En ese contexto, advirtió que el 2026 “será muchísimo peor”, especialmente para quienes padecen enfermedades de alto costo o catastróficas. Gasto de bolsillo y empobrecimiento de los pacientesUno de los puntos más sensibles es el aumento del gasto de bolsillo. Silva explicó que hoy los hogares destinan entre el 17 % y el 23 % de sus ingresos a salud, pero con un sistema desfinanciado esa cifra podría aumentar hasta un 33 %. “Eso es catastrófico”, señaló.El dirigente puso como ejemplo a los trabajadores independientes, quienes deben asumir de su propio bolsillo aportes, copagos, cuotas moderadoras y medicamentos que no reciben oportunamente. “Al año, algunos pacientes pagan un salario mínimo y otros más de dos salarios mínimos solo para poder atender su salud”, dijo.El Gobierno conduce la "carrera de las muertes"La frase más dura de la entrevista llegó al abordar las consecuencias humanas de la crisis. Silva aseguró que el Gobierno “está conduciendo la carrera de las muertes evitables”, al no garantizar el derecho fundamental a la salud. Recordó que solo entre enero y septiembre de 2025 murieron más de 2.000 pacientes, algunos por fallas directas del sistema.También cuestionó la gestión de las EPS intervenidas, que hoy concentran el 51 % de los afiliados. Según afirmó, “las EPS intervenidas no están atendiendo a la población” y el Gobierno, pese a tener la responsabilidad directa, “es indolente frente al drama humanitario”.Para Pacientes Colombia, el mensaje de quienes viven la crisis es claro: la confianza en el Gobierno se erosiona mientras la salud se deteriora y los pacientes sienten que, literalmente, están quedando fuera de la carrera por la vida.
En diálogo con Mañanas Blu, Ignacio Gaitán, presidente de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro), expresó su profunda preocupación tras el anuncio del gobierno nacional sobre el reajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Gaitán calificó la situación actual del sistema de salud como "calamitosa", señalando que las decisiones financieras recientes ignoran las realidades operativas y las necesidades urgentes de los ciudadanos.Un ajuste sin concertación y un déficit acumuladoSegún el presidente de Afidro, las mesas técnicas para definir la UPC, ordenadas por la Corte, parecieron ser un simple procedimiento formal carente de un ánimo real de concertación. Gaitán destacó que el comunicado oficial del gobierno se emitió apenas unas horas después de una mesa de diálogo fallida, lo que sugiere que no se tuvo en cuenta nada de lo conversado durante dichas sesiones.Esta falta de acuerdo se suma a un déficit de más de 11 puntos de incremento que ya se arrastraba desde el año anterior. Para Afidro, el ajuste actual se queda corto frente a las proyecciones metodológicas y cuantitativas necesarias, especialmente considerando el impacto del incremento del salario mínimo en la prestación de servicios y la mayor demanda proyectada para 2025 por el envejecimiento de la población.El colapso operativo: carteras morosas y retrasos en medicamentosLa crisis no es solo presupuestal, sino operativa. Gaitán advirtió que el riesgo de colapso del sistema ha escalado del 30% en 2019 al 60% en la actualidad, según cifras de la Contraloría. Este deterioro se traduce en cifras alarmantes: incidencias de más de 250 días para la entrega de medicamentos y carteras que superan los 180 a 200 días de mora en los pagos a los laboratorios."En realidad la cadena se rompió", afirmó Gaitán, explicando que cuando se desfinancia a los prestadores y gestores farmacéuticos, estos dejan de dispensar medicamentos, como ya ha ocurrido con entidades como la Nueva EPS. Esto genera un efecto dominó donde, aunque haya disponibilidad de productos en la industria, los actores del sistema no los solicitan por falta de sostenibilidad financiera.El aumento del gasto de bolsillo y la desigualdadUno de los impactos más críticos para el ciudadano es el incremento del "gasto de bolsillo". Al no encontrar medicamentos por los canales institucionales de sus EPS, los colombianos se ven obligados a acudir a droguerías comerciales y pagar de su propio dinero. Gaitán enfatizó que el gasto de bolsillo es sinónimo de desigualdad, ya que impacta desproporcionadamente a las clases menos favorecidas que no cuentan con los recursos para suplir lo que el sistema debería garantizar.Escuche aquí la entrevista:
Tras el anuncio del Ministerio de Salud sobre el incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para el año 2024, la presidenta de Acemi, Ana María Vesga, expresó su profunda preocupación por la suficiencia financiera del sistema. El ajuste definido por el Gobierno Nacional establece un aumento del 9,03% para el régimen contributivo, una cifra que el gremio considera insuficiente frente a las necesidades reales de atención de los colombianos,.Un aumento "exiguo" frente a la realidad del gastoPara las EPS del régimen contributivo, el incremento del 9,03% resulta "exiguo", "tímido" e "inconsistente" con el nivel de consumo de servicios de salud que se observa actualmente,. Según Vesga, los cálculos técnicos indicaban que se requería un aumento superior al 17% para cubrir la demanda y el impacto del nuevo salario mínimo, el cual afecta directamente más del 40% del gasto en salud en el país.Esta insuficiencia financiera no es solo una cifra técnica, sino que se traduce en la profundización de una crisis que los ciudadanos ya perciben a través del cierre de servicios y dificultades en la entrega de medicamentos. La presidenta de Acemi advirtió que el sistema arranca el año con un déficit proyectado de cerca de 5 billones de pesos solo para mantener los empleos de los más de 500.000 trabajadores de la salud que ganan un salario mínimo o cifras cercanas a este.El sistema en "sobregiro" financieroLa situación financiera del sector es crítica. Vesga estima que el sistema arrastra un rezago acumulado que podría superar los 30 billones de pesos al cierre de 2025, una cifra equivalente a dos reformas tributarias. "Si no hay una medida de estabilización profunda... vamos a seguir viviendo en sobregiro, andando con el tanque de reserva del carro", afirmó la dirigente gremial.Este estado de insolvencia afecta la operatividad de hospitales, laboratorios y proveedores, quienes terminan atendiendo "a media marcha" debido a la falta de flujo de recursos.La brecha entre regímenes y el peso del hospital públicoResulta paradójico para el gremio que, mientras al régimen contributivo se le asignó un 9,03%, el régimen subsidiado recibió un incremento del 16,48%. Si bien esto responde a una orden de la Corte Constitucional para equiparar las primas, Vesga señala que el 60% de la contratación en el régimen subsidiado se realiza con hospitales públicos, los cuales suelen tener una fuerte injerencia política,.Desacato y regreso a la Corte ConstitucionalUno de los puntos más polémicos ha sido la negativa del Gobierno a reconocer un ajuste retroactivo de la UPC desde el año 2021, a pesar de las mesas de trabajo ordenadas por la Corte Constitucional. Según relató Vesga, tras meses de silencio, el Ministerio de Salud notificó de manera unilateral que el sistema había estado "bien financiado" y que no habría reajustes adicionales.Ante lo que consideran un "diálogo de sordos" con el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, Acemi anunció que volverá a la Corte Constitucional para denunciar lo que perciben como un desacato a las órdenes judiciales y una falta de voluntad técnica para salvar el sistema.Escuche aquí la entrevista:
La caída del cabello es, sin duda, una de las preocupaciones más frecuentes entre los hombres a medida que avanzan los años. Aunque la genética sigue siendo el principal factor en la mayoría de los casos, cada vez hay más evidencia que apunta a que los hábitos diarios, especialmente lo que se consume, también influyen de manera directa en la salud capilar.En ese contexto, una investigación realizada por la Universidad de Tsinghua, en China, y publicada en la revista Nutrients, puso sobre la mesa una relación que ha abierto un debate inesperado: el consumo frecuente de ciertas bebidas populares podría estar asociado con un mayor riesgo de calvicie masculina. El estudio aclara que no se trata de una causa directa, pero sí de un vínculo que merece atención, sobre todo por la frecuencia con la que estos productos hacen parte de la rutina diaria.¿Bebidas azucaradas, responsables de la calvicie?El análisis señala que las bebidas azucaradas y los energizantes estarían relacionadas con la pérdida de cabello, principalmente por su alto contenido de azúcar. El consumo excesivo de este componente puede generar resistencia a la insulina, afectar la circulación sanguínea y, con el tiempo, debilitar los folículos pilosos.Los datos también muestran que la alopecia no es un problema exclusivo de edades avanzadas. Aunque cerca del 50 % de los hombres empieza a notar la pérdida de cabello hacia los 50 años, alrededor del 25 % la experimenta desde los 21. Además, el estudio encontró que aproximadamente el 42 % de los consumidores habituales de bebidas energizantes tiene mayores probabilidades de presentar caída capilar.Este panorama resulta llamativo si se tiene en cuenta la popularidad de este tipo de bebidas entre jóvenes y adultos, especialmente en jornadas laborales extensas o rutinas de alto desgaste físico y mental.Por qué el consumo de estas bebidas afecta la salud del cabelloLos investigadores explican que el impacto no se limita únicamente al azúcar. Otros componentes presentes en estas bebidas también influyen en el ciclo de crecimiento del cabello y en la salud del cuero cabelludo, entre ellos:Exceso de Azúcar: El alto consumo de azúcar puede desencadenar la vía de los polioles, resistencia a la insulina, estrés oxidativo e inflamación, todo perjudicial para los folículos pilosos y la salud general.Cafeína y Aditivos: Estos componentes pueden afectar el ciclo natural del crecimiento del cabello y desequilibrar el cuerpo.Impacto Hormonal: El exceso de azúcar y grasas poco saludables (a menudo acompañantes) puede alterar hormonas, acelerando la caídaA estos factores se suman otros elementos que también influyen en la caída del cabello. Estudios realizados en Estados Unidos indican que la ansiedad frecuente desde los 20 años, asociada al aumento de responsabilidades, puede relacionarse con la pérdida capilar. La falta de sueño y una alimentación poco equilibrada también juegan un papel importante.Especialistas coinciden en que adoptar buenos hábitos —como una dieta balanceada, descanso adecuado y actividad física— no garantiza evitar la calvicie, pero sí ayuda a reducir los factores que pueden acelerarla y a cuidar la salud capilar a largo plazo.
El Ministerio de Salud y Protección Social, en conjunto con el Instituto Nacional de Salud (INS), emitió un nuevo llamado a la ciudadanía para reforzar las medidas de prevención de la fiebre amarilla durante la temporada de vacaciones, periodo en el que aumenta el desplazamiento de personas hacia zonas consideradas de alto y muy alto riesgo para la transmisión del virus.De acuerdo con las autoridades sanitarias, en lo corrido de 2025 se han confirmado 118 casos de fiebre amarilla en el país, con un saldo de 49 personas fallecidas, distribuidas en diez departamentos. Tolima concentra el mayor número de afectados, ya que desde el inicio del brote en 2024 ha reportado 121 casos y 47 muertes. Entre el 26 y el 27 de diciembre de este año se confirmaron tres nuevos casos, de los cuales dos derivaron en fallecimiento.Ante este panorama, el Ministerio de Salud, en articulación con las secretarías de salud departamentales y municipales, EPS e instituciones prestadoras de servicios de salud, adelanta acciones enfocadas en la vigilancia epidemiológica, la promoción de la salud, la prevención de la transmisión, el manejo integral de los casos y la comunicación del riesgo. Estas medidas buscan contener el brote y reducir el impacto de la enfermedad en la población.Las autoridades informaron que desde septiembre de 2024, cuando se inició el brote, se han aplicado cerca de cinco millones de dosis de la vacuna contra la fiebre amarilla en todo el territorio nacional, logrando coberturas superiores al 95 % en las zonas de muy alto riesgo. No obstante, insistieron en la importancia de mantener las medidas preventivas, especialmente para quienes viajan durante las vacaciones.El Ministerio recordó que la vacunación es gratuita, se aplica en una sola dosis que protege de por vida y debe administrarse al menos diez días antes de la exposición al virus. Además, recomendó el uso de repelente, ropa que cubra la mayor parte del cuerpo, mosquiteros y la eliminación de criaderos de zancudos como acciones complementarias para prevenir la enfermedad.
Tras la decisión de Colsubsidio de dejar de dispensar medicamentos en los territorios en los que tenía contrato en el país, la Nueva EPS, a través de un comunicado, anunció a los nuevos gestores farmacéuticos que garantizarán la continuidad en la dispensación de medicamentos en Colombia."La entidad activó de manera inmediata un plan de contingencia para garantizar la continuidad en la entrega de medicamentos, a través de los gestores: Cafam, Medic, Discolmets, Audifarma, Farmedicall y Tododrogas. De esta manera, los nuevos operadores definidos deberán garantizar la entrega en los 11 departamentos del país en los cuales Colsubsidio tenía asignados a 1.642.000 afiliados", explicaron. Afiliados que se encuentran concentrados en los departamentos de Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca, Quindío, Huila, Tolima, entre otros; buscando, según la entidad, "fortalecer el sistema" para no depender de un solo gestor y poder tener un acceso oportuno, continuo y equitativo de los medicamentos a nivel nacional."Como todo nuevo proceso, esta nueva red se irá acoplando para garantizar una entrega oportuna y sin impacto. Lo importante será superar las dificultades que esta situación haya podido generar en el menor tiempo posible mientras se consolida el nuevo esquema de dispensación de medicamentos", añadieron.Así funcionará la distribución de medicamentos de la Nueva EPSCundinamarca: 199.091 personas | 13 municipios | Cafam / MedicQuindío: 52.755 | 1 | MedicHuila: 134.801 | 1 | DiscolmetsBoyacá: 159.121 | 5 | DiscolmetsCaquetá: 25.664 | 1 | FarmedicallCasanare: 40.636 | 1 | DiscolmetsAntioquia: 335.453 | 21 | Tododrogas / MedicMedellín: 210.085 | 1 | Tododrogas / MedicBogotá: 248.324 | 1 | Cafam / AudifarmaTolima: 93.318 | 2 | MedicValle del Cauca: 104.162 | 2 | MedicMeta: 39.530 | 1 | Discolmets"Los gestores farmacéuticos que ya tienen puntos de dispensación iniciarán la habilitación gradual de nuevas sedes de ser necesario, con el propósito de brindar una respuesta oportuna, eficiente y centrada en las necesidades de los afiliados. Las direcciones, horarios y modalidades de entrega serán confirmados, tan pronto contractualmente quede definido el proceso", aclararon.
La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) dio a conocer su respuesta oficial a las observaciones presentadas por Acemi en relación con dos informes técnicos: el contraste de información de prestación de servicios a personas con estado de afiliación fallecido y el contraste de registros de medicamentos reportados por las Entidades Promotoras de Salud (EPS).En el documento, la Adres explicó que el análisis sobre servicios prestados a personas fallecidas se realizó con base en la “fecha de prestación del servicio”, dato que las EPS reportan al Ministerio de Salud y Protección Social para el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).Según la entidad, este campo no corresponde a fechas de autorización, radicación o facturación, sino al momento en que efectivamente se presta el servicio, por lo que las inconsistencias detectadas no pueden atribuirse únicamente a rezagos administrativos.La Adres indicó que el cruce de información con la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA) permitió identificar registros de servicios reportados después de la fecha de fallecimiento, incluidos casos con diferencias superiores a un año. La entidad sostuvo que la actualización oportuna de las bases de datos es responsabilidad de las EPS y que la calidad de la información es un elemento central para la sostenibilidad del sistema de salud y para la correcta definición de la UPC.En cuanto al informe sobre medicamentos, la Adres respondió a las observaciones de Acemi relacionadas con el aumento de los valores reportados entre 2022 y 2023, señalando que el contraste se realizó sobre periodos comparables del Plan de Beneficios en Salud.De acuerdo con la entidad, el análisis evidenció incrementos en cantidades y valores reportados, así como inconsistencias frente a la información disponible en otras bases del sistema, como los registros sanitarios y los reportes de comercialización.La Adres también explicó que el contraste incluyó la verificación del cumplimiento de la regulación de precios de medicamentos para la vigencia analizada y que los resultados se elaboraron con base en la información suministrada por las propias EPS. En este punto, la entidad precisó que su función no es corregir los datos reportados, sino analizarlos y advertir posibles inconsistencias para garantizar el uso adecuado de los recursos públicos.Finalmente, la administradora señaló que los hallazgos fueron puestos en conocimiento de los organismos de inspección, vigilancia y control, y reiteró su compromiso de fortalecer el uso de herramientas de analítica de datos para mejorar la trazabilidad y la transparencia en la administración de los recursos del sistema de salud.
A partir del 1 de enero de 2026, Colsubsidio dejará de dispensar medicamentos a los afiliados de Nueva EPS, una situación que mantiene en incertidumbre a millones de usuarios del sistema de salud, especialmente a quienes requieren tratamientos permanentes para enfermedades de alto costo.La medida se da pese a que, hace apenas dos meses, Colsubsidio y la entonces agente interventora de Nueva EPS, Gloria Polanía, habían llegado a un acuerdo de pago con el fin de evitar la suspensión del servicio. No obstante, tras la llegada del nuevo agente interventor, Luis Óscar Gálvez, las droguerías anunciaron que no continuarán con la dispensación debido a deudas pendientes con la entidad.Según lo informado, más de 11 millones de afiliados se verán afectados en 2026. Hasta el momento, Nueva EPS no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la contratación de un nuevo dispensario ni sobre las medidas de contingencia para garantizar la entrega de medicamentos, lo que incrementa la preocupación entre los usuarios.Esperanza Arias, representante de los pacientes de nueve EPS, advirtió que la situación ya tiene efectos graves en varias regiones del país. Señaló que en la región Caribe se encuentran suspendidos los servicios de dispensación por parte de Ético Serrano debido a la falta de acuerdos de pago y al incumplimiento de compromisos, lo que ha provocado la interrupción de tratamientos en pacientes trasplantados, con enfermedades huérfanas y con cáncer.De acuerdo con Arias, esta situación ha generado congestión en los servicios de urgencias, descompensación de pacientes y un riesgo directo para la vida de quienes dependen de medicamentos de alto costo. Añadió que la decisión de Colsubsidio de dejar de entregar medicamentos en varios departamentos del país a partir de enero profundiza la angustia de los usuarios por la falta de un tratamiento oportuno y la interrupción de terapias en curso.La representante de los pacientes aseguró que ha intentado comunicarse con el agente interventor de Nueva EPS, quien le habría indicado que la entidad evalúa qué prestador asumirá la dispensación de medicamentos. Sin embargo, afirmó que hasta ahora no existe información clara sobre quién entregará los medicamentos, en qué condiciones se hará ni si se responderá por los pendientes acumulados a la fecha.Mientras tanto, Colsubsidio reiteró que solo garantizará la entrega de medicamentos hasta el 31 de diciembre de 2025. La ausencia de definiciones oficiales mantiene en vilo a miles de usuarios que, en medio de las festividades de fin de año, manifiestan preocupación por la continuidad de sus tratamientos y por el riesgo que representa una posible interrupción en su atención en salud.
En Colombia, la expectativa por el rumbo del sistema de salud sigue latente tras el hundimiento de la reforma impulsada por el Gobierno Nacional, que prometía mejoras tanto para los usuarios como para los trabajadores del sector. En medio de ese escenario de incertidumbre, un nuevo frente de inconformidad se abre paso desde las universidades y los hospitales del país a pesar de ser aprobado en la reforma laboral.Los estudiantes de medicina anunciaron un plantón nacional para este 29 de diciembre, con el objetivo de exigir que el Gobierno garantice los recursos necesarios para el pago de los médicos internos a partir de 2026. La movilización busca que lo aprobado en el papel se traduzca en una realidad concreta para quienes hoy cumplen extensas jornadas sin recibir remuneración.La iniciativa fue presentada por la representante a la Cámara por Bogotá, Jennifer Pedraza, y quedó aprobada dentro de la reforma laboral. Sin embargo, aunque la norma ya existe, los estudiantes advierten que aún falta la reglamentación y, sobre todo, la asignación presupuestal para que el pago sea efectivo.Pago a internos de medicina: estudiantes saldrán a las callesActualmente, los internos de medicina deben cumplir jornadas de tiempo completo en hospitales y clínicas, sin recibir ningún pago durante su último año de formación. Ante esa situación, estudiantes de medicina se concentrarán en 17 ciudades del país, desde el mediodía, en centros de salud, edificios gubernamentales y plazas públicas.Las protestas se realizarán sin afectar la atención en servicios críticos. Quienes estén asignados a urgencias u otros procedimientos vitales no participarán de manera presencial, mientras que quienes no puedan salir a las calles se sumarán a la jornada a través de redes sociales con el numeral #InternosConPagoYa.Estos serán algunos de los puntos de concentración:Bogotá: Ministerio de SaludCartagena: Hospital Universitario del CaribeBarranquilla: Clínica General del NorteCali: Hospital Universitario del ValleMedellín: Hospital Fundación San Vicente de PaulBucaramanga: Hospital Los ComunerosCúcuta: Hospital Erasmo MeozA ellos se suman ciudades como Villavicencio, Ibagué, Manizales, Popayán, Santa Marta, Neiva, Pasto, Pereira, Sincelejo y Valledupar.¿Qué dice la ley sobre el pago a internos de medicina?De acuerdo con Andrés Salcedo, médico y promotor de la iniciativa, el reconocimiento económico ya es ley, pero aún no se ha convertido en una garantía real. “El pago a internos ya es ley, pero falta reglamentación para que sea realidad en 2026. Nos movilizamos pacíficamente para exigir que MinHacienda autorice a MinSalud garantizar el pago”, aseguró.Con la reforma laboral, los médicos internos, que cursan su último año universitario y prestan servicio en hospitales y clínicas con jornadas extensas, recibirán un apoyo económico equivalente a un salario mínimo mensual. Además, serán afiliados a los sistemas de salud y pensión, ya que actualmente solo cuentan con cobertura de ARL.El pago estará a cargo del Estado a través del Adres. Según las estimaciones, la inversión superaría los 146.000 millones de pesos para beneficiar a cerca de 8.600 internos, provenientes de 67 facultades de medicina en todo el país. Mientras tanto, los estudiantes insisten en que la movilización es clave para que la norma no se quede, una vez más, en el papel.